La ley que busca restablecer el acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad Pública, y del Ministerio de Defensa, e impedir la destrucción de sus documentos encontró la oposición de la ultraconservadora UDI y, por petición del subsecretario Gabriel Gaspar (PS), el debate se realiza en sesiones secretas. Toda una paradoja.
Para convocar a los parlamentarios a avanzar en la tramitación de la ley con transparencia, Londres 38 envió una carta a los miembros de la Cámara de Diputados cuyo texto reproducimos continuación:
Es necesario terminar con el secretismo y promover la transparencia en los archivos de las Fuerzas Armadas y Ministerio de Defensa
Carta abierta a parlamentarios de la Cámara de Diputados
Santiago, octubre de 2015
Señores(as) parlamentarios(as),
El proyecto de ley que «Modifica el decreto con fuerza de ley N°5.200, de 1929, del Ministerio de Educación Pública, para suprimir la eliminación de archivos y antecedentes por parte del Ministerio de Defensa Nacional, y de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública» (Boletín 9958-17), se encuentra en pleno trámite legislativo. El proyecto busca derogar la ley 18.771, promulgada por la dictadura en 1989, que exime a estas instituciones del Estado de la obligación que tienen todos los organismos públicos de depositar copia de su documentación en el Archivo Nacional, y le autoriza a destruir su documentación sin consulta a otras instancias.
Esta iniciativa fue propuesta por Londres 38, espacio de memorias, a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, y fue acogida en forma íntegra (presentada por los parlamentarios Tucapel Jiménez y Gabriel Boric), recogiendo el espíritu central de la iniciativa: Terminar con el secretismo heredado de la dictadura y promover la transparencia como un fundamento democrático. Además, la entrega de archivos de las Fuerzas Armadas al Archivo Nacional, podría permitir avanzar en la búsqueda de la verdad sobre violaciones a los derechos humanos.
Hace unas semanas, cuando el proyecto pasó al pleno de la Cámara, el diputado Ulloa (UDI) solicitó que debía ser discutido en comisiones de Defensa y Constitución. Esta moción fue rechazada, pero en la sesión siguiente el proyecto fue igualmente trasladado a discusión en la Comisión de Defensa, donde la discusión se desarrolla bajo secreto, por petición del representante del Gobierno, el subsecretario de Fuerzas Armadas, Gabriel Gaspar (PS).
Resulta paradojal que una ley que busca promover la transparencia como un valor fundamental de la democracia sea debatida y tramitada en secreto. En la sesión del 15 de octubre recién pasado, a la mayoría de los asistentes se les solicitó abandonar la sesión, incluido al propio director de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), organismo del que depende el Archivo Nacional responsable de la conservación de los documentos que produce el Estado.
Las Fuerzas Armadas gozan de privilegios incompatibles con una sociedad democrática: Es de conocimiento y cuestionamiento público la aplicación de la Justicia Militar, la existencia de una cárcel especial para los uniformados condenados por violaciones a derechos humanos, la ley reservada del cobre que asegura el 10 por ciento de sus ventas a las Fuerzas Armadas, y el sistema de pensiones y de salud diferenciado que aún gozan. En la última readecuación del alto mando de las Fuerzas Armadas el gobierno validó la designación de cuestionados oficiales por negaciones, obstrucciones a la justicia, o activos colaboradores de la impunidad en casos de Justicia Militar. A ello se suman las facultades de secreto en sesiones legislativas con diputados, que muy por el contrario, deben ejercer un rol fiscalizador de frente a la ciudadanía. Finalmente, el Ministerio de Defensa, que debería asegurar el control y la subordinación de las fuerzas armadas al poder político, ha actuado más bien como vocero de los militares y garante de estos privilegios.
Los temas de seguridad y de defensa son también temas ciudadanos que nos competen a todos y que se financian con presupuesto público. El tratamiento especial a las Fuerzas Armadas, y el secretismo al interior del Estado, son herencias de la dictadura que deben terminar.
Por lo expuesto, solicitamos a los parlamentarios y parlamentarias:
- Apoyar y aprobar la propuesta íntegra y original de derogación de la ley 18.771, a fin de hacer efectivo el derecho de todos y todas al libre acceso a la información.
- Asegurar el conocimiento público y en forma oportuna de las iniciativas legislativas y de los términos de los debates que se producen en el Congreso, erradicando el secretismo de la tarea de legislar.
Londres 38, espacio de memorias
www.londres38.cl
Carta abierta a parlamentarios de la Cámara de Diputados
Santiago de Chile, 30 de octubre 2015
Crónica Digital
