Diversos hechos ocurridos en las últimas semanas dan cuenta de la creciente conflictividad que se vive en la Araucanía y en las regiones aledañas. Entre estos hechos destacan la salida de Francisco Huenchumilla como Intendente de la Araucanía; la movilización de los camioneros en esa y otras regiones del país -incluyendo la Región Metropolitana- para hacer ver su malestar frente al menoscabo a sus actividades producto de atentados de que han sido víctimas; la toma de los municipios de Ercilla y Collipulli; y la toma y reciente desalojo por fuerzas policiales de las dependencias de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) en Temuco, en el que habrían resultado con lesiones de diversa consideración al menos dos personas mapuche.
La situación de los derechos humanos de los habitantes de La Araucanía y las regiones aledañas en general, y del pueblo mapuche en particular, así como la convivencia interétnica en esta parte del país, ha preocupado a este Instituto desde su creación. Dada la complejidad del momento que allí se vive y los derechos humanos que se ven comprometidos, el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos estima necesario señalar lo siguiente:
1.- Chile tiene un marcado déficit en el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y de los derechos que les han sido reconocidos por los tratados internacionales de derechos humanos. Los pueblos indígenas además no cuentan con participación política. Se trata de una situación que no ha sido superada pese a existir consenso político respecto a la urgencia de abordarla.
2.- Particularmente nos preocupa la situación de marginación socioeconómica en la que vive el pueblo mapuche, cuestión refrendada reiteradamente por estadísticas oficiales, y que, pese a los programas públicos, no ha logrado ser superada, impidiéndoles el pleno goce y ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales.
3.- Estamos conscientes que la realidad de la región es muy compleja y que existen factores de diversa índole que inciden en la situación de conflictividad y violencia que se vive en La Araucanía y en las regiones aledañas. Esta violencia, que condenamos enérgicamente en todas sus expresiones, ha afectado tanto a integrantes de los pueblos indígenas como a la población no indígena en general, todos quienes de manera legítima han alzado sus voces en defensa de sus derechos y manifestando su malestar por la falta de seguridad.
4. Es por ello que consideramos ineludible que a la brevedad el Estado de Chile asuma los siguientes desafíos con el fin de avanzar hacia una convivencia interétnica pacífica y con pleno respeto y garantía de los derechos humanos de todos y todas:
a) El reconocimiento en la Constitución Política de la República de los pueblos indígenas y de sus derechos internacionalmente reconocidos, así como la generación de mecanismos de participación política de los pueblos indígenas a todo nivel, todo lo anterior previa consulta con ellos a través de sus instituciones representativas.
b) La búsqueda de una solución integral en materia de tierras y en particular de los mecanismos utilizados para entregar tierras a los pueblos indígenas. Dicha solución integral incluye la identificación de las tierras que deberían serles reconocidas y restituidas, así como la identificación de otros mecanismos de reparación que sean aceptables para sus comunidades y sustentables en el tiempo. Todo ello debe apuntar a un sistema que sea plenamente respetuoso de los derechos humanos por parte de todos los sectores involucrados, sin distinción.
c) La generación de mecanismos a través de los cuales el pueblo mapuche pueda participar en la determinación de sus prioridades en materia de desarrollo, evitando con ello los conflictos que la materialización de proyectos de inversión han generado en sus comunidades.
d) La adopción de medidas, incluyendo la revisión del actuar policial en comunidades mapuche, que permitan garantizar la integridad y seguridad de las personas indígenas y no indígenas en La Araucanía y regiones aledañas, así como la aceleración de la investigación y sanción por parte de la justicia de los delitos cometidos en este contexto, asegurando además la reparación a quienes han sido víctimas de la violación de sus derechos humanos en el marco de este conflicto.
5.- Estas medidas, entre otras, deben ser el producto de un proceso de diálogo del más alto nivel, iniciativa que en su momento fue presentada a las autoridades de gobierno. Dado el agravamiento de los conflictos en esta parte del país, reiteramos nuestro llamado al gobierno a impulsar un diálogo de esta naturaleza con el pueblo mapuche como única manera de avanzar en democracia. Un proceso de diálogo como el propuesto supone la creación de un clima de confianza en el que colaboren todas las partes y en que la violencia sea descartada como estrategia válida.
6.- Así mismo, la problemática en La Araucanía también plantea desafíos a otros sectores. Es el caso de las empresas que invierten en la región, las que de acuerdo a las directrices de derechos humanos aplicables, deben respetar los derechos humanos de estos pueblos, impulsando en su accionar procesos de diligencia debida para prevenir, identificar, mitigar y reparar los impactos adversos en derechos humanos de sus operaciones. Es el caso también de los pueblos indígenas, los que deben desarrollar esfuerzos para identificar sus instituciones representativas y sus demandas en los procesos de diálogo, en particular identificando previamente aquellas referidas a las tierras cuya restitución exigen.
Santiago de Chile, 11 de septiembre 2015
Crónica Digital
