Los hijos de la víctimas del denominado Caso Degollados y el Gobierno de Chile sumarán esfuerzos para intentar revertir el beneficio de libertad al exagente de la dictadura pinochetista Alejandro Sáez.
La administración de Michelle Bachelet dio a conocer hoy su postura de apoyo a la familia de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, secuestrados y degollados por la dictadura de Augusto Pinochet en 1985.
El primer paso ahora será presentar una apelación ante la Corte Suprema de Justicia por el crimen de los tres militantes del Partido Comunista de Chile(PCCh).
Si no procede, los allegados de Guerrero, Parada y Nattino señalaron que acudirán a los tribunales internacionales, ante la eventual liberación de Sáez por un tecnicismo jurídico en las leyes chilenas.
Chile conoció en marzo de 1985 el secuestro y degollamiento de los integrantes del PCCh por agentes de Carabineros, hecho que despertó la indignación nacional y el juez especial José Cánovas logró esclarecer el caso.
Ordenó la detención de ocho oficiales de Carabineros, incluidos dos coroneles. Luego de las investigaciones, la cifra de acusados se elevó a 15. Ese mismo año el general César Mendoza, general director de Carabineros y miembro de la Junta del Gobierno, dimitió.
También fue disuelta la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), de la que formaban parte Sáez y Miguel Muñoz Uribe, a quienes la Corte de Apelaciones concedió libertad condicional pese a la condena de ambos de cadena perpetua.
El abogado de las familias de los asesinados, Fernando Leal, declaró a la prensa que el fallo es una vergüenza y subrayó que será apelado, con plazo hasta el viernes próximo para presentar un recurso ante el máximo tribunal del país.
Sí o sí había que darle el beneficio a estos criminales, y ese es un error garrafal, que no se condice con lo que nuestra doctrina y jurisprudencia en forma uniforme ha venido diciendo durante muchas décadas, deploró Leal.
Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, comentó que todavía hay deudas pendientes relacionadas con la legislación, que es la misma para los condenados por crímenes de lesa humanidad y delitos comunes.
A su turno, Francisco Ugaz, abogado del programada de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, anotó que sostuvo una reunión al respecto con la titular de Justicia, Javiera Blanco.
Ugaz remarcó que no hay un arrepentimiento a propósito de los hechos que ha cometido y con los argumentos conocidos, «aspiramos que la resolución del tribunal de base sea revocada y en definitiva no se conceda la libertad condicional a Saez».
Santiago de Chile, 15 de julio 2015
Crónica Digital / PL
