Las consignas de perdón y olvido trataron de imponerse en varios países de Latinoamérica, con el deseo expreso de pasar la página a los crímenes cometidos por las dictaduras al amparo de la Operación Cóndor.
Chile no fue la excepción, pero en realidad la mayoría de sus Gobiernos intentó sacar a relucir la verdad y castigar a los culpables del asesinato de más de tres mil personas, junto con los autores de los cerca de mil 300 detenidos-desparecidos.
Para hablar de estos y otros temas, el ministro chileno de Justicia, José Antonio Gómez, respondió a Prensa Latina en un momento en el cual se reactivan procesos contra políticos con pasado oscuro.
Empero, tampoco es una tarea fácil. Quizás en el extranjero se piense que la condena a la dictadura de Augusto Pinochet y a la asonada golpista del 11 de septiembre de 1973, recibe la condena unánime de la sociedad.
Sin embargo, nada más lejos. Notorios políticos de derecha y partidos como la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) no esconden sus simpatías por correligionarios acusados de fuertes nexos con los pinochetistas.
El ministro José Antonio Gómez fue enfático al reconocer que Chile enfrenta con determinación el manto de silencio que intenta ocultar los crímenes de la dictadura.
Acerca de las interrogantes lanzadas por Prensa Latina en un desayuno de trabajo con medios extranjeros, Gómez destacó que, no obstante, en un período de transición democrática de 24 años, en Chile se investigan y condenan delitos de lesa humanidad.
El titular se refería así al largo y escabroso proceso de la sociedad chilena después del fin de la sangrienta dictadura de Pinochet con el NO en el plebiscito de 1988 y el regreso a la democracia en 1990.
«Creo que pese a las trabas y dificultades, nuestra nación ha avanzado bastante y se intensifican pesquisas para conocer la verdad y aplicar todo el peso de la ley contra los trasgresores de los derechos humanos», recalcó Gómez.
Al profundizar el panorama actual en este sentido, el titular subrayó que los encargados de impulsar esos procesos no aplican la ley de amnistía» y existe al mismo tiempo la voluntad de profundizar en el caso de los torturadores con el mismo nivel de exigencia».
En torno a la postura de los altos mandos militares de la actualidad, el jefe de la cartera de Justicia del Gobierno de Michelle Bachelet hizo énfasis en que se sustenta en la proyección del Nunca Más que pondera la nación sudamericana.
Pienso que el Comandante en jefe del Ejército cuando se refería recientemente a la inexistencia de un clima similar al anterior, lo hacía en apego al hecho de que nada de lo ocurrido tiene cabida en la sociedad chilena actual, precisó.
EXPEDIENTES X
El ministro aseguró que respecto a la prisión de Punta Peuco, señalada por medios locales como una penitenciaria con lujos donde se encuentra entre otros el ex general Manuel Contreras, ha sido adaptada a las condiciones normales de una cárcel.
En la mayoría de los países del mundo los militares y policía cumplen sus condenas en centros especiales que, como Punta Peuco, reúnen requisitos de seguridad y guardan la misma disciplina que el resto de las prisiones, añadió.
Contreras fue sentenciado a largas condenas por numerosos delitos de crímenes, desapariciones y torturas cuando fungía como jefe de la tenebrosa Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) durante la dictadura pinochetista.
De otro lado, Gómez ahondó acerca de las investigaciones de los archivos secretos en Colonia Dignidad, una suerte de búnker fundado por inmigrantes alemanes que se prestó para las torturas contra los presos políticos del régimen de Pinochet.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que en Chile más de 38 mil personas fueron torturadas. Abundan los testigos excepcionales y hace poco tiempo salieron a la palestra nuevas acusaciones contra políticos en ejercicio.
El expediente más escandaloso es el de Christián Labbé, vinculado a crímenes durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Parlamentarios de la derechista UDI no escondieron su apoyo a Labbé, ex alcalde de la comuna de Providencia, en esta capital, ex coronel del ejército, boina negra y colaborador permanente de la DINA.
La magistrada chilena Marianela Cifuentes ordenó prisión, luego revertida, para Labbé junto a otros nueve ex agentes, acusados de 13 casos de secuestro, tortura, muerte y desaparición.
Los hechos ocurrieron a partir del 11 de septiembre de 1973 con la asonada golpista encabezada por Pinochet e igualmente en los primeros meses de 1974 en el regimiento Tejas Verdes, en la comuna de San Antonio, según detalló la justicia.
Afortunadamente existen en Chile poderes independientes que hacen valer la justicia, subrayó el titular en torno a este capítulo y a otros como el de Colonia Dignidad, donde existen evidencias de abuso de menores, tráfico de armas y violaciones.
Sin embargo, figuras como Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, consideró que procesar a los llamados «intocables», que se «blanquean» con cargos públicos, es una batalla larga y compleja.
Fotografía: Kena Lorenzini
Por Fausto Triana, Corresponsal de Prensa Latina en Chile.
Santiago de Chile, 21 de noviembre 2014
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