Por eso proponemos, en el corto plazo, la creación urgente de una mesa intersectorial que busque terminar con los campamentos, poniendo los derechos de las familias en el centro de la discusión, opinó Rodríguez.
En un comunicado de prensa, TECHO indicó que con el fin de reflejar la realidad dinámica de esta problemática, determinó que al mismo tiempo que se cierran campamentos, otros nuevos emergen.
De hecho, de 2016 a 2017 clausuraron 45 asentamientos informales, pero se abrieron otros 87. A nivel país, por cada dos familias que salieron de campamentos, llegaron tres más a vivir en esta situación, explicó la organización.
Estos 702 asentamientos informales se encuentran a lo largo del país entre las regiones de Arica y Coyhaique.
Las familias que viven en estas condiciones no tienen acceso a una vivienda adecuada, además de no contar con acceso regular o al menos uno de los servicios básicos como agua, luz o alcantarillado, recalcó TECHO.
Santiago de Chile, 11 de julio 2017
Crónica Digital /PL
