Apenas un 11 por ciento de aprobación para la Alianza, la derecha en picada en Chile, muestra cómo anda la balanza de la política pero prender leña parece la táctica favorita contra el Gobierno.
Desde que reventó hace un meses el caso Penta de financiamientos ilegales a campañas políticas, principalmente de integrantes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), se han recrudecido los ataques contra la presidenta de la República, Michelle Bachelet.
Bajo la filosofía del «empate», como dicen acá en Chile, la Alianza antes con la UDI a la cabeza y ahora con su socio Renovación Nacional (RN), no escatimó espacios para intentar desbarrar de todas las iniciativas de la mandataria.
Al inicio, cuando el expediente alrededor del grupo bancario Penta no había explosionado por completo, la cortina de humo apuntaba hacia las reformas propuestas por Bachelet, desde la tributaria hasta la educacional.
El avance rotundo de las medidas que fueron un compromiso de campaña de la actual jefa de Estado no terminó con la aprobación de leyes o proyectos de legislación, sino que generó ácidas críticas de la UDI y RN.
Se sucedieron las amenazas y acciones para impugnar todos los programas de Gobierno, interpelaciones a ministros y descalificar las reformas ante la Corte Constitucional.
Mientras, las encuestas de opinión señalaban una baja sin precedentes de la Alianza, con un 11 por ciento de aceptación y el rechazo con letras mayúsculas del 78 por ciento de la población.
En busca del «empate», los lanzallamas de la UDI y RN apuntaron también hacia las fuerzas de izquierda, especialmente el Partido Comunista, con denuncias de supuestos financiamientos ilegales a campañas de dos carismáticas y jóvenes diputadas.
Camila Vallejo y Karol Cariola se vieron obligadas a demostrar que bajo ningún concepto en sus contiendas para conseguir cupos parlamentarios recibieron dineros de fuerzas movilizadas en Europa.
Antes también hablaron de presunta entradas fraudulentas a las huestes de Bachelet con miras a los comicios presidenciales de 2013. Ninguna evidencia concluyente fue expuesta.
Ya en pleno febrero, cuando Bachelet y algunos de sus colaboradores más cercanos decidieron tomar vacaciones, RN tomó la batuta para no dar respiro en la seguidilla de ataques contra la administración y su entorno.
El partido de centroderecha se sumó a una manifestación que pretendió acerca a la casa de descanso de la mandataria en la Araucanía para exigirle más compromisos con una región altamente sensible y conflictiva en Chile.
Para completar, la mirilla telescópica dio un giro hacia la figura de Sebastián Dávalos, hijo de la gobernante y actual director Sociocultural del Palacio de La Moneda, fustigado por un crédito bancario obtenido por su esposa, Natalia Compagnon.
El préstamo millonario fue aprobado días antes de que Bachelet ganara las elecciones para una microempresa de bajo capital, por lo cual la UDI, RN y otros políticos señalan que Dávalos se aprovechó de un tráfico de influencias.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) subrayó al investigar el caso, que «no ha detectado infracciones legales y normativas que pudieran poner en riesgo a los depositantes y la solvencia del banco».
Aún así el show mediático sigue en el ambiente y de momento el portavoz alterno del Gobierno, José Antonio Gómez, ministro de Justicia, se limitó a calificar la actitud de la oposición de «miserable» sobre este y otros revuelos.
Por Fausto Triana, periodista y corresponsal de la Agencia Prensa Latina.
Crónica Digital, 13 de Febrero 2015
