Ha circulado profusamente en medios cristianos evangélicos, a través de las redes sociales, una tabla que se presenta como una reseña comparativa de “las diferentes posturas de los dos candidatos a Presidente de Chile”, bajo el título: “INFORMEMONOS Y VOTEMOS!!”. El supuesto examen analítico se centra en seis puntos, a través de los cuales se expondrían las diferencias programáticas entre Gabriel Boric y José Antonio Kast en lo que se refiere a lo que serían aspectos de especial interés para el mundo evangélico.
Es sorprendente la falta de rigor y profundidad con que se abordan los puntos, llegándose a estampar mentiras abiertas.
Su autoría corresponde a la llamada “Comisión Nacional Evangélica por la Familia y la Vida” (CONFAMILIA), la que, según su presentación en su página en Facebook, se trataría de “una Corporación con Personalidad Jurídica N°193736”, la que “es 100% evangélica y agrupa a pastores, lideres, expertos y profesionales en diversas materias”. Del mismo modo, asegura que estaría presente “en todas las regiones del país”.
Centremos la revisión, a modo de ejemplos claros, en solo dos de las materias que aborda.
En un punto titulado “Estado Laicista”, señala: “En la página 193 de su programa (de Boric) no tan solo acuña el término de Laicidad sino también desea cambiar la Ley de Culto y mezclar el cristianismo con visiones ancestrales”. En otro, sobre “Libertad Religiosa”, indica: “Considera que en Chile se ha privilegiado credos como el católico y el evangélico; por lo tanto, hay que cambiar las normativas, cambiando el foco de la ONAR”, y vuelve a citar la página 193 del programa del candidato de Apruebo Dignidad.
La falsedad salta a la vista con solo leer lo que señala el Programa de Apruebo Dignidad en la página 191 (porque incluso la numeración de página que hacen no corresponde), bajo el título “Estado Laico”.
Al contrario de la “fake news”, el Programa de Gabriel Boric habla en forma explícita de “un Estado laico que consagre la libertad religiosa, de creencias y espiritualidades”, y que garantice “su efectivo goce a través de leyes, normas, políticas y programas”. Por ello, se plantea impulsar “medidas orientadas a garantizar la no–discriminación por razones de credo, religión o espiritualidad”, como condiciones que aseguren la laicidad y “verdadera separación Iglesia–Estado”. Reconoce “el valor de las religiones y espiritualidades, desde la riqueza de la diferencia de culturas, la pluralidad y la plurinacionalidad”.
Plantea que “perfeccionaremos la Ley de Culto en un proceso participativo que incluya a todas las tradiciones religiosas y espirituales, incluyendo las cosmovisiones de los pueblos originarios”. Asimismo, dice que se promoverá que ONAR sea “una instancia representativa y promotora de todas las expresiones religiosas y espirituales del país, garantizando la igualdad jurídica entre ellas y terminando estructuras que establezcan privilegios a ciertos credos”.
En rigor, son definiciones programáticas consistentes con las históricas reivindicaciones de las iglesias protestantes y evangélicas en el sentido de consagrar y garantizar la libertad e igualdad religiosas, proponiendo en lo inmediato un perfeccionamiento de la actual Ley de Cultos con la participación de todas las expresiones religiosas y espirituales, así como de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, para que sea reflejo de esa perspectiva de libertad e igualdad religiosas, sin discriminación entre ellas. ¿Cuál sería la objeción a lo planteado?
Pareciera necesario hacer algunas precisiones adicionales a la “fake news” de CONFAMILIA:
–El término “laicidad” no fue “acuñado” por el Programa de Boric, sino que forma parte de nuestra comunidad lingüística. En efecto, el Diccionario de la Real Academia (RAE) señala que “laicidad” es la “condición de laico”.
La formulación programática de Apruebo Dignidad usa el término laicidad para referirse a la naturaleza laica del Estado, el cual –como se sabe– es neutral en materia religiosa y, por lo tanto, permite la libertad e igualdad religiosas, a diferencia de su modelo opuesto, el Estado confesional, como el que existía en Chile hasta 1925, cuando se consagró la separación entre el Estado y la Iglesia Católica Romana (lo que se mantuvo en la Constitución de 1980).
–El Programa de Boric no señala que “desea cambiar la Ley de Culto”, sino que propone su perfeccionamiento con la participación de “todas las tradiciones religiosas y espirituales”, en mérito de que mejor garantice la libertad e igualdad religiosas y su efectivo goce.
Por lo demás, habría que recordar que la Ley N° 19.638, la que “establece normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas” fue fuertemente impulsada por los demócratas progresistas en el Parlamento, promulgada en octubre de 1999 por el Gobierno de Eduardo Frei, y su implementación correspondió a las Administraciones de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.
En ese marco, la Presidenta Bachelet creó la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR), dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en 2007, durante su primer Gobierno.
–El Programa de Apruebo Dignidad en modo alguno se plantea “mezclar el cristianismo con visiones ancestrales”. Suponemos que cuando hablan de “visiones ancestrales” pretenden aludir a la religiosidad y espiritualidad de los pueblos originarios. Pues bien, el carácter laico del Estado implica, como consignamos, su neutralidad en materia religiosa: por lo tanto, está fuera de su carácter y potestades “mezclar” diferentes cosmovisiones espirituales, y se circunscribe a reconocer la legitimidad de su diversidad de expresiones, conforme a sus especificidades propias.
En este sentido, afirma el reconocimiento, en el marco de la libertad e igualdad religiosas, de la legitimidad de todas las formas de religiosidad y espiritualidad, incluyendo las propias de los pueblos originarios.
–El Programa de Boric jamás sostiene que “se ha privilegiado credos como el católico y el evangélico”, y que ello implicaría “cambiar las normativas, cambiando el foco de la ONAR”. Lo que plantea, reiteramos, es la necesidad de garantizar plenamente la libertad e igualdad religiosas, considerando en ese derecho a la totalidad de las expresiones de religiosidad y espiritualidades.
Respecto a esa última aseveración de CONFAMILIA, habría que señalar que el propio mundo cristiano histórico no se reduce solo a la Iglesia Católica Romana y las Iglesias Evangélicas: en Chile existe también presencia de la Iglesia Ortodoxa. Además, es pública y notoria la existencia de nuevos movimientos religiosos que se reivindican parte del cristianismo, una parte de los cuales tiene reconocimiento legal. Y más allá de la religiosidad de los pueblos originarios, en el país desarrollan actividad otras grandes religiones como el Judaísmo y el Islam.
En un Estado laico todas las expresiones de la religiosidad y espiritualidad tienen derecho a existir en condiciones de libertad e igualdad. ¿O acaso estarían sugiriendo que solamente la Iglesia Católica Romana y las Iglesias Evangélicas debieran tener derecho a existir y que las otras formas de religiosidad habría que prohibirlas?… ¿O que éstas debieran carecer de iguales derechos y libertades respecto de católicos y evangélicos?
Hasta ahora, en el debate político en el espacio público no conocemos a nadie que afirme esa idea tan profundamente contradictoria con la democracia. Por ello, lo obvio es que, más bien, estamos en la presencia de un uso mañoso de falsos “argumentos” para intentar inducir, por vía de la manipulación, la conducta electoral de un sector de la población en la próxima segunda vuelta que definirá el próximo Presidente de la República.
Por Víctor Osorio. El autor fue Ministro de Estado.
Santiago, 15 de noviembre 2021.
Crónica Digital.
