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l especialista en litio y académico de la Universidad de Santiago, Dr. Domingo Ruiz, sostiene que la compra de la china Tianqi del 24% de las acciones de SQM deja a la empresa asiática como uno de los principales controladores del mineral no metálico en el mundo, en desmedro de los intereses del país, que no aprovechó antes de hacerse de los activos y solo terminará percibiendo los impuestos de su extracción.  “Hay que cuidar los activos. No podemos hipotecarlos siempre en función de levantar la economía a cualquier precio. Eso es pan para hoy y hambre para mañana”, critica. La empresa china Tianqi informó a través de un comunicado que firmó un acuerdo para adquirir el 24% de la participación que tenía Nutrien en Soquimich, lo que implica la compra de 62.556.568 acciones de la Serie A de SQM de propiedad de Nutrien por un total de US$4.066 millones. Para el experto en litio y académico del Departamento de Química de los Materiales de la Universidad de Santiago, Dr. Domingo Ruiz, esta compra hipoteca los beneficios que podría haber tenido el mineral no metálico para la economía chilena, dado que se da en un escenario donde el Estado no ha invertido en acciones para hacerse del mineral. Es decir, solo percibe los impuestos derivados de su extracción, porcentaje marginal de las ganancias que obtienen compañías privadas como SQM y extranjeras, como Tianqi y Albemarle a través de Rockwood. “Me habría gustado que el Estado hubiera invertido en comprar acciones, que el activo quedara en manos nuestras y no hipotecarlo en empresas extranjeras de las cuales no vamos a tener control. Estamos en una economía de libre mercado y no nos podemos negar a la inversión, es cierto, pero hay que cuidar los activos. No podemos hipotecarlos siempre en función de que hay que levantar la economía a cualquier precio, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana”, sostiene. El Dr. Ruiz reconoce que el Estado chileno tiene injerencia sobre el litio al concesionarlo, pero que las condiciones de los contratos ya se establecieron y, ahora que ingresó Tianqi a SQM, no se pueden cambiar. Es decir, se descarta la utilidad de elaborar una estrategia o nueva ley que proyecte el uso del mineral no metálico en beneficio del país. “Las tasas de producción ya están prefijadas por la ley de concesiones tanto para SQM como para Rockwood, y todos los aumentos de producción inmediatamente pasan a ser parte de los activos que tiene Tianqi y Rockwood”, afirma. “El Estado ha sido muy pasivo en esto de actuar como inversionista. Nunca decidió invertir en esto y lo que queda es que seguimos siendo productores de un activo, pero como exportadores de materia prima, mientras que el procesamiento y valor agregado lo realizan otros países, lo que es preocupante para Chile”, enfatiza. Finalmente, el académico insiste que esta compra ya es irreversible y terminará generando un oligopolio a nivel mundial sobre la venta de litio, ya que al hacerse de una […]

Los diputados de la Democracia Cristiana y del Partido Radical emplazaron hoy al Gobierno a dar señales concretas que apunten a una “profunda reforma previsional”, recordando que desde el 2016 piden cambios estructurales al sistema de administración de fondos de pensiones, incorporando el factor solidario, mayor competencia, transparencia y justicia social. Así lo manifestaron ambos jefes de bancada, Matías Walker (DC) y José Pérez (PR), junto al subjefe de la bancada DC, Iván Flores, al diputado DC Raúl Soto de la comisión de Trabajo y a los diputados Pablo Lorenzini y José Miguel Ortíz, de la comisión de Hacienda de la Cámara. Al respecto, el diputado Walker señaló que “el Gobierno del Presidente  Piñera y Chile Vamos tiene que hacerse  cargo de la irresponsabilidad que cometieron al oponerse al proyecto de ahorro colectivo que aumentaba  en un 20 por ciento  las pensiones  a los actuales  jubilados. Tienen que hacerse  cargo de la promesa que   hicieron en  campaña de aumentar  el pilar solidario y los beneficiarios del aporte  previsional solidario con un alto costo fiscal. No basta con aumentar el pilar solidario tiene que haber un mecanismo efectivo de solidaridad intergeneracional  y también intrageneracional  para mejorar  la situación de  los actuales jubilados que se  pensionaron bajo una expectativa de pensiones  mucho mayores y que finalmente resultaron engañados  en la promesa de las AFP   de poder  tener  tasas de  reemplazo mucho mayor.” El jefe de bancada radical, diputado José Pérez, estableció que para el PR el problema previsional es «una prioridad hoy», agregando que “no podemos dejar pasar más tiempo, nuestros adultos mayores actualmente viven con pensiones miserables. Hemos propuesto como PR en diversas instancias que nuestra máxima es que ninguna pensión puede estar bajo el salario mínimo y si bien entendemos que eso no lo vamos a solucionar en un par de años, requerimos ese norte. Por lo pronto nuestras bancadas van a liderar este esfuerzo para apurar el tranco de un gobierno que de momento se ve muy estático en varias materias relevantes». El diputado DC Raúl en tanto, integrante de la comisión de Trabajo, agregó que “ el sistema está lo suficientemente deslegitimado y necesita una regulación más fuerte, además de cambios estructurales. Si el Gobierno quiere una reforma a las pensiones que sea consensuada política y socialmente, que sea transversal y amplia, debe entender que no puede hacer más de lo mismo. Hay consenso respecto a la necesidad de subir la cotización, porque es muy baja en relación con la OCDE, sin embargo, si va a ver un aumento gradual, podríamos perfectamente subirla a 5 y no cuatro puntos”. Soto agregó que “el Ejecutivo tiene que considerar que necesitamos pasar desde un sistema de seguridad individual a un sistema de seguridad social y para eso, requerimos que el principio de solidaridad intra e inter generacional esté muy presente en forma transversal en el sistema y la reforma que envíe al Congreso, de lo contrario, será muy difícil mejorar las pensiones actuales y futuras de forma cierta y efectiva para los adultos mayores y […]

El decano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile insistió en que este caso es un “problema de humanidad, en una democracia nadie puede ser condenado sobre la base de pruebas falsas”. El decano de la Facultad de Derecho de la U de Chile, Davor Harasic, junto al comité Mateluna Inocente, ingresaron hoy un recurso de revisión ante la Corte Suprema tendiente a lograr la anulación de la sentencia que condenó en 2014 a 16 años de presidio a Jorge Mateluna. Tras la presentación de un nuevo antecedente, que lo exculpa de la participación en el asalto a un banco ocurrido en 2013, la defensa decidió interponer una acción judicial para que el máximo tribunal anule la sentencia condenatoria dictada por el Primer Tribunal Oral en lo Penal en octubre de 2014, dictando una sentencia de reemplazo absolutoria. “Esta es una condena abiertamente injusta, hay pruebas que se prefabricaron para que Mateluna esté en estas condiciones, afortunadamente han surgido nuevos antecedentes que nos permite pedirle a la Corte Suprema la revisión de la sentencia”, explicó el Decano Harasic. En esa línea, el abogado recalcó que “este no es un problema de fiscalía contra fiscalía, este es un problema de humanidad, un problema de régimen democrático. En una democracia nadie puede ser condenado sobre la base de pruebas falsas”. En tanto, la actriz Francisca Lewin, en representación del movimiento “Mateluna Inocente” se mostró “esperanzada” en que el máximo tribunal acoja el requerimiento y revierta la sentencia de Mateluna. “Estamos muy confiados en que están las pruebas suficientes para que esta demanda sea escuchada y eso es lo que queremos pedir al tribunal: que se abra a escuchar esta demanda social que ha sumado a distintos grupos, artísticos, estudiantes, jóvenes, de todas las áreas se han sumado naturalmente a defender a Jorge”, explicó. En tanto, la pareja de Jorge Mateluna, Claudia Godoy, también manifestó su confianza en el trabajo de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, reconociendo que “ha sido un camino duro, que afortunadamente no hemos recorrido solos, con hartas puertas cerradas y hoy vemos con harta esperanza que esto pueda tener un buen fin”. Luego de interponer este recurso, la Corte Suprema debe admitirlo a tramitación, trasladarlo al Ministerio Público y fijar la audiencia de alegatos. Santiago de Chile, 22 de mayo 2018 Crónica Digital

Así concuerdan el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis Castro, el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, el decano de Medicina y Ciencia de la U. San Sebastián, Manuel Inostroza y el gerente general de Consalud, en seminario de la U. San Sebastián. Los intentos por modificar el sistema isapres vienen desde hace prácticamente 10 años y no ha sido posible avanzar porque no se logrado el consenso político. Ello pese al trabajo técnico realizado a través de diferentes comisiones presidenciales y que se han traducido en propuestas que no han fructificado. “Han pasado dos gobiernos.  Uno con un proyecto que no tuvo viabilidad en el Congreso y otro que no tuvo voluntad política dentro del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Y llegamos al punto en que estamos hoy. Por tanto, yo creo que hoy día es el tiempo de avanzar”, comentó el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis Castro. No obstante, para los expertos que participaron en el coloquio “Reforma al Sistema Isapres”, organizado por el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la U. San Sebastián, la reforma que hay que hacer no sólo involucra al sistema asegurador privado, sino también al público, Fonasa, y eso no se puede hacer de una sola vez, sino por etapas. “Esta reforma debiera hacerse en tres etapas y en tres gobiernos distintos. En la primera etapa partir con la reforma a la Ley de Isapre y, en paralelo, iniciar una reforma paulatina de Fonasa a fin de mejorar su competitividad. Todo esto el segundo semestre de este año. Respecto a los demás cambios de integración, de un fondo de compensación entre Fonasa e isapres quedarán para una segunda o tercera etapa, porque es imposible hacer esa reforma hoy día con la cantidad de desafíos que tenemos como país”, puntualizó Inostroza. Las piedras de tope Por su parte, el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic indicó que “existe consenso social, político y técnico para resolver la cautividad, las preexistencias y los problemas de transparencia y los instrumentos para resolverlos también están más o menos claros: mecanismo de compensación de riesgo, en torno a un plan único, pero ahí surgen las diferencias. Yo soy partidario de aumentar la cotización individual en la medida que esto vaya asociado a relevar la carga financiera a las familias. Por ejemplo, entregarle a los seguros la responsabilidad de financiar los medicamentos a sus beneficiarios”. Sobre este mismo punto, el gerente general de Isapre Consalud, Marcelo Dutilh, afirmó que el tema se entrampó porque en la discusión “se dejó de poner el foco en el problema de salud de los 17 millones de chilenos y la mirada se enfrascó en si tener un sistema único de salud o uno con multiseguros, y yo creo que ese no es el problema de fondo”. Santiago de Chile, 22 de mayo 2018 Crónica Digital

Un completo informe sobre los aspectos positivosque es clave aprobaren la actual reforma al Código de Aguas expuso la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, ante la Comisión de Agricultura del Senado. La dirigenta ambientalista hizo un contrapuntoa los planteamientos expresados por la Confederación de Canalistas de Chile y el propio gobierno,que insisten en mantener intocable la propiedad privada perpetua del agua, a pesar de la crisis hídrica, la situación de desabastecimiento de la población rural y el cambio climático. Larraín recordó que el proyecto fue ingresado a la Cámara de Diputados hace 8 años, habiendo sido aprobado ya por dicha corporación en primer trámite constitucional y por la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta en segundo. Aclaró que el corazón de la reforma se sustenta en establecerelreconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento; prioridades de uso y protección de las fuentes de agua; y terminar con el acaparamiento y la especulación, todo lo cual debe ser garantizado por el Estado. Estos planteamientos son resistidos por el nuevo gobiernoy el gran empresariado, que demandan la mantención de la propiedad privada a perpetuidad. Al día de hoy la iniciativa establece que los nuevos derechos serían concesiones temporales, a 30 añosprorrogables. Sin embargo, para los ya constituidos la titularidad permanecería para siempre. La iniciativa incorpora dos figuras nuevas: las causales de extinción y decaducidad de los derechos de agua. La primera se aplicará si el titular no hace un uso efectivo del recurso en el plazo de 5 años en el caso de los derechos consuntivos (riego, industria) o de 10 años en el de los no consuntivos (hidroeléctricas). La segunda causal corresponderá a los derechos otorgados que no se inscriban en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, pues esta práctica se ha utilizado como medio para especular con el agua y evadir el pago de patente por no uso. Dentro de los principales aspectos que relevó Sara Larraín en su presentación estuvo que los servicios sanitarios rurales (ex Comités de APRs) podrán acceder a aguas subterráneas desde pozos cavados en terrenos de la organización, de algún integrante de ella o del Estado, e incluso extraer hasta 12 litros por segundo mientras tramitan el permiso definitivo. En términos de priorización del uso de las aguas indicó que el texto hasta ahora aprobado establece que “la autoridad deberá siempre velar por la armonía y el equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva que cumplen las aguas”. De esta forma podrá el Estado constituir reservas con las aguas disponibles, superficiales o subterráneas, con el fin de asegurar estas funciones sociales y ambientales. Enfatizó que la reforma avanza también en el establecimiento de una discriminación positiva para sectores que proveen agua para consumo humano de subsistencia,comunidades agrícolas e indígenas,y pequeños campesinos. Todos ellos estarán exentos de la aplicación del caudal ecológico y del pago de patentes por no uso, además de las causales de caducidad por no inscripción de los derechos de agua otorgados. También se establece este último régimen de protección para los recursos hídricos con fines de conservación enáreas […]