La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa que además facilita la tramitación de prestaciones de vejez y contempla la extensión de la asignación por muerte a todos los beneficiarios del Pilar Solidario. Como un «gran logro» para el país calificó la Subsecretaria de Previsión Social, Julia Urquieta, la aprobación por unanimidad, en general y en particular, por parte de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, del proyecto de ley que presentó la Presidenta Michelle Bachelet para eliminar la cotización del 5 por ciento de salud de los pensionados, «Queremos expresar nuestra gran satisfacción porque la Comisión aprobó, con la unanimidad de sus miembros, el proyecto que exime del pago de 5 por ciento de salud a los adultos mayores», reiteró la autoridad. La Subsecretaria valoró el resultado obtenido durante la votación realizada el martes en la noche en el Congreso Nacional y aclaró que de esta forma «seguimos avanzando en el cumplimiento del programa» de gobierno comprometido por la Mandataria. «Esto es un gran logro, es una cuestión que había sido esperada por mucho tiempo por los adultos mayores, es algo que estaba pendiente, parte del programa de la Presidenta Michelle Bachelet y, por tanto, nos parece muy bueno que se haya aprobado en general y en particular», precisó Urquieta. Según explicó la autoridad ahora el proyecto fue derivado a la Comisión de Hacienda «lo que nos augura el hecho de que será aprobado muy prontamente». «Lo único que esperamos es que los adultos mayores puedan obtener este beneficio lo más pronto posible», concluyó la Subsecretaria de Previsión Social. Por su parte, el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, destacó la rapidez de la tramitación del proyecto por parte de los parlamentarios que «tomaron en consideración la importancia y el impacto que tiene ampliar la cobertura, lo que es muy necesario especialmente para sectores medios de la población, ya que beneficia directamente a la ciudadanía en un corto plazo». En este sentido, agregó que «este es un trámite que se está desarrollando con rapidez pero con la profundidad necesaria y que esperamos tenga la misma celeridad en la Comisión de Hacienda para poder legislar lo antes posible porque esto tiene un impacto directo en 340 mil adultos mayores en su primer año de aplicación». Eliminación del 5 por ciento de salud a los pensionados La iniciativa, que ingresó el 21 de julio pasado al Congreso con carácter de suma urgencia, busca eximir del pago de la cotización del 5 por ciento de salud a cerca de 310 mil pensionados de capas medias, mayores de 65 años; facilitar el paso entre beneficios de invalidez y vejez del Pilar Solidario; y la asignación por muerte a todos los beneficiarios de este mismo grupo. Cómo se implementará El beneficio se generará de manera automática, no se requiere postulación. Se implementará gradualmente, con una rebaja del 5 al 3% en el primer año y la eliminación completa a partir del segundo. Quedan excluidos de la […]
DD.HH.
El ministro en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Chillán, Claudio Arias Córdova, sometió a proceso a 16 personas, civiles y militares, como autores de los delitos de homicidio calificado de Rolando Gastón Angulo Matamala, Ogán Esteban Lagos Marín y Bartolomé Ambrosio Salazar Veloz, ilícitos perpetrados entre el 27 y 28 de abril de 1974, en la región del Biobío. Según los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro Arias logró establecer que: «El día 19 de abril de 1974, a través de un menor de edad que llegó al domicilio de Rolando Gastón Angulo Matamala, Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), en donde vivía con su cónyuge, en calle Isabel Riquelme de esta ciudad, cercanías del Mercado Municipal, quien le entregó un mensaje para que se dirigiera donde una persona que lo conocía, fue detenido por Agentes del Estado y posteriormente trasladado hasta un lugar de detención ubicada en las cercanías de San Carlos y desde allí hasta el Regimiento de Infantería de Montaña N° 9 de Chillán, lugar de donde fue sacado con fecha 27 de abril del mismo año con destino desconocido, siendo encontrado su cadáver el día 28 de abril de 1974 en el Canal Camilo Bravo del Fundo Mutupín, ubicado 7 kilómetros al oriente de San Carlos, con impactos de bala en su cuerpo lo que fue realizado por terceros, quedando de este modo configurado el delito de homicidio calificado». En relación a este hecho y de acuerdo al dictamen se «desprenden presunciones suficientes y fundadas para estimar que les ha correspondido una participación culpable en calidad de autores del delito de homicidio calificado de Rolando Gastón Angulo Matamala a los inculpados Mario César Romero Godoy quien se desempeñaba a la fecha de comisión del delito como Fiscal Militar Letrada de Chillán y de quien emanaban las órdenes de detener a las personas vinculadas al Movimiento de Izquierda Revolucionaria(MIR); de Osvaldo Enrique Ortega Echeverría en su calidad de funcionario del Regimiento de Infantería N° 9 de Chillán, encargado de la «Oficina de Registro y Control»; de Fernando Gómez Segovia, Froilán Enrique Aguilera Domínguez, Luis Enrique Troncoso Verdugo, Pedro Blas Vergara Mieres, Hugo Enrique Villamán Salazar, Patricio Orlando Marabolí Orellana, Humberto Artemio Olmedo Alvarez, Arturo Manuel Alarcón Navarrete, Fanor Eduardo Aguilera Pizarro, Luis Alberto Toledo Espinoza, todos los cuales se desempeñaban al momento de ocurrencia de los hechos investigados como Agentes del Estado, pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y Central de Inteligencia Regional (CIRE); y, de Sergio Francisco Bustos Baquedano, Lincoyán Lagos Tortella y Héctor Soto Hermosilla, quienes formaron parte del Servicio de Inteligencia Civil (SIC) en la ciudad de San Carlos, los cuales colaboraron directamente con el encargado de la Dina en la Región, facilitando información y los medios para la detención de personas vinculadas al Mir». El ministro Arias además dio por acreditado que «el día 17 de abril de 1974, alrededor de las 19:00 horas, Bartolomé Ambrosio Salazar Veloz, militante del […]
Ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, los trabajadores sostuvieron que las convocatorias para iniciar conversaciones que ha realizado Codelco a la fecha sólo se iniciaron tras la muerte de Nelson Quichillao y poniendo siempre condiciones específicas. El tema fue abordado hoy con la ausencia de representantes de la cuprífera y del Gobierno, quienes excusaron su asistencia. Se espera que los directivos de la estatal concurran mañana a una nueva cita. Una férrea disposición a sentarse y a dialogar, pero sin condiciones previas de parte de Codelco o de las empresas contratistas, expresaron hoy ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados los representantes de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), quienes fueron liderados en la exposición por su presidente, Manuel Ahumanda. «Vinimos a aclarar que aquí los que hemos tenido siempre la voluntad de diálogo y de negociar, y lo venimos solicitando desde el 6 de julio, es la Confederación de Trabajadores del Cobre», recalcó Ahumada al término del encuentro. El dirigente recalcó que, desde el inicio, la solicitud fue que Codelco convoque a una mesa de negociación donde participen ellos, en su calidad de facilitador y garante, la CTC y los representantes de las empresas contratistas con el único objetivo de resolver este conflicto y sin condiciones. Ahumanda reconoció haber recibido después de la muerte del trabajador Nelson Quichillao correos de parte de directivos de Codelco convocando a una cita, pero recalcó que, el mismo día del envío de uno de dichos mensajes, desde la estatal surgieron declaraciones que indicaban que la mesa debía constituirse sólo si se deponía el paro y para abordar algunos aspectos específicos del acuerdo colectivo. Insistió en que la negociación no puede partir con condicionantes. Sostuvo que si se va a generar espacios de relativa tranquilidad en el proceso de negociación, eso se conversará en la mesa y refutó cualquier posibilidad de sesgar de antemano la revisión del acuerdo marco. Asimismo, rechazó la tesis de Codelco de que el convenio tiene una fecha de término en 2016. «Esa es una cuestión totalmente falsa. Este instrumento no tiene vigencia cierta. Hay una cosa que se llama la primacía de la realidad, que es que este instrumento se ha mejorado y negociado cada dos años: 2007, 2011 y 2013 y por lo tanto corresponde en el 2015», precisó, acotando que el año 2016 se relaciona con un anexo que no tiene que ver con el acuerdo, sino que con un tema procedimental de cómo se adhieren los trabajadores al convenio. Señaló que el instrumento colectivo representa un costo de US$120 millones y destacó que la negativa de Codelco a conversar ha motivado una movilización que ya lleva 15 días, con un costo diario de US$27 millones, lo cual financiaría con creces cualquier beneficio para los trabajadores. Finalmente, entre otros puntos, los dirigentes criticaron la campaña comunicacional en contra de los trabajadores y del movimiento sindical y acusaron malas prácticas en el tema que estarían agudizando la tensión y generando […]
El largo brazo de la justicia dictaminó condenas de 15 años y un día de cárcel a seis represores del régimen del dictador Augusto Pinochet, en razón de los crímenes de cuatro personas en 1984. El juez especial Joaquín Billard indicó que del 2 al 3 de julio de 1984 fueron asesinados en dos operaciones separadas en esta capital Enzo Muñoz Arévalo, Ana Alicia Delgado Tapia, Héctor Sobarzo Núñez y Juan Varas Silva. Los dos primeros integraban las filas del Partido Comunista, mientras Sobarzo Núñez y Varas Silva militaban en el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). La condena incluyó al ex teniente coronel del Ejército Pedro Guzmán, el exmayor Alvaro Corbalán y los exsuboficiales Hernán Vásquez, Jorge Hernández, Juan Rubilar y Reimer Kohlitz, todos miembros de la Central Nacional de Informaciones (CNI). Corbalán, antiguo jefe operativo de la CNI cumple otras condenas, entre ellas un castigo a cadena perpetua por violaciones a los derechos humanos. La cacería de opositores, práctica sistemática de Pinochet, contempló en estos casos la detención de Juan Varas y Ana Delgado, torturados en un cuartel y acribillados a balazos al día siguiente en un lugar solitario. En tanto Sobarzo y Muñoz fueron asesinados en el sur de Santiago dentro de un automóvil, en el cual se encontraban. La parte civil del máximo tribunal de Chile dio órdenes al Fisco de pagar una indemnización a cada uno de los nueve familiares de las víctimas de 30 millones de pesos (alrededor de 45 mil dólares dólares). Santiago de Chile, 6 de agosto 2015 Crónica Digital / PL
Parlamentario dijo que calificó de “emocionante e histórica” la comparecencia de Carmen Gloria Quintana y Verónica De Negri en la Comisión de DDHH, dijo que “no puede haber voluntad política solo para enfrentar la delincuencia”. Como “una sesión emocionante e histórica” definió el diputado Fidel Espinoza la comparecencia de Carmen Gloria Quintana y Verónica De Negri en la Comisión de Derechos Humanos, agregando que “su testimonio, con dolor y dignidad, pero también las propuestas que hoy vinieron a hacer a la Cámara de Diputados, nos emplaza moral y políticamente a seguir avanzando en la construcción de la justicia pendiente”. El parlamentario del PS dijo que “compartimos plenamente lo que se señaló en el debate de la comisión, en el sentido de que no basta con hacer declaraciones de buenas intenciones, que lo que se requiere es materializar en hechos concretos mucho de lo planteado, De lo contrario, seremos testigos de un nuevo veranito de San Juan en materia de derechos humanos, para que luego esos temas y proyectos pasen nuevamente al olvido”. Espinoza valoró la iniciativa de trabajo bicameral propuesta por el Senado, pero también criticó que “pese a que en la Cámara se ha legislado con diligencia muchas de las iniciativas que buscan construir un marco de mayor justicia en Chile, esto no sirve de nada si esos proyectos se entrampan en el Senado, especialmente cuando, paradojalmente, nos encontramos con que en la Cámara Alta, esa comisión la integran mayoritariamente parlamentarios de derecha, siendo su actual presidenta la senadora Van Rysselberghe, de la UDI”. El legislador de la región de Los Lagos rescató que durante la sesión de la comisión de DDHH “se hayan planteados objetivos concretos a alcanzar, como lo es la destinación de los recursos humanos y financieros en el Presupuesto 2016, que posibiliten tener una Subsecretaría de Derechos Humanos activa, resolutiva, diligente, que no sea sólo una instancia burocrática más. Al menos en la Cámara, hay voluntad política para que al igual que en materia de delincuencia, avancemos en una agenda corta de derechos humanos”. Santiago de Chile, 6 de agosto 2015 Crónica Digital
En momentos que conscriptos colaboran con la justicia, sobre el crimen de Rodrigo Rojas De Negri y las gravísimas lesiones contra Carmen Gloria Quintana. Cuento del genocida Manuel Contreras esta internado en el Hospital Militar y las organizaciones de derechos humanos exigen verdad., justicia y reparación. En Argentina continua el Juicio sobre la Operación Cóndor. Operación Cóndor es el nombre que se asignó a la coordinación entre los servicios represivos de las dictaduras militares del Cono Sur -Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia-, en la década de los 70. Se constituyó así una banda clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado mediante el secuestro, asesinato y desaparición de dirigentes políticos y luchadores sociales. Son más de 70 los chilenos secuestrados o asesinados que estaban en Argentina. Varios fueron traídos por la Dina a Chile y posteriormente fueron asesinados. El Tribunal de Juzgamiento Oral en lo Criminal Federal N°1 de Buenos Aires, inició hace 2 años y medio, el juicio oral y público. Los fiscales María Mercedes Moguilansky y Enrique Ouviña cuentan con pruebas para encarcelar a 19 generales y coroneles argentinos responsables de crímenes contra la humanidad: Rafael Videla (fallecido), Luciano Menéndez y Carlos Tragant son algunos de 19 acusados. La primera etapa corresponde a 23 casos de compatriotas, héroes de la lucha social, entre ellos nueve militantes del MIR: Edgardo Enríquez, Luis Elgueta, José de la Maza, Miguel Orellana, Angel Athanasiú, Frida Laschan, Angélica Delard, Gloria Delard y Luis Appel de la Cruz. Hay tres militantes socialistas: Juan Hernández, Luis Muñoz y Manuel Tamayo. Cuatro militantes comunistas: Cristina Carreño, Alexei Jaccard, Patricio Rojas y Oscar Oyarzún, además de Luis Zaragoza, Luis Espinoza, Oscar Urra y Rafael Ferrada, también chilenos. Además del niño de 4 años, Pablo Athanasiú. Los familiares, testigos y peritos, desde Chile mediante videoconferencia, han declarado contra los genocidas, desafortunadamente, el Estado chileno no se ha hecho parte del proceso y el programa de derechos humanos ha conectado en Chile a los familiares de las víctimas con las autoridades judiciales argentinas. El caso de Operación Cóndor en Chile, lo lleva el juez Mario Carroza. El viernes 7 de agosto de 2015, a dos años y medio, comienza la exposición del alegato de los fiscales. En esta etapa final del juicio, la fiscalía dará a conocer sus conclusiones sobre los hechos investigados y las responsabilidades de los criminales. Esta etapa, las audiencias son públicas y las exposiciones se pueden ver través de la página de Internet del Centro de Información Judicial (cij.gov.ar) desde donde se transmitirán en vivo. La lucha contra el olvido, la impunidad y la mentira nos obliga a los militantes de Izquierda y a quienes fueron compañeros de estos luchadores sociales a difundir este histórico juicio. Los culpables presos en Argentina no estarán en una seudo cárcel de 5 estrellas, como en Chile. Por Ricardo Klapp Santa Cruz Santiago de Chile, 6 de agosto 2015 Crónica Digital
El espaldarazo por mayoría de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Chile a un proyecto de ley sobre aborto terapéutico mantuvo la polémica, pese a voces y encuestas que lo favorecen ampliamente. De forma mordaz, el sociólogo Manuel Antonio Garretón comentó a Prensa Latina que si los sondeos revelan un apoyo enorme de la población (más del 70 por ciento), la élite política de Chile se arroga el derecho de decidir por los demás. En todo caso, la comisión aprobó la idea de legislar el proyecto que favorece el aborto en casos de violación, inviabilidad del feto y peligro para la vida de la madre. Ocho votos a favor y cinco en contra. Una vez más el boicot vino de los partidos de oposición, sumados a una campaña junto con la Conferencia Episcopal bastante parecida a los métodos de la inquisición, como consideró la doctora Helia Molina. Molina, ministra de Salud en el Gobierno de Michelle Bachelet hasta que fustigó la hipocresía de la sociedad chilena y de las clases pudientes con el tema del aborto, calificó la campaña de manipuladora. La extensa reunión de los diputados hasta apenas unas horas terminó por respaldar una de las iniciativas de Bachelet, aunque todavía la legislación es un proyecto y su aprobación puede dilatarse bastante. El presidente de la comisión, Juan Luis Castro (Partido Socialista), remarcó que el aborto terapéutico ya existía en el país hasta que en 1989, la entonces junta militar lo eliminó por decreto del Código Sanitario. Ahora el texto deberá ser despachado el 8 de septiembre, pero la derecha ultraconservadora de Chile amenazó con impugnarlo ante la Corte Constitucional. La ministra de la Mujer, Claudia Pascual, subrayó que el Gobierno está convencido que avanzar en este debate es una clara señal de respeto hacia los derechos fundamentales de las féminas. Con el favor de la dictadura, la nación austral se hizo más cerrada y apenas en 2004 fue que legalizó el divorcio. Lorena Pizarro, presidenta de la asociación de Detenidos y Desaparecidos, recordó que esas mismas voces que ahora hablan de «defensa de la vida» tienen un prontuario poco edificante. «Ninguno de ellos, por cierto, se ha referido alguna vez, ni en su momento ni en la actualidad, a las nueve mujeres embarazadas que integran la bochornosa lista de detenidos desaparecidos durante la dictadura», apuntó Pizarro. Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), subrayó que en Chile se vulneran constantemente los derechos de la mujer y el aborto terapéutico es apenas un pequeño paso en la dirección correcta. Santiago de Chile, 5 de agosto 2015 Crónica Digital / pl
El escandaloso Caso Quemados, que ahora se asoma a la verdadera justicia en Chile, crece con el favor de documentos desclasificados de la CIA estadounidense y la presión ciudadana por esclarecer responsabilidades. Se trata nada menos que la brutal represión a dos jóvenes manifestantes chilenos el 2 de julio de 1986, rociados con gasolina e incinerados vivos en el corazón de esta capital y luego tirados a una zanja en las afueras de la urbe. Carmen Gloria Quintana salvó la vida a sus 18 años de edad, pero todavía su rostro muestra secuelas del hecho. Rodrigo Rojas, un fotógrafo de 19 años, no sobrevivió a la agresión. La noticia más reciente del asunto es la decisión del juez especial de derechos humanos Mario Carroza de citar a declarar a los generales en retiro Santiago Sinclair (Ejército) y Rodolfo Stange (Carabineros). Fue Carmen Gloria quien dio a conocer la iniciativa del magistrado Carroza. La ahora diplomática en Canadá, donde reside, se encuentra en Chile dispuesta a impulsar el expediente hasta las últimas consecuencias. Los exgenerales deberán aclarar su participación en el encubrimiento de este caso. Los textos desclasificados por Estados Unidos revelaron ocultamiento de información, secuestro e intimidación de testigos, y presión sobre jueces y abogados. Según los documentos de la CIA y el Departamento de Estado norteamericano, Stange presentó al dictador Augusto Pinochet un balance de los sucesos ocurridos y los responsables de quemar vivos a los dos jóvenes. Pinochet rehusó recibir el reporte que fue a parar a manos de Sinclair, entonces vicecomandante en jefe del Ejército, quien supervisó «intensos esfuerzos para silenciar a testigos y enterrar las pruebas», según Estados Unidos. Lo que parecería un contrasentido, fue posible en Chile. Sinclair, ahora con 87 años, llegó a ocupar el cargo de senador en representación del Ejército hasta 1997. Días atrás el canciller chileno, Heraldo Muñoz, adelantó la traducción de documentos desclasificados por el Gobierno de Estados Unidos, ahora puestos a disposición de la justicia. El funcionario se refirió así a los documentos publicados el pasado viernes en la página web del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, entre los cuales Pinochet aparece de encubridor del Caso Quemados. Ahora, el clamor de la población exige, además, la eliminación total de fotos o alegorías a Pinochet, Manuel Contreras, el tenebroso exjefe de la policía secreta del dictador, y el cese de pensiones a militares que estuvieron involucrados en delitos. Por Fausto Triana Santiago de Chile, 5 de agosto 2015 Crónica Digital / PL
Ante el fallo del juez especial Leopoldo Llanos Sagrista que corroboró la graves y delictuales actuaciones de diversos medios de comunicación y periodistas en el caso por el cual condenó a los ex militares Manuel Contreras Sepúlveda, Marcelo Moren Brito, Rolf Wemderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Zapata Reyes por su responsabilidad en los asesinatos de seis personas el 19 de noviembre 1975 en el caso conocido como Rinconada de Maipú, el Colegio de Periodistas declara lo siguiente: Destacamos la trascendencia de la sentencia dictada por el juez Llanos, que se hace cargo de la investigación que durante años llevó adelante el magistrado Alejandro Solís, y que incluyó la producción periodística de la falsa noticia de un enfrentamiento en el fundo Rinconada de Maipú, hecho ficticio que nunca existió y en cuya puesta en escena participaron activamente medios informativos y periodistas de la época, en particular los canales Televisión Nacional de Chile (TVN) y Canal 13 de la Universidad Católica. Relevamos que la investigación y sentencia haya considerado dentro de los antecedentes críticos el fallo del año 2006 emitido por el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, que investigó el montaje periodístico Rinconada de Maipú y sancionó por faltas graves al Código de Ética del Colegio de Periodistas a los periodistas Claudio Sánchez Venegas (Canal 13), Julio López Blanco (conductor del noticiario nocturno de Televisión Nacional), Vicente Pérez Zurita (jefe de prensa de Televisión Nacional), Manfredo Mayol Durán (gerente general de Televisión Nacional) y Roberto Araya Silva, quien fuera integrado Televisión Nacional en 1974 como informante de la DINA, y que fuera posteriormente expulsado de nuestra orden profesional. Este dictamen es una oportunidad para insistir ante los poderes públicos en la necesidad de que los colegios profesionales recuperen la calidad de corporaciones de derecho público y, con ello, la tuición ética real y efectiva sobre los miembros de la profesión, estén o no afiliados a la orden profesional. Expresamos nuestra solidaridad con las familias de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, Luis Andrés Gangas Torres, Manuel Lautro Reyes Garrido y Pedro Blas Cortes Jélvez, quienes fueron asesinados simplemente por pensar distinto. Mediante este acto, como Colegio de Periodistas de Chile pedimos perdón por la participación de periodistas colegiados que en un determinado momento de la historia se hicieron cómplices de las violaciones a los derechos humanos, vulnerando fundamentales principios que inspiran a nuestra profesión. Hechos como este no pueden volver a ocurrir, los crímenes de conciencia son una práctica que debemos dejar atrás como sociedad, al igual que la complicidad de los medios de comunicación en la violación de derechos humanos mediante diversas acciones, en especial montajes como los que se realizaron en múltiples ocasiones durante la dictadura militar. Mesa Directiva Santiago de Chile, 4 de agosto 2015 Crónica Digital
Uno de los temas tratados en la cita realizada este lunes 3 de agosto, fue la agenda de Derechos Humanos, donde destaca el compromiso del Gobierno para darle urgencia al proyecto que crea la subsecretaría especial sobre el tema. En ese contexto, el diputado Hugo Gutiérrez, expuso su satisfacción por el tratamiento que se dio en el cónclave al tema de los Derechos Humanos y la importancia en torno a crear una legislación acorde a los requerimientos de las organizaciones en defensa de los DD.HH. “A la subsecretaría se le dará urgencia en su tratamiento, para que tengamos pronto esta institucionalidad en nuestro país. Una institucionalidad que hace falta, considerando que el plan de DD.HH. aún no existe. Este plan significa que todas las políticas públicas diseñadas por el Estado tienen que estar acorde a la defensa de los Derechos Humanos, su respeto y promoción. Eso nos parece que es una buena noticia”, sostuvo Gutiérrez. El parlamentario por Tarapacá agregó que los diputados de la bancada PC-IC también insistieron durante el encuentro en terminar con la ley de amnistía y darle urgencia a los proyectos que tienen que ver con que los delitos de lesa humanidad no prescriban y sean innamistiables. “Son temas relevantes para los movimientos por los Derechos Humanos, son relevantes para el país y para el nunca más. Entre los temas que también son necesarios analizar se encuentra el poner fin a la cárcel de Punta Peuco, para terminar con los privilegios; poner fin al secreto de 50 años de la ley Valech, también es fundamental. Son informaciones vitales para que los tribunales puedan esclarecer los delitos cometidos en dictadura. Esos 50 años no son justificables y esperamos que ahí haya alguna novedad por parte del Gobierno”, concluyó el diputado Hugo Gutiérrez. El jefe de la bancada PC-IC, diputado Daniel Núñez, agregó que en el debate del cónclave, hubo un tema que fue transversal y señalado por todos los presidentes de los partidos, justamente el de los Derechos Humanos. “Los presidentes del Senado y de la Cámara, hicieron una reflexión a propósito de su encuentro con Carmen Gloria Quintana, respecto de la significancia que tiene este tema para la sociedad chilena”, sostuvo Núñez. El representante por la región de Coquimbo, afirmó que “pensamos que las propuestas realizadas por el diputado Hugo Gutiérrez, como las realzadas por el la senadora Isabel Allende, acerca de la degradación de los militares vinculados a violaciones a los Derechos Humanos, van a ser tomadas en cuenta por nuestro Gobierno y sin lugar a dudas vamos a retornar al sitial que deben tener los Derechos Humanos, pues hoy estamos en deuda con la verdad y justicia”, agregó el jefe de la bancada PC-IC. El diputado Núñez afirmó que hasta el día de hoy, aún hay militares y exmilitares han sido procesados y que actualmente se encuentran prófugos. “Vamos a pedir que en materia de impunidad, también actúe la policía de investigaciones y utilicen los mecanismos para detener a aquellos personajes que han sido […]
