DD.HH.

1.- El Partido Comunista de Chile lamenta y rechaza la decisión de la Corte Suprema de Justicia de otorgar la “libertad condicional” al ex agente represivo Alejandro Saéz Mardones, procesado y condenado por el degollamiento de tres profesionales y militantes comunistas, y considera que es un golpe al ejercicio y consagración de justicia y un retroceso respecto al cumplimiento de penas por crímenes de lesa humanidad. 2.- El Partido Comunista considera que un ex oficial de un organismo de Carabineros, dependiente del Estado chileno, hallado culpable de graves violaciones a los derechos humanos, de un crimen de lesa humanidad y de un acto represivo planificado y orquestado en contra de ciudadanos por sus ideas políticas, no puede estar sujeto a beneficios carcelarios propios de delitos comunes. 3.- La “libertad condicional” para Saéz Mardones no contribuye a la materialización de justicia real en casos de represión y asesinatos ocurridos durante la dictadura, y, por lo demás, genera un precedente que puede volver a beneficiar a ex uniformados ligados a crímenes de lesa humanidad. 4.- Con esa decisión de una Sala de la Corte Suprema, nuevamente se afecta a los derechos humanos en Chile y se distorsiona el cumplimiento de condenas para criminales que son un peligro para la sociedad. 5.- Saéz Mardones fue agente de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), y fue condenado en 1991 a presidio perpetuo por los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, ocurridos en 1985. Los tres profesionales y miembros del Partido Comunista, fueron detenidos ilegalmente, torturados y degollados por personal de Carabineros, entre ellos el personaje que hoy recibe beneficio de parte del Poder Judicial. Además, este ex agente fue condenado a 541 días como autor de asociación ilícita y a tres años y un día como autor del homicidio de Carlos Contreras Maluje, integrante de la dirección del Partido Comunista, ocurrido en noviembre de 1976. Saéz también está acusado por la desaparición de Víctor Humberto Vega Riquelme, en enero de 1976, por el secuestro de José Weibel, alto dirigente de las Juventudes Comunistas, en marzo de 1976, y procesado como cómplice de los secuestros de Ricardo Weibel y Juan René Orellana Catalán, en noviembre de 1975 y junio de 1976, respectivamente. Este ex suboficial de Carabineros formó parte del grupo que ejecutó el degollamiento de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. 6.- De tal manera que el Partido Comunista expresa su rechazo y cuestionamiento a la decisión de la Tercera Sala de la Corte Suprema de otorgar “libertad condicional” a uno de los degolladores de tres compatriotas y militantes comunistas.  Partido Comunista de Chile. Santiago de Chile, 12 de agosto 2015. Crónica Digital 

Un rechazo categórico manifestaron los sitios de memoria a los dichos del jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, quien insinuó que los militares en retiro tienen la opción de mantener el silencio sobre los crímenes de los que se les acusan. «Si alguna persona que está en retiro tiene por su defensa la opción de guardar silencio, esa es una opción particular y personal que permite la justicia», dijo el jefe militar, lo que causó la indignación de las organizaciones de derechos humanos. Aunque el comandante del Ejército insistió en que “nosotros como Ejército no tenemos pactos de silencio ni tampoco los vamos a permitir”, los sitios demandaron este miércoles que el general Oviedo debe ordenar explícitamente a militares activos o en retiro que terminen los pactos secretos y entreguen a la justicia los antecedentes que conozcan sobre las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Los sitios de memoria también rechazaron que el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, afirmara que “no existe voluntad del Ejército de ocultar información”, cuando en realidad es como reiteradamente han actuado. Al respecto, las organizaciones que esta mañana llevaron una serie de propuestas a La Moneda para terminar con los pactos de silencio y la impunidad, recordaron que en 2013, los tribunales enviaron 165 solicitudes de información a las fuerzas armadas y policiales, pero solo 65 de ellas fueron contestadas y las respuestas demoraron hasta 7 meses. Las organizaciones también recordaron que el Mesa de Diálogo del 2000, las FFAA proporcionaron informaciones falsas. “En 25 años de democracia ninguna autoridad civil ha realizado una investigación exhaustiva y decidida sobre información y documentación existente en recintos y archivos del ejército. Las autoridades civiles del gobierno deben entregar una señal clara y potente a las autoridades militares, sobre el deber que les corresponde de entregar la información que poseen y poner fin a los pactos de silencio”, dijo Juan René Maureira, integrante de Londres 38, espacio de memorias. “Lo que corresponde es que las autoridades civiles, como el ministro de Defensa e incluso la presidenta de la República, tomen medidas concretas que apunten a terminar con los pactos de silencio, ordenen la búsqueda de archivos vinculados a la represión y terminen con la impunidad, con medidas como el cierre del penal de Punta Peuco o enviando una ley que permita degradar a los represores. Eso esperamos de las autoridades.”, dijo a su vez Samuel Huston, del sitio de memoria Clínica Santa Lucía. Entre las propuestas presentadas al gobierno por sitios de memoria de todo el país, enfatizaron en la necesidad de terminar con el secreto de 50 años sobre los testimonios entregados a las Comisiones Valech, así como poner urgencia al proyecto de ley que termina con la atribución de eliminación de archivos que gozan las Fuerzas Armadas. Santiago de Chile, 12 de agosto 2015 Crónica Digital

En un diálogo abierto y transparente, la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, conversó con la dirección de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), representada por Lorena Pizarro y Gabriela Zúñiga -entre otros personeros de la AFDD- sobre la actual agenda de derechos humanos del país y en específico sobre la coyuntura respecto a las violaciones a los derechos fundamentales en dictadura. En la ocasión, la AFDD planteó al Instituto la necesidad de que se cierre el penal de Punta Peuco que alberga a militares condenados por violaciones a los derechos humanos, también se refirió sobre su posición con respecto a que la Presidenta exija a las Fuerzas Armadas la entrega de información relativa a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura. La Agrupación hizo hincapié también en la necesidad de que se levante el secreto de los 50 años de la Comisión Valech I y la pertinencia de degradar a militares condenados por violaciones a los derechos humanos. Por su parte, el INDH constató los acuerdos y diferencias entre las agendas de ambas entidades, planteando la necesidad de que los tribunales de justicia conozcan –con los debidos resguardos- informaciones de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech 1) que permitan avanzar en materia de verdad y justicia. También el Instituto planteó la oportunidad de que la legislación diferencie entre delitos comunes y de lesa humanidad, de manera que quienes hayan sido condenados por este tipo de crímenes no puedan acceder a beneficios carcelarios, sin que éstos se encuentren en coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos. El INDH expuso además la necesidad de que exista una instancia permanente para la calificación de víctimas que pueda procesar la eventual entrega de nuevas evidencias que surjan con respecto a violaciones a los derechos humanos en dictadura y también la pertinencia de ampliar las competencias y recursos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, para garantizar que a través de éste, se dé cumplimiento del deber de asistencia a las víctimas. Finalmente el Instituto resaltó la conveniencia de que el Estado impulse programas de educación en derechos humanos para todos los niveles educativos, y que éstos se extiendan a funcionarios/as públicos e integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden. Santiago de Chile, 20 de agosto 2015 Crónica Digital

Como un paso en el camino de la justicia calificó esta mañana la Presidenta del Partido Socialista de Chile, senadora Isabel Allende, el auto de procesamiento en la investigación por el secuestro calificado de los dirigentes del PS, Exequiel Ponce Vicencio, Ricardo Lagos Salinas, Jaime López Arellano, Carlos Lorca Tobar y Alfredo Rojas Castañeda, perpetrados entre 1974 y 1975, dictado por el ministro de la Corte de Apelaciones Santiago, Miguel Vázquez.  «el procesamiento de los agentes de la DINA que hicieron desaparecer a la dirección del PS en 1974 es una luz de esperanza para los familiares y socialistas después de 40 años de impunidad, valoramos profundamente la decisión del juez Vásquez que se transforma en una paso en el camino hacia la justicia, que aunque tarde está al fin llegando a nuestro país», dijo la líder PS.  Cabe recordar que por su responsabilidad en los delitos Vázquez sometió a proceso a los ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, Manuel Contreras Sepúlveda, recientemente fallecido, Marcelo Moren Brito, Raúl Iturriaga Neumann y Juvenal Piña Garrido. Junto con  instar a los involucrados y sus cercanos entregar información fundamental para encontrar a los detenidos desaparecidos, en el marco de la reciente muerte del jefe de la DINA, Manuel Contreras, la Presidenta del PS se manifestó confiada en la acción de la justicia en este caso para «condenar a los culpables de genocidio y tortura, pilar fundamental que sustenta la reconciliación entre chilenos y chilenas”.  Asimismo, la timonel socialista insistió en la tramitación del proyecto de ley que degrada a militares procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos y adelantó que mañana presentara una moción para degradar de manera póstuma a Contreras.  “Vamos a perseverar en solicitar al supremo Gobierno que ponga Urgencia al proyecto de ley que degrada a militares involucrados en estas atrocidades y por esa vía contribuir en parte con la reparación moral de miles de víctimas y sus familiares”, concluyó la Senadora. Crónica Digital, 9 de Agosto 2015

Ha muerto el criminal Manuel Contreras Sepúlveda, mientras cumplía condenas por más de 500 años de presidio según sentencias dictadas en 59 juicios. Pese a ello, el ex jefe  de la DINA vivió casi toda su vida en la impunidad y los años que estuvo encarcelado los vivió en condiciones privilegiadas. Contreras pudo haber entregado información que ayudara a determinar la verdad sobre el destino final de los detenidos desaparecidos, así como las circunstancias de la muerte de centenares de personas asesinadas por el organismo represivo que encabezó. Pero prefirió el silencio, el que a su vez encontró complicidad en los mandos de las Fuerzas Armadas, así como en las autoridades postdictatoriales, que optaron por hacer justicia solo “en la medida de lo posible”. Ante el rechazo ciudadano a la impunidad, las autoridades políticas tienen la responsabilidad histórica de ponerle fin y abrir paso a la verdad y la justicia, disponiendo las medidas necesarias para que los actuales mandos de las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia entreguen toda la información sobre la represión que aun poseen. Quienes tienen información de los crímenes cometidos por Contreras hoy deben sentirse liberados de los pactos de silencio contraídos. Es hora que militares y civiles que conocen información sobre los crímenes hablen.   Londres 38, espacio de memorias Santiago de Chile, 08 de agosto de 2015 Crónica Digital

Tras la muerte del violador de derechos humanos y otrora jefe de la policía secreta de la dictadura militar, Manuel Contreras, la Presidenta del Partido Socialista de Chile, senadora Isabel Allende aseguró -en  conversación con diferentes medios- que fallecía el mayor criminal en la historia de nuestro país y anunció una iniciativa de ley para degradarlo de forma póstuma. Junto con asegurar que Contreras fue «fue el mayor criminal de la historia de Chile», la líder socialista valoró que logró encarcelarlo  teniendo «condenas por sobre los 500 años» que «probablemente podrían haber sido más». «ha muerto uno de los mayores criminales que conoció la historia de Chile. Creo que será recordado eternamente por haber sido eso, el mayor o uno de los mayores criminales, involucrado en causas dramáticas de asesinatos, de secuestros, de torturas, e incluso fuera del país «, afirmó. Asimismo, la Presidenta socialista  anunció la presentación para este lunes de un proyecto de ley para degradar a todos los militares condenados por causas de derechos humanos, que incluiría la degradación póstuma teniendo en cuenta la reciente muerte del condenado Contreras. Para la timonel socialista «no va a haber una reconciliación en mucho tiempo mientras sigan persistiendo la falta de verdad» y» este hecho ha sido parte de nuestras vidas y lo seguirá siendo porque arrasó con la vida de tantas personas», por lo que insistió en que no es posible rendirle honores a un criminal en una país democrático. «Espero que la propia presencia de Carmen Gloria Quintana, y el testimonios que hemos conocidos nos ayude a avanzar en una verdad que por años ha sido denegada y los familiares merecen saber dónde están sus familiares. Nuevamente decir que ojalá se quisiera que la gente que lo sabe, lo diga y que no dependamos solamente del remordimiento de ex conscriptos», sostuvo. Santiago de Chile, 8 de agosto 2015 Crónica Digital

Rodeado por sus familiares más cercanos, sedado para evitarle dolores físicos, conservando su grado de General de la República, asistido en uno de los hospitales con mayor cantidad de recursos técnicos para la sobrevivencia, muere el genocida Manuel Contreras Sepúlveda. Para la Agrupación de Familiares de Detenid@s Desaparecid@s, la breve descripción anterior, deja en evidencia lo que aún es Chile a más de 42 años del golpe de estado y a 25 años de transición a la democracia y hablamos de transición pues si esta fuera una verdadera democracia, otro sería el tenor de este encabezado. 529 años acumulados por condenas por violaciónes a los derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad. Desapariciones forzadas, ejecuciones políticas, torturas son el prontuario de quien fuera el creador de la DINA , Dirección de Inteligencia Nacional,  mano derecha del dictador con quien sostenía reuniones diarias  para informarle del genocidio. Cabecilla de la coordinación en América Latina del extermino no solo de connacionales, sino también de luchadores por la libertad de esta América  sitiada por el golpismo en los años 70. Bajo su responsabilidad operan los servicios de inteligencia responsables de miles de víctimas que hasta hoy claman por justicia. Nada diremos de su muerte, solo queremos analizar y entregar nuestra opinión acerca de las circunstancias que la rodean. A pesar de ser condenado bajo los cánones de justicia tradicionales, muere sin ser degradado; muere sometido a tratamientos especiales de reclusión; muere en una sofisticada impunidad que ni le impide reunirse con su  familia ni amistades; muere, hasta hace poco, asistido por abogados  costeados mediante descuentos por planilla a funcionarios de las FFAA; muere como el máximo representante del llamado pacto de silencio, todo esto con la anuencia de quienes aceptaron la creación de cárceles especiales para los violadores de derechos humanos, por quienes se han negado a degradarlos a pesar de los crímenes horrendos cometidos, por quienes ha aceptado se les realicen homenajes y gratifique con medallas alusivas al golpe a quienes se suponen merecedores por servicios a la Patria, por quienes en una actitud que refuerza el pacto de silencio, legislan a favor del mismo imponiendo 50 años de resguardo de los nombres de los perpetradores. La muerte de Manuel Contreras Sepúlveda nos conecta con el Chile que no quiere más impunidad, que siente que las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen el imperativo moral de articular todas las medidas necesarias para que NUNCA MAS, el país  se vea enfrentado a una dictadura cívico militar como la que sufrimos. Creemos que no se cierra una etapa, más bien se abre otra cuya responsabilidad histórica está en sus manos. Es el momento de implementar las medidas legislativas, políticas, militares, éticas y humanas que den la seguridad a las presentes y futuras generaciones, que den la certeza que hechos de la naturaleza practicada por Manuel Contreras Sepúlveda y otros, serán imposible de repetirse.   AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS Santiago, 7 de agosto de 2015 Santiago de Chile, 8 de agosto […]

Este documental de Paola Castillo, quién a través de su historia familiar aborda la discriminación contra el mundo indígena; muestra mediante anécdotas, conversaciones y una puesta en escena interpretada por Ana Tijoux, las imágenes asociadas con nuestro origen mestizo. En su film, la realizadora utiliza una fotografía familiar para detonar las contradicciones de nuestro país, siendo la imagen de una bisabuela mapuche que nadie conoce, el punto de partida para ir descubriendo una historia íntima y emotiva que une los recuerdos familiares y la discriminación hacia los pueblo originarios. “Entendí que nuestra relación con el mundo indígena o mapuche está construido más a partir de prejuicios o imágenes creadas, que de nuestro acercamiento o entendimiento real hacia ellos. Entonces fui de un plano familiar a uno más global, que reflexiona en torno a las imágenes que hemos construido del mundo mapuche y los prejuicios que hay detrás de ellas. La película es una invitación a reconocer esa identidad originaria” señala Castillo quién el día de la exhibición participará en un conversatorio con el público presente. Ana Tijoux, quien participa en el documental junto a Camilo Salinas, es autora de la canción principal e interviene recreando distintas imágenes que representan el imaginario sobre el pueblo mapuche, incluso, sobre el simple hecho de ser moreno. Crónica Digital, 8 de Agosto 2015

 En el hospital militar y tras varios meses internado muere el mayor asesino de la dictadura de Pinochet a los 86 años, quien cumplía una condena de 529 años, por 75 secuestros, 3 homicidios, 2 delitos de asociación ilícita y 1 de sustración de menores. POR RESPETO A TODAS LAS VÍCTIMAS  DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE ESTE ASESINO, CRÓNICA DIGITAL NO DARÁ MAYOR INFORMACIÓN NI MOSTRARÁ  MÁS IMÁGENES DEL QUE FUERA EL DIRECTOR DE LA DINA, EL MAYOR ÓRGANO REPRESOR DE LA DICTADURA DE PINOCHET.