JEFE MILITAR PROTEGE PACTO DE SILENCIO Y CONCITA RECHAZO DE ORGANIZACIONES DE DDHH

Un rechazo categórico manifestaron los sitios de memoria a los dichos del jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, quien insinuó que los militares en retiro tienen la opción de mantener el silencio sobre los crímenes de los que se les acusan.

«Si alguna persona que está en retiro tiene por su defensa la opción de guardar silencio, esa es una opción particular y personal que permite la justicia», dijo el jefe militar, lo que causó la indignación de las organizaciones de derechos humanos. Aunque el comandante del Ejército insistió en que “nosotros como Ejército no tenemos pactos de silencio ni tampoco los vamos a permitir”, los sitios demandaron este miércoles que el general Oviedo debe ordenar explícitamente a militares activos o en retiro que terminen los pactos secretos y entreguen a la justicia los antecedentes que conozcan sobre las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad.

Los sitios de memoria también rechazaron que el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, afirmara que “no existe voluntad del Ejército de ocultar información”, cuando en realidad es como reiteradamente han actuado.

Al respecto, las organizaciones que esta mañana llevaron una serie de propuestas a La Moneda para terminar con los pactos de silencio y la impunidad, recordaron que en 2013, los tribunales enviaron 165 solicitudes de información a las fuerzas armadas y policiales, pero solo 65 de ellas fueron contestadas y las respuestas demoraron hasta 7 meses. Las organizaciones también recordaron que el Mesa de Diálogo del 2000, las FFAA proporcionaron informaciones falsas.

“En 25 años de democracia ninguna autoridad civil ha realizado una investigación exhaustiva y decidida sobre información y documentación existente en recintos y archivos del ejército. Las autoridades civiles del gobierno deben entregar una señal clara y potente a las autoridades militares, sobre el deber que les corresponde de entregar la información que poseen y poner fin a los pactos de silencio”, dijo Juan René Maureira, integrante de Londres 38, espacio de memorias.

“Lo que corresponde es que las autoridades civiles, como el ministro de Defensa e incluso la presidenta de la República, tomen medidas concretas que apunten a terminar con los pactos de silencio, ordenen la búsqueda de archivos vinculados a la represión y terminen con la impunidad, con medidas como el cierre del penal de Punta Peuco o enviando una ley que permita degradar a los represores. Eso esperamos de las autoridades.”, dijo a su vez Samuel Huston, del sitio de memoria Clínica Santa Lucía.

Entre las propuestas presentadas al gobierno por sitios de memoria de todo el país, enfatizaron en la necesidad de terminar con el secreto de 50 años sobre los testimonios entregados a las Comisiones Valech, así como poner urgencia al proyecto de ley que termina con la atribución de eliminación de archivos que gozan las Fuerzas Armadas.

Santiago de Chile, 12 de agosto 2015
Crónica Digital

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COMUNISTAS RECHAZAN BENEFICIO A DEGOLLADOR

Mié Ago 12 , 2015
1.- El Partido Comunista de Chile lamenta y rechaza la decisión de la Corte Suprema de Justicia de otorgar la “libertad condicional” al ex agente represivo Alejandro Saéz Mardones, procesado y condenado por el degollamiento de tres profesionales y militantes comunistas, y considera que es un golpe al ejercicio y consagración de justicia y un retroceso respecto al cumplimiento de penas por crímenes de lesa humanidad. 2.- El Partido Comunista considera que un ex oficial de un organismo de Carabineros, dependiente del Estado chileno, hallado culpable de graves violaciones a los derechos humanos, de un crimen de lesa humanidad y de un acto represivo planificado y orquestado en contra de ciudadanos por sus ideas políticas, no puede estar sujeto a beneficios carcelarios propios de delitos comunes. 3.- La “libertad condicional” para Saéz Mardones no contribuye a la materialización de justicia real en casos de represión y asesinatos ocurridos durante la dictadura, y, por lo demás, genera un precedente que puede volver a beneficiar a ex uniformados ligados a crímenes de lesa humanidad. 4.- Con esa decisión de una Sala de la Corte Suprema, nuevamente se afecta a los derechos humanos en Chile y se distorsiona el cumplimiento de condenas para criminales que son un peligro para la sociedad. 5.- Saéz Mardones fue agente de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), y fue condenado en 1991 a presidio perpetuo por los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, ocurridos en 1985. Los tres profesionales y miembros del Partido Comunista, fueron detenidos ilegalmente, torturados y degollados por personal de Carabineros, entre ellos el personaje que hoy recibe beneficio de parte del Poder Judicial. Además, este ex agente fue condenado a 541 días como autor de asociación ilícita y a tres años y un día como autor del homicidio de Carlos Contreras Maluje, integrante de la dirección del Partido Comunista, ocurrido en noviembre de 1976. Saéz también está acusado por la desaparición de Víctor Humberto Vega Riquelme, en enero de 1976, por el secuestro de José Weibel, alto dirigente de las Juventudes Comunistas, en marzo de 1976, y procesado como cómplice de los secuestros de Ricardo Weibel y Juan René Orellana Catalán, en noviembre de 1975 y junio de 1976, respectivamente. Este ex suboficial de Carabineros formó parte del grupo que ejecutó el degollamiento de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. 6.- De tal manera que el Partido Comunista expresa su rechazo y cuestionamiento a la decisión de la Tercera Sala de la Corte Suprema de otorgar “libertad condicional” a uno de los degolladores de tres compatriotas y militantes comunistas.  Partido Comunista de Chile. Santiago de Chile, 12 de agosto 2015. Crónica Digital 

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