En un diálogo abierto y transparente, la Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, conversó con la dirección de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), representada por Lorena Pizarro y Gabriela Zúñiga -entre otros personeros de la AFDD- sobre la actual agenda de derechos humanos del país y en específico sobre la coyuntura respecto a las violaciones a los derechos fundamentales en dictadura.
En la ocasión, la AFDD planteó al Instituto la necesidad de que se cierre el penal de Punta Peuco que alberga a militares condenados por violaciones a los derechos humanos, también se refirió sobre su posición con respecto a que la Presidenta exija a las Fuerzas Armadas la entrega de información relativa a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura. La Agrupación hizo hincapié también en la necesidad de que se levante el secreto de los 50 años de la Comisión Valech I y la pertinencia de degradar a militares condenados por violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, el INDH constató los acuerdos y diferencias entre las agendas de ambas entidades, planteando la necesidad de que los tribunales de justicia conozcan –con los debidos resguardos- informaciones de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech 1) que permitan avanzar en materia de verdad y justicia. También el Instituto planteó la oportunidad de que la legislación diferencie entre delitos comunes y de lesa humanidad, de manera que quienes hayan sido condenados por este tipo de crímenes no puedan acceder a beneficios carcelarios, sin que éstos se encuentren en coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos.
El INDH expuso además la necesidad de que exista una instancia permanente para la calificación de víctimas que pueda procesar la eventual entrega de nuevas evidencias que surjan con respecto a violaciones a los derechos humanos en dictadura y también la pertinencia de ampliar las competencias y recursos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, para garantizar que a través de éste, se dé cumplimiento del deber de asistencia a las víctimas.
Finalmente el Instituto resaltó la conveniencia de que el Estado impulse programas de educación en derechos humanos para todos los niveles educativos, y que éstos se extiendan a funcionarios/as públicos e integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Santiago de Chile, 20 de agosto 2015
Crónica Digital
