Familiares de los militantes del MIR asesinados en la llamada “Operación Alfa-Carbón”, en agosto de 1984, se entrevistaron durante una hora con el presidente de la Corte Suprema, ministro Sergio Muñóz. En la cita entregaron un petitorio al magistrado, donde manifiestan su preocupación por la situación de impunidad en que quedarán varios de los implicados en este crimen múltiple, haciéndole notar que tal hecho no se condice con una noción básica de justicia. Los familiares hemos solicitado esta entrevista al presidente de la Corte Suprema Don Sergio Muñoz Gajardo cuando están por cumplirse treinta años de los asesinatos que la CNI cometió contra la dirección del MIR el 23 y 24 de agosto de 1984.Mario Mujica fue asesinado en los Ángeles; Mario Lagos, Nelson Herrera y Luciano Aedo, en Concepción; Raúl Barrientos, Rogelio tapia y Juan José Boncompte,en Valdivia. 1) El proceso judicial a cargo del ministro Carlos Aldana ha logrado esclarecer los hechos y circunstancias de estos crímenes, así como ala mayoría de sus participantes. Si bien esto corrobora la verdad histórica de este sangriento operativo, que los tribunales militares encubrieron hasta el año 2007, nos preocupa el hecho de que no sean procesados alrededor de trece autores intelectuales y materiales de estos asesinatos, quienes participaron activa y simultáneamente en los operativos de exterminio en las distintas ciudades delsur de Chile. 2) Una serie de exagentes está quedando impune por obra y gracia de una injusticia. Quedará impune el hechor Hugo Iván Salas Wenzel, vicedirector de la CNI en la época, que se ocupó de toda la asistencia logística para consumar el operativo. Quedará impune el hechor Jorge Claudio Andrade Gómez, segundo al mando de Corbalán Castilla en la División Antisubversiva y uno de los que marcó las fotografías de las personas que debían ser ejecutadas. Quedará impune nada menos que el jefe operativo de la Brigada Azul de la División Antisubversiva Aquiles Mauricio González Cortés, quien designó equipos, envió medios y comandó físicamente a las tropas operativas que actuaron en Concepción. Quedará impune Miguel Ángel Parra Vásquez, abogado de la CNI, quien instruyó a los agentes acerca de las declaraciones que debían hacer y los nombres que debían usar en la Fiscalía Militar, a fin de falsear los hechos y encubrir la verdad. Quedará impune una serie de agentes y oficiales que los magistrados no consideraron que debían ser juzgados por asociación ilícita o por homicidio calificado. La justicia aplicada con criterios de impunidad, de acomodos, de equilibrios políticos, de la medida de lo posible, no parece justicia y no es la justicia que esperamos y que reclaman delitos y crímenes tan alevosos como los de los que fueron víctimas nuestros familiares. 3) Queremos creer que la declaración de la Corte Suprema, relativa a que el actuar de los tribunales «constituyó una dejación de funciones jurisdiccionales, por lo que es tiempo de dejarlo en claro a todos los miembros actuales y futuros de la institución y a las generaciones ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no […]
DD.HH.
La familia del militante comunista y periodista Carlos Berger, asesinado en 1973 en la denominada caravana de la muerte, denunciaron hoy al diario El Mercurio de censurar el obituario en ese medio de comunicación. Este domingo se rendirá un homenaje a Carlos Berger Guralnick, a las 12 hrs., en el Memorial del Cementerio General, entrando por Recoleta. Con la idea de difundir la convocatoria, los organizadores quisieron publicar la actividad en el obituario de El Mercurio. Sin embargo, el diario pidió a los solicitantes “editar” el texto, quitando las palabras “asesinado en dictadura hace 40 años y cuyos restos han sido recientemente identificados“. Carmen Hertz calificó la respuesta del matutino como “una censura increíble, una indecencia“, al negar hechos concretos ratificados por la justicia, como fue el asesinato de su pareja el 11 de octubre de 1973, y cuyos restos fueron encontrados en una fosa ilegal en 1990, junto a otras 25 víctimas. Cabe recordar que en febrero pasado fueron identificados científicamente los restos de Berger Guralnik y de otras 5 personas, de un total de 26 víctimas asesinadas en Calama por los militares de la llamada “Caravana de la Muerte”, el 19 de octubre de 1973, Los restos fueron encontrados en 1990, en una fosa ilegal al norte del kilómetro 16,5 del camino que une Calama y San Pedro de Atacama. Las primeras pericias establecieron que correspondían a sujetos diferentes, con una data de muerte anterior a 1975 y, según sus estructuras óseas, eran odontológicamente mayores de 12 años. El proceso también indica que los restos sufrieron una re-sepultación de más de 10 años y que hubo exhumación de casi la totalidad de los cadáveres, excepto un escaso remanente de piezas óseas que quedaron en el lugar. Con estas 6 nuevas diligencias exitosas, se llegó a un total de 18 víctimas identificadas, de un total de 26 restos de cuerpos encontrados. Santiago de Chile, 8 de abril 2014 Crónica Digital
Ayer se realizaron los alegatos en torno a la petición de desafuero [retiro de la inmunidad parlamentaria] del diputado por Chillán Rosauro Martínez Labbé (Renovación Nacional, RN). Unas 40 personas llegaron hasta la Corte de Apelaciones de Valdivia para mostrar su apoyo a los familiares de sus víctimas, quienes asistieron esperanzados en abrir el proceso contra el actual legislador ex miembro de la DINA y Mayor (r) del Ejército de Chile. Martínez está acusado de dirigir y ejecutar el asesinato de tres militantes del MIR en 1981. En ese momento capitán del Ejército, Martínez participó en la Operación Machete, destinada a perseguir y aniquilar a los guerrilleros de Neltume, en la pre-cordillera valdiviana. Vladimir Riesco, abogado querellante de la Agrupación de familiares de ejecutados políticos de Valdivia, define exactamente la responsabilidad del parlamentario de derecha en las acciones que acabaron con los militantes del MIR: “… en este caso se requieren sospechas fundadas en su participación en calidad de autor, cómplice o encubridor del delito, creemos que hay más de seis testimonios de testigos presenciales de los hechos, todos funcionarios del Ejército, que declaran que Rosauro Martínez Labbé tuvo participación activa en la dirección y en la ejecución de los operativos, en específico en el de Remeco Alto, por tanto existen sospechas fundadas. Pero además se encuentra acreditada la existencia del delito por autos de procesamiento dictados el año 2011”. El ánimo entre los abogados que se hicieron parte a favor de los familiares de los ejecutados políticos de Neltume era de optimismo. Ellos plantearon que hay una jurisprudencia bastante explícita que desarmó la defensa de la parte acusada, representada por Fernando Saenger, abogado penquista que también ha defendido a los acusados por crímenes de lesa humanidad en Villa Baviera [Colonia Dignidad, enclave germano en Chile]. Magdalena Garcés, abogada querellante en el juicio, explicó en qué consistió la audiencia realizada ayer en la capital de la Región de Los Ríos: “Lo que se vio es que el pleno de la Corte Suprema tiene que decidir respecto de un diputado, Rosauro Martínez Labbé, si el puede ser juzgado por esta causa. Como los diputados tienen fuero parlamentario para que no los estén molestando en su labor parlamentaria todo el tiempo, no pueden ser procesados ni juzgados, pero si es que hay una causa en que hay antecedentes, hay sospechas fundadas de que participó en un delito, la Corte de Apelaciones respectiva, en pleno, o sea, todos los ministros, tienen que autorizar que esa persona sea juzgada”. Un elemento que causó extrañeza y repudio entre los familiares presentes, fue el planteamiento del abogado Saenger en orden a pedir la inhabilitación de la magistrada Ruby Alvear, debido a sus pronunciamientos en casos anteriores de derechos humanos. La maniobra puede ser considerada como distractiva, pero llamó poderosamente la atención a la parte querellante, quienes le restaron importancia en el proceso de desafuero que se revisó en esta instancia. Los familiares se refirieron a lo sucedido hoy en la corte, subrayando la importancia que esto […]
En el marco de su misión de monitoreo del comportamiento estatal en materia de respeto y garantía de los derechos humanos en Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) publicó el estudio “Estado de Chile y Pueblo Mapuche: Análisis de tendencias en materia de violencia estatal en la Región de La Araucanía”. El texto, ofrece una investigación acabada respecto de las tendencias observadas en materia de violencia estatal en el marco de la situación intercultural que enfrentan el pueblo Mapuche y el Estado de Chile, tomando como marco temporal desde 2005 a la fecha. La publicación entrega un breve contexto histórico que explica la relación que se ha desarrollado entre el Estado y las comunidades Mapuche; un levantamiento de percepciones de los diversos actores involucrados/as, tanto las comunidades como los actores institucionales, sin dejar de lado la observación de la responsabilidad del Estado en materia de investigar y sancionar la vulneración de derechos que tiene lugar -por acción u omisión- en el contexto de esta situación histórica. El estudio se encuentra disponible en la Biblioteca Digital del INDH, o a través del siguiente enlace. Santiago de Chile, 8 de abril 2014 Crónica Digital / Agencias
El ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago para causas de violaciones a los derechos humanos, Mario Carroza, dictó acusación en la investigación por el homicidio calificado de Mario Lavanderos Lastete, perpetrado el 18 de octubre de 1973, al interior de la Academia de Guerra del Ejército, en Santiago. El ministro Carroza determinó la responsabilidad, en calidad de autor, en el homicidio del entonces teniente coronel del Ejército David Reyes Farías. Cabe recordar que con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, el teniente coronel David Reyes Farías, profesor de Inteligencia de la Academia de Guerra del Ejército, empezó a cumplir labores para el Comandante en Jefe del Ejército, en una oficina en el Ministerio de Defensa, pernoctando en la Academia, donde en ocasiones efectuó interrogatorios a oficiales alumnos de dicha unidad militar, entre ellos al mayor Mario Lavanderos Lastete, respecto al grado de afinidad con el gobierno de Salvador Allende y los partidos políticos que apoyaban a este. El día 16 de octubre de 1973, el mayor Lavanderos Lastete, en su calidad de encargado de la Sección Extranjería del Campo de Prisioneros del Estadio Nacional, le correspondió tomar la medida de entregar a 55 ciudadanos uruguayos y 13 bolivianos detenidos en dicho recinto, al Embajador de Suecia, para que se les transportaran como refugiados a ese país; al día siguiente, en horas de la noche, el mayor llega a la Academia de Guerra de Ejército, lugar donde habitaba, y se dirige al casino de oficiales, donde se encuentra con el teniente coronel David Reyes Farías, con quien se queda conversando hasta la madrugada del día siguiente, oportunidad en que ya se habían retirado todos los oficiales y solamente quedaba el asistente de mozo, quien fue el último en retirarse, no sin antes darse cuenta que los oficiales mantenían una discusión. Pasados unos minutos y encontrándose a solas ambos oficiales, Reyes Farías procede con su arma de servicio a dispararle un tiro a Mario Lavanderos, con el cañón apoyado sobre el lado izquierdo del labio superior, siguiendo el proyectil su trayectoria hacia arriba y atrás, provocándole la muerte por herida de bala facio-craneana con salida de proyectil. Santiago de Chile, 8 de abril 2014 Crónica Digital / Agencias
El pasado sábado 5 de abril, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Iquique realizó una reunión con dirigentes sindicales de la ciudad y con el diputado por el distrito 2, Hugo Gutiérrez, para analizar el escenario laboral y social en que se encuentran los trabajadores de la zona a consecuencia del terremoto ocurrido el martes primero de este mes. Durante la reunión se trataron casos en donde existen evidencias de que locales comerciales abrieron sus puertas sin tener condiciones de seguridad e higiene propicias que resguardaran la seguridad de sus trabajadores. También se abordaron casos de irregularidades para con los trabajadores del sector público, docente, portuarios y mineros. El encargado de comunicaciones de la CUT Iquique, Carlos Díaz, señaló que “lo más lamentable es la constatación del desastre social y laboral que arrojó esta catástrofe, pues vimos nuevamente como los derechos de los trabajadores no están resguardados en un estado de emergencia, quedando al criterio y sentido común del empleador cualquier medida tomada”. Los casos que más se repitieron y que van a comenzar a sucederse con el correr de los días, es la situación laboral en que quedarán aquellos trabajadores que no concurrieron a sus puestos al día siguiente, por encontrarse imposibilitados producto de la emergencia. Si bien es cierto, la inasistencia estaría justificada por esta catástrofe en algunos casos, es decisión del empleador si le cancela los días de ausencia e incluso se corre el riesgo de que el empleador aplique el artículo 159 del actual Código Laboral y desvincular al personal afectado, cuestión que puede ser llevada a tribunales, pero que aún emitiéndose un fallo favorable al trabajador, no devolvería la fuente laboral al afectado. Ayer se realizó una nueva reunión y un ampliado dirigencial, para seguir tratando los casos que se vayan conociendo con el correr de los días. Santiago de Chile 8 de abril 2014 Crónica Digital
La mesa de trabajo Colonia Dignidad informó hoy en el Palacio de los Tribunales de Justicia sobre la entrega de 407 fichas del archivo del ex reducto alemán, correspondientes a detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que pasaron por los centros de tortura y exterminio de Villa Grimaldi, Londres 38, José Domingo Cañas y Venda Sexy durante la dictadura.. Los documentos fueron entregados por el juez Jorge Zepeda, quien lleva las causas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Región del Maule, a solicitud formal de representantes de dichos sitios espacios de memoria. Los documentos forman parte de un archivo integrado por 39.000 fichas incautadas en 2005 en el predio alemán, y que se han mantenido en reserva por el secreto del sumario en la causa que lleva Zepeda por asociación ilícita. Las fichas entregadas corresponden a 229 personas que estuvieron en Villa Grimaldi, 93 en Londres 38, 59 en José Domingo Cañas y 26 en la casa de Irán con Los Plátanos (Venda Sexy), quienes se encuentran detenidas desaparecidas o fueron ejecutadas por la Dina. Las fichas entregadas son 407 y constituyen y quedan 38.500. Al respecto, Margarita Romero, de la mesa de trabajo de Colonia Dignidad, dijo que el juez Zepeda le explicó que “las fichas están a resguardo y además están dentro de una causa que lleva y que todavía está en estado de sumario, por lo tanto, terminada la causa también nos manifestó la posibilidad de que estas fichas se hicieran públicas para conocer el contenido”. Por su parte, Higinio Espergue, director de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y sobreviviente de ese centro manifestó que “para nosotros es muy importante esta información que se nos ha entregado, pero queremos que se nos garantice por parte del Presidente de la Corte Suprema que los 39.500 archivos sean entregados a la comunidad, sean abiertos y también nos interesa que las Fuerzas Armadas de una vez por todas colaboren y entreguen toda la información de que disponen, porque han entregado parcialmente información, hubo informe Rettig, informe Valech, Mesa de Diálogo y siempre ha sido parcial y a goteras. Tienen que de una vez por todas entregar toda la información al país”. Espergue destacó que “ésta fue una dictadura cívico militar, a todos los civiles que estuvieron involucrados, que hoy tienen cargos, responsabilidades, es un deber entregar la información para esclarecer la verdad y la justicia. Y si sólo hoy sabemos esto es porque ha habido impunidad y un pacto de silencio y eso no lo podemos permitir, por eso apoyamos esta campaña por desclasificar toda la información”. En la oportunidad Teresa Izquierdo, secretaria de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, esposa del detenido desaparecido Hugo Daniel Díaz Videla, mostró la ficha de su marido, la única que pudo ser mostrada, dado que las organizaciones de derechos humanos decidieron no hacerlas públicas hasta que no sean vistas primero por los familiares de las víctimas. Teresa expresó que “las fichas estarán en los respectivos […]
El jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Pablo Letelier, se reunió con Rayen Ingles, Directora Nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), oportunidad en la que pudo plantearle la necesidad de dotar de mayores atribuciones fiscalizadoras al Servicio en orden a cautelar el bienestar de los adultos mayores en los establecimientos de larga estadía. La reunión tuvo por objeto “conocer el plan de trabajo, las propuestas y la forma en que se impulsarán los acuerdos presidenciales de los primeros 100 días en relación al adulto mayor, donde se establece la innovación en lo que son las políticas de los centros diurnos y atención integral para el adulto mayor, incluyendo una mirada nueva sobre los establecimientos de larga estadía”, indicó el senador. Tras el dramático incendio que dejó sin vida a 10 personas en un hogar de ancianos en la comuna de Paillaco en el sur de nuestro país, el parlamentario señaló que una vez que la Directora del SENAMA termine de evaluar los programas que han estado en ejecución y concluya el nombramiento de todos los directores regionales, se tomó el acuerdo de “poder definir las dos líneas de acción que más preocupan en el corto plazo (…) que es avanzar en un conocimiento sobre cuál va a ser la relación con el Ministerio de Salud, en lo que es la autorización de los centros de larga estadía, y de la fiscalización sobre los mismos”. A este respecto, el senador, indico que “tengo la convicción de que se necesita darle nuevas atribuciones al SENAMA en materia de fiscalización con los establecimientos de larga estadía, porque de lo contrario se genera un déficit en el cuidado y control de esos establecimientos”. El congresista calificó de muy positiva la reunión y resaltó las competencias de la nueva Directora, “es una persona que tiene mucha experiencia y muchas ganas de trabajar, (…) ha tenido la experiencia en regiones en el trabajo con adultos mayores”. Por otro lado, destacó la importancia que tiene este Servicio, enfatizando que “entiendo que la política hacia el adulto mayor es un tema de derechos humanos, es de los derechos humanos de tercera generación, por lo cual estamos muy esperanzados en que podamos cooperarle (a la Directora) de forma eficaz en este próximo tiempo”. Santiago de Chile, 8 de abril 2014 Crónica Digital
El director del Servicio Médico Legal., Patricio Bustos, informó esta mañana al Movilh que el cuerpo de Wladimir Sepúlveda fue trasladado de Rancagua a Santiago para practicarle la autopsia correspondiente La medida fue destacada los familiares del joven y el Movilh, por cuanto “consideramos que en Santiago hay mejores condiciones técnicas para aclarar sin lugar a dudas la causa de la muerte y su relación con la brutal golpiza de octubre pasado” “El Servicio Médico Legal en Santiago se desempeñó de una forma muy profesional y precisa en torno al caso Zamudio, y este es un buen antecedente previo”, puntualizó el Movilh. Se espera que este martes el SML regrese el cuerpo a Rancagua, tras lo cual se definirán horas y lugares del velorio y el funeral. Santiago de Chile, 7 de abril 2014 Crónica Digital / PL
Las fichas fueron entregadas por el juez Jorge Zepeda, quien lleva las causas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex centro de secuestro, tortura y exterminio Colonia Dignidad, a solicitud formal de representantes de dichos sitios espacios de memoria, durante una reunión de la Mesa de Trabajo con el magistrado el pasado 29 de enero. Los documentos forman parte de un archivo integrado por 39.000 fichas incautadas en 2005 en el predio alemán, y que se han mantenido en reserva por el secreto del sumario en la causa que lleva el juez Zepeda por asociación ilícita. Las fichas entregadas corresponden a 229 personas que estuvieron en Villa Grimaldi, 93 en Londres 38, 59 en José Domingo Cañas y 26 en la casa de Irán con Los Plátanos (Venda Sexy), quienes se encuentran detenidas desaparecidas o fueron ejecutadas por la Dina. La existencia de este archivo demuestra, como lo han sostenido por años organizaciones de derechos humanos, que aún existe información disponible sobre las personas desaparecidas y ejecutadas por la dictadura. Hay que tomar en cuenta que las fichas entregadas son 407 y constituyen una mínima parte del archivo de Colonia Dignidad, pues todavía hay cuando menos 38.500 fichas cuyo contenido aún no se da a conocer. Consideramos que el pleno conocimiento de los documentos encontrados en Colonia Dignidad podrá aportar al esclarecimiento de muchos de los de casos de las víctimas de la dictadura y de la práctica del terrorismo de Estado al que fue sometido nuestro país. En ese sentido, la Mesa de Trabajo adhiere a la campaña de apertura de archivos de Londres 38, Espacio de Memorias, que también incluye la desclasificación de los documentos de las Fuerzas Armadas y de las Comisiones Rettig y Valech, entre otros, y reconoce los esfuerzos que han realizado otros sitios de memoria y las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en pro de la apertura de archivos, incluido el de Colonia Dignidad. Los integrantes de la Mesa de Trabajo valoramos la entrega de las fichas por parte del juez Zepeda y reiteramos nuestro compromiso de seguir pugnando por la apertura de las fichas de miles de personas que fueron víctimas de la represión, así como la totalidad de los documentos, de los que se desprende la profunda complicidad que existió entre la Dina y los jerarcas de Colonia Dignidad, quienes hasta ahora no han sido condenados por los delitos de lesa humanidad en los que participaron. La Mesa de Trabajo Colonia Dignidad está formada por familiares de ex presos políticos y detenidos desaparecidos, sobrevivientes del lugar, investigadores y representantes de las AFDDyEP de Talca y La Serena, de organizaciones de derechos humanos y de sitios de memoria como Villa Grimaldi, Londres 38, José Domingo Cañas y Venda Sexy, quienes trabajan por la memoria, la verdad y la justicia en los crímenes de lesa humanidad cometidos en el enclave alemán, actualmente conocido como Villa Baviera. Santiago de Chile, 7 de abril de 2014 Crónica Digital
