n el mercado laboral hay, al menos, un 25%, 26% de trabajadores que han perdido su empleo y se fueron a sus casas o han perdido su empleo y están buscando uno o están en sus casas con Seguro de Cesantía y no tienen ninguna seguridad de volver a su trabajo luego”. Ese es el análisis del cruce de estadísticas oficiales que desarrolló el economista y encargado del Programa de Políticas Públicas (PPP) de la Fundación Instituto Estudios Laborales (FIEL) Fernando Carmona, tomando en cuenta las tasas de Participación en la Fuerza Laboral y de Ocupación, que arrojaron los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y los del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica (PUC) A esas estimaciones, sumó los balances del Gobierno sobre número de trabajadores acogidos a la mal llamada Ley de Protección del empleo. Al respecto, Carmona, explicó que con los datos del INE (situación del empleo a marzo 2020) más los del Centro de la PUC (radiografía que muestra la última semana de abril 2020): “…podemos argumentar que de la cantidad de personas que participaban en el mercado laboral (…) ya hay 2.150.000 que o están fuera del mercado del trabajo o no tienen un trabajo y están buscando”. Sin embargo, puntualizó, hay que considerar también el número de trabajadores que está bajo la Ley de Protección del Empleo (que permite la suspensión de los contratos o reducción de jornada) quienes han quedado en la precaria condición de subsidiar sus salarios con los propios fondos de sus seguros de cesantía (el 70% de su sueldo imponible, el primer mes; porcentaje que disminuye gradualmente hasta el 30% de su sueldo llegado al sexto mes o más; si se gasta todos sus ahorros, se recurre al Fondo de Cesantía Solidario que también va decreciendo el acceso a montos) “Si a eso, uno suma la cantidad de personas que al día de hoy se han acumulado con seguro de cesantía por COVID19 (…) que para todos los efectos aparecen como empleados, pero están en sus casas, fuera del lugar de trabajo y que cada mes reciben beneficios menores del seguro de cesantía y que por demás son muy menores a sus propios ingresos, nosotros podemos decir que en el mercado laboral hay, al menos, un 25%, 26% de trabajadores que han perdido su empleo y se fueron a sus casas o han perdido su empleo y están buscando uno o están en sus casas con Seguro de Cesantía y no tienen ninguna seguridad de volver a su trabajo luego y tampoco tienen ninguna seguridad de ingreso a partir de lo que entrega el seguro”, aseguró el economista. Recordemos que, en el último boletín del INE, sobre situación del empleo a marzo 2020, se consigna que la Tasa de Participación en la Fuerza de Trabajo fue del 62,5% y la de Ocupación, del 57,3%. Y respecto de los datos arrojados por el Centro de la PUC (“La situación del empleo y el mercado laboral […]
Nacional
A través de una conferencia de prensa vía zoom, las bancadas del Partido Comunista y de la Federación Regionalista Verde Social anunciaron la presentación de un proyecto de ley que confirma la idea de generar un impuesto a las grandes riquezas, con la finalidad de crear una renta de emergencia para que las familias vulnerables enfrenten los efectos económicos del COVID-19. La mañana de este miércoles 27 de mayo, las diputadas y diputados del PC y FREVS anunciaron la presentación de un proyecto de Reforma Constitucional para establecer un impuesto transitorio al patrimonio a los “súper ricos”, cuya recaudación será destinada a paliar los efectos de la crisis sanitaria para las familias más vulnerables. En términos específicos, la moción establece un impuesto transitorio equivalente al 2,5 % del patrimonio de las personas más ricas para dotar de mayores recursos al estado para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social. Según los cálculos realizados, con la implementación de este tributo se podrían obtener recursos por más de US$6 mil millones, que permitirían entregar una Renta Básica de Emergencia por sobre la línea de la pobreza al 80% de los hogares más vulnerables. Cabe destacar que la reforma constitucional tiene como antecedente la aprobación en la Sala de la Cámara de Diputados de un proyecto de acuerdo aprobado por 85 votos a favor, 19 rechazos y 40 abstenciones, que pide al presidente Piñera la creación de un impuesto del 2,5% a los más ricos, donde se destacó el respaldo de diputados oficialistas como Jorge Durán (RN), Manuel René García (RN), Paulina Núñez (RN), Leonidas Romero (RN), y Virginia Troncoso (UDI). En ese marco, la diputada Camila Vallejo destacó la importancia de avanzar en la Reforma Constitucional, pues “tenemos la convicción de que sectores económicos de mayores ingresos sean parte de las soluciones de quienes hoy están sufriendo la cesantía, el hambre y la incertidumbre”. La jefa de la bancada PC agregó que “tenemos condiciones para avanzar en esta propuesta, porque hay riquezas suficientes para poder establecer mayores mecanismos de recaudación fiscal que nos permitan tener mayor holgura para enfrenar las políticas económicas que ayuden a las familias trabajadoras”. Por su parte, la diputada Alejandra Sepúlveda, jefa de la bancada del FREVS, sostuvo que es momento de que las grandes riquezas del país sean responsables con la difícil situación que está atravesando la población que sufre efectos del COVID-19. “Es muy importante que la ciudadanía entienda que las personas más ricas de este país se llevan más del 30 % de los recursos y de alguna manera tienen que devolverlo en este momento que es tan importante para atacar la pandemia. Esperamos que la Comisión de Constitución pueda acelerar este proceso y sea rápidamente ley de la República”, detalló. Por su parte, la diputada Karol Cariola agregó que “nuestro país es uno de los países más desiguales en términos de distribución de la riqueza. Eso da cuenta de que existe un sector de la población que tiene un capital acumulado que es muy […]
Desde el partido miembro del Frente Amplio repusieron las propuestas de Renta Básica de Emergencia, Apoyo a las Pymes, Fijación de Precios a productos, Nacionalización de empresas estratégicas y prohibición de despidos. “Creemos en un diálogo: uno que busque poner por delante el interés del pueblo de Chile, un diálogo y una unidad con y para la gente, que implica desbordar las instancias institucionales y superar con creces los acuerdos entre partidos”. Desde el partido Comunes presentaron cinco propuestas que sean el piso mínimo para partir cualquier diálogo que permita generar un acuerdo para enfrentar esta crisis. “Creemos en un diálogo: uno que busque poner por delante el interés del pueblo de Chile, un diálogo y una unidad con y para la gente, que implica desbordar las instancias institucionales y superar con creces los acuerdos entre partidos” sostiene Comunes a través de un comunicado, agregando: “Queremos ser muy claros, estamos disponibles al diálogo, pero no para un diálogo entre las elites. Es prioritario incorporar a la sociedad civil y sus organizaciones, pero por sobre todo debe ser de cara a la gente”. Finalmente, desde Comunes expresaron que estas medidas “responden a las demandas más sentidas de la ciudadanía, poniendo en el centro la vida de las personas con una mirada realista de los recursos disponibles y necesarios para salir de la crisis”. Santiago de Chile, 27 de mayo 2020 Crónica Digital
La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados, dijo que la nueva denuncia de abusos sexuales en un hogar colaborador del Sename en Osorno, hace urgente que el Ministerio de Justicia inicie un cambio estructural concreto. La diputada y presidenta de la Comisión de DD.HH., de la Cámara, Emilia Nuyado, exigió al Gobierno «intervenir» el Sename de la región, luego de una nueva denuncia de abusos sexuales. Ahora, en un hogar colaborador de la ciudad de Osorno. La parlamentaria recordó que «hace un par de semanas conocimos abusos en un hogar en Hualpén y esta semana nos enteramos que se registra la misma situación pero en Osorno». «Ya no basta con el cierre de este hogar, no podemos permitir que se sigan violando los derechos humanos de las niñas y niños en instituciones que están para proteger a los menores. Exigimos que el Ministerio de Justicia intervenga e investigue que está pasando, revisando incluso los contratos con los hogares colaboradores», dijo Emilia Nuyado. Sobre este mismo punto, la diputada agregó que «el Ministerio de Justicia tiene la responsabilidad administrativa y política del Sename. Por tanto, se deben cursar los sumarios correspondientes y adoptar medidas drásticas que impliquen la reestructuración del servicio». «A través de la Comisión de Derechos Humanos vamos a pedir oficios a todos los órganos que corresponde y estamos estudiando citar al Ministro Hernán Larraín por este tema», concluyó la diputada Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 27 de mayo 2020 Crónica Digital
Con cuatro mil 328 nuevos contagios de Covid-19 y 35 muertes en la última jornada, Chile alcanza hoy 82 mil infectados y 841 fallecidos, informó el Ministerio de Salud. La capital sigue siendo la zona más golpeada por la pandemia, al concentrar poco más del 86 por ciento de los nuevos contagios hasta las 21:00 hora local del martes, por lo cual las autoridades decidieron extender por otra semana más la cuarentena total en la urbe. Del total de enfermos reportados desde el inicio de la pandemia, 33 mil 540 ya fueron dados de alta, pero 48 mil 749 se mantienen activos, cantidad que también continúa al alza. Según informó el ministro de Salud, Jaime Mañalich, de estos, mil 048 se encuentran hoy conectados a ventilación artificial y 239 en estado crítico, cifras que siguen aumentando y mantienen bajo una fuerte presión a todo el sistema hospitalario. Al referirse a esta situación, el ministro dijo que en el Gobierno persiste una «alta preocupación» por el aumento de los contagios, pero insistió en que se sigue aumentando el número de camas y equipos de ventilación mecánica para evitar que llegue el momento en que haya que elegir a quien darle «la última cama». Según Mañalich, el país se preparó para una situación crítica en la que hubiera 100 mil enfermos, sobre lo cual especialistas médicos advierten que aún no se ha llegado a esa cantidad y ya muchos hospitales están colapsados, sobre todo en la capital. Asimismo, advierten que la situación no es peor, porque cerca de 100 enfermos fueron trasladados desde Santiago a hospitales de otras ciudades menos afectadas por la pandemia El titular informó, además, que la grave situación amerita que desde el viernes a las 22:00 hora local se renueve por tercera semana consecutiva la cuarentena total en todas las municipalidades de Santiago de Chile, así como en las ciudades de Iquique, Alto Hospicio, y Lonquimay. En cambio, dada la reducción de contagios en Antofagasta y Mejillones, ambas ciudades saldrán de la cuarentena también el viernes, mientras que se mantendrán los estrictos cordones sanitarios establecidos desde hace semanas en las ciudades de San Antonio, Puerto Williams y Punta Arenas, y en la isla de Chiloé. Santiago de Chile, 27 de mayo 2020 Crónica Digital/PL
El 15,2 por ciento de los enfermos de Covid-19 en Chile se ven obligados por la necesidad a salir a trabajar, indica hoy un estudio del Colegio Médico (Colmed) y la Universidad de Chile. Ese preocupante dato se acentúa al conocerse que, además, el 24 por ciento de los que aparecen como sospechosos de tener la enfermedad y el 43,6 por ciento de quienes presentan síntomas también acuden a trabajar. El estudio, realizado entre 39 mil 885 personas en encuestas periódicas durante seis semanas, añade que el mismo patrón se refleja entre quienes tienen que salir de compras o realizar trámites, lo que confirma que la situación socioeconómica de la mayoría de las personas es determinante en que puedan mantener el aislamiento social. Denominada Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas Covid-19 (Movid-19), la investigación desarrollada por el Colmed y la prestigiosa universidad, con el aporte de otros centros de educación superior, persigue contribuir con datos valiosos a la toma de decisiones por el Gobierno. El informe evidencia que quienes salen a trabajar es porque no tienen una situación laboral que les permita quedarse en la casa para cumplir con su aislamiento, «lo que demuestra muchos problemas que están detrás de que sigamos teniendo tantos contagios», explicó el académico Cristobal Cuadrado, de la Universidad de Chile. Abundó que «si no hay una política económica y social que dé garantías a las personas, es muy difícil que logremos que se vayan a quedar en la casa». En el plano sanitario, el estudio recomienda tomar medidas para disminuir el tiempo entre el inicio de síntomas y las consultas para que se pueda definir como caso probable a las personas de manera oportuna y así trazar a sus contactos tempranamente. Además, considera urgente aumentar la oferta y el acceso a residencias sanitarias, ante «la evidente y creciente asociación entre hacinamiento y prevalencia de casos sospechosos», así como entregar subsidios directos a los hogares que ven mermados sus ingresos por tener que cumplir con el aislamiento. Concluye que esos subsidios deben ser suficientes para la mantención de la familia, lo que en ningún caso puede ser menor a 300 mil pesos chilenos mensuales (unos 370 dólares) para una familia de cuatro personas, en montos estables en el tiempo (mucho más que lo dispuesto por el gobierno hasta el momento). Santiago de Chile, 27 de mayo 2020 Crónica Digital/PL
El Ministerio de hacienda de Chile anunció que evaluará la forma de ayudar a la aerolínea Latam mientras que los sindicatos mostraron su preocupación por la quiebra anunciada por la empresa. El lunes, Latam- considerada la mayor aerolínea de América Latina- informó que se acogerá a la Ley de Quiebras de Estados Unidos, país donde se transan en bolsa las acciones de la empresa. Ante ese hecho, el Ministerio de Hacienda, enmitió una declaración en la que calificó a Latam como una empresa estratégica para Chile, que además de generar unos 10 mil empleos directos, garantiza otros 200 mil indirectos en cerca de dos mil entidades proveedoras, la mayoría pequeñas y medianas. Asimismo recuerda que sectores importantes de la economía de este país dependen de los servicios de la aerolínea para las importaciones y exportaciones de numerosos productos y como garantía de la conectividad internacional de Chile en el transporte de pasajeros. Puntualiza la declaración que el gobernó espera que una reorganización de la compañía permita su continuidad operacional y que se mantenga la mayor cantidad de puestos de trabajo. El anuncio de quiebra de la entidad a consecuencia de la pandemia de Covid-19, que ha dañado a otras muchas aerolíneas del planeta, fue acogido con escepticismo en medios laborales, y Luis Chávez, vocero de la Federación de Sindicatos de Latam declaró que resulta preocupante sus efectos sobre la estabilidad de los trabajadores y sus familias. El dirigente sindical puntualizó que ‘Latam es necesaria y es estratégica y consideró que el Estado tiene que salir en ayuda de la empresa y al mismo tiempo aclarar de qué forma va a proteger a los trabajadores. Según radio Cooperativa La situación de Latam también es mirada con expectación por la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), representante de otro gremio fuertemente golpeado por la pandemia, y para el cual el transporte de pasajeros resulta fundamental. En ese sentido Helen Kouyoumjian, vicepresidenta de Fedetur señaló que ‘la industria aeronáutica es fundamental para el desarrollo del turismo, y por ello resulta fundamental que una de las principales aerolíneas a nivel global pueda sortear esta crisis, y que disponga de las herramientas y la ayuda que requiere para mantenerse en pie’. Desde el mundo políticos diputados de oposición han planteado que el Estado intervenga para apuntalar a Latam asumiendo al menos parte del control de la compañía, como han hecho gobiernos de otros países para salvar a sus empresas ante la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19. Santiago de Chile, 27 de mayo 2020 Crónica Digital/PL
Por Rafael Calcines * «Si no morimos de coronavirus morimos de hambre», rezaba una tela colgada ante a la municipalidad de El Bosque, en Santiago de Chile, por manifestantes que reclaman la entrega de ayudas anunciadas por el gobierno para las familias más humildes. La disyuntiva planteada en ese mensaje evidencia la grave situación del país, agudizada por la pandemia del coronavirus SARS-Cov-2, el cual se ha encargado de confirmar las causas de la crisis económica y social que estalló en octubre de 2019 y que se fue gestando desde mucho antes por las profundas desigualdades de la sociedad chilena. La crisis sanitaria por la Covid-19 ha alcanzado proporciones muy serias en las últimas semanas. El total de infectados se acercaba a los 74 mil, pero esa cifra aumenta cada vez más rápido porque crecen por día los nuevos contagios, que pasaron en menos de dos semanas de 400 a más cuatro mil diarios y también se incrementa en cada jornada la lamentable lista de fallecidos. Otro dato relevante por sus consecuencias es que la cantidad de nuevos enfermos se distancia cada vez más de la de quienes son dados de alta, lo cual conduce a un incremento de las personas que acuden a los hospitales. En la misma medida crece el temor entre la gente y las autoridades de que el sistema de salud, cuya fragilidad ha quedado a la vista con la pandemia, pueda colapsar de un momento a otro. Este preocupante panorama desvaneció el triunfalismo del gobierno que hablaba de que se había llegado a una meseta con tendencia a aplanar la curva de contagios, y la estrategia del presidente Sebastián Piñera de «retorno seguro a la normalidad» se transformó en medidas drásticas para tratar de contener la expansión de la pandemia. A Piñera no le quedó más remedio que declarar la cuarentena total en toda la capital y varios municipios adyacentes, lo cual implica a más de siete y medio millones de personas, aproximadamente el 42 por ciento de la población del país. También en otras ciudades, medida a la que se había negado a pesar de los insistentes llamados de los alcaldes, del Colegio Médico y personalidades políticas y sociales. La crisis hace estragos en la economía, y en apenas dos meses alrededor de millón y medio de trabajadores han quedado sin empleo o perdieron parte de su salario. Según reconoció el Ministerio de Trabajo, el paro podría pasar del siete al 18 por ciento, aunque centros de estudios y fundaciones dedicadas a temas económicos y laborales hablan de un porcentaje «real» alrededor del 25 para mediados de año. Ese pronóstico tan negativo obedece a que en las cifras oficiales no se incluye el alto número de trabajadores informales existentes en Chile, que no poseen contrato ni previsión social. Datos de la Dirección del Trabajo indican que más de 600 mil personas quedaron en pocas semanas bajo la Ley de Protección del Empleo, recibiendo solo parte de su sueldo, pero en empresas que no pudieron acogerse a […]
Esta semana el Presidente Sebastián Piñera hizo un un nuevo llamado a un acuerdo de todos los sectores políticos para enfrentar la pandemia. Al respecto, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, manifestó en primera instancia que “esta propuesta la hace el Presidente de la República cuando ya está claro que las medidas que ha tomado el ejecutivo en general han fracasado, frente a la necesidad de detener la velocidad del contagio con el COVID 19”. En este sentido, sostuvo que “nos parece que hasta ahora (el presidente) nunca ha escuchado las propuestas que se han hecho, entonces esto viene a ser como una fórmula para diluir la responsabilidad que le es propia. Porque bajo esta situación de emergencia, el Presidente si tuviera voluntad política, sin necesidad de un acuerdo o pactos, tiene todas las atribuciones para tomar todas las medidas necesarias y pertinentes, sanitarias, financieras y de otra índole, que puedan contribuir a detener el contagio, y también asumir formas de paliar la grave crisis económica que afecta a la mayoría de las chilenas y chilenos”. Asimismo, Teillier puntualizó que “si hay algún proyecto que realmente favorezca a la mayoría del país, a los trabajadores y trabajadoras, adultos mayores, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, los vamos a aprobar sin duda alguna. Pero un acuerdo con el gobierno mientras no estén claras las cartas sobre la mesa, por ahora decimos francamente no”. Finalmente el Partido Comunista descartó un pacto con el gobierno mientras éste no se disponga a acoger medidas de fondo propuestas por organizaciones sociales y de todos los sectores de oposición, sin exclusión. A la vez indicaron que hasta el momento La Moneda no se ha contactado con la colectividad. Santiago de Chile, 27 de mayo 2020 Crónica Digital
El documento además solicita fiscalización efectiva y cumplimiento de todas las medidas pertinentes a través de un delegado nombrado especialmente para este efecto. El mes pasado la resolución 458 del Seremi de Salud que dejó sin efecto el acto administrativo que establecía como obligatorio la entrega de 100 litros de agua por persona en las zonas de sequía extrema, causó gran revuelo en la comunidad, lo que para la diputada Marzán es totalmente comprensible porque “no existe una provisión mínima obligatoria y tampoco se cumple con un estándar internacional acorde a la dignidad, ni derechos fundamentales reconocidos para las personas”, señaló la parlamentaria. “En nuestro país, el agua es constitucionalmente considerada un bien nacional de uso público, pero se conciben derechos de aprovechamiento sobre los cuales se tiene propiedad. No hay una priorización en la relación del agua con la subsistencia humana. De este modo, no estamos considerando el agua como un elemento vital para las personas, ni como elemento fundamental para la sobrevivencia de todas las especies. Además, carecemos de una política de gestión integral del agua de carácter general y obligatoria a nivel nacional, se hace urgente generar cambios y adecuaciones en todas las instancias institucionales y normativas para tener un país con seguridad hídrica y con gestión integrada. Necesitamos mejorar en la información sobre la cantidad y calidad de recursos hídricos, junto con una institucionalidad que, como mencioné, promueva el desarrollo equitativo y permanente”, comentó la diputada del PPD. Asimismo, la parlamentaria dijo “nuestro país se está secando y los permisos para el uso de agua por partes de empresas siguen siendo otorgados de manera permanente y con explotación indiscriminada de unos pocos. Debemos defender el agua como un bien de uso público, como un derecho con vocación colectiva, el agua es de todos los chilenos. Sobre todo, en estos momentos donde uno de los principales requerimientos para combatir el COVID-19 es el lavado constante de las manos. Según datos de la OMS, la cantidad de agua que se provee y que se usa en las viviendas es un aspecto importante de los servicios de abastecimiento de agua domiciliaria que influye en la higiene y, por lo tanto, en la salud pública. ¿Entonces cómo es posible que personas que no tienen ni lo mínimo para su higiene personal, la limpieza del hogar, la alimentación y todo lo que conlleva la necesidad básica del agua, podrán resguardarse?”. “Por eso solicitamos al Presidente de la República que se confeccione una política integral de emergencia del agua durante los meses que se prolongue la declaración del estado de catástrofe por la pandemia provocada por el covid-19, en favor de regiones del país en que se haya declarado zona de catástrofe por sequía, de esta forma se asegure una cuota mínima de agua por persona de conformidad al estándar establecido por la Organización Mundial de la Salud y que las medidas implementadas sean fiscalizadas a través de un delegado designado especial y exclusivamente para este efecto. Esperamos contar con el apoyo […]
