Nacional

Según la encuesta “Barómetro del Trabajo” realizado por la Consultora MORI y la Fundación FIEL, un 78 por ciento de la población votaría en el plebiscito del 26 de abril próximo, aún con el sistema de voto voluntario, lo que significaría una “revolución participatoria”. En ese mismo sentido, la inmensa mayoría del 81% optaría por una Nueva Constitución para Chile. El 68% apoya la democracia, mientras el 16 por ciento respalda el autoritarismo y un 14% es indiferente. Asimismo, el 65% estima que la democracia permite que se solucionen los problemas de los chilenos, y un 27% está en desacuerdo. Sin embargo, el 83 por ciento se manifiesta no satisfecho con la actual democracia; un 90% cree que no existe igualdad ante la ley y un 83 por ciento estima que se gobierna en beneficio de grupos poderosos. Respecto al plebiscito constituyente de abril, un 84 por ciento está en conocimiento de su realización y un 78% de la población en edad de votar que sufragará, lo que significa que la participación electoral del plebiscito será mayor en forma considerable respecto de la elección presidencial, incluso con voto voluntario. Por ello, señala el estudio, “el plebiscito será una revolución participatoria (…) si esto no cambia en los 90 días que quedan para ello”. El 81% de los que dicen que irán a votar en el plebiscito votaran “Apruebo” a una Nueva Constitución. Entre todos los votantes, el respaldo es de un 68 por ciento. Sin embargo, las opiniones están más divididas en la forma de hacer la Nueva Constitución. Al menos uno de cada cinco personas no responde, y entre los que dicen que votarán un 47% se inclina por una Convención Constitucional, un 34 por ciento por una Convención Mixta y un 19 no sabe o no manifiesta preferencia. Un 56 por ciento piensa que la Nueva Constitución ayudará a resolver los conflictos sociales, mientras que un 30 por ciento cree lo contrario. Un 79 por ciento cree que el órgano a cargo de elaborarla debe estar constituido con paridad de género. Un 61% cree que es necesario reponer el voto obligatorio. Respecto de las protestas sociales, un 49 por ciento manifiesta haber participado en alguna movilización desde el pasado 18 de octubre. Entre las razones de las protestas, la principal es las pensiones y AFP (30%), seguido por abusos y desigualdad (23%), educación (13%), sueldos (11) y salud (5). La encuesta determina que “la pérdida de autoridad del Estado es tan profunda que hay niveles altos de aprobación a protestas ilegales: cortar el tránsito, 49%; hacer barricadas, 33%; atacar a carabineros, 16%. Estas son las que obtienen mayor aprobación”. En tanto, tocar las cacerolas y participar en manifestaciones logran un 84 y un 81 por ciento de aprobación. Al mismo tiempo, la aprobación de las acciones de la autoridad es baja: sólo el 29 por ciento aprueba el uso del carro lanza agua, que es el que obtiene mayor aprobación”, seguido por la detención de los manifestantes (17%), […]

La comunidad de la Villa Olímpica de Ñuñoa ha desarrollado una persistente movilización por la recuperación del Block 73 para destinarlo a resolver sus necesidades de vivienda, luego que estuviera en manos de la Fuerza Aérea y resultara severamente dañado en el terremoto de 2010. Ha transcurrido poco más de un año desde que las y los vecinos tomaron la decisión de ocupar el inmueble. Por su interés, reproducimos el documento que fundamenta sus perseverantes esfuerzos. LA CONSTANCIA DE NUESTRA LUCHA Luego de la compleja situación vivida por todo el país el 27 de febrero del año 2010 durante el terremoto se hizo evidente una problemática oculta bajo el muro de una normalidad con tintes de resiliencia. Vivimos sin cuestionarnos si es correcta la forma en que habitamos, la manera de hacer familia, pero sin darnos cuenta vamos cayendo en una trampa lenta, y que es uno de los síntomas de nuestra sociedad. Nos vamos dando cuenta que dentro de nuestras propias familias pasamos a ser “allegados”, una palabra no muy linda pero asertiva a la hora en que se debe plantear un objetivo de vida: La casa propia. Con ese objetivo y con más ganas, espíritu y fuerza que un plan de trabajo nace el “Comité de vivienda Villa Olímpica” el año 2013 y su estrategia: recuperar para las familias de dicho Comité un Block de departamentos en manos hasta ese entonces por la FACH, y que quedó abandonado desde el mismo día del terremoto. Junto a la colaboración de la Junta de vecinos de la Villa Olímpica se hizo público éste deseo y a través de diversas actividades se mostró tanto a vecinos como a la comunidad cuales eran las intenciones y quiénes componían en ese entonces la organización. No fue hasta el viernes 19 de marzo del año 2016, a las 18:00 horas que nuestro Comité se constituye formalmente, y el 17 de junio del mismo año obtiene la personalidad jurídica, lo que nos permite tener mejor recepción de nuestro proyecto. Esto iba en serio. El 18 de agosto del mismo año y de la mano del entonces Ministro de Bienes Nacionales don Víctor Osorio recibimos lo que para nosotros era el primer gran fruto de nuestra lucha: el decreto de traspaso del Block 73 desde FACH a Bienes Nacionales. A partir de ese momento se empezaron a hacer estudios estructurales del mismo edificio llegando a la conclusión de que no era necesario que fuera demolido y podía repararse. Durante 2017 y 2018 el trabajo a realizarse era otro. Uno de los objetivos principales del comité siempre fue poder hacer realidad el derecho a la vivienda digna y de calidad, pero por todos los medios legales, es decir todas las familias que lo componían deberían tener los documentos que les permitieran acceder a través de alguno de los subsidios actuales a los departamentos, pero las complejidades de una situación atípica hicieron mucho más lento el proceso que lo normal. Es así como el 21 de diciembre del […]

El Partido por la Dignidad aparece hoy como una nueva colectividad inscrita en el Servicio Electoral (Servel) de Chile, con el objetivo expreso de facilitar la postulación de candidatos independientes en el proceso constituyente. Sus promotores llamaron a votar a favor de una nueva constitución para Chile en el plebiscito previsto para el próximo 26 de abril y por la Convención Constituyente (con total participación de la ciudadanía) como mecanismo para la redacción del texto fundamental. La nueva organización es encabezada por el médico James Hamilton y la premio nacional de Periodismo María Olivia Monckeberg como vicepresidenta. En la página web del partido se señala que este surge únicamente en función de la nueva Constitución y su objetivo es «ofrecer un espacio a personas independientes que no se sienten interpretadas por los actuales canales de representación» También, para «quienes quieran ser candidatos para ser constituyentes, ante el enorme desafío que significa la redacción y promulgación de la nueva Carta Fundamental». Hamilton, muy conocido por ser uno de los denunciantes del caso Karadima que destapó las escándalos de violencia sexual en el seno de la iglesia católica en Chile, declaró que el partido surgió por la necesidad de debatir con una mirada inclusiva, las demandas expresadas por el movimiento social en el país. Por su parte, María Olivia Monckeberg expresó su convencimiento de que es necesario terminar con los abusos y desigualdades en el país y por ello el Partido por la Dignidad será un espacio que promoverá una visión independiente y de género. Entre los integrantes de esta fuerza aparecen el abogado especialista en Derechos Humanos, Luis Toro, la abogada constitucionalista Grace Schmidt, Ricardo «Farfán» Venegas, del reconocido grupo musical Quilapayún, el filósofo Gonzalo Rovira, y los escritores Roberto Rivera y Diego Muñoz. Santiago de Chile, 21 de enero 2020 Crónica Digital /PL

Organizaciones sociales y políticas repudiaron hoy fuertemente la profanación contra un monumento al presidente Salvador Allende en la Municipalidad de San Joaquín, en esta capital. El monumento, que se erige en la Avenida de Las Industrias, de la mencionada comuna, fue atacado durante la madrugada de este lunes con envases de bebidas alcohólicas y marcado con pintura con frases obscenas y llamando a rechazar el proceso constituyente. En un comunicado, las organizaciones sociales calificaron la vandalización del monumento como «un ataque artero y cobarde que se hace desde las sombras, a la memoria de nuestro compañero Presidente Mártir». Asimismo achacaron esta acción a grupos paramilitares de ultraderecha, «en un intento desesperado por desconocer las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar y en la actualidad». La declaración fue firmada por el Comité Natalicio Salvador Allende, los partidos  Comunista, Socialista y Democracia Cristiana, la Corporación 3 y 4 Álamos, y el Colectivo Siboney de Solidaridad con Cuba, entre otros. Esas agrupaciones informaron que iniciarán acciones legales para lograr la identificación de los autores y anunciaron la realización de un acto de desagravio. Asimismo trabajarán en la restauración del monumento, construido en 2011, el cual tiene como característica que es el único que cuenta con el último discurso que dirigió a Chile el 11 de septiembre de 1973. El ultraje al monumento a Allende no es un hecho aislado, pues el fin de semana fue profanada la tumba del icónico cantautor Víctor Jara, en el Cementerio General de esta capital, lo que igualmente promovió un fuerte rechazo social. Las denuncias del hecho, multiplicadas en las redes sociales, responsabilizan de este acto a la autodenominada Brigada Lobo, que estaría vinculada al grupo de ultra derecha Patria y Libertad, muy activo contra el gobierno de la Unidad Popular en los primeros años de la década de 1970. También hace dos semanas organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron la vandalización del «Mirador de los Ángeles», en la ciudad de Coquimbo, con el cual se honra la memoria de los niños Rodrigo Palma Moraga y Jimmy Christie Bossy, ejecutados por una patrulla del Ejército el 24 de diciembre de 1973. Además de la profanación de ese memorial, también la fachada de la Universidad de La Serena amaneció el mismo día pintada con el símbolo de Patria y Libertad, que semeja a una araña. Santiago de Chile, 20 de enero 2020 Crónica Digital /PL

Acorde a la decisión del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia (CPLT), la entidad deberá entregar copia de los documentos remitidos por la policía uniformada en noviembre de 2018 a la instancia ministerial los que contienen información sobre operativos y medidas adoptadas que se vinculan con la muerte del comunero mapuche, tarjando datos personales. La Subsecretaría no respondió a la solicitud de información en los plazos estipulados por la Ley de Transparencia y no colaboró con el CPLT durante el proceso alegando la reserva por haber sido entregadas en el marco de una investigación penal. Tras una decisión emanada desde el Consejo para la Transparencia (CPLT) en enero que estableció la calidad de públicos de una serie de informes generados por Carabineros de Chile en noviembre de 2018 y remitidos a la Subsecretaría del Interior vinculados a la muerte de Camilo Catrillanca, la entidad ministerial deberá entregar dicha documentación a la persona que la solicitó vía Ley de Transparencia. Ello tras acogerse el amparo presentado en contra de la Subsecretaría (caso rol C1609-19), pronunciamiento del CPLT que consideró que los antecedentes obran en poder de un órgano del Estado y desestimó que se trate de información que forma parte de una investigación penal. En este sentido, el Consejo consideró que el envío de los informes por parte de la policía uniformada a la Subsecretaría se realizó por el grado de jerarquía o dependencia de esta institución con respecto a esta instancia del Ejecutivo y no en su calidad de auxiliar del Ministerio Público en el marco de una investigación penal. Asimismo, el Consejo expuso que el acceso a los informes solicitados -entre el 14 y el 20 de noviembre- están disponibles vía sitio web de la Cámara de Diputados, en específico en el apartado de la Comisión Especial Investigadora de las actuaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, instancia de investigación de los hechos que concluyeron en la muerte del comunero mapuche. Los informes en cuestión dan cuenta de los hechos ocurridos en el mes de noviembre de 2018, relacionados a los operativos policiales efectuados por Carabineros y a las medidas adoptadas por el General Director de la institución, constituyendo su contenido un hecho público y notorio. El CPLT representó en su decisión que la Subsecretaría del Interior no dio dado respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos legales establecidos en la Ley de Transparencia y además denegó el acceso a los antecedentes requeridos aludiendo a que la documentación formaba parte de un proceso judicial. Asimismo, en la decisión del Consejo se consignó la negativa del órgano -encabezado en esa época por Rodrigo Ubilla- a colaborar con la labor del CPLT, al no responder a la solicitud de entrega de dichos informes al Consejo Directivo de la entidad con el fin de ponderar el interés por acceder a la información y la necesidad de mantener su reserva, pese a ser documentos conocidos por el Senado y la Cámara […]

Un rechazo generalizado, incluso en los ambientes menos esperados, persigue al presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien apenas cuenta con seis por ciento de respaldo según encuestas. La víspera, en la tercera noche del festival del Huaso de la ciudad de Olmué, en la región de Valparaíso, fuertes gritos contra el mandatario reclamando su renuncia corearon los miles de asistentes al evento, antes y durante la presentación del popular grupo Los Jaivas. Además de la recurrente consigna de «Piñera renuncia», los presentes en el anfiteatro de El Patagual corearon El Pueblo Unido jamás será vencido y gritos de asesino contra el mandatario, según mostraron videos y fotos en redes sociales. Asimismo se podía apreciar entre el público numerosos carteles con reivindicaciones sociales y banderas mapuches. Las consignas se redoblaron luego que el músico Claudio Parra, al presentar a Los Jaivas, dedicó la actuación a la memoria de las víctimas reportadas tras el estallido social del 18 de octubre de 2019 que suman más de 20 fallecidos y más de tres mil 600 heridos. Algo semejante ocurrió en la sureña ciudad de Temuco, cuando miles de hinchas asistentes a un partido de la Copa Chile entre los equipos de fútbol Universidad Católica y Colo Colo vocearon consignas en contra de Piñera. En varios momentos del tope los partidarios de ambos conjuntos se unieron en un enorme coro «Piñera, asesino igual que Pinochet», consigna que ya había sido repetida por los asistentes a partidos realizados días atrás en otros estadios del país. Es de destacar que en las multitudinarias protestas que se realizan cada semana en la céntrica Plaza Baquedano de esta capital, bautizada por los manifestantes como Plaza de la Dignidad, las banderas de los principales clubes de fútbol del país siempre están presentes. Santiago de Chile, 20 de enero 2020 Crónica Digital /PL

El senado de Chile deberá vérselas hoy con un tema crucial para lograr un proceso constituyente lo más democrático posible, la votación de la paridad de género, respaldada por la gran mayoría de la población. Pero a pesar del gran apoyo popular a que las mujeres estén representadas en igualdad de número que los hombres los partidos de derecha dentro del Senado ya advirtieron que presentarán «indicaciones», lo cual podría complicar la votación y la aprobación de ese importante tema. La sesión, con carácter extraordinario está prevista para por la tarde en la sede del Congreso en Valparaíso. Según el cronograma, el proyecto sobre paridad será sometido a dos votaciones, primero de forma general, lo que debe ocurrir este lunes, y luego se abrirá un plazo para la presentación de indicaciones que serían discutidas el martes en las comisiones de Constitución y Mujer, conjuntamente. Pero en la sesión de hoy también los senadores deberán pronunciarse por otro asunto muy complicado, un proyecto presentado por el gobierno mediante el cual las fuerzas armadas podrían hacerse cargo de resguardar instalaciones e infraestructuras consideradas estratégicas. Esa iniciativa plantea que se pueda permitir la presencia del ejército cuando exista un grave peligro a la infraestructura del país considerada crítica, y para ello el presidente podría decretar que las Fuerzas Armadas se hagan cargo del resguardo de esas instalaciones. El texto ya fue aprobado por la comisión de Constitución a principios de diciembre, pero ha recibido amplias críticas desde la oposición, que lo considera prácticamente como una vía para sacar nuevamente a los uniformados a las calles para reprimir al movimiento social. En ese sentido señalan esa medida como una de las tantas que ha  impulsado el gobierno desde el 18 de octubre último para aumentar la represión sobre la población que se manifiesta en reclamo de mejoras para las mayorías. Santiago de Chile, 20 de enero 2020 Crónica Digital/PL

Las violaciones de derechos humanos y el impulso a proyectos legislativos que profundizan un modelo en crisis llevan a evaluar negativamente a la administración del presidente Sebastián Piñera, señaló la comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH). En una declaración pública emitida en esta capital, la CChDH reiteró las denuncias sobre violaciones de derechos humanos hechas por numerosas entidades nacionales e internacionales desde el inicio de las vastas protestas populares el 18 de octubre de 2019. Asimismo el texto advierte que a pesar de la profundidad de la crisis actual «ninguna medida se ha traducido hasta ahora en propiciar los cambios estructurales al modelo económico social y político imperante», que permitan que derechos como salud,  seguridad social, trabajo decente, salarios y vivienda dignos, sean garantizados. Al pasar balance de la situación del país al cumplirse tres meses del estallido social, la CChDH puntualizó que el Gobierno solo ha impulsado iniciativas legales que profundizan el modelo en crisis, como la reforma al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Al respecto advierte que esta, a juicio de especialistas, sólo conducirá a la privatización del Sistema de Salud Pública, ya muy deteriorado. Igualmente el gobierno promueve una reforma de pensiones que consolida la capitalización individual y el modelo de las empresas aseguradoras de fondos de pensiones, ampliamente rechazadas, y con lo cual impide avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social, señala la declaración. En cambio, a juicio del ente de derechos humanos, se han  priorizado proyectos de ley dentro de una agenda de seguridad, que «comprometen gravemente el derecho a reunión y a la manifestación pacífica». En consecuencia, el texto concluye que esas actuaciones «convierten al Presidente elegido democráticamente en ilegítimo, carente de autoridad, por incumplir su principal deber de mandatario, el cual es acatar y defender los legítimos intereses de su mandante, el pueblo chileno». Santiago de Chile, 20 de enero 2020 Crónica Digital /PL