El exministro brasileño de Justicia Anderson Torres fue interrogado por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre los ataques golpistas del 8 de enero en esta capital. Torres era secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal cuando adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro invadieron y saquearon en esa fecha las sedes del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo. Aliado muy cercano de Bolsonaro, el exministro afloró como uno de los principales investigados por la Policía Federal sobre las articulaciones políticas para la tentativa golpista. Tres días antes de las acciones antidemocráticas, Torres viajó a Estados Unidos, con la coartada que saldría de vacaciones, pese a los avisos de inteligencia para riesgos de disturbios en los actos convocados para Brasilia el 8 de enero. El asueto del exsecretario solo estaba programado para el 9 de enero y en Estados Unidos todavía se reunió con Bolsonaro, quien estaba allí desde el penúltimo día de su mandato. En la noche del lunes, el ministro Alexandre de Moraes, del STF, concedió a Torres la posibilidad de permanecer en silencio ante las interrogaciones. Resulta investigado por supuesta omisión en el montaje del esquema de seguridad en la jornada de los actos golpistas. La CPI aprobó la violación de su confidencialidad. Por cerca de cuatro meses, Torres llegó a permanecer preso, pero después fue liberado por orden de De Moraes, quien impuso, sin embargo, el uso de tobillera electrónica. También el exministro debe ser inquirido por los parlamentarios sobre un documento encontrado por la Policía Federal en su casa, el cual se conoce como «minuta del golpe». En ese contenido aparecía un decreto de estado de defensa en el Tribunal Superior Electoral, con la finalidad de cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de 2022, cuando el presidente Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Bolsonaro. Acerca de ese episodio, Torres ya prestó declaración y manifestó a la policía que el documento no tenía validez jurídica ni importancia y debió ser descartado. Su defensa pidió el viernes que pueda permanecer en silencio durante su declaración a la CPI. Fue llamado a la comisión en la condición de testigo, siendo así, es obligatorio comparecer y cumplir el compromiso de decir la verdad. Brasilia, 9 de agosto 2023 Crónica Digital/PL
