El fundador del Partido Progresista de Chile, Marco Enríquez–Ominami, presentó una serie de propuestas económicas para paliar la crisis social generada por la pandemia con mayor atención a las mujeres y jóvenes, así como los micro y pequeños emprendedores.
Según explicó, las medidas responden al argumento permanente del Gobierno de Sebastián Piñera, sobre la necesidad de austeridad y responsabilidad fiscal, aludiendo la posición de deuda del Fisco, lo que ha obligado a que las propias familias chilenas a gastar sus ahorros para la vejez a través de los tres retiros de los fondos en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
“El Estado no puede continuar con su mezquindad frente a la envergadura de los impactos económicos y sociales de la crisis, justificada en un dogma teórico neoliberal respecto de los equilibrios macroeconómicos, que desconoce el dolor de las familias”, recalcó Enríquez–Ominami, enfatizando que, “por primera vez en 20 años, el índice de pobreza aumentó en el país, con una violenta disminución de los empleos y fuentes de ingreso, así como un incremento de la desigualdad”.
Por ello, apuntó a la necesidad de abrir la billetera fiscal y aumentar la capacidad de gasto del Estado para usarlo en transferencias directas a las y los chilenos, enfocadas a la inversión en emprendimiento individual y colectivo, a la generación de empleo, así como a paliar los gastos de salud asociados a la pandemia y precarización de la calidad de vida. Esto, a través de medidas administrativas asociadas a la administración y gestión de los caudales públicos.
Entre sus propuestas, Marco Enríquez–Ominami instó a entregar un bono de un millón de pesos para los nuevos microempresarios y emprendedores (autoempleo), considerando que la gran mayoría no pudo acceder al llamado Bono Alivio a Pymes, el cual prometía el mismo monto de ayuda pero que, al igual que en las primeras versiones del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), no llegó a quienes lo necesitaban por los requisitos impuestos a los potenciales beneficiarios.
También propuso la entrega de apoyos directos a las micro y pequeñas empresas, a través de otorgar 8 meses de gracia sin cálculo de intereses sobre el capital de créditos a micro y pequeñas empresas, incluido el Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario (FOGAPE); un bono de $1 millón para cubrir altos costos de implementación de los espacios y medidas sanitarias para que puedan reiniciar operaciones con público y trabajadores; y el rescate Previsional, es decir, la entrega de un aporte directo del estado a las micro y pequeñas empresas que no han podido cubrir los costos previsionales de sus trabajadores por efecto de la pandemia, a través de un crédito con un sólo propósito de pago, con intereses y que pueda comenzar a ser pagado luego de 8 meses de su efectiva adquisición.
Del mismo modo, apuntó a la necesidad de impulsar Medidas Económica de Emergencia de Protección a la Mujer, considerando que el 73% de los hogares en Chile están a cargo de una mujer, de acuerdo al estudio “Radiografía de la mujer”, desarrollado por Grupo Defensa y las Facultades de Ingeniería y Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), y que cuatro de los cinco padres que deben pagar pensión alimenticia, no lo hacen.
Por ello es que –además– el fundador del PRO propuso el pago de pensión de alimentos atrasada por parte del Estado, que –a su vez– asumirá la tarea de cobrar al deudor.
“Poner a la mujer en la posición de gastar recursos en acciones legales para no recibir pago, es denigrante, y en las circunstancias de la pandemia se torna aún más dramático”, dijo el cineasta, recalcando que “el Estado debe ser, entonces, quién haga el pago decretado por el tribunal y que sea el Fisco, con sus atribuciones y mayores capacidades, el encargado de hacer el cobro al demandado”.
Entre el paquete de 10 medidas, Enríquez–Ominami también planteó la inserción en el mercado de trabajo para las y los jóvenes y propone generar una Red de Inserción Laboral para que las y los jóvenes puedan realizar en forma rápida, sus prácticas profesionales y en lugares próximos a su hogar, a cargo del Gobierno central (por los Ministerios de Educación y de Desarrollo Social y Familia) y que dependa en términos operativos de las Corporaciones de Educación o Desarrollo Social, los Departamentos Municipales de Educación o Servicios Locales de Educación, según corresponda a la realidad específica de cada espacio local.
En la misma línea propuso crear un Fondo Especial de Fomento del Emprendimiento Joven que beneficiaría a cerca de dos millones de jóvenes y tendría un costo para el Estado de cerca de 20 millones de dólares. La extensión de este subsidio debiera ser por un plazo máximo inicial de seis meses.
También propuso la creación de Banca Popular Joven, que se instale en BancoEstado, que otorgue préstamos a tasa 0 y sin reajuste en UF, con el objetivo de incentivar el emprendimiento joven, con enfoque especial en las mujeres y el comercio electrónico.
Respecto a las personas que han enfrentado la enfermedad en el contexto de la pandemia, y un conjunto de costos monetarios asociados con sus tratamientos médicos, el líder del PRO propuso que se condone la deuda asociada a los gastos médicos por COVID–19, traspasando el costo al Estado, lo que además representaría una señal importante de responsabilidad estatal respecto a la salud de las personas en el contexto de una pandemia.
Por último, propuso la liberación del pago de licencias médicas extendidas en el período 2020–2021; la eliminación de emergencia de la exigencia de firma de las licencias médicas por parte de un especialista, como norma para aprobación y pago; y disponer la entrega gratuita y masiva de mascarillas de calidad, definiéndolas como bien de primera necesidad.
Santiago, 29 de julio 2021.
Crónica Digital.
