El abogado constitucionalista y académico de la U. de Santiago, Francisco Zambrano, indicó que los hechos que se indican a partir de la investigación internacional “son sumamente graves” y que podría, eventualmente, “llevar hacia una acusación constitucional y la destitución del presidente de la república, eso es una posibilidad”. Esta semana y ante el impacto de la investigación internacional llamada “Pandora Papers” que involucra al presidente de la República, Sebastián Piñera, en la venta de la minera Dominga realizada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, ha llevado a que se impulse, por parte de diputados de la Oposición, una acusación constitucional por infringir el principio de probidad. Para el abogado experto en derecho constitucional y académico de la Facultad de Derecho Usach, Francisco Zambrano, los hechos son “sumamente graves desde el punto de vista del principio de probidad”. Explicando que este principio está establecido en la Constitución desde el año 2005 y exige a todos los que están en la función pública “una especie de doble exigencia”, deben observar estrictamente el principio de probidad, y además en todas sus actuaciones, “es decir, en una exigencia sumamente alta”, explicó. “Dentro de la definición del principio de probidad hay tres elementos, y el tercero es la primacía del interés general por sobre el particular, siempre que se deponga un interés privado, un interés particular por sobre el interés común o el interés general y el interés público. Para estos efectos es lo mismo, vamos a estar en presencia de una infracción en la constitución y una infracción al principio de probidad constitucional”, indicó. Apuntando que no solamente está la idea de tener patrimonio en islas de tributación baja o islas paraíso, “lo cual en sí mismo no es un delito o no es reprochable”, el académico enfatizó en que, si es grave la cláusula que se habría pactado para efectos de obtener un pago para el evento en que, en un determinado periodo de tiempo, no se estableciera una protección ambiental en un predeterminado terreno, y ese pago impacte en el patrimonio del mandatario. “Más allá de que pueda haber responsabilidad penal o responsabilidad tributaria, donde el SII también ha anunciado que está recopilando antecedentes, lo cierto es que también nos podemos encontrar con la responsabilidad constitucional, lo que normalmente escuchamos como la acusación constitucional”, sostuvo el abogado. Finalmente, Zambrano explicó que lo que viene en el proceso es que la Cámara de Diputados vote si la acusación es admisible o no para que luego el Senado, por las dos terceras partes, vote si la acusación es justificada o no. “Me parece naturalmente que estamos en presencia de un conflicto importante con el principio de probidad administrativa que puede eventualmente llevar hacia una acusación constitucional y la destitución del presidente de la república, eso es una posibilidad”.
acusación constitucional
El Jefe de la Bancada de Diputadas y Diputados del PPD, Raúl Soto, afirmó que “como Bancada hemos acordado sumarnos decididamente a la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, a su estudio, presentación y firma, porque los antecedentes que se han conocido respecto a Pandora Papers son de extrema gravedad, y no podemos simplemente tolerar ese tipo de actos de autoridades de nuestro país, menos del Presidente de la República”. Respecto a que la Fiscalía abriría causa penal contra el Mandatario, pues contrato original de compraventa de Dominga no estuvo incluido en investigación del 2017, el diputado Soto señaló que “esto debe ser investigado y que se persigan todas las responsabilidades, no solo las penales, sino que también las políticas”. Por su parte, la diputada Andrea Parra, sostuvo que “tener a un presidente con una eventual causa penal abierta, que es portada en todo el mundo por un hecho de corrupción, y al cual nadie le cree, es un golpe bajo a la República y a la Democracia. Por eso apoyo e impulso la acusación constitucional contra el Presidente Piñera. Chile debe ponerle coto a su sinvergüenzura”. En tanto, la diputada Cristina Girardi manifestó que “me parece que los hechos son absolutamente graves, una infamia, y esto ocurre en el gobierno actual de Pïñera. El proyecto Dominga, si bien había sido rechazado por el gobierno de Bachelet, este fue reflotado y aprobado finalmente en el consejo regional por los votos de los seremis de esta administración. Por lo tanto, a mi me parece que hay una responsabilidad absolutamente clara de este gobierno para terminar de concretar lo que se estableció en ese contrato hace varios años atrás”. «Lo otro relevante es que el Consejo de Ministros durante el gobierno de Bachelet acordó crear un área marina costera protegida en la zona, y este gobierno no tramitó los decretos necesarios, no se avanzó con esa decisión. Lo que ocurrió en el primer gobierno de Piñera y lo que ocurre hoy día está absolutamente ligado. Se traspasaron todos los límites de la ética, puede ser que no de la legalidad, pero los de la ética están absolutamente traspasados”, indicó la diputada Girardi. Finalmente, el diputado y Presidente de la Comisión de Medioambiente, Ricardo Celis, insistió en que “debe responderse políticamente por estos graves hechos que afectan la fe pública y el medioambiente en medio de la urgencia climática del planeta”.
Los diputados Socialistas, Marcos Ilabaca y Leonardo Soto, consideran que «por la gravedad», de los antecedentes que lo involucran, la Acusación Constitucional en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera, será aprobada en la Cámara de Diputados y Diputadas. El diputado Ilabaca afirmó que «a partir del escándalo internacional que ha provocado el Presidente Sebastián Piñera, a través de los Pandora Papers, es de tal magnitud, que podemos tener un apoyo transversal en la acusación constitucional, en la Sala de la Cámara. Sin embargo, el legislador PS considera que «más importante es lo que ocurra en el Senado. Es importante poder convencer a los senadores, respecto de la tremenda responsabilidad del Presidente de la República en hechos que son gravísimos. que en sus diferentes aristas existen muchos flancos. Por ejemplo, porqué un Mandatario firma un contrato en paraísos fiscales?, es para evadir impuesto o para ocultar algo obscuro?». A juicio del diputado Ilabaca, la cantidad de interrogantes que existen en el ámbito legal, tributario y la defensa del medio ambiente, es de tal magnitud que yo espero que en el Senado existan los votos suficientes para aprobar la AC». «De manera que estoy convencido que en la Cámara si vamos a tener los votos suficientes para avanzar en la AC, porque al Presidente de la República se le exigió una respuesta y hasta el momento, no ha dicho nada. Se ha limitado a decir que ya fue investigado y salió inocente. Señor Presidente, la altura ética-moral que la primera autoridad de la República debe tener, es muy superior a la que usted le está entregando a Chile», aseguró el diputado Ilabaca. Por su parte, el diputado Soto, afirmó que «esto de ponerle precio, negociar y vender sus atribuciones presidenciales en un contrato firmado que todo Chile conoce y que ha sido revelado hace una semana, es el hecho más grave de corrupción presidencial que hayamos conocido”, sostuvo el diputado PS Leonardo Soto asegurando que la acusación constitucional “tiene mayor fundamento en la historia reciente de nuestro país, porque se basa en un hecho que es objetivo, reconocido y que nadie ha discutido”. Añadió que “en el año 20120 representantes del Presidente Piñera firmaron un contrato por el proyecto millonario de Dominga en un paraíso fiscal, donde él como parte de ese contrato, se comprometió, negoció, puso precio y vendió parte de sus atribuciones presidenciales al comprometerse a cambio de 9 millones de dólares con su contraparte, a no proteger un santuario de la naturaleza ubicado en la zona donde se podía haber emplazado el proyecto Dominga”, resumió el legislador asegurando que “el hecho base, de corrupción, político y más rotundo que se conozca, está completamente configurado”. En esa línea, Soto sostuvo que “las dos causales que va a tener la acusación constitucional tienen un notable y profundo fundamento, ya sea en cuanto a la infracción de principio de probidad, él antepuso el interés de todos los chilenos, puso sus atribuciones presidenciales, sus herramientas y decretos, al servicio de una […]
El parlamentario aseguró que por “dignidad y el futuro de Chile” se debe aclarar lo que revelaron los Papeles de Pandora, incluso con acciones judiciales, además del juicio político que puede llevar la Cámara de Diputadas y Diputados. “Tenemos un Presidente que no ahora, sino que en numerosas oportunidades ha demostrado que siempre privilegia su interés particular sobre el interés de la sociedad, el de todos los chilenos a través de distintos escándalos de información privilegiada, de cohecho, corrupción y en este caso, de negociaciones incompatibles a propósito del proyecto Dominga”, afirmó el diputado PS Leonardo Soto anunciando su respaldo a la Acusación Constitucional en contra del mandatario. “Creemos que todos los parlamentarios debiéramos tomar un lápiz y decir dónde firmó una acusación constitucional para que se haga responsable la primera autoridad del país de todo el daño que está causando a nuestras instituciones democráticas con el mal ejemplo que le da a todos los chilenos”, aseguró el parlamentario. Luego de conocerse los antecedentes que involucran a la familia presidencial en la compraventa del proyecto Dominga, a juicio del legislador, “el golpe que le está dando Sebastián Piñera a todas nuestras instituciones democráticas es devastador a la credibilidad pública y a la confianza de todos los chilenos”. “Hoy día por dignidad, por el futuro de Chile, tenemos que terminar con este modelo de progreso de los grupos económicos y tenemos que hacerlo a través de una Comisión Investigadora, de una acusación constitucional y también a través de acciones judiciales que comprueben a ciencia cierta todos los aspectos que hoy día se conocen”, detalló Soto, quien sostuvo que “los hechos son reconocidos por el Presidente, no los discute, dice que no los conocía, que es distinto, pero dice que la opinión pública los conocía, son hechos reales”. Por lo tanto, agregó el diputado, “lo que cabe es que nuestro sistema democrático tome todas las acciones necesarias para castigar de manera ejemplar el mal ejemplo que le da Sebastián Piñera a todos los chilenos y chilenas”. —
La diputada lamentó la ausencia de parlamentarios en la rechazada acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa. “Los que no participaron son tan responsables como aquellos que niegan la situación que está ocurriendo en las escuelas”. Tras rechazarse en la Sala por 71 votos a favor y 76 en contra la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, la diputada Cristina Girardi, sostuvo que esto es un duro golpe en la búsqueda de mejoras en la educación pública en nuestro país. “Esto no es solo una acusación constitucional o perseguir a un ministro. Esto tiene que ver con las condiciones con la que se está desarrollando la educación de los niños más pobres de Chile”, sostuvo la parlamentaria. “Estamos en pandemia y la situación sanitaria de las escuelas se hace sumamente relevante y hoy las condiciones no se cumplen. Me llama la atención este nivel de negacionismo de parlamentarios de no querer ver la realidad de las escuelas. Las escuelas que denuncié no son municipales, son administradas por el Mineduc a través de los Servicios Locales de Educación Pública”, agregó. Finalmente, Girardi criticó a los parlamentarios que no estuvieron presentes en la acusación constitucional, enfatizando que era su deber participar en tan importante instancia para el futuro de la educación pública. “Los que se restaron de participar en este proceso, se restaron también de asegurar y garantizar, que es el rol de este Parlamento, el derecho a la educación en las condiciones que se merecen los niños de este país. Los que no participaron son tan responsables como aquellos que niegan la situación que está ocurriendo en las escuelas”.
La parlamentaria acusó al diputado Juan Fuenzalida de negarle al abogado constitucionalista Jaime Gajardo la posibilidad de intervenir en la comisión, esto, en un momento cúlmine de la instancia en lo que podría significar una maniobra política de la derecha. La parlamentaria, única representante de la oposición en esta instancia revisora de la acusación constitucional, presentó la censura basándose en el artículo 211 del Reglamento de la Cámara sobre la conducta del presidente de la comisión, señalando que de acuerdo al artículo 196 “sólo por la unanimidad de los diputados presentes en la comisión podrá revocarse un acuerdo previo válidamente adoptado”, esto, en relación a recibir invitados los días 10 y 11 de agosto inclusive , acuerdo que no se habría respetado, dejando fuera de las exposiciones al abogado constitucionalista Jaime Gajardo quien se referiría a la contestación del Ministro. La diputada Marisela Santibáñez a raíz de esto indicó que la invitación se cursó pasadas las 22:00 horas de ayer para el abogado, por lo que “me tuve que limitar de acuerdo al artículo 211 a hacer un reclamo de conducta al presidente de esta comisión el diputado Juan Fuenzalida que dejó sin efecto la invitación al abogado constitucionalista, el Sr. Gajardo quien iba a hacer el análisis de la contestación, lo que es un punto relevante en la acusación constitucional” Para la legisladora del PC, esto significó una falta de respeto “a la comisión, hacia mi persona siendo la única diputada de oposición en esta acusación constitucional, sino que también a la Cámara de Diputados, pero también hacia los compañeros y compañeras que firmaron esta acusación constitucional contra el Ministro Figueroa”. Marisela Santibáñez indicó que esta decisión arbitraria del diputado Fuenzalida es inaceptable, pues “en momentos tan importantes, saltarnos a un invitado porque simplemente se le ocurrió que no escucháramos a los abogados que venían a plantear lo de la contestación a la defensa, algo a lo que yo me opuse, esto a través de un chat y recién a las 10 de la noche se toma la decisión de invitarlo por la presión que ejercimos cuando hicimos notar que el 5 de agosto se tomaron los acuerdos”. “Cuando no se cumplen los acuerdos, se produce una falta, cuando no se cumplen los acuerdos, no se procede correctamente, así es que la censura al presidente de la Comisión revisora está planteada”, recalcó la parlamentaria a la salida de la comisión. Cabe señalar que este miércoles es el último día de comisión, “donde vamos a argumentar y votar, pero más allá de donde llegue esta acusación creemos que el procedimiento en nuestras distintas comisiones merece el mismo respeto y el argumento entregado por el diputado diciendo que “mi vida no gira en torno a la acusación constitucional por lo tanto no contesté a tiempo”, me parece que está fuera de lugar para el respeto que le debemos a nuestro juramento , el respeto que le debemos a las labores que nos asignan y recordar que la presidencia de esta comisión […]
Este lunes organizaciones de la educación se reunieron con diputadas y diputados de oposición y sumaron antecedentes para la Acusación Constitucional anunciada la semana pasada en contra del ministro de Educación Raúl Figueroa. “La mañana de este lunes nos reunimos con distintas organizaciones del mundo de la la educación, apoderadas, trabajadores y trabajadoras de la educación y también estudiantes, con quienes hemos conversado y nos han entregado nuevos antecedentes para la realización de la Acusación Constitucional, que se suman a los antecedentes que veníamos trabajando referidos a la no garantía del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes y también a las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras”, explicó tras el encuentro la diputada Camila Rojas (Comunes), en el que también participaron los diputados Rodrigo González, Juan Santana y representante del diputado Gonzalo Winter. “La acusación va, la vamos a presentar, evidentemente lo que hoy se ha incorporado como antecedentes tenemos que sistematizarlo y sumarlo al texto acusatorio, y en eso quedamos de acuerdo con las y los diputados presentes en la reunión. Esto no es un capricho, estas organizaciones además nos cuentan lo excluidas que han estado de la toma de decisiones por parte del Ministerio, y por lo tanto nosotras tenemos el deber de visibilizar esa situación y que, sobre todo, aquellas ilegalidades e irregularidades que se han cometido tengan responsabilidades administrativas y políticas”, agregó la parlamentaria del Frente Amplio. Entre las organizaciones presentes estuvieron: Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, Confech, Unidos por la Educación, Aprojunji, Anef, CUT, Consejo Nacional Asistentes de la Educación (CONAECH. Santiago de chile, 5 de julio 2021 Crónica Digital
