La encuesta semanal Signos/El Mostrador reveló hoy que las policías, el Ministerio Público y los tribunales y jueces de Chile son percibidos entre la población como entidades con elevadas muestras de corrupción. Esta es la segunda medición consecutiva con ese resultado tras la renuncia del ex director de la Policía de Investigaciones (PDI) Sergio Muñoz, quien actualmente cumple prisión preventiva por filtrar información sensible a un abogado. Ante una escala donde uno es nada Corrupto y siete muy Corrupto, Carabineros recibió la nota de 4,4; la PDI 5,0; el Ministerio Público o Fiscalía fue calificado con 5,3 y los Tribunales y jueces 5,6. Los resultados son muy semejantes a los obtenidos el fin de semana anterior. Ante la pregunta de si el cambio en la dirección general de la PDI será suficiente para resolver los problemas en esa institución, el 81,2 por ciento respondió que no, y apenas 15,3 de cada 100 opinaron lo contrario. Respecto a la situación económica de Chile, 16,8 por ciento la consideran buena; 36,5 dicen que es regular; 25,3 la señalan de mala; para el 18,6 resulta muy mala y apenas 0,6 respondieron muy buena. Por otra parte, casi 60 de cada 100 aseguraron que el país está retrocediendo, 26 apuntaron a un eventual progreso y 14 lo notan estancado. En cuanto a las tendencias presidenciales la encuesta Signos/El Mostrador refleja una inclinación hacia la derecha, encabezada por la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, del conservador partido Unión Demócrata Independiente, con 26,3 puntos. Le sigue de lejos el ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano (16,8), sobre quien pesan los resultados negativos del segundo plebiscito Constitucional celebrado en diciembre pasado. Carolina Tohá, ministra del Interior y quien no ha expresado ninguna intención de participar en la lucha por el Palacio de La Moneda, aparece tercera en las simpatías de los encuestados, con 13,5 unidades porcentuales. El sondeo se realizó por vía internet del 27 al 29 de marzo a un universo de mil 208 personas, escogidas aleatoriamente por edad, sexo y nivel de formación. Santiago de Chile, 31 de marzo 2204 Crónica Digital/PL
corrupcion
Más de la mitad de los chilenos consideran que el nivel de corrupción en el país es muy elevado, según los resultados de la encuesta Signos/El Mostrador, divulgados aquí El sondeo se realizó después del escándalo protagonizado por el ex director general de la Policía de Investigaciones (PDI) Sergio Muñoz, quien renunció a su cargo y fue enviado a prisión preventiva por filtrar información sensible al abogado Luis Hermosilla. A su vez, este jurista es indagado por la difusión de algunos audios donde mostraba su disposición de pagar dinero a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero a cambio de favores. Interrogados acerca de su percepción del país en materia de corrupción, el 52 por ciento respondió que este es un fenómeno muy alto, 30 de cada 100 lo consideraron alto y sólo cinco se inclinaron por la nota de muy bajo. Respecto a la situación actual comparada con cinco años atrás, 60,2 aseguraron que el problema es mayor, 31,8 opinaron que se mantiene igual y 5,2 apuntaron a una mejoría. En una escala de uno a siete, donde uno es “nada corrupto” y siete “muy corrupto” el Cuerpo de Carabineros recibió la nota de 4,4; la PDI 4,9; el Ministerio Público 5,2 y los tribunales y jueces 5,7. Si bien Carabineros resultó el mejor evaluado, la situación de su director, el general Ricardo Yañez, empeoró porque 45,3 por ciento piensa que debe renunciar ahora, mientras en enero pasado, ante la misma pregunta sólo 37,5 pensaban lo mismo. El militar será instruido de cargos en mayo próximo por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social iniciado en octubre de 2019. Un punto importante de la encuesta es que cuando se le preguntó a los participantes si habían sido víctimas de un hecho de corrupción en los últimos cinco años, sólo 28,1 por ciento dijo que sí, mientras 69,3 respondieron negativamente. Santiago de Chile, 25 de marzo 2024 Crónica Digital/PL
El ministro chileno de Justicia, Luis Cordero, advirtió hoy que las investigaciones en curso aquí contra un reconocido abogado pueden tener una dimensión de redes y vínculos todavía aún por conocer. Peritajes realizados al celular del letrado Luis Hermosilla ya provocaron la caída del director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, al descubrirse más de 500 mensajes entre ambos donde el funcionario reveló información secreta sobre hechos de alto impacto. «Para ser franco, el celular de Hermosilla puede ser una caja de pandora», aseguró el ministro de Justicia. En declaraciones a Radio Infinita, precisó que las posibilidades de contactos profesionales del abogado son muchas, tenía su práctica en materia penal y estuvo asesorando a dos administraciones en una posición que es del Ministerio del Interior. De acuerdo con Cordero, simplemente en las conversaciones telefónicas hay algunas que pueden ser completamente impropias, excesos de confianza, y otras genuinamente constitutivas de delitos. Solo en la comunicación entre Hermosilla y el exjefe de la PDI hay filtración de documentos sobre el caso de la compraventa de la minera Dominga, realizada en un paraíso fiscal y que beneficiaba al expresidente Sebastián Piñera y su familia. El exjefe de la Policía de Investigaciones, nombrado en 2021 durante la segunda administración de Piñera (2018-2022), también reveló datos acerca de las indagaciones contra el exmandatario por su eventual intervención para beneficiar el casino Enjoy. También hubo filtraciones sobre el proceso contra el exalcalde de la comuna de Vitacura Raúl Torrealba por corrupción y otros ilícitos y el exjefe comunal de Lo Barnechea, Felipe Guevara, por negociación incompatible en la adjudicación de un proyecto a su hermano Matías Guevara. En días recientes, la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la posible existencia de una red de corrupción de cuello y corbata, organizada para entorpecer la labor investigativa de la Fiscalía en distintas causas asociadas a corrupción. Santiago de Chile, 22 de marzo 2024 Crónica Digital/PL
El exministro del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires formaba parte de los equipos de confianza de la exgobernadora macrista y ahora diputada María Eugenia Vidal. Un nuevo escándalo vuelve a involucrar hoy a exfuncionarios del gobierno de Juntos por el Cambio, alianza que llevó al poder en 2015 al expresidente argentino Mauricio Macri, esta vez en la provincia de Buenos Aires. La filtración de un video que muestra al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas hablando sobre la creación de una «gestapo» (policía secreta de la Alemania nazi) para acabar con varios gremios sindicales, vuelve a remover los cimientos de esa alianza opositora, salpicada por otro episodio más casi al cerrar este 2021. La noticia ocupa las primeras planas de los principales diarios del país y ya incluso hoy fue radicada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que conduce Cristina Camaño, una denuncia penal ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de la ciudad de La Plata 3. «Si yo pudiera tener una gestapo, lo haría», se escucha claramente al exministro, que durante los años de gestión de Macri estuvo a cargo de la ahora diputada María Eugenia Vidal. Villegas confirma la voluntad política de armar causas para perseguir a adversarios sindicales en un encuentro en el cual estaban presentes empresarios de la construcción y funcionarios de la provincia y de los municipios de ese territorio. El impacto del video levantó una polvareda contra la alianza opositora, cuyo fundador -Macri-, este año ha sido constantemente blanco de noticias por varios hechos. Estos van desde el envío de armas a Bolivia para reprimir las protestas que se sucedieron tras el golpe de Estado contra Evo Morales hasta los casos de espionajes desde la AFI, bajo su gestión. El repudio del Gobierno no se hizo esperar. En un hilo de mensajes en su cuenta en la red social Twitter, la vicepresidenta, Cristina Fernández, cuestionó la falta de reacción del Poder Judicial ante las evidencias y enumeró a cada uno de los integrantes que estuvieron en la reunión con Villegas en aquel entonces. «Qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Macri y María Eugenia Vidal», subrayó Fernández. Ministro, subsecretario, senador, intendente, empresarios y altísimos funcionarios de la AFI todos sentados en la misma mesa, fotografiados y grabados cuando hablaban de armar causas judiciales, en este caso contra dirigentes gremiales, agregó la exmandataria. La vicepresidenta también se preguntó que otras pruebas necesitará la sociedad argentina, «más allá de las lógicas y legítimas adhesiones, para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno, no es un relato partidario». El presidente, Alberto Fernández, instruyó a la interventora de la AFI para que se presentara ante la justicia a fin de que se investigue la posible comisión de delitos. En otro hilo de mensajes, replicados por el propio mandatario, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, señaló que […]
La actual gestión denuncia que el municipio gastó más de 147 millones de pesos en horas extraordinarias. Mediante un comunicado la Municipalidad de Santiago informó que interpuso una querella por “Fraude a una Municipalidad y falsificación de documento público” en contra de funcionarios de alta confianza del exalcalde Felipe Alessandrí (RN). Desde la municipalidad de señalan que «la acción judicial se enmarca en la revisión de antecedentes relativos al pago por concepto de trabajos extraordinarios que, supuestamente, dichos funcionarios, habrían realizado los días sábados, domingos y festivos». En el texto de la querella, se indica que, “sólo entre estos tres estrechos colaboradores del ex Alcalde Alessandri, el Municipio de Santiago desembolsó, por concepto de supuestos trabajos extraordinarios, la suma total de ciento cuarenta y siete millones doscientos ochenta y seis mil ciento un pesos ($147.286.101)”. Los hechos antes mencionados constituirían una situación de extrema gravedad. En ese entendido, desde la administración liderada por la alcaldesa Irací Hassler, destacan «que esta acción judicial refrenda nuestro compromiso por la total transparencia, probidad y administración de los recursos municipales».
En 2019 y vía oficio, parlamentario había solicitado al organismo que se instruyeran los procedimientos administrativos de fiscalización que correspondieran, a raíz de las denuncias que involucraban a la entonces autoridad del gobierno de Sebastián Piñera, quien ofrecía tierras en la Región de Antofagasta a cambio de firmas para un partido. Estimando el pronunciamiento de la Contraloría y, a la vez, repudiando el actuar de la ex subsecretaria de Bienes Nacionales reaccionó el senador, Pedro Araya Guerrero, luego que el organismo ratificara las acusaciones que surgieron, hace unos años, cuando se dejó entrever el ofrecimiento que efectuaba Alejandra Bravo con el fin de conseguir que pobladores se inscribieran en la tienda política Nueva Clase Media. “Valoramos el dictamen de la Contraloría General de la República que acogió las denuncias que se presentaron en su oportunidad, respecto de las faltas graves a la probidad que estaba cometiendo la ex subsecretaria de Bienes Nacionales Alejandra Bravo al favorecer a los partidarios del Presidente Sebastián Piñera con actuaciones de bienes nacionales, esta situación era inaceptable y hoy la contraloría ha ratificado la veracidad de estas denuncias”. Asimismo, el parlamentario agregó que “por esa razón esperamos de una vez por todas que el Presidente d de la Republica y el ministro de Bienes Nacionales entiendan que tienen que trabajar por la gente de la región, ayudarles a solucionar con los distintos problemas que hay con los terrenos en la región de Antofagasta, en sus distintas comunas, independiente de su afiliación política, la labor de ellos es ayudar a los chilenos y chilenas y no favorecer a quienes son sus partidarios”
El 7° Juzgado de Garantía capitalino acogió la acción legal enmarcada en el conocido caso de los “títulos falsos” al interior de la institución. Prevaricación administrativa y falsificación de instrumento público son algunos de los delitos que se investigarán. El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decidió tramitar en tiempo récord una querella presentada en contra de 3 funcionarios de Gendarmería vinculados al bullado caso “títulos falsos”, por los delitos de prevaricación administrativa, falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y por incumplimiento al deber de denuncia. La acción legal fue presentada por el ex jefe del departamento del jurídico de la institución, Enrique Aguirre Vilches, y recae sobre el coronel Renán Sepúlveda Aldunate, el funcionario Rodrigo Lorca Elizalde y la abogada Elizabeth Ubilla Contreras, acusando al primero de supuestamente falsificar una firma y a Ubilla de haber intervenido en un sumario que le fue requisado por, supuestamente, haber sustraído antecedentes y con estos vicios haberlos derivado como medio de prueba al Ministerio Público, según lo señaló el ex capitán Leandro Tegler. Cabe recordar que Tegler fue uno de los condenados del caso “títulos falsos”, siendo acusado de hacer creer a funcionarios de Gendarmería y a personas ajenas a ésta, sobre la posibilidad de obtener un título profesional de la Universidad de la República (ULARE) y en la SEK. Para ello, se habría valido de un supuesto certificado falso que acreditaba su calidad de egresado de la ULARE, para así cobrar sobresueldos. Pero, posterior a su sentencia, el propio persecutor le devolvió su carpeta de estudios y ésta, contradiciendo la sentencia y al propio Fiscal Jaime Retamal, contenía un certificado de título del instituto Arturo Prat, por lo que este último inició acciones legales contra el persecutor. Sin perjuicio de ello, el condenado ha manifestado insistentemente su inocencia en esta causa, dando a conocer una serie de irregularidades que se sucedieron a lo largo del juicio. Prueba de ello es que diversas pericias realizadas por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, determinaron la falsedad de las firmas estampadas en diversos documentos vinculados a este caso. A juicio del abogado querellante, Enrique Aguirre, “el señor Renán Sepúlveda Aldunate, Rodrigo Lorca Elizalde y Elizabeth Ubilla Contreras, llevaron a cabo actuaciones ilícitas, faltaron a la verdad en sus testimonios, introdujeron testigos falsos con el fin de que la investigación penal en la que se vieron involucrados no arroje resultados y de esta manera se amparaban en la impunidad”. Asimismo, añadió que “los lícitos habrían sido cometidos atentando contra la probidad pública, y dan cuenta de un nivel organizado de corrupción que atenta contra todo el orden establecido y pone en duda la institucionalidad estatal y la eficacia de la persecución de ilícitos por parte del Ministerio Público y las Policías, toda vez que al interior de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile se efectuó un cúmulo de procedimientos administrativos prevaricatos”. Como resultado de esta acción legal, se solicitó a la OS-7 de Carabineros investigar estos hechos, se llamará a […]
“Son pésimas noticias, sin lugar a dudas. Nadie quiere que finalmente la desconfianza en las instituciones se siga profundizando”, afirmó la Presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, tras ser consultada por el impacto de la querella criminal presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra del ex director de la Policía de Investigaciones (PDI), y de quienes resulten responsables, por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, y lavado de activos. La Titular del CPLT comentó que la Encuesta Nacional de Transparencia del Consejo del 2020 “aparecía efectivamente la Policía de Investigaciones como una de las instituciones más confiables en el país, en el top 5 de las instituciones más confiables en el combate contra la corrupción. Evidentemente, no teníamos estos antecedentes a la vista y habrá que ver lo que la justicia dice al respecto”. “También sabemos y eso es el vaso medio lleno dentro de lo compleja y la mala noticia que recibimos asociada a esta institución y es que aquí operaron las instituciones para generar la alerta temprana. “Esto es coincidente con un dato de nuestra encuesta, respecto de hace 10 años, las personas creen que hemos ido generando mejores condiciones para dar cuenta de situaciones de corrupción”. Sin embargo, agregó: “eso no quiere decir que estemos en un buen pie porque esa misma encuesta nos dice que un 67% de los encuestados cree que existe corrupción en el sector público”. Respecto a la situación De la Fuente sostuvo la necesidad de pensar más integralmente el combate contra la corrupción. “Hay que ser claros y categóricos. Aquí no basta con generar una Ley de Transparencia que permita hacer determinadas cosas. Eso no es suficiente, fortalecer un ecosistema de transparencia e integridad pública implica: tener una Ley de Transparencia, otras normativas, pero también tener sanciones adecuadas. Si avanzamos de esa manera vamos a generar reglas del juego que rijan para todos y no con privilegios para algunos”, planteó. Gastos reservados y rendición de cuentas Sobre la rendición de cuentas de gastos reservados, De la Fuente apuntó a la necesidad de ir limitando espacios en los que se impone la opacidad en las instituciones de las FFAA y de Orden y Seguridad. Al respecto dijo: “Hay que ponerle un límite en general a espacios potenciales de discrecionalidad”. Explicó que “La rendición de cuentas no es solamente para un tipo de institución, es para todo tipo de entidades, particularmente cuando se trata de recursos públicos que se destinan a determinadas materias”. Asimismo, comentó que “Particularmente en instituciones que tienen una labor respecto al control público, a la investigación de delitos, de crímenes, la necesidad de generar mecanismos de accountability y rendición de cuentas es cada vez más importante”. Destacó la contribución de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha sido una contribución en la apertura que se requiere para afrontar la crisis de desconfianza. Sin embargo, planteó también necesidad de “avanzar en aquellas cosas […]
El escándalo de corrupción detectado en las filas de Carabineros de Chile adquirió hoy mayores proporciones, al revelarse que 43 personas se apropiaron de una cifra equivalente a 26 millones de dólares. El fiscal del caso, Miguel Angel Orellana, señaló en una vista pública que en las últimas indagaciones se encontraron 528 millones de pesos (unos 781 mil dólares), con lo cual los desvíos de recursos ascienden a 17 mil 528 millones de pesos. Los 43 implicados en el colosal fraude, que al cambio actual sería de 26 millones de dólares, provocaron una situación embarazosa para una institución policial que goza de cierto reconocimiento por parte de la población. El tribunal decretó este martes para otros nueve sindicados arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de entablar comunicación con otros acusados durante la investigación. Los nuevos encartados son Raúl Albayay, Javier González, Ronaldo Sanzana, Sergio González, José Manuel Valenzuela, Charles Villarroel y Jaime Astudillo. Por tratarse de un caso de menor relevancia, el VII Juzgado de Garantía de Santiago dictaminó arresto domiciliario parcial, prohibición de salir del país y de comunicarse con otros imputados a Sacha de la Cuadra. Aunque no fue considerado una agravante al expediente, se conoció del intento de restitución de 70 millones de pesos (103 mil dólares) a la cuenta de Carabineros por parte del teniente coronal Raúl Albayay. El alto oficial, contador jefe del Departamento IV Finanzas de la Dirección General de la entidad, finalmente entregó el dinero a la Fiscalía como un acto voluntario de algunos acusados y las incautaciones realizadas durante el proceso. Si bien cada día el escándalo adquiere mayores proporciones, el propio Ministerio Público adelantó hoy que las personas formalizadas por el fraude podrían ascender a 80 en las venideras semanas. La esencia de los delitos apunta al desvío de dinero de cuentas corrientes de la institución hacia cuentas personales de los oficiales investigados. El detonante fue un informe de un banco a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a raíz de una transacción de dinero sospechosa bajo las nuevas leyes de lavado de activos. Era una suma de alrededor de 450 mil dólares, que la UAF pensó estaba relacionada con el narcotráfico y sin embargo, derivo en el fraude de Carabineros. Santiago de Chile, 10 de mayo 2017 Crónica Digital /PL
La dirección de Carabineros de Chile confirmó que la cifra de funcionarios dados de baja por un escándalo de corrupción asciende a 40, mientras el proceso de investigación se extiende y amenaza con más expedientes. De acuerdo con el general Bruno Villalobos, director de Carabineros de Chile, remarcó que «serán implacables con quienes han traicionado los valores de la institución». Esperamos que todos los culpables sean juzgados y llevados a la cárcel, enfatizó. En pesos chilenos, el monto escamoteado con una serie de actos ilícitos asciende a 16 millones 500 mil, alrededor de 25,2 millones de dólares, en un proceso que según los encargados de las pesquisas apenas está comenzando. El ministro del Interior de Chile, Mario Fernández, anunció un plan de reestructuración en Carabineros con el fin de que los cambios impidan que se repitan hechos como el actual, calificado el más grande en toda su historia. Será un programa que no tiene precedentes en las últimas décadas, ya que esto abarcará aspectos administrativos y legales, con la idea de estudiar a fondo toda la estructura de Carabineros, declaró Fernández. De momento hay 11 uniformados en prisión. El séptimo juzgado de Garantía decretó reclusión preventiva de cuatro imputados por considerar su libertad un peligro para la sociedad. Dos de ellos, Claudio Venegas y César Fernández, eran oficiales de alto rango de Carabineros. Los otros dos nuevos detenidos son los civiles Patricio Morales y Jaime Valenzuela, quienes participaron en las operaciones de desfalco a la institución, considerado el mayor fraude de su historia. El escándalo sacudió a la ciudadanía, que en líneas generales tiene una buena opinión de las labores de Carabineros. En marzo pasado estalló el asunto y las investigaciones hasta ahora señalan que pudieron apropiarse de cifras millonarias. Según fuentes oficiales, en la audiencia de hoy la justicia fijó medidas cautelares de arresto domiciliario y prohibición de salir del país a otras 11 personas. La Fiscalía argumenta que entre 2006 y 2007 «los imputados se asociaron y organizaron con el fin de cometer el delito de malversación de caudales públicos». Adulteraron registros en las bases de datos de la Policía para transferir dineros estatales a cuentas de oficiales activos o en retiro, familiares y civiles, justificando esos movimientos como remuneraciones y viáticos, entre otros. Santiago de Chile, 16 de abril 2017 Crónica Digital /PL
