El exministro del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires formaba parte de los equipos de confianza de la exgobernadora macrista y ahora diputada María Eugenia Vidal.
Un nuevo escándalo vuelve a involucrar hoy a exfuncionarios del gobierno de Juntos por el Cambio, alianza que llevó al poder en 2015 al expresidente argentino Mauricio Macri, esta vez en la provincia de Buenos Aires.
La filtración de un video que muestra al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas hablando sobre la creación de una «gestapo» (policía secreta de la Alemania nazi) para acabar con varios gremios sindicales, vuelve a remover los cimientos de esa alianza opositora, salpicada por otro episodio más casi al cerrar este 2021.
La noticia ocupa las primeras planas de los principales diarios del país y ya incluso hoy fue radicada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que conduce Cristina Camaño, una denuncia penal ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de la ciudad de La Plata 3.
«Si yo pudiera tener una gestapo, lo haría», se escucha claramente al exministro, que durante los años de gestión de Macri estuvo a cargo de la ahora diputada María Eugenia Vidal.
Villegas confirma la voluntad política de armar causas para perseguir a adversarios sindicales en un encuentro en el cual estaban presentes empresarios de la construcción y funcionarios de la provincia y de los municipios de ese territorio.
El impacto del video levantó una polvareda contra la alianza opositora, cuyo fundador -Macri-, este año ha sido constantemente blanco de noticias por varios hechos.
Estos van desde el envío de armas a Bolivia para reprimir las protestas que se sucedieron tras el golpe de Estado contra Evo Morales hasta los casos de espionajes desde la AFI, bajo su gestión.
El repudio del Gobierno no se hizo esperar. En un hilo de mensajes en su cuenta en la red social Twitter, la vicepresidenta, Cristina Fernández, cuestionó la falta de reacción del Poder Judicial ante las evidencias y enumeró a cada uno de los integrantes que estuvieron en la reunión con Villegas en aquel entonces.
«Qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Macri y María Eugenia Vidal», subrayó Fernández.
Ministro, subsecretario, senador, intendente, empresarios y altísimos funcionarios de la AFI todos sentados en la misma mesa, fotografiados y grabados cuando hablaban de armar causas judiciales, en este caso contra dirigentes gremiales, agregó la exmandataria.
La vicepresidenta también se preguntó que otras pruebas necesitará la sociedad argentina, «más allá de las lógicas y legítimas adhesiones, para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno, no es un relato partidario».
El presidente, Alberto Fernández, instruyó a la interventora de la AFI para que se presentara ante la justicia a fin de que se investigue la posible comisión de delitos.
En otro hilo de mensajes, replicados por el propio mandatario, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, señaló que también deben investigarse las circunstancias en las que se produjo esa filmación.
Ello para corroborar si era un modus operandi del anterior gobierno realizar espionaje sobre las reuniones que se llevaban adelante en los edificios públicos.
No resulta indiferente tampoco que los participantes hagan gala de tener todo acordado con el Procurador General de la provincia, Julio Conte Grand, el juez y el fiscal, apuntó Cerruti.
Por otro lado, recordó que, en un procedimiento de rutina de limpieza de discos rígidos, la AFI encontró grabaciones de una reunión de 2017 en el Banco Provincia en la que funcionarios bonaerenses acordaban el armado de causas contra gremialistas.
El bloque de diputados del oficialista Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires presentó también en esta jornada un proyecto de repudio al accionar de los funcionarios de la administración de la exgobernadora Vidal.
En su escrito, el Frente subrayó que el video «permite apreciar la existencia de un modus operandi común a los Gobiernos nacional y provincial, que violenta todos los principios democráticos y conculcó sistemáticamente derechos de las distintas personas físicas, sindicales y jurídicas, que fueron ilegalmente perseguidas».
