ONU DENUNCIA DETENCIÓN POR ISRAEL DE CIENTOS DE NIÑOS PALESTINOS

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) denunció hoy la detención por Israel de cientos de niños palestinos cada año, quienes sufren múltiples atropellos durante ese proceso.

 

De acuerdo con el nuevo boletín humanitario mensual de la agencia, en los últimos tres años, un promedio anual de 700 menores de edad palestinos fueron detenidos por los ocupantes en Jerusalén Oriental, bajo cargos de lanzar piedras o incitar a la violencia en las redes sociales.

Varios de esos casos dispararon las preocupaciones por los abusos cometidos por las fuerzas israelíes durante el arresto, el traslado o la interrogación de los niños, advirtió.

Para la OCHA, no menos inquietantes son los cambios en la legislación de Israel, dirigidos a endurecer las sentencias para los niños acusados de lanzar piedras, incluyendo algunos de hasta 12 años.

Desde 2013, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dialoga con las autoridades ocupantes sobre los derechos de los menores de edad palestinos sometidos a detención militar.

En su boletín humanitario, la OCHA refleja ejemplos de niños palestinos detenidos por Israel en los últimos años, entre ellos Suhaib al Awar, quien con 14 años fue arrestado en marzo de 2012 señalado de incitar a la violencia y lanzar piedras.

Suhaib narró que estuvo cinco días encerrado en aislamiento, período en el que sus captores lo interrogaron hasta siete horas diarias, con maltrato físico y amenazas incluidos, antes de enviarlo a casa con arresto domiciliario por 12 meses.

Naciones Unidas, 4 de julio 2017
Crónica Digital /PL

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Abandonada desde 2008 y a menos de 10 kilómetros de Delia 2, para habilitarla la empresa requiere retirar de sus túneles 580 mil metros cúbicos de agua, los cuales serían depositados en la laguna Salitrosa. Desde la región denunciaron que aunque está en una zona “bajo protección oficial”, no se aplicó legislación que obliga bajo tal condición a presentar estudios y no solo declaraciones de impacto ambiental. El martes 27 de junio la matriz de la Compañía Minera Cerro Bayo, Mandalay Resources, emitió un comunicado señalando que “por la magnitud del evento, cuya verdadera dimensión hemos ido conociendo al realizar las operaciones y evaluaciones técnicas propias del manejo de la emergencia, podemos concluir, con mucho pesar, que lamentablemente no existe posibilidad de encontrar con vida a los mineros Jorge Sánchez y Enrique Ojeda”. Con esta declaración la empresa notificó el desenlace fatal de las tareas de rescate de los dos trabajadores, que desde la madrugada del 9 de junio permanecen atrapados al interior de la mina Delia 2, luego que esta se inundara completamente producto del vaciamiento de la aledaña Laguna Verde. Y el vienes último, en una nueva comunicación, la minera informó que “está revisando varias alternativas para el futuro de la minería en Cerro Bayo y está consultando con todas las partes interesadas en este proceso de revisión, incluyendo empleados, sindicatos y funcionarios gubernamentales”.  De esta forma aplicará la figura de “fuerza mayor”, que permite a las empresas desligarse de sus obligaciones contractuales con proveedores, clientes y contratistas. La otra mina A pesar de estas malas noticias, la minera mantiene a firme un proyecto paralelo que busca rehabilitar túneles abandonados, a menos de 10 kilómetros del área donde permanecen atrapados Sánchez y Ojeda.  Se trata de la mina Javiera, sin movimiento desde 2008 y la cual para su reinicio de operaciones requiere, paradójicamente, el retiro de 580 mil metros cúbicos de agua desde su interior para depositarlos en la laguna Salitrosa, con lo cual triplicaría su volumen. Estas instalaciones se ubican además a ocho kilómetros del límite de la Reserva Nacional Jeinimeni, en el área de humedales de un Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad. Para ello en febrero presentaron una declaración de impacto ambiental (DIA), que el 12 de junio recibió su primer Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (ICSARA), con 32 observaciones de diversos servicios públicos.  El plazo para responder vence el 25 de julio, según comunicó el Servicio de Evaluación Ambiental.  Una tarea que se ve compleja dada la situación de emergencia en que se encuentra actualmente la compañía. Este proyecto ya había generado preocupación en la comunidad por sus posibles impactos ambientales, algo que las autoridades locales se apresuraron en descartar. Además de significar un riesgo para un área de humedales, se apuntaba a que aunque estaba en una zona “bajo protección oficial”, no se aplicó el artículo 11 letra D) de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que obliga a la presentación de un Estudio de […]

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