Chilean Defense Ministry / AFP. Fotografía gentileza de https://actualidad.rt.com/
Por Carmen Esquivel Sarría
Chile decidió militarizar la frontera con Perú y Bolivia para frenar la migración irregular, una medida polémica que, en opinión de expertos, no detendrá el flujo de personas y sus efectos podrían ser contraproducentes.
Cientos de efectivos fueron emplazados en distintos puntos de las áreas limítrofes de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta como parte de un operativo que estará vigente durante 90 días y puede ser extendido con la aprobación del Congreso Nacional.
De acuerdo con el decreto supremo adoptado en el marco de la Ley de Infraestructura Crítica, las unidades militares tendrán la facultad de realizar controles de identidad, fiscalizar equipajes y detener a quienes ingresen por puntos no autorizados, y en algunos casos efectuar disparos de advertencia.
Para Byron Duhalde, investigador en el Centro de Estudios Migratorios de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, desplazar a las Fuerzas Armadas a la frontera puede tener un efecto disuasorio, pero no es la solución al problema.
«Los militares más bien están para defender el territorio ante conflictos y amenazas externas, pero una familia que va cruzando el altiplano con niños, muchas veces descalzos, no es una amenaza para la seguridad nacional», dijo Duhalde en conversación con Prensa Latina.
LOS RIESGOS DE LA FRONTERA
La frontera de Chile con Perú consta de dos tramos, uno marítimo y otro terrestre de 169 kilómetros de largo, mientras la de Bolivia tiene más de 800.
Para llegar hasta el territorio nacional, hay que caminar durante varios días por el altiplano, una extensa meseta ubicada a una altitud media de tres mil 800 metros, con temperaturas extremas: de día calor intenso y de noche temperaturas muy bajas.
Por la norteña comuna de Colchane, uno de los cruces más utilizados, llegan a diario al territorio chileno entre 200 y 400 indocumentados de numerosos países, como Venezuela, Bolivia, Perú, El Salvador, Colombia y Haití, a través de pasos no habilitados, según el alcalde Javier García.
En esa localidad históricamente ha habido un elevado tránsito de personas y mercancías porque en la misma región de Tarapacá está la zona franca de Iquique y hay un comercio muy importante, entonces es una frontera muy permeable, explicó nuestro entrevistado.
La migración es un proceso indetenible, la gente va de un país a otro en busca de mejores condiciones de vida y, si se frena, van a seguir circulando por sitios más difíciles, opinó.
Para el máster en estudios internacionales hay dos cifras negras muy importantes y que, sin embargo, son muy poco mencionadas.
La primera es que se desconoce el número de personas en situación irregular en el país. Si bien algunos fueron descubiertos in fraganti o se presentaron a la Policía de Investigaciones, otros no están controlados, y dentro de ese grupo puede haber niños y mujeres víctimas de la trata o de la violencia.
Por otro lado está un informe publicado hace un par de meses por Infomigra (sistema de información gratuito para inmigrantes vulnerables) según el cual no hay cifras sobre los fallecidos durante el ingreso por pasos no habilitados.
«En el altiplano hace frío, es desértico y en otros lados hay pantanos, entonces hay mucha gente que ha perdido la vida, están ahí y nadie sabe cuántos son», dijo.
REACCIÓN DE ORGANIZACIONES HUMANITARIAS
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) expresó su preocupación por el hecho de que militares asuman labores de control de orden público correspondientes a la policía.
Constanza Valdés, del INDH, indicó que se envió un oficio a los ministerios del Interior y Defensa para conocer los protocolos empleados por las Fuerzas Armadas en los controles de identidad.
También desean información sobre el armamento específico que utilizarán los efectivos en la zona fronteriza y si recibieron capacitación en materia de derechos humanos, perspectiva de género y pertinencia cultural.
En opinión de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, es necesario aplicar políticas que garanticen el respeto a los derechos de los indocumentados y que no los criminalicen.
Para Byron Duhalde, quien se ha dedicado durante varios años al estudio de la movilidad humana y es autor de varios libros sobre el tema, la realidad es que las estrategias aplicadas hasta ahora no han logrado frenar el flujo de indocumentados.
Este, dijo, «no es un problema que cada país vaya a resolver por sí solo, sino que se debe enfrentar de manera conjunta y coordinada en la región».
Santiago de Chile, 6 marZO 2023
Crónica Digital/PL
