El Tribunal Regional Federal de la Región I (TRF–1) decidió archivar una acción penal contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva relacionada con el supuesto pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht.
Según el acta de acusación, Lula actuó en el Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social (Bndes) para favorecer a Odebrecht en préstamos para obras de ingeniería en Angola y en cambio recibió dinero. Tal denuncia fue hecha por el Ministerio Público Federal (MPF) en 2016.
Al juzgar la apelación de la defensa, los jueces del TRF–1 entendieron que la imputación del MPF no señalaba signos mínimos de irregularidades y no especificaba la conducta ilícita que se habría cometido.
El año pasado, parte de la imputación fue rechazada por la justicia del Distrito Federal, absolviendo al exgobernante del cargo de organización criminal.
También se refutó otra parte de la acusación del MPF sobre presuntas prácticas de blanqueo de dinero. Lula, sin embargo, seguía siendo acusado en el caso por los delitos de tráfico de influencias y corrupción pasiva.
Ahora, con esta decisión, el caso está cerrado y el fundador del Partido de los Trabajadores está libre de cargos.
El juzgado entendió que la Fiscalía hizo una acusación “precaria, sin ningún apoyo probatorio mínimo y sin ni siquiera especificar las conductas atribuidas a Lula”, reafirmó la defensa del exdirigente obrero.
De acuerdo con el abogado Cristiano Zanin Martins, jefe del equipo de juristas defensores, “es la quinta vez que la Justicia nos da la razón, con el rechazo de una acción penal infundada contra el expresidente Lula”.
Explicó que las sentencias solo ocurrieron por la operación Lava Jato en la sureña ciudad de Curitiba “porque allí los juicios fueron parciales. Por eso creemos que el Supremo Tribunal Federal (STF) anulará estos casos juzgando el hábeas corpus que presentamos sobre la actuación del exjuez Sérgio Moro y los fiscales del grupo de trabajo”.
Lula, quien resultó condenado en el llamado caso del apartamento triplex en Guarujá, en el interior del Estado de Sao Paulo, estuvo encarcelado 580 días.
Salió de prisión el 8 de noviembre al determinar el STF que los presos sin sanción en primera instancia y que no constituyan peligro para la sociedad pueden esperar en libertad.
Brasilia, 2 de septiembre 2020.
Crónica Digital / Prensa Latina.
