«No podemos esperar que cada vez que una mujer tenga cáncer, haya un juicio, una demanda para que pueda recibir el tratamiento, porque en medio de ese juicio puede morir», afirmó la diputada Girardi. Un grupo transversal de diputadas y diputados, encabezado por las PPD Cristina Girardi y Patricia Rubio, presentó un proyecto que incorpora un nuevo principio a la Ley Nacional del Cáncer, para que el Estado asegure el acceso de los pacientes a los medicamentos que requieren para sus tratamientos, más aún cuando estos se encuentren ya cubiertos, y sean recetados por sus médicos tratantes, prohibiendo la denegación de financiamiento, y acceso cuando se aduzcan razones económicas. Esto, luego que la Corte Suprema confirmara la sentencia dictada por la Corte de San Miguel, que acogió el recurso de protección interpuesto por una paciente con cáncer de mamas y condenó al Hospital San Juan de Dios, Servicio de Salud Metropolitano Occidente y Ministerio de Salud, a financiar el medicamento prescrito para su tratamiento, cuyas ampollas tienen un valor aproximado de $4.000.000 cada una. «La senadora Carolina Goic es autora de una ley marco sobre el cáncer, pero es insuficiente. Hoy tenemos casos que están en el servicio público con cáncer, cuyos médicos le han indicado determinados medicamentos y el Estado se los ha negado, estando por ejemplo esos medicamentos en la Ley Ricarte Soto», explicó la diputada Girardi. La legisladora agregó que «esta ley de cáncer que fue un avance, creemos que es importante que tenga modificaciones y que obligue a que los medicamentos sean entregados. No podemos esperar que cada vez que una mujer tenga cáncer, haya un juicio, una demanda para que pueda recibir el tratamiento, porque en medio de ese juicio puede morir. Tres mujeres al día mueren de cáncer de mama en Chile y el Estado les niega el medicamento para que se recuperen». Por su parte, la diputada Patricia Rubio, sostuvo que «quienes somos de regiones sabemos lo que cuesta sobrellevar esta enfermedad, por lo que esperamos que el Estado se haga cargo, y también con este nuevo proceso constituyente esperamos que los financiamientos sean para todas las enfermedades de manera gratuita, sobre todo con el tema del cáncer de mamas que es una de las enfermedades que hoy día está matando a tres mujeres diariamente». En tanto, la diputada y coautora de la iniciativa, Carolina Marzán, manifestó que «el Estado debe ser garante de la salud de las personas en nuestro país, y eso no es así, sólo por poner un ejemplo, el medicamento para la inmunoterapia vale 11 millones de pesos que las familias deben costear de manera particular. Tampoco existen los especialistas, y los insumos diversos que se necesitan en estos tratamientos». La diputada Marzán aseguró que «si una familia modesta en nuestro país se enferma de cáncer y no tiene los recursos, y el Estado no se los proporciona, está destinada a tener una vida indigna, lamentable y morir. Así es de tremenda la realidad que se está planteando, y […]
Medicamentos
El sindicato que agrupa a los profesionales llama a los socios a rechazar la última oferta de la empresa que ofreció dar reajuste por IPC. Luego de varias de semanas de no llegar a un acuerdo en el marco de la negociación colectiva del Sindicato de Profesionales de Farmacias Ahumada S.A. (Sinprofasa), que agrupa a los químicos farmacéuticos de la cadena, la organización sindical llamó a los socios y socias a votar este 11 y 12 de noviembre la huelga legal. Las demandas de los trabajadores que no han sido acogidas por la empresa incluye aumentar el sueldo base, reconocimiento de trayectoria, horas de reemplazo, bonificaciones, salario emocional – el cual busca que se les reconozca el trabajo continúo realizado por los profesionales durante la pandemia -, días administrativos, capacitaciones, bono de termino de negociación, entre otras. La cadena farmacéutica, perteneciente al grupo Walgreens Boots Alliance (WBA), solo ha ofrecido mantener como piso la última negociación colectiva y dar reajuste según IPC. El sindicato agrupa a 528 químicos farmacéuticos, que corresponde al 92% del total de estos profesionales de la red de farmacias y abarcan al 89% de los locales del país. El Código Sanitario establece que los locales deben funcionar con uno de estos profesionales presentes durante todo el horario de atención. Por lo que una huelga obligaría a la cadena a cerrar la mayoría de sus farmacias. Los dirigentes sindicales han manifestado que las transformaciones que la empresa ha estado implementado en el último tiempo solo se puede hacer de la mano de los químicos farmacéuticos. Además, de los usuarios habituales que se verán afectados, los usuarios de Fonasa de la región Metropolitana y O’Higgins no podrían acceder al convenio que les permite obtener hasta 87% de descuento en sus medicamentos en caso de aprobarse la huelga legal.
