Familiares de personas detenidas tras las protestas populares que estallaron en Chile en octubre de 2019, aseguraron que continuarán exigiendo la aprobación de un indulto que hoy permanece en el Congreso Nacional.   En declaraciones recogidas por biobio.cl, Jaime Fuentes, vocero de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, señaló que en caso de no ser aprobado el proyecto legislativo que establece el indulto, multiplicarán las protestas en las calles del país. La semana pasada cientos de personas se manifestaron en varios puntos del centro de esta capital, que se saldaron con varios heridos entre civiles y carabineros, un número indeterminado de detenidos tras violentos enfrentamientos con las fuerzas policiales. Fuentes, aseguró que las familias sólo piden la liberación d de jóvenes que no tenían antecedentes penales, que no cometieron delitos y fueron detenidos solo por ejercer su derecho a manifestarse. Añadió que la violencia de las protestas más recientes es resultado de la rabia que se ha ido acumulando ente la injusticia que se comete contra esos jóvenes y la impunidad que, por el contrario prevalece hacia los agentes del estado que han cometido violaciones de derechos humanos. El controvertido tema ha ido ocupando cada vez más espacio en la agenda política en la cual las fuerzas de derecha han apretado filas junto al gobierno para rechazar de plano cualquier medida que conlleve a la liberación de los denominados presos de la revuelta. El argumento reiterado es que esos reos, la mayoría jóvenes, cometieron delitos y por ello fueron sancionados por los tribunales, pero en realidad muchos permanecen en prisión preventiva sin un debido proceso, según argumentan sus allegados. En el Congreso, una parte de los parlamentarios considera que la aprobación de una Ley de Indulto, sería una salida política necesaria para un problema que sigue latente a pesar de todo el tiempo transcurrido desde el estallido social del 18 de octubre de 2019. Incluso la mayoría de los 155 miembros de la Convención Constitucional que redactará la nueva carta magna se manifestaron favor de la libertad de los presos y de la aprobación de un indulto para aquellos que no cometieron delitos, tal como expresaron en una declaración. Al respecto, aseguran que es un contrasentido que permanezcan tras las rejas jóvenes que con su participación en las manifestaciones ayudaron a que el país pueda tener una nueva Constitución. Precisamente, esta semana, la Comisión de Constitución del Senado deberá pronunciarse sobre el proyecto legislativo que establece el indulto, el cual ya fue aprobad en las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad de esa instancia legislativa. Santiago de Chile, 2 de agosto 2021 Crónica Digitgal/PL

La exigencia al gobierno de liberar a presos de la revuelta popular de 2019 continúa hoy en Chile para que sea aprobado un proyecto de indulto que se analiza con lentitud en el Congreso Nacional. Para este viernes está convocada, entre otras acciones, una marcha durante la tarde, que partirá desde la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en la comuna de Providencia, hasta la céntrica Plaza Baquedano. Esa explanada, bautizada Plaza de la Dignidad durante el llamado estallido social, ya fue escenario el viernes último de enfrentamientos entre carabineros y cientos de manifestantes que igualmente exigieron la liberación de los detenidos. Como parte de una creciente movilización, la víspera ocurrieron fuertes enfrentamientos en el centro de esta capital entre efectivos de carabineros y manifestantes que reclamaban la libertad para los presos políticos de la revuelta. Bajo el lema «Libertad, justicia y reparación» cientos de personas se congregaron pasadas las 18:00 hora local, en la confluencia de la calle Cumming con La Alameda, desde donde los asistentes intentaron avanzar en dirección al palacio de la Moneda. Su objetivo era reclamar la aprobación del proyecto de indulto presentado por legisladores de oposición y que el Gobierno con la bancada de derecha intenta echar abajo. Los manifestantes levantaron e incendiaron barricadas en diversos puntos de La Alameda la más importante arteria de la urbe, y a la altura de la Universidad de Chile se enfrentaron con fuerzas especiales de carabineros. Estas intentaron disolver la marcha en varias ocasiones empleando fuertes chorros de agua y gases lacrimógenos, y fueron ripostados por los manifestantes con objetos contundentes. El centro de las protestas es la exigencia de liberación de un número no definido por las autoridades de personas que fueron detenidas en las manifestaciones que remecieron al país a finales de 2019 y principios de 2020. Sin embargo, familiares de los reos y organizaciones y movimientos sociales cifran en cientos los que permanecen tras las rejas, la mayoría jóvenes y un considerable número por más de un año, sin pruebas en su contra sobre supuestos delitos o que han sido víctimas de montajes y procesos irregulares. También ayer cerca decenas de integrantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y otras organizaciones sociales, llegaron hasta el Centro de Justicia de Santiago donde se encadenaron a su entrada para expresar su apoyo a los presos del estallido social. Los jóvenes desplegaron pancartas y entonaron consignas exigiendo la libertad de los detenidos de la revuelta que son considerados como presos políticos, lo que el gobierno insiste en negar alegando que cometieron delitos y por ello fueron procesados por los tribunales. Santiago de Chile, 30 de julio 2021 Crónica Digital/PL

Los pueblos siempre nos hemos rebelado contra este orden injusto y la respuesta del Estado chileno ha sido una y otra vez la misma. Nos hemos rebelado incluso antes de ser Chile contra el despojo de los territorios para la acumulación de una elite colonial. Nos levantamos por la vida digna desde hace siglos, fuimos marea sufragista en cada rincón del país, nos levantamos contra una dictadura sangrienta que hoy recién llega a su fin. Quienes tenemos en el cuerpo esta historia de lucha también portamos la memoria colectiva de esa respuesta de un Estado que nos ha invisibilizado, perseguido, secuestrado, torturado, mutilado, violentado sexualmente, que nos ha hecho desaparecer. Esa larga memoria colectiva nos habla también de las complicidades que han hecho posible esa respuesta estatal y que en nombre de la defensa del orden y de la institucionalidad han desplegado un manto de impunidad. Hoy, abrimos este proceso constituyente con un debate de una profundidad ineludible. Hemos decidido iniciar esta discusión sobre las bases históricas de nuestra vida en común, reconociendo los sufrimientos con los que llegamos hasta aquí. Hablamos en primera persona porque es nuestra historia. Somos nosotras, nosotres y nosotros, encarceladas en la dictadura de ayer y perseguidas por el terrorismo de Estado de hoy. Ponemos nuestros dolores sobre la mesa como primer punto en tabla pues son nuestras compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, junto a quienes salimos a las calles a escribir este momento, quienes hoy no están aquí para verlo nacer. No estamos todes: faltan las y los presos. Faltan quienes les cuidan desde afuera de los muros de las cárceles, porque la prisión política nunca es una experiencia individual sino que es un castigo a nuestras familias y a nuestras comunidades enteras. Con fecha 8 de julio de 2021, esta Convención Constituyente Plurinacional de Chile, con el fin de sentar las garantías democráticas para el adecuado funcionamiento del proceso constituyente, el respeto al debido proceso, al principio de presunción de inocencia; por la verdad, justicia y reparación para todas las personas presas políticas, privadas de libertad y víctimas de la represión estatal de ayer y de hoy, declaramos lo siguiente: Las circunstancias de origen y concurrentes a la legitimidad del proceso constituyente, así como el compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la dignidad, son parte de nuestra competencia y constituyen presupuestos fundamentales para el desarrollo de esta Convención Constitucional. Resulta fundamental para un proceso democrático y una verdadera paz social para los pueblos, que los órganos del poder constituido allanen los caminos ofreciendo garantías democráticas y de equidad para que el proceso histórico que atravesamos funcione adecuadamente y sea reconocido como legítimo por los pueblos y naciones de Chile. Para ello, el fin inmediato a la prisión política en Chile es esencial. Condenamos la criminalización de la protesta social y la aplicación abusiva del monopolio de la fuerza estatal, mediante apremios ilegítimos, detenciones masivas y actos de vulneración a derechos humanos, agresiones sexuales, mutilaciones oculares y el […]

El debate de una declaración sobre la liberación de los presos tras el estallido social de octubre de 2019 en Chile, puede tensar hoy la segunda sesión de trabajo de la Convención Constituyente. El tema, que aparece en la agenda, cobra mayor notoriedad cuando en comisiones del Senado avanza un proyecto de indulto para una cantidad no precisada, pero al parecer numerosa de personas, la mayoría jóvenes que desde esa fecha continúan tras las rejas en prisión preventiva. Esto ha generado fuertes controversias entre la oposición y los legisladores de derecha y se da por seguro que también la Convención será escenario de encontronazos entre sus 155 integrantes. Una parte significativa de estos, incluyendo la presidenta y el vicepresidente de la Convención, respaldan medidas conducentes a la liberación de esos reos, pero los representantes del oficialismo, aunque son minoría, se oponen de plano. La víspera, este órgano encargado de la redacción de la nueva Constitución de Chile logró celebrar su primera sesión de trabajo, en una intensa jornada en la sede del antiguo Congreso Nacional, dedicada esencialmente a temas organizativos. Ello incluyó la ampliación de la mesa directiva, integrada hasta ahora solo por la presidenta y el vicepresidente del cónclave, y la creación de comisiones de Reglamento, Ética y Presupuesto y Administración Interior.   El asunto de la ampliación de la directiva, que finalmente quedó con nueve cupos, incluidos dos para representantes de pueblos indígenas, estuvo caracterizada -una vez más- por roces entre los constituyentes de derecha, que rechazaban ese aumento, y el resto del grupo. Los partidarios de ampliar la directiva señalaron que resulta necesario porque son muchos los asuntos que debe tratar la Convención durante su funcionamiento, para que estos recaigan solo sobre la presidencia y la vicepresidencia. El debate llegó al punto de que algunos constituyentes oficialistas se pronunciaron por evaluar la presentación de una acción legal contra la dirección del cónclave. Sobre esto, el vicepresidente, Jaime Bassa, admitió que ese tipo de reclamación está contemplada, pero solo cuando se trate de una vulneración del Reglamento, y todavía la Convención Constitucional carece de ese instrumento. Santiago de Chile, 8 de julio 2021 Crónica Digital/PL

En diciembre del 2020 un reducido grupo de senadores, haciendo uso de prerrogativas previstas en la Constitución, enviaron una proposición de ley de indulto general de los presxs de la revuelta. Numerosas contribuciones tanto de apoyo como de crítica han aparecido hasta la fecha. Recientemente, un conjunto importante de miembros de la Convención Constituyente han declarado enfáticamente que no se pueden iniciar las tareas de elaboración de una nueva Constitución existiendo presxs por razones políticas. La Red Internacional de Apoyo a los Presxs Politicxs en Chile (Riappech) ha exigido desde su creación, la libertad incondicional e inmediata de todxs los presxs politicxs en Chile. Una lectura atenta de la proposición de la ley de indulto general nos permite hacer las siguientes consideraciones: a. El período considerado es extremadamente limitado en el tiempo. Podrán beneficiar de esta Ley unicamente quienes han sido arrestados o condenados entre el 7 de octubre del 2019 hasta el 9 de diciembre del 2020 (fecha de presentación del proyecto de Ley en el Congreso), induciendo de facto que es solo durante ese período que el Estado ha detenido y encarcelado a quienes han manifestado públicamente por desacuerdos con la política de los Gobiernos neoliberales estos últimos 30 años, excluyendo los presxs mapuche y los presxs post-dictadura. Quienes han sido detenidos o condenados después del 9 de diciembre del 2020 no están incluidos. b. En las consideraciones previas que acompañan y argumentan el proyecto de ley, sólo se indica que el origen de este proyecto es por razones humanitarias y lo excepcional del estallido social, omitiendo totalmente referencias a la defensa de los derechos democráticos de los ciudadanos, tales como el elemental derecho a manifestar. Estos argumentos humanitarios permiten reducir la responsabilidad del Estado y no reconocer implícitamente la existencia de presxs politicxs. c. Este proyecto libera al Estado de toda reparación moral, económica o social. Las mutilaciones y los estragos, de toda índole, producidos por la brutalidad represiva y los largos períodos de detención serán a la carga de los imputados. Más aún, argumentando únicamente razones humanitarias se intenta mostrar al Estado como el protector y benefactor de la comunidad. d. En el espíritu del proyecto de ley, plasmado en parte en las consideraciones previas, no incluye ninguna responsabilidad de los agentes del Estado, sean estos los abusos, apremios físicos o sicológicos de las Fuerzas Policiales, sean las interpretaciones abusivas del Poder Judicial. e. Lamentamos asimismo que la esencia del estallido social (lucha por la dignidad humana, por disminuir y eliminar las desigualdades económicas y sociales) haya sido desvirtuada y solo se haga con base en que “ayudará a reconciliar a la sociedad y será una contribución a recuperar la normalidad institucional y el correcto funcionamiento del régimen democrático …”. A pesar que consideramos este proyecto muy incompleto y con muchas deficiencias, Riappech apoya esta iniciativa, así como en el futuro, apoyaremos toda acción tendiente a liberar todxs los jóvenes y aliviar el peso social, económico y moral de sus familias. Saludamos y apoyamos a los […]

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