Por Rafael Calcines Armas
Chile cierra hoy una semana mirando hacia las elecciones del próximo sábado pero pendiente también a importantes debates en el parlamento que pueden repercutir en el bienestar de amplios sectores de la población.
Durante la semana, millones de personas estuvieron atentas a la posibilidad -al fín-, de acceder a un 10 por ciento de sus fondos de pensiones para enfrentar con sus medios las dificultades económicas de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.
Solo el lunes, cuando comenzó el proceso, más de 3,2 millones de personas cursaron sus solicitudes, lo cual, informó la Superintendencia de Pensiones, representa el 31 por ciento del total de afiliados que aun disponen de dinero para realizar un retiro de fondos.
La cifra continuó aumentando en los días siguientes y según la superintendencia, unos 10 millones de personas podrían acceder a esta opción, lo que podría movilizar hasta 19 mil millones de dólares, que entrarían en circulación.
El retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones es resultado de fuertes pugnas entre el parlamento y el gobierno, contrario a esa medida, y que finalmente la aceptó en lo que fue catalogado como una dura derrota para La Moneda.
Pero las discrepancias entre ambos poderes continuaron esta semana pues el jueves la Cámara de Diputados aprobó un proyecto denominado Royalty Minero que establece un impuesto del tres por ciento a la minería del cobre y el litio.
La iniciativa, que deberá ser votada aun en el Senado, alcanzó mayoría entre los diputados a pesar de la oposición de la derecha, las empresas mineras y del Gobierno, que amenaza con presentar recurso de constitucionalidad si resulta finalmente aprobada.
El Royalty Minero cobra más relevancia cuando el cobre, principal renglón de la economía de Chile, alcanza el precio más alto de su historia en el mercado internacional, que de mantenerse podría aportar este año unos 10 mil millones de dólares adicionales al erario, incluso sin el nuevo impuesto.
Otro punto de fricción es el debate sobre el salario mínimo, que para la Central Unitaria de Trabajadores debe ser de 500 mil pesos chilenos (unos 700 dólares) muy lejos de la propuesta del Gobierno, de aumentar 3,2 por ciento el mínimo vigente, que es de 326 mil pesos, pero los sindicatos aseguran que insistirán en su petición.
Mientras, el país se prepara para las importantes elecciones de gobernadores regionales, alcaldes, concejales e integrantes de la convención que redactará la nueva Constitución, previstas para el próximo fin de semana, contra viento y marea, a pesar de los indicadores aún muy negativos de la pandemia de Covid-19.
Precisamente, esta semana la encuesta Criteria refrendó el interés de la mayoría de la población por este acontecimiento, en especial por la elección de los constituyentes, pues el 64 por ciento de los entrevistados dijo estar muy atento a ello.
Santiago de Chile, 8 mayo 2021
Crónica Digital/PL
