En el caso de una falda gris, talla 42-44, de similar composición textil, el precio mínimo fue de $3.990 en la multitienda Dijon, mientras que el valor máximo ascendió a $18.990 en tiendas Hites y Ripley. El análisis detecto, además, diferencias de 260,5% en un pantalón gris, con presillas, talla 12, similar composición textil, cuyo valor mínimo se encontró en supermercado Lider a $4.990, mientras que su valor más alto fue en la multitienda Ripley a $17.990. En relación a los útiles escolares, los productos que registraron las mayores diferencias fueron: los marcadores, punta redonda, de 12 colores surtidos y marca Artel con un 156,8% y el cuaderno college, matemáticas 5mm, 80 hojas, diseño más económico y marca Proarte con un 148,1%. En la lista de útiles completa, los cuadernos representan el 26,7% del precio total. Con el propósito de orientar e informar a los padres y apoderados en la compra de los uniformes y útiles escolares, el SERNAC realizó estudio de precios de este tipo de productos en diversos locales comerciales, que consideró los precios al contado de uniformes escolares en 15 establecimientos: 9 multitiendas y 6 supermercados, distribuidos en los 5 sectores del área Metropolitana. En el caso de los útiles escolares, se analizaron los precios de 39 establecimientos, entre supermercados, librerías e importadoras. El Director Nacional (S) del SERNAC, Andrés Herrera, explicó que este estudio detectó –como en años anteriores– importantes diferencias de precios tanto en uniformes como en útiles escolares. Por ello la autoridad realizó un llamado a cotizar antes de comprar y a adquirir los productos en el comercio establecido pues, sólo de esta manera, los consumidores podrán exigir sus derechos y no arriesgar a sus hijas e hijos con productos inseguros. “Guarde su boleta para ejercer su derecho a garantía legal por si el producto sale malo. Si es así, recuerde que puede cambiarlo, repararlo o recuperar lo pagado dentro de los 3 primeros meses desde la compra”. Santiago de Chile, 20 de febrero 2018 Crónica Digital / SERNAC.CL
Nacional
Entrevistado por el programa Sin Pretexto de Radio U. de Santiago, el abogado Luis Bobadilla, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile, remarcó que “tiene que haber una cirugía mucho más profunda en Carabineros, pues es necesario que los servicios de inteligencia de la Institución se replanteen por completo”. Cuatro funcionarios de Carabineros fueron desvinculados de la Institución la semana pasada por su eventual responsabilidad en los delitos de falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y filtraciones; así como violación de secreto y sabotaje informático, en el marco de las pesquisas realizadas durante la llamada ‘Operación Huracán’. Sin embargo, para el secretario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile, abogado Luis Bobadilla, estas desvinculaciones “no sirven”. Entrevistado por el programa de análisis de coyuntura Sin Pretexto de Radio U. de Santiago, el jurista fundamentó su postura ya que, a su juicio, “tiene que haber una cirugía mucho más profunda, pues es necesario que los servicios de inteligencia de la Institución se replanteen por completo, y que se revise cómo funciona su relación o comunicación con el Ministerio Público”. En la misma línea, el abogado Bobadilla estima que la investigación que debe llevar adelante el Juzgado de Garantía de Temuco, es una oportunidad para acotar las funciones que cumple la Institución policial, dejando la tarea investigativa en manos de la Policía de Investigaciones, fundamentalmente. “No es posible que una institución destinada a la prevención del delito termine abarcando todo el espectro del trabajo policial”, advirtió. Sistema Procesal Penal Para el académico de la Facultad de Derecho de la estatal U. de Santiago, otra de las lecciones que deja el caso es que el Ministerio Público no puede seguir descansando solo en la confianza generada por las pruebas que aporta Carabineros. En este sentido, sugiere que se modifiquen algunos protocolos contemplados en el Sistema Procesal Penal. “El Ministerio Público está dependiendo fuertemente de lo que las policías aportan, de manera que el sistema empieza a tambalear cuando hay problemas con la entrega informativa. No hay que olvidar que es un sistema que se construye en base a las confianzas y si falla un eslabón, el sistema en su conjunto se viene abajo”, enfatizó. Replantear la ANI Finalmente, el abogado Bobadilla señala que también se debe replantear la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), para que se constituya en un órgano que, efectivamente, coordine la labor de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Su visión crítica de esta instancia va más allá y concluye: “La ANI me parece una institución sumamente poco seria. Cuenta con un equipo muy reducido, no tiene agentes de campo ni informantes y se nutre, básicamente, de lo que las policías le aportan”. Santiago de Chile, 20 de febrero 2018 Crónica Digital / usach.cl
Entrevista con el dirigente del Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores del Gas, Patricio Tapia Patricio Tapia Gómez, dirigente del Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores del Gas, fue uno de quienes condujeron los 21 días de la huelga del Sindicato de Trabajadores de Gasco GLP (Gas Licuado del Petróleo), desde el 19 de diciembre de 2017 al 8 de enero de 2018. Huelga histórica porque fue la primera realizada en los 161 años de existencia que tiene la empresa. El movimiento fue gatillado porque la compañía únicamente les ofreció el reajuste del Índice de Precios al Consumidor, IPC, o inflación, que siempre es un reajuste retrasado, no actualizado y menos proyectado. En concreto, el reajuste del IPC para los asalariados ya viene devaluado. En consecuencia, la votación a favor de la huelga fue prácticamente unánime. Por si fuera poco, la huelga estuvo enmarcada por la contingencia de las elecciones presidenciales donde, más allá de la abstención superior porcentualmente en comparación con las personas habilitadas para sufragar, ganó la denominada “derecha dura” en la figura de Sebastián Piñera. Al respecto, el dueño de Gasco, Matías Pérez, fue uno de los empresarios que aportó pecuniariamente a la candidatura presidencial del aliado ultraderechista de Piñera, José Antonio Kast Rist, de origen y educación alemana, pangermánico y pinochetista declarado. Pero eso no es todo. El asesor legal de la compañía fue el ex Subsecretario del Trabajo de la dictadura cívico-militar durante los años 1983-84, el abogado Ricardo Canales Undurraga; y el gerente de Recursos Humanos, Carlos Wulf Le May, fue funcionario de confianza del primer gobierno de Piñera. Es una redundancia imaginar el sentimiento de superioridad e impunidad de la empresa frente a los trabajadores y al propio Estado y sus instituciones. Es fácil en Chile ver cómo madura “el huevo de la serpiente” a través de su transparente cascarón. “Con la huelga no sólo mantuvimos las conquistas adquiridas, sino que las incrementamos” Con la movilización, “Subimos beneficios sociales que la empresa quería borrar del anterior contrato colectivo, como por ejemplo, la indemnización a todo evento (en Chile cuando se despide a un trabajador, como tope legal, se le cancelan sólo 11 sueldos, uno por año, aunque haya laborado 20 años); el descuento del seguro de cesantía; gratificaciones; y lo más grave, buscó bajar el piso de la negociación. Pero con la huelga no sólo mantuvimos las conquistas adquiridas, sino que las incrementamos. Aumentamos los sueldos base, colacion y movilización, bonos anuales, etc.”, señaló Patricio Tapia, y añadió que, “La huelga que realizamos en Gasco GLP fue muy dura. Allí votamos la huelga porque, entre otras cosas, la firma nos ofreció la mitad de lo que les ofreció a los representantes de los sindicatos que aceptaron mansamente negociar de manera no reglada. Estoy hablando de los dirigentes de los sindicatos pro empresa. A los trabajadores asociados a esos sindicatos, les quitaron derechos. Fue lamentable.”. El viejo conflicto entre lo público y lo privado -En el país, menos del 15 % de la fuerza de trabajo […]
La Subsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara, suscribió esta mañana convenios de colaboración con los rectores de los nuevos Centros de Formación Técnica (CFT) Estatales de las regiones de Coquimbo y Los Lagos, Manuel Farías y Carlos Silva, respectivamente. Dichos acuerdos tienen dos objetivos centrales, donde el primero es establecer el marco para el trabajo conjunto entre dichas instituciones, con el fin de apoyar, en la educación técnica de nivel superior, la instalación de aprendizajes sobre seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. El segundo objetivo es el desarrollar iniciativas colaborativas de extensión y vinculación con el medio, orientadas a la comunidad y que permitan socializar la temática de la previsión social en cuanto a deberes y derechos. “Para nosotros es importante que quienes se formen técnicamente tengan una base sólida de conocimientos relativos a la seguridad social y a la seguridad y salud en el trabajo, además de las redes de protección que los van a cubrir en determinadas contingencias”, dijo la Subsecretaria Jara. Con ello aludió, por ejemplo, al seguro de cesantía, pensiones, licencias, permisos y subsidios por incapacidad laboral ante enfermedades o accidentes. “Estas materias van a ser incorporadas dentro de las mallas curriculares para que, en el proceso de formación, los estudiantes de los CFT adquieran estas competencias. Y todo desarrollado según la lógica de entender la seguridad social como un derecho humano”, enfatizó. Los CFT públicos fueron establecidos por la Ley 20.910 que, en el marco de la reforma educacional impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet, crea quince casas de estudio técnicas y de carácter público. Entre otros objetivos, estas entidades tienen la tarea de formar técnicos de nivel superior, con énfasis en calidad de la educación y en mejorar la empleabilidad de los educandos a través de la alta calificación, así como contribuir al desarrollo material y social sostenido, sustentable y equitativo de sus respectivas regiones. Carlos Silva, rector del CFT Estatal de Los Lagos, valoró el acuerdo indicando que, como instituciones del Estado, les asiste el deber de ser vehículos de la política pública. “Eso significa que no sólo estamos formando para el presente; además, para el futuro. El futuro es algo que todos construimos y para ello debemos estar a la altura de las circunstancias. ¿Cómo sucede esto? Cuando las instituciones del Estado, como esta Subsecretaría y nuestra institución, se ponen de acuerdo en la forma en que se consigue que las personas adopten las mejores prácticas en previsión social y seguridad y salud laboral”, sostuvo. Por su lado, Manuel Farías, director del CFT Estatal de Coquimbo, manifestó que “este convenio nos permite incorporar el trabajo que ha venido haciendo la Subsecretaría de Previsión Social y sus equipos técnicos para poder ir modelando contenidos esenciales en este ámbito. Estos contenidos han sido, además, discutidos con los mundos empresarial y laboral, de manera que son producto del diálogo social. Eso robustece la formación y la oferta educativa que queremos hacer”. Con todo, mediante los convenios la Subsecretaría se comprometió a colaborar […]
El arzobispo de Malta, monseñor Charles Scicluna, adelantó su llegada a Chile para comenzar desde hoy con las entrevistas que busca esclarecer un caso de complicidad en abusos sexuales de la iglesia. Scicluna es fiscal del tribunal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, encargado de investigar los ‘delicta graviora’, quien deberá rendir un informe el papa Francisco el 26 de febrero. Las pesquisas ahora se concentran en el presunto encubrimiento del obispo Juan Barros al sacerdote Fernando Karadima, condenado por abusos sexuales contra menores, aunque ya hizo un adelanto al recoger un testimonio en Nueva York. En un comunicado, la Conferencia Episcopal de Chile señaló que el enviado del Santo Padre, «escuchará entre el martes y el viernes próximos a los que han querido aportar elementos en torno a la situación de monseñor Juan Barros». Todo el proceso se llevará a cabo en la sede de la Nunciatura Apostólica, donde recibirá entre otros los aportes del médico James Hamilton y de Juan Andrés Murillo, que se sumarán a los obtenidos de Juan Carlos Cruz en Nueva York. Los tres fueron víctimas de Karadima, un cura defenestrado de la iglesia pero con castigos de penitencias y aislamiento dentro de la religión. Barros es el centro de la polémica, que escaló en enero durante la visita del Sumo Pontífica a Chile, después que la máxima autoridad del Vaticano saliera en su defensa, con repercusiones muy negativas aquí. «Monseñor Scicluna lloró conmigo cuando le contaba cosas. Sentí su compasión muy grande; creo que hay seriedad en su misión. Espero que los que van testificar en Chile sientan los mismo», comentó Cruz, periodista afincando en Filadelfia. Luego de las controversias desatadas por declaraciones del Santo Padre, parece evidente que el propio obispo de Roma decidió adoptar acciones más audaces y saltarse ciertas asesorías que le hicieron cometer errores. Las investigaciones de monseñor Scicluna tratarán de determinar la complicidad o inocencia del obispo Barros, nombrado por el Vaticano en 2015, año en que Cruz envió una carta al Roma que fue desestimada. El experto comisionado por el papa Francisco tiene previsto también reunirse con los Laicos de Osorno, una organización que igualmente exige la renuncia de Barros. En enero, el papa Francisco fue enérgico en sus condenas a los abusos de ministros de la iglesia y pidió perdón a la ciudadanía, pero luego se complicó al defender al obispo Barros. Santiago de Chile, 20 de febrero 2018 Crónica Digital /PL
La próxima visita oficial que realizará a Japón la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, tendrá entre sus puntos focales el renovado Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP11). Países como Nueva Zelanda presionan para dar a conocer la respectiva declaración nacional que pretende mostrar pormenores del arreglo. Chile será escenario el 8 de marzo venidero de la ceremonia de adopción del TPP11, después de la salida de Estados Unidos. Apenas asumir la Casa Blanca, el presidente Donald Trump anunció la salida de Washington del TPP, pese a los años de conversaciones y que estaba a punto de ponerse en marcha. El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó entonces a un encuentro de los otros 11 signatarios del acuerdo que se reunieron en Viña del Mar en marzo del pasado año, con la participación además como observador de China. Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Estados Unidos habían firmado el TPP en 2016, pero Trump echó abajo el compromiso apenas asumir su mandato un año más tarde. Fue justamente en Tokio, donde Bachelet intercambiará esta semana con el primer ministro, Shinzo Abe, y otras autoridades niponas, la que dio nacimiento al Acuerdo Progresivo y Global para la Asociación Transpacífica (CPTPP por sus siglas en inglés). Revitalizado por el Gobierno de Bachelet, la idea de un TPP11 cobró paulatinamente fuerza y llegó a punto en la cumbre de la APEC de Da Nang, Vietnam. Sin embargo, tropiezos durante el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) en noviembre pasado, dilataron las negociaciones hasta que se hizo realidad en Tokio. Recientemente, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, resaltó que será la administración de Bachelet la encargada de firmar el convenio por haber llevado adelante todo el proceso de las negociaciones. Canadá planteó algunos resquemores respecto a temas culturales, mientras Vietnam, Brunei y Malasia hicieron otras observaciones, asuntos zanjados en la cita de Tokio. En cualquier caso el TPP11 ha sufrido modificaciones importantes en relación con el original que pretendía abarcar el 40% del PIB global. Ahora quedó reducido al 13 por ciento con el éxodo de Estados Unidos. El acuerdo abarca levantamiento de barreras no tarifarias, con apertura a ofertas nacionales de los países miembros a empresas extranjeras sin ventajas indebidas; normas comunes para el comercio electrónico y los servicios financieros, el respeto del derecho de trabajo. Por Fausto Triana Santiago de Chile, 20 de febrero 2018 Crónica Digital /PL
La especie está clasificada en peligro de extinción y ahora se trabajará en plan de conservación de este lagarto. Gracias al trabajo de patrullaje ambiental realizado por los guardaparques de de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de la Reserva Nacional Río Clarillo, Ismael Sarmiento, Maricel Orrego y Fernanda Peralta, se pudo registrar la presencia de la especie Pristidactylus volcanensis, más conocido como gruñidor del volcán, especie delagarto clasificada en peligro de extinción en Chile. El registro fotográfico, que a su vez fue confirmado por el Investigador Carlos Garín, del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, determinó que se trataría de ejemplares infantiles de la especie. El gruñidor del Volcán, se encuentra exclusivamente en Chile y Argentina, y es parte del antiguo género de lagartos Pristidactylus. Es una especie endémica de la precordillera andina de la Región Metropolitana y existen escasos registros de su presencia, debido a su distribución restringida y fragmentada, su baja abundancia poblacional y a las amenazas críticas que la afectan, tales como: desarrollo turístico, desforestación para el desarrollo de actividades mineras y energéticas, caza comercial, movimientos de tierra, incendios, generación de aluviones y cambio climático; todo lo cual contribuye a la destrucción de su hábitat. El Pristidactylus volcanensis es una especie protegida y, por ley, está prohibida su caza o captura. Tiene un aspecto robusto, su tamaño fluctúa entre los 77 a 99 mm, siendo su cola 1.5 veces más grande que su cuerpo. Su reproducción es ovípara, se alimenta de invertebrados, principalmente insectos y arácnidos, y está considerada una especie benéfica para el equilibrio de los ecosistemas naturales. Durante el 2018, la Reserva Nacional Río Clarillo llevará a cabo el Plan de Conservación de la especie Pristidactylus volcanensis, el cual reunirá a una red de expertos, encabezados por profesionales de CONAF, para que tras un primer diagnóstico, se propongan las medidas necesarias para su conservación y protección de su hábitat. Santiago de Chile, 20 de febrero 2018 Crónica Digital
El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, recibió esta tarde la información oficial relativa al control de detención realizado en Francia a Ricardo Palma Salamanca, autor del asesinato del senador Jaime Guzmán. La información enviada por la Oficina Central Nacional de Interpol remite comunicación de Interpol Paris que señala: «Las autoridades judiciales francesas confirman el día de hoy -17 de febrero- que se notificó a Ricardo Alfonso Palma Salamanca respecto de la solicitud de detención provisional recibida por parte de las autoridades chilenas mediante vía diplomática «. La comunicación añade que «posteriormente fue puesto en control judicial con la obligación de presentación cotidiana (firma diaria), la prohibición de salir del territorio y la obligación de responder a las citaciones». Santiago de Chile, 18 de febrero 2018 Crónica Digital / www.jpud.cl
Ante la creciente preocupación social que ha generado la desmedida exposición pública de niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) vulnerados de sus derechos y violentados en su integridad el Colegio Médico, Colegio de Periodistas y Colegio de Profesores de Chile nos sentimos en el deber de hacer un llamado a la sociedad y, en especial a los y las profesionales que tienen relación con su trato directo, a velar por la defensa de los derechos de la infancia y la juventud de nuestro país, en especial de todos los NNA que han sido víctimas de hechos delictivos que actualmente la justicia investiga. Niñas y niños son protagonistas a diario en los medios de comunicación de noticias que atropellan su privacidad y dignidad. Generalmente se presenta a la infancia víctima de crímenes, desastres naturales o envueltos en conflictos sociales, realizando un tratamiento irresponsable de la información, inadecuada contextualización de los hechos y mostrando una falta de preocupación por su bienestar, al divulgar su imagen, datos personales y familiares, vivencias dolorosas e invadiendo su frágil intimidad. Se convierten matinales, noticiarios y otros medios de comunicación en una instancia de victimización secundaria, que se ve prolongada por la participación de la opinión pública en las redes sociales, que continúan manipulando información que solo concierne a los niños, su entorno de confianza y quienes participan en su terapia de reparación. La información que manejan las instituciones de salud y educación acerca de NNA cuyos derechos son vulnerados se ha utilizado de manera ilegítima convirtiéndola en fuente de sensacionalismo noticioso que vulnera nuevamente sus derechos. Esta información será difícil de eliminar de las amplias plataformas digitales de comunicación, quedando a libre disposición, pudiendo así volver a afectarlo directa o indirectamente a lo largo su vida. El deber del secreto médico se ve interrumpido bajo la premisa de informar a la sensible comunidad. Lejos de aportar para el trabajo periodístico, este hecho exacerba la situación de indefensión de la infancia ya dañada. Nos planteamos la urgencia de respetar cada uno de los derechos de los NNA, priorizar el interés superior del niño en la toma de decisiones, garantizar la exactitud y contextualización adecuada de los contenidos de las noticias sobre infancia y proteger a toda costa la imagen y la identidad de nuestros jóvenes por medio del actuar reflexivo previo a la divulgación de la información. Exigimos como colegios de profesionales un comportamiento acorde a la protección integral de la infancia, que se aleje del sensacionalismo y condene la vulneración abusiva en sus derechos fundamentales. Promovemos el rol de los medios de comunicaciones como agentes educadores y de sensibilización social. Exhortamos a la ciudadanía a condenar estos hechos, a aunar esfuerzos para terminar con la desprotección de nuestros niños y niñas, independientemente de su nacionalidad, género, raza, etnia o condición social y a asumir la propia responsabilidad en el manejo de las redes sociales. Chile debe ser el suelo fértil para el crecimiento seguro y feliz de nuestra infancia. El Colegio de Periodistas, Colegio Médico […]
Escritores como Eduardo Galeano o Mario Benedetti escribieron en sus páginas. Su última edición verá la luz el próximo 8 de marzo, en la misma se anunciara oficialmente el término de la publicación. Desde el Colegio de Periodistas criticaron la concentración de medios en Chile. “Hemos tenido una gran reacción de mucha gente, comunicándose, solidarizando, ha sido muy bonito. Nos ha sorprendido la reacción de los lectores”. Con estas palabras se refirió la subdirectora de la Revista Punto Final, Francisca Cabieses, a las manifestaciones de apoyo que diversas personas han hecho llegar al medio ante el anuncio de su cierre definitivo. La última edición de la revista verá la luz el venidero 8 de marzo, donde según Francisca Cabieses, el director del medio, Manuel Cabieses, comunicará formalmente el cierre de Punto Final. Antes de la fecha, la subdirectora de la revista ve difícil un pronunciamiento del director al respecto. “En realidad esto trascendió pero fue una circular que se mandó ayer a los colaboradores y redactores. La última edición de Punto Final será el 8 de marzo, y creo que el director no querrá hablar ni decir cosas antes que se les informe a los lectores a través de la última edición de la revista”, afirmó. Si bien aún no se oficializa el cierre, las lamentaciones de los lectores y colaboradores no se han escatimado. Uno de sus más frecuentes articulistas es el teólogo Álvaro Ramis, quien dijo sentir profundamente la noticia, sobre todo por lo que representa Punto Final, un medio alternativo, crítico, y con una trayectoria de más de 50 años. “Es una noticia muy triste porque representa el cierre de un medio alternativo que tiene una larguísima trayectoria, que ha sobrevivido a etapas muy duras: sufrió el cierre con el Golpe de Estado, fue reconstruido en clandestinidad, volvió a circular en democracia pese a las grandes dificultades. Se abrió paso porque tuvo a plumas muy relevantes que pudieron contribuir a su calidad”. En ese sentido, Ramis recordó que grandes escritores aportaron a sus páginas, entre los cuales se encuentran Pedro Lemebel, quien inició su carrera en este medio. El cierre de la publicación pone de manifiesto un problema que periodistas han denunciado constantemente: la concentración de los medios de comunicación en Chile. Fuera del duopolio El Mercurio-Copesa, son muy pocos los medios escritos que han podido sobrevivir. Es larga la lista de la prensa extinta después de llegada la democracia, el caso de Punto Final es uno más entre tantos. Para Ethel Pliscoff, presidenta del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas, el cierre de Punto Final evidencia la concentración de la propiedad de los medios. Al respecto, la dirigente enfatizó en lo que se conoce como el avisaje, que es el conjunto de avisos contratados en un cierto medio de difusión. En ese sentido Pliscoff criticó al Estado de Chile por su inequidad al momento de pagar avisaje, pues aseguró que esos recursos se destinan en más de un 80% para los conglomerados de El Mercurio y […]
