Nacional

Las organizaciones firmantes han tomado conocimiento de que el Sr. Luis Rolando del Río Moncada, actual juez titular del Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique ha sido considerado en la terna para Ministros de la Corte de Apelaciones de Valdivia que ha conformado la Corte Suprema de Chile. Quienes suscribimos esta declaración contamos con amplio trabajo en la promoción, protección y defensa de los derechos de las mujeres, en especial su derecho a una vida libre de violencia. Al mismo tiempo, consideramos que el Estado de Chile debe contar con autoridades, funcionarios/as y agentes del Estado en general, dotados de capacidades, habilidades y conocimientos que les permitan cautelar la vigencia de los derechos humanos en cada una de las decisiones que adoptan. Sin embargo, en razón de la posición asumida por el Sr. Del Río Moncada en su calidad de juez de la República en algunos casos de violencia contra las mujeres de alta connotación pública, resulta preocupante, en opinión de las organizaciones firmantes, su postulación al cargo de Ministro de Corte de Apelaciones de Valdivia y desaconsejable su nombramiento. En particular, cabe señalar que el Sr. Luis Del Río Moncada, en su calidad de juez titular del Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique, en agosto del año 2004 participó en la decisión de absolución al acusado (C.G.R.S.) del delito de violación sexual denunciado por la Sra. Giovanna Vidal. La referida decisión de absolución frente al delito de violación sexual denunciado por la Sra. Vidal, junto a los antecedentes de la investigación del mismo, son materia de una denuncia presentada por Giovanna Vidal Vargas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representada por Corporación Humanas. Por otra parte, cabe señalar que en el caso de Nabila Rifo, el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique condenó al Sr. Mauricio Ortega como autor de los delitos de violación de morada en grado consumado, femicidio en grado frustrado y lesiones graves gravísimas en grado (sentencia de 2 de mayo de 2017). En dicho fallo, el referido juez Del Río Moncada se pronunció en su prevención, en cambio, por absolver al acusado “por no haber adquirido convicción, más allá de toda duda razonable, que sea el autor del delito o los delitos por los cuales se le acusó”. Si bien su posición minoritaria es completamente legítima y amparada en el ordenamiento jurídico chileno, la preocupación de las organizaciones firmantes radica, no en el carácter minoritario de su posición, sino en la argumentación sostenida por el juez. En primer lugar, el juez Del Río Moncada afirma que el “supuesto femicidio frustrado, es un albur, nunca se probó que haya sido la intención del autor. No hay cómo retratar esta voluntad de matar en hechos externos y objetivos”. Asimismo sostiene que el “delito de mutilación es más específico que el de femicidio”, entre otras afirmaciones vertidas en su prevención. En cambio, al acusado lo refiere como “un padre preocupado de su familia”, y minimiza el historial de violencia ejercida por este en contra de la Sra. Rifo señalando […]

La Bancada de Diputados del PPD, representada por Cristina Girardi y Loreto Carvajal, calificó como “una gran noticia” el rechazo -por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes- del proyecto que buscaba utilizar explosivos en la mina de carbón más grande en la historia de Chile, ubicada en Isla Riesco en la Región de Magallanes, por 4 veces a la semana por 15 años consecutivos. “Es una noticia que nos alegra a todos los que hemos defendidos y que hemos planteado que es muy valioso rescatar este lugar, debido a que somos un país que se ha comprometido con el cambio climático, evitando, por ejemplo, las emisiones de gas invernadero”, afirmó la diputada Girardi, quien es miembro de la Comisión de medio Ambiente. La parlamentaria indicó que “de haberse aprobado algo así, con el grave efecto que esto tendría en la fauna del sector, me parecería de una brutalidad absoluta”. Consultada respecto del detalle de la votación, la parlamentaria sostuvo que “me llama la atención el voto del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental debido a que demuestra que nunca ha estado a favor del Medio Ambiente sino al servicio de los privados”. Por su parte, la Jefa de la Bancada del PPD, Loreto Carvajal, indicó que “creemos que esta decisión va en la dirección correcta, ya que la protección de nuestros recursos naturales debe ser una tarea de Estado. En ese sentido, era impresentable que el gobierno de la Presidenta Bachelet hubiese aprobado un proyecto que contradice todos los acuerdos que ha firmado el país para reducir el cambio climático”, aseguró la Jefa de Bancada, Loreto Carvajal. “La decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes debe marcar un precedente y un ejemplo respecto a lo que ocurre en otras regiones del país. Es imprescindible que sigamos avanzando hacia un modelo de desarrollo sustentable, donde la dimensión social y ambiental debe ser primordial para el progreso de nuestro país”, afirmó la legisladora. Santiago de Chile, 11 de enero 2018 Crónica Digital

La iniciativa fue respaldada en general por 27 votos en su segundo trámite constitucional. La Sala fijó plazo hasta el próximo 22 de enero para realizar indicaciones. Esta miércoles fue aprobado en general y en segundo trámite constitucional el proyecto de ley que crea el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, moción legislativa aprobada en la Sala del Senado con 27 votos a favor, y a la cual asistió el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. El secretario de Estado valoró el transversal respaldo de la medida, orientada a crear una nueva institucionalidad indígena desde un enfoque de derecho en temas económicos, sociales, culturales y políticos. «Este proyecto es altamente anhelado por las comunidades indígenas, que les permite tener representación e interlocutar con los diferentes órganos del Estado. En Chile un 9% de la población pertenece a un pueblo indígena; y esta cifra refleja que los pueblos indígenas tienen una identidad que está presente, que se fortalece y se empodera, por lo que la política pública tiene que hacerse cargo con un enfoque de derecho, a fin de reconocer los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de los pueblos indígenas”, aseveró la autoridad. El Consejo de Pueblos Indígenas funcionará como entidad autónoma y estará a cargo de abordar materias relacionadas a los pueblos indígenas. Contará con atribuciones resolutivas y facultativas. Su propósito será representar los intereses, necesidades y derechos colectivos de los pueblos indígenas ante los organismos del Estado. El proyecto crea además los Consejos de Pueblos Indígenas, entidades autónomas, representativas y participativas que tienen como objetivo representar los intereses y derechos de cada pueblo indígena del país. Su aprobación se suma al apoyo que recibió esta tarde en la Comisión de Gobierno del Senado el proyecto que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, el cual pasará a Sala del Senado para su votación en general. La Sala fijó plazo hasta el próximo 22 de enero para presentar indicaciones particulares al proyecto que crea el Consejo de Pueblos Indígenas. Santiago de Chile, 11 de enero 2018 Crónica Digital

Los Senadores Socialistas Isabel Allende, Alfonso De Urresti y Juan Pabo Letelier presentaron una reforma constitucional para eliminar el control preventivo del Tribunal Constitucional. Esto debido a que dicha atribución vulneraría las funciones del poder legislativo, quienes son los representantes de la ciudadanía encargados de dictar o modificar leyes. La moción deja de manifiesto la preocupación que existe en la ciudadanía, de que una minoría parlamentaria ha recurrido constantemente a dicho Tribunal “cuando su opinión no prevalece” en el Congreso. Como ha pasado, con la píldora del día después, la interrupción voluntaria del embarazo, y en el futuro fallo que restringe las facultades del SERNAC. Según los legisladores, el control constitucional de la legislación se mantendrá mediante “la facultad de declarar un precepto legal inaplicable por inconstitucional a un caso particular”, es decir, cualquier persona podrá recurrir al Tribunal para declarar la inconstitucionalidad de una norma. Junto a esto, la moción pretende “establecer un mecanismo de determinación de responsabilidad sobre los miembros de dicho organismo, ya que en la actualidad no existe. Para esto, los miembros del Tribunal podrán ser acusables constitucionalmente como cualquier otra autoridad, para reforzar los estándares democráticos de los mismos. Por último, se pretende reducir el periodo de los miembros de los mismos, de nueva a cinco años, “lo que parece más adecuado al principio de responsabilidad y control sobre las autoridades en cualquier democracia”, plantearon los senadores del PS.  Santiago de Chile, 11 de enero 2018 Crónica Digital

Por 8 votos contra 2 aprueban incorporar la “expresión de género” como categoría protegida. Conjuntamente, por 6 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, la comisión aprobó definir el derecho a la identidad sexo como el que permite y posibilita el cambio de nombre y sexo legal de las personas trans.   Esta mañana en la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados se dio inicio a la votación en particular del proyecto del gobierno en relación a la  Ley de Identidad de Género donde los parlamentarios aprobaron un artículo que reconoce la identidad de género como un derecho, promovido por el diputado del partido comunista Hugo Gutiérrez. De esta manera, el diputado del PC por la región de Tarapacá e integrante de la comisión de DDHH de la Cámara, Hugo Gutiérrez, consideró de suma importancia “cautelar y resguardar la expresión de género. Creo que no solo hay que reconocer que efectivamente no estamos en presencia de ningún tipo de personas enfermas y hay que reconocerle derechos, sino que también hay que permitirles que se puedan expresar como tal, sobretodo en el período en que se experimentan los cambios de género. Creo que son partes vitales en que hay permitirle a la persona expresarse como tal y resguardarle ese derecho a la libertad de expresión en lo que dice relación con la identidad de género”. Además, Hugo Gutiérrez señaló que ha propuesto una serie de indicaciones referentes a principios que deben regir esta legislación, como por ejemplo “dejar en claro de que no estamos en presencia de patologizar ningún tipo de reconocimiento de derechos. Es decir, que una persona trans no es una persona enferma, no contagia ningún tipo de enfermedad. Por el contrario, son seres humanos que en el uso de su libertad, el uso de su derecho de conciencia, de derechos personalísimos que tiene, decide estos cambios en su persona, y eso uno debe respaldarlo y no patologizar esta circunstancia de transformación”. “Y más aún, darle tratamiento también que guarde correspondencia con su honor y su dignidad, y darle a los trámites la confidencialidad que se requiere. Esos son temas que he propuesto y el gobierno ha tenido la buena voluntad de apoyarlo y también ha sido apoyado por la comisión”, añadió el legislador. Por último, el diputado Gutiérrez espera que la discusión sobre la ley de identidad de género avance de manera sustantiva en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y después tenga la oportunidad también de debatirse y votarse con prontitud y celeridad en la Sala. Santiago de Chile, 10 de enero 2018 Crónica Digital

El diputado por la región de Atacama, Lautaro Carmona, ingresó este martes 9 de enero un proyecto de Acuerdo en donde solicita a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, se ingrese vía mensaje un proyecto legislativo que dote de mayor poder fiscalizador a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) sobre las operaciones de Codelco. La iniciativa fue firmada además por los diputados Luis Lemus (PS) y Marcos Espinosa (PR). Tras la controversia generada entre Codelco y la Contraloría General de la República en torno a quién corresponde la labor fiscalizadora sobre la minera estatal, el diputado miembro de la Comisión de Minería, Lautaro Carmona, promovió un Proyecto de Acuerdo a fin de insistir en el ingreso de un proyecto de Ley por parte del Ejecutivo, que fortalezca las atribuciones de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) sobre la cuprífera. Cabe destacar que en estos días se discuten las conclusiones de la llamada “Comisión Investigadora de Codelco”, en donde uno de los puntos destacados ha sido, justamente, la necesidad de revertir el paulatino debilitamiento de Cochilco a partir del año 2010. “En la controversia pública entre Contraloría y Codelco, ha quedado en evidencia que hay un hecho que al menos nosotros compartimos. Hace falta una mayor fiscalización acerca del funcionamiento de Codelco, sin que afecte su competitividad en el mercado del cobre, toda vez que como la principal empresa del Estado y de Chile en un tema que tiene mercado internacional, debe estar en condiciones de que su gestión gerencial no regale ventajas a la competencia”, aseveró el diputado Carmona. El diputado por la región de Atacama agregó que Cochilco, como corporación fiscalizadora de los actos de Codelco, debe ser más activa. “Estamos ciertos de que no es posible fiscalizar cada día, en cada punto del país de la labor de Codelco, pero sí hacerlo en una forma mucho más proactiva entendiendo que los que se quiere resguardar es darle garantías a todos que nadie hará un negociado en beneficio propio o familiar o de un grupo de interés cercano, con lo que es ejercicio de la principal empresa del Estado”, agregó. El texto del Proyecto de Acuerdo, firmado además por los diputados Luis Lemus (PS) y Marcos Espinosa (PR), solicita a la Presidenta Michelle Bachelet presentar una iniciativa de ley relativa al fortalecimiento de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). En él se destaca que entre los años 2010 y 2014, “se redujo drásticamente  se la planta fiscalizadora, desde los 14 a los 7 fiscalizadores, debilitándose su capacidad de auditar y conocer los contratos que suscribió en ese momento la cuprífera estatal”. Por tanto, su busca el pronto ingreso de un proyecto de Ley que dote a este organismo con facultades sancionatorias, aumente su capacidad de fiscalización aumentando su planta y presupuesto, además de modernizar los sistemas de control de las operaciones de Codelco y Enami. Santiago de Chile, 10 de enero 2018 Crónica Digital

De acuerdo al parlamentario, “el 20 Diciembre de 2016, presenté un Proyecto de Ley (Boletín 11043-07) para que el Senado de la República conozca y apruebe los ascensos a Coroneles y Generales y todos los oficiales superiores de las FFAA, tal como ocurre en otros países de América”. “Y hoy vemos”, continuó, “el daño que se provoca a las instituciones del Estado por los cuestionamientos al recién nombrado Comandante en Jefe del Ejército”. “Por lo que tiene toda lógica que el Senado vuelva a revisar las propuestas del Gobierno respecto de los oficiales tal como se hacía hasta 1980, ya que de esta forma, se fortalece el sistema democrático con la participación de los poderes del Estado”, agregó. “Ya en la Constitución de la República del año 1823, se estableció que el Senado aprobaría la designación de los generales en jefe de las Fuerzas Armadas que propusiera el Ejecutivo”, explicó el senador Alejandro Navarro, al referirse a su Proyecto de Ley ingresado el año 2016 al Parlamento, y que busca recuperar dicha tradición republicana. Al respecto, el legislador por la Región del Biobío manifestó que, “desde los inicios de la República y por más de 160 años, esta exigencia se fue plasmando en los diferentes textos constitucionales, por lo que el Senado de una forma un otra debía aprobar los nombramientos de los oficiales de más alto rango”. “Más aun”, continuó, “hasta el año 1973, la Comisión de Defensa del Senado, revisaba anualmente la propuesta que el gobierno hacía respecto de los oficiales que obtenían los grados de coroneles y capitanes de navío, así como los futuros integrantes del alto mando, los generales y almirantes de la Fuerzas Armadas. Tras dicho informe, era la Sala del Senado, la que aprobaba, dicho ascensos”. “Incluso la Junta de Gobierno, en 1974, mantuvo este criterio de nombramiento con aprobación de dos poderes del Estado; artículo 13: Con acuerdo de la Junta de Gobierno, el Presidente conferirá los empleos o grados de oficiales generales, mediante decreto supremo. Para la provisión de los empleos o grados de Coroneles o Capitanes de Navío, se estará a lo dispuesto en los reglamentos de las instituciones”, rememoró. De acuerdo a Alejandro Navarro, “solo en 1980 y luego de más de un siglo y medio, es que se deja de consultar al Senado por dichos nombramientos, pasando a ser de exclusividad del Ejecutivo”. “Pero hoy”, prosiguió, “tras el destape de distintos fraudes en los que se han visto involucrados los altos mandos de las instituciones armadas y donde el recientemente nombrado Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau, ha sido cuestionado por su elevado patrimonio, redes de contactos y acusaciones de violencia, nuestro proyecto de ley vuelve a la palestra”. Para Navarro, “pues tal como ocurrió en Chile desde los albores de la república y como es la constante en países tales como Argentina, Uruguay e incluso Estados Unidos, el Poder Legislativo interviene, ratificando los ascensos presentados por el Ejecutivo”. “Pues esto permite una mayor transparencia y participación de la ciudadanía, con lo que […]