Luego de que la Corte de Apelaciones rechazara un recurso de protección presentado por una pareja gay, El Movilh pidió además al presidente de la UDI, el senador Hernán Larríen, que amplíe y actualice su concepción sobre los derechos humanos, tras su rechazo al matrimonio igualitario. *El Movilh llamó a marchar por el matrimonio igualitario El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) apeló ante la Corte Suprema contra un fallo de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó un recurso de protección presentado por una pareja gay, Ramón Gómez y Gonzalo Velásquez, a raíz de la prohibición del matrimonio igualitario. Alegando que es si le compete al Poder Judicial definir si una norma es o no inconstitucional y enfatizando que la universalidad de los derechos humanos está por sobre cualquier legislación, el abogado del Movilh, Jaime Silva, busca con la apelación revertir el fallo de la Corte de la Apelaciones del pasado 10 de  junio. En esa ocasión, la presidenta de la Corte de Apelaciones,  María Soledad Melo, la ministra Maritza Villadangos y el abogado integrante, Óscar Torres, sentenciaron que era competencia de otros órganos del Estado pronunciarse sobre el matrimonio igualitario y desestimaron que el Registro Civil hubiese vulnerado la igualdad ante la ley consagrada en la Constitución al  negar una hora de matrimonio a la mencionada pareja, pues la actual normativa establece que el vínculo es exclusivo entre un hombre y una mujer. Para Silva, “la sentencia recurrida es contraria a derecho por cuanto supedita los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana de las personas homosexuales, garantizados por esta Constitución, así como por tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, a un simple texto legal que resulta derechamente anacrónico en un Estado de Derecho democrático y respetuoso de la  dignidad humana». El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, añadió que “esperamos que la Corte Suprema, al igual que muchos poderes judiciales en el mundo, se empodere en la defensa de los derechos humanos y sea una facilitador para el avance de la plena igualdad legal, antes que un obstaculizador”. En otros ángulo, el Movilh lamentó hoy que el presidente de la UDI, el senador Hernán Larraín, “haga festín de  su rechazo al matrimonio igualitario y levante, casi con orgullo, las banderas de la desigualdad y de la discriminación, no dando más argumentos que los mismos que las iglesias para oponerse a esta legislación”. En relación a los apoyos al matrimonio igualitario manifestado por los diputados Marisol Turres,  Felipe De Mussy Joaquín Lavín tras los acuerdos que el Movilh alcanzó con el Gobierno y el Parlamento, Larraín sostuvo que «hay una posición inmesamente mayoritaria en la UDI en la que el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer»          «Hay que entender que la línea central es una sola, pero que en esta materia pueden haber opiniones aisladas», precisó. En este contexto, el Movilh llamó a Larraín a “ampliar y actualizar su concepción sobre los derechos humanos. […]

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 17 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Jorge Grez Aburto, ilícito perpetrado a partir del 23 de mayo de 1974. En fallo unánime (causa rol 1853-2014), la Duodécima Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Alejandro Rivera, Maritza Villadangos y el abogado (i) José Luis López Reitze– confirmó la sentencia de primera instancia que condenó a 17 agentes, pero y revocó la resolución que condenó a otros 56, por considerar que no está acreditada su participación en los hechos. La resolución del tribunal de alzada condenó, en calidad de autores, a penas de 10 años de presidio a: César Manríquez Bravo, Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Gerardo Urrich González. En tanto, deberán purgar a 5 años y un día de presidio, también como autor del delito de secuestro calificado, los agentes: Raúl Iturriaga Neumann, Ciro Torré Sáez, Claudio Orellana de la Pinta, Julio José Hoyos Zegarra, Nelson Paz Bustamante, Manuel Carevic Cubillos, José Fuentealba Saldías, Basclay Zapata Reyes, Pedro Araneda Araneda, Rafael Riveros Frost, Víctor Manuel Molina Astete. Asimismo, como cómplices fueron condenados los agentes: Luis Mora Cerda y Reinaldo Concha Orellana a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada. En la etapa de investigación, el ministro en visita Hernán Crisosto Greisse logró establecer: «Que en horas de la tarde del día 23 de mayo de 1974 en circunstancias que Jorge Arturo Grez Aburto, a quien se le sindica como militante del partido Socialista y ex militante del Mir, salía de una galería de arte, ubicada entre las calles Mac Iver y Miraflores, en el centro de Santiago, fue interceptado por unos individuos que resultaron ser agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, organización creada por el Gobierno Militar de la época, para la represión y neutralización de personas que consideraba enemigos del régimen, quienes lo trasladaron a un inmueble ubicado en calle Londres 38, conocido también como «Yucatán», que funcionaba como recinto clandestino de privación de libertad». Durante el tiempo de reclusión, agrega, «(…) fue llevado por un par de días al recinto de detención del Estadio Chile y luego vuelto a Londres 38; mientras estuvo en este último recinto se le mantuvo sin contacto con el exterior, vendado, amarrado, siendo sometido continuamente a interrogatorios bajo tortura, por los agentes señalados, en los que le preguntaban por sus actividades partidistas y sobre el nombre y domicilio de sus compañeros de grupo político con el fin de proceder a su detención. Fue visto además por otros detenidos en el recinto de «Cuatro Álamos». La última fecha en que Grez Aburto fue visto con vida ocurrió en fecha indeterminada del mes de julio del mismo año 1974, y desde entonces no ha sido posible determinar su paradero, no obstante las innumerables búsquedas que se han realizado, manteniéndose dicha situación hasta el momento actual». En el aspecto civil, el tribunal […]

Representantes de la directiva Nacional y metropolitana del Colegio de Periodistas de Chile y distintos comunicadores realizaron este fin de semana una jornada de Encuentro Local Autoconvocado (ELA), replicando las experiencias realizadas desde Arica a Punta Arenas en las sedes regionales, con miras a establecer los preceptos principales de una nueva Constitución. El proceso constituyente, que hasta la fecha ha inscrito más de 11 mil encuentros, se desarrolló en el histórico edificio del Colegio, en Amunátegui 31. Al lugar asistieron dirigentes y socios del gremio, que debatieron y reflexionaron en torno a principios como la pluriculturalidad, igualdad, el bien común y los derechos básicos que debiese garantizar una nueva carta magna. El principal consenso del debate fue el Derecho a la Comunicación, entendido como la definición colectiva del derecho a la libre expresión e información de la ciudadanía, que implica valores como el pluralismo y la libertad de prensa,  como una de los principales fundamentos a contemplar en las bases democráticas de una nueva Carta Fundamental. Desde el punto de vista del Colegio de Periodistas, el libre acceso a la información de interés público, restringir la concentración de la propiedad mediática y debatir una ley de medios para Chile, entre otros, son los horizontes para una prensa más pluralista y democrática. Sobre este punto, la Presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, dijo que; “destronar el precepto neoliberal que entiende la libertad de expresión como libertad de empresa y rechaza toda regulación y políticas públicas sobre la materia, es urgente en Chile. Por eso participaremos férreamente de todas las instancias institucionales del debate constituyente para instalar el derecho a la comunicación y libre expresión como una garantía colectiva del pueblo de Chile, que debe ser garantizada por el Estado y base de la nueva Constitución, que esperamos sea debatida por una asamblea constituyente”. En el mismo sentido, la dirigenta insistió en que este debate debe apuntar a dotar de más pluralismo al sistema mediático, confrontar los oligopolios de la prensa y restituir el debate ético acerca del pluralismo. El Presidente del consejo metropolitano, Giacomo Marasso, valoró la instancia, ya que significa una oportunidad para conversar y debatir: “Me parece muy bien que hagamos este ejercicio, tanto a nivel nacional como regional. Lo que sí me gustaría es que fuese vinculante, pero ya constituye un hecho que los periodistas y profesionales de la comunicación lo realicen. Esto abre camino hacia una nueva Constitución democrática, en la que el derecho a la información, a la comunicación y la libertad de expresión son tres pilares fundamentales». Esta sesión se suma a otros encuentros organizados voluntariamente por las y los trabajadores de la comunicación pertenecientes a las diferentes filiales del Colegio de Periodistas, que durante los próximos días realizarán sus debates a lo largo del país. Santiago de Chile, 20 de junio 2016 Crónica Digital