Un grupo de legisladores prepara hoy un proyecto de resolución para presentarlo ante el Mercado Común del Sur (Mercosur) a fin de que interceda por un diálogo entre Bolivia y Chile para resolver sus diferendos. El documento será dado a conocer en la próxima sesión del Mercosur, prevista para el 21 de junio en Montevideo, dijo la diputada boliviana ante ese organismo, Benita Díaz. En opinión de la parlamentaria, los conflictos entre los dos países afectan la unidad de la región y no permiten construir y consolidar la Patria Grande por la que se viene trabajando desde los organismos de integración. Ambas naciones mantienen un antiguo diferendo desde que en 1879, luego de una invasión, Chile le arrebató a Bolivia 400 kilómetros de litoral y 120 mil kilómetros cuadrados de territorios ricos en minerales. En 2013 el Gobierno boliviano decidió presentar una demanda contra Chile ante La Haya para lograr una salida soberana al mar, tema en el que el tribunal internacional se declaró competente para atender la reivindicación. Los bloques progresistas en el Mercosur apoyan el derecho de Bolivia de lograr un acceso al Océano Pacífico. «En coincidencia con el papa Francisco, creemos en el derecho de Bolivia a una salida al mar. Tenemos que trabajar entre todos porque somos una patria grande», dijo el parlamentario argentino en ese organismo Alejandro Karlen. Además de este conflicto, los dos países mantienen un diferendo por el desvío del río Lauca y por los manantiales del Silala, reservorio hídrico que nace en territorio boliviano y cuyas aguas son utilizadas por varias ciudades y empresas mineras chilenas, sin compensación alguna al país de origen. El Mercosur, creado en 1991, está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Bolivia está en proceso de adhesión, en tanto que Chile, Colombia, Ecuador y Perú son socios del bloque. La Paz, 11 de junio 2016 Crónica Digital / PL
La representación de Telesur en Argentina llamó al gobierno a reflexionar sobre su decisión de suspender la señal del canal latinoamericano en la Televisión Digital Abierta (TDA), un sistema público de libre acceso. Gobierno argentino contra Telesur y Russia Today En conversación con Prensa Latina, la representante legal de Telesur en Buenos Aires, Carolina Silvestre, manifestó que «como corresponde porque consideramos que son violados nuestros derechos respondimos a la decisión de las autoridades de la Radio y Televisión Argentina Sociedad Estatal (RTA SE)». El pasado martes 7 en carta firmada por la apoderada judicial y administrativa de la RTA SE, María Eugenia Martínez, le comunicó «siguiendo las instrucciones de mi mandante» a la representación de Telesur que dejaban de emitir su señal en el plazo de 15 días. Utilizaron como pretexto la excusa de que renovarán el paquete de canales que se trasmiten por ese sistema público y gratuito que creó el anterior gobierno de Cristina Fernández para que más argentinos tuvieran acceso a una televisión más pluralista, democrática y libre. Silvestre precisó que en especial la carta de contestación llama al ministro Hernán Lombardi, responsable del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de Argentina «a que revean esa decisión de sacarnos de la TDA pues viola el artículo 43 de la Constitución Nacional». Con ello, «violan la libertad de expresión, la libertad de prensa, y de información, y están privando a millones de usuarios de poder acceder libremente a la señal de Telesur si esa es su voluntad», aseveró. En la carta, la representante legal exhorta a las autoridades locales «a dejar sin efecto la rescisión unilateral de los convenios», y los llama a reconsiderar dicha medida «toda vez que pueden renovar las transmisiones manteniendo nuestra señal». La misiva de respuesta también señala que Telesur es «el único medio que cubre la totalidad de las noticias del Mercosur», y los convoca a «mantener la emisión de nuestra señal en cumplimiento de la legislación vigente». «Caso contrario, nos reservamos el derecho de ampliar el presente recurso de reconsideración e iniciar las acciones legales correspondientes en los términos planteados del artículo 43 de la Constitución Nacional», sostiene la carta de la representación de Telesur en Argentina. Ya el 27 de marzo pasado, Lombardi comunicó que el gobierno del presidente Mauricio Macri resolvió rescindir el convenio de coparticipación accionista junto a otros Estados de la región en la sociedad La Nueva Televisión del Sur CA. Esa acción avaló la decisión de compañías de televisión por cable como la del Grupo Clarín de sacar la señal de Telesur de su paquete de canales. Incluso, Lombardi en ese momento refirió que los interesados podían seguir viendo el canal multinacional a través de la TDA, pero ahora también lo suspenden en ese sistema. En un principio, el ministro de Medios y Contenidos Públicos alegó motivos económicos para aquella primera decisión, pero después se retractó -afirmó Silvestre- porque en realidad las acciones que vienen tomando contra Telesur tienen una evidente motivación política-ideológica. Lombardi también comunicó […]
Bonificación se extiende por ocho años más, es parte de los logros del profesorado y beneficiará a más de 20 mil docentes en todo el país. En el marco del Seminario “Nuevas Normativas de Educación y Desafíos para la Formación Inicial Docente”, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, anunció que “ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley que extiende el Bono de Retiro por ocho años más.” Este proyecto de ley se anunció el día 28 de enero luego de intensas tratativas por parte del Colegio de Profesores y el Parlamento, buscando que el Ministerio de Educación estableciera un bono de retiro. “En la Cámara de Diputados se hizo un anuncio previo al último trámite legislativo de la ley de carrera docente, éste quedó comprometido en una mesa de negociaciones cuyo acuerdo era que debía existir un mecanismo de salida a la carrera. Esto es el bono de retiro que continúa desde el 2016 hasta el 2024,” agregó Gajardo. El presidente del Magisterio, señaló que “beneficiará a más de 20 mil profesores en todo el país, es otro paso de avance que hemos logrado en la carrera docente y nos da más tiempo para conseguir el bono permanente.” A la actividad de formación inicial, estuvo presente el director nacional del Colegio de Profesores, Sergio Gajardo Campos, quien se manifestó satisfecho “por el avance que significa tener un bono de retiro por ocho años más, lo que no da tiempo para seguir trabajando por el bono de retiro permanente.” Seminario de Formación Inicial Hasta el Hotel Plaza San Francisco, llegó el Colegio de Profesores invitado al Seminario que implica los desafíos de la formación Inicial y la importancia de las universidades y escuelas de pedagogía en esta etapa clave de la educación superior de los docentes. Al respecto, el presidente del gremio, Jaime Gajardo, indicó que “hoy se ha desmejorado mucho la calidad de la formación del profesorado y eso hay que corregirlo. El hecho que existan exigencias para que las universidades que imparten pedagogía sean acreditadas y mejoren sus mallas curriculares, es un conjunto de medidas que ayudan a mejorar la formación inicial docente.” En tanto la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, destacó “los desafíos enormes que este proyecto de ley establece para la formación inicial que van a ser obligatorios para todas las escuelas de pedagogía y también el proceso de desarrollo profesional docente, en el cual la formación continua es fundamental para la mejora de la calidad del sistema.” Cabe destacar que en este sentido, la subsecretaria de Educación, subrayó la importancia del “avance del programa PACE – acompañamiento y acceso efectivo a la universidad- que comenzó trabajando con siete instituciones y hoy ya son 30, por lo tanto los estudiantes van a ir ingresando al sistema universitario de forma importante. Hoy son 450 recintos de educación media y esperamos incrementarlos durante el 2017.” Santiago de Chile, 11 de junio 2016 Crónica Digital
Especialista en seguridad pública de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, sostiene que organizadores de manifestaciones también deben hacerse cargo de controlar hechos de violencia. Afirma que la autoridad debe acotar los espacios donde se realizan las protestas a lugares claramente delimitados, como plazas. Según el académico, ello permitiría garantizar “mayores niveles de seguridad”. La figura de un Cristo destruido por encapuchados fue una de las imágenes que mayor impacto provocó tras la movilización organizada por la Confech el pasado jueves. Pese a que la situación fue repudiada por distintos actores y de manera transversal, el hecho se suma a otras acciones violentas efectuadas en el contexto de marchas, como la muerte de un guardia durante las manifestaciones del 21 de mayo. Para el experto en seguridad pública de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, “habrá que repensar los requisitos para autorizar estas movilizaciones”. El académico explica que “por los hechos que hemos observado, el espacio de movilización es demasiado amplio”. En tal sentido, el experto propone que la autoridad autorice “un lugar donde esté contenida la manifestación, para garantizar mayores niveles de seguridad”. De acuerdo a su análisis, plazas u otros sectores claramente delimitados aportarían a que tanto Carabineros como los organizadores de las manifestaciones controlen con mayor eficacia las acciones violentas. “Aunque no es su responsabilidad, los organizadores deben actuar para aislar a estos grupos. También, creo que es importante que sean los mismos manifestantes los que rechacen estos hechos, tal como en 2011”, enfatiza Araya. Además, afirma que “es importante que Carabineros tenga también la certeza de que si va a ir detrás de dos o tres encapuchados, ellos no tendrán el apoyo del movimiento estudiantil y no serán protegidos por la masa”. Por otra parte, el especialista señala que “a veces, lo que sucede es que Carabineros está en la disyuntiva entre seguir a la gran masa o focalizarse en estos sujetos. Debe haber un trabajo estratégico y de inteligencia para impedir estos hechos. Hay que repensar la estrategia policial”. Resultados de investigaciones disuaden a violentistas Para la experta en seguridad ciudadana del plantel estatal, Lucía Dammert, la salida al problema de la violencia va por este último camino. “La solución a esto no es la mano dura, sino la mano inteligente. Los problemas no se solucionan con nuevas leyes o figuras, sino con tener más resultados”, sostiene. “Lo que todos estamos esperando es una resolución fuerte para que los hechos no ocurran y para que las personas puedan ser juzgadas efectivamente. Si nadie paga la culpa de esto, entonces, posiblemente, se vuelva a repetir y para allá tiene que ir la acción policial, con presencia, pero sobre todo con resolución de casos”, complementa la especialista. La académica descarta que el problema sea la falta de contingente policial o de facultades para enfrentar estos hechos, ya que en todos estos el delito es evidente. “El presupuesto de Carabineros ha aumentado sosteniblemente en los últimos 15 años, también la dotación policial. Uno no puede tener una cantidad […]
Un grupo transversal de parlamentarios, encabezados por el senador Guido Girardi, pedirán al Ejecutivo que invierta 12.500 millones de pesos para potenciar el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Dr. José Joaquín Aguirre, como el principal centro de formación de especialistas del país y así poder reducir el déficit de personal y las listas de espera. Una “visita en terreno” realizaron este viernes el senador Guido Girardi y el diputado Daniel Farcas, quienes junto al rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi y al decano de Medicina de esa casa de estudio, Manuel Kukuljan, se reunieron con un centenar de médicos y recorrieron algunas dependencias del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre, ubicado en la comuna de Independencia. Al término del encuentro el rector Vivaldi señaló que “esta visita es para anticipar una reunión que tendremos, junto a diversos parlamentarios, con autoridades de Salud y Hacienda para reimpulsar la labor que tiene este hospital”. El rector señaló que “este hospital genera una cantidad importante de especialistas del país, es fundamental en la investigación científica, un centro de referencia del más alto nivel para patologías complejas y permanentemente impulsa el desarrollo de la medicina. Es esencial que el Estado actúe en consecuencia con ese rol lo que traerá beneficios para la salud pública y privada del país”. La autoridad universitaria afirmó que “la última vez que el Estado puso un peso fue en 1994” y agregó que dese entonces se aplica el “arréglenselas ustedes” pues como no es parte del Servicio de Salud es la Universidad de Chile la que debe asumir el déficit, “los padres que pagan los aranceles son quienes terminan financiando el principal centro formador de especialistas en Chile”, señaló Vivaldi. El académico agregó que “queremos que el Estado haga una inversión nimia, para lo que es un hospital ($ 12.500 millones), pero que tendría un tremendo impacto en la potencialidad del hospital porque mejorando equipamientos en áreas como imagenologia, unidad coronaria, camas para urgencias, unidad de tratamiento crítico pediatra, hacen una enorme diferencia de lo que se le puede ofrecer a la comunidad”. CONDICIONA APOYO A PRESUPUESTO Por su parte, el senador Girardi, calificó de “paradoja que habiendo tres millones de personas en lista de espera por falta de 3 mil especialistas en hospitales y tres mil médicos en consultorios se deje morir -por irresponsabilidad, negligencia y falta de visión- al principal centro formador de recursos humanos de salud que tiene el país”. El parlamentario recordó que “las clínicas privadas no forman enfermeras, matronas, auxiliares ni médicos, pues no permiten que los internos aprendan con sus pacientes. Es en el sistema público, fundamentalmente en este hospital clínico de la Universidad de Chile, donde se forma la mayor parte de los especialistas chilenos”. Para Girardi “es una vergüenza que se deje deteriorar al principal centro formado de médicos de Latinoamérica no sólo para Chile. Si tenemos buenos indicadores de salud respecto a los bajos recursos (US $ 500 per cápita al año) no es por la hotelería […]
Óscar Oszlak (ex Subsecretario de Reforma Administrativa y ex asesor del presidente Raúl Alfonsín), docente y autor de varios libros, publicó en Chile La trama oculta del poder. Reforma agraria y comportamiento político de los terratenientes chilenos, 1958-1973(LOM Ediciones). Un tema de interés político e histórico cuyas consecuencias aún se hacen sentir. Sobre el tema, Óscar Oszlak conversó con revista Punto Final. ¿Cómo nace la idea de un libro sobre la reforma agraria y la reacción de los terratenientes? Originariamente, el libro iba a ser mi tesis doctoral. Tuve que suspender el proyecto hace 47 años y escribir luego otra tesis. Mantuve durante todos estos años la ilusión de terminar el libro por la calidad de la fuente de información recogida en el verano 1969/70. Cuando comienza el proceso de reforma agraria ¿En qué posición se encontraba la burguesía terrateniente? No es fácil precisar un momento de comienzo del proceso. Yo lo sitúo hacia el comienzo del gobierno de Jorge Alessandri, debido a que es en el segundo año de su mandato cuando encuentro las primeras referencias a propuestas de iniciar una reforma agraria, sobre todo por la inquietud que ello despierta en la burguesía terrateniente. Pese a su enorme poder como caracterizado sector de la clase dominante chilena, los empresarios agrícolas arrastraban por entonces el estigma de ser los principales responsables del estancamiento en la producción del sector, que venía produciéndose desde muchos años atrás. La “reforma agraria” de Jorge Alessandri fue de “macetero” ¿Qué piensa usted que lo impulsó a llevar a cabo algo así? ¿Tuvo alguna repercusión posterior? Se la llamó “de macetero”, porque de hecho fue inocua desde el punto de vista del proceso de expropiación y redistribución de la tierra. Alessandri se vio forzado a adoptar una ley, casi inaplicada, a raíz de la presión de los Estados Unidos, cuando el presidente Kennedy, que temía el posible impacto de la revolución cubana, lanzó la llamada Alianza para el Progreso, una política que supeditaba la concesión de créditos y ayuda externa a la adopción de varias leyes importantes, entre ellas, la de Reforma Agraria. Pero también comenzaban a producirse presiones desde los partidos políticos (el Partido Radical condicionó ingresar a una coalición con el gobierno a que se discutiera un proyecto de reforma agraria), la prédica de la Iglesia, la posición de los industriales y el comienzo de los movimientos campesinos. Obviamente, todos estos procesos tuvieron repercusión posterior y crearon una creciente amenaza al sector terrateniente. ¿Diría usted que hubo errores en la implementación de la reforma agraria por parte del gobierno de la Unidad Popular? Todo gobierno comete errores en el diseño o implementación de una política. Yo no analizo en mi libro los aciertos o errores de la política estatal, sino sus consecuencias sobre el comportamiento de los terratenientes. Pero es evidente que al profundizarse el grado de radicalización de la política gubernamental en materia de expropiaciones y estatizaciones de empresas, el gobierno de la Unidad Popular consiguió estrechar, mucho más que antes, los […]
Muchos han rasgado vestiduras por la libertad de prensa en estos días. Los mismos que controlan casi todos los medios y que han hecho invisible la huelga de hambre que por más de un mes llevan adelante cuatro ex presos políticos en pleno centro de Santiago (Plaza Brasil). La situación de los ex PP es dramática. Hace algunas semanas falleció una que recibía la miserable “pensión” de algo más de cien mil pesos. Como esto jurídicamente es un subsidio y no una pensión propiamente tal no tuvo derecho a servicios fúnebres y hubo que llevarla al camposanto en una camioneta. El sistema Prais permite atención en salud gratuita en calidad de indigente. De todos los países que sufrieron dictaduras militares la peor reparación es la chilena, lo que contrasta vivamente con la situación económica de nuestro estado y las millonarias remuneraciones que se auto atribuye la casta política. Ningún de los enriquecidos con fondos públicos estaría allí se no hubiera habido chilenos que asumieron todos los riesgos y que soportaron en carne viva el costo de la dignidad. Ser opositor a la dictadura era meterse en camisa de once varas. Pero si tenías la mala suerte de caer preso, luego de recibir los peores tratos y crueles y degradantes que se puedan imaginar, entrabas a listas negras, de partida ningún organismo estatal o municipal te iba a dar trabajo. Todos los ingresos eran visados por la Central Nacional de Informaciones (CNI). Las grandes empresas tenían sus propias listas negras. Nadie salía como había entrado a la prisión política. No sólo eran las huellas de los cuerpos lacerados. Muchos ex pp no cuentan todo lo sufrido. Porque es como volver a vivirlo. La prisión política reventaba la vida, muchas familias sucumbieron. La indolencia del gobierno es irritante. Hacen el cálculo pérfido que nadie ha muerto en Chile en una huelga de hambre, así que basta con invisibilizar el movimiento. Muchos miles de chilenos sufrimos la prisión política. Las cifras oficiales son un pálido reflejo de lo ocurrido. Los sistemas de calificación están muy permeados a la corrupción, yo conozco personalmente dos casos de participante directos en la represión como el ex capitán de Carabineros Carlos Gaete Manríquez y el ex teniente coronel de Ejército Patricio Kellet Oyarzún ( procesado actualmente por torturas por la Corte de Apelaciones de Valdivia) que reciben millonarios beneficios. Sergio Onofre Jarpa instigador del golpe y Ministro del Interior de la dictadura recibe millonaria pensión como exonerado político. Ahí están esos compatriotas en su invisible huelga de hambre. Ya no son los jóvenes de antes pero su dignidad está intacta. Por ROBERTO AVILA TOLEDO- EL CLARIN Santiago de Chile, 11 de junio 2016 Crónica Digital /EL CLARIN
Tras los hechos ocurridos en la Iglesia de la Gratitud Nacional, la FEUC se reunió el viernes 10 con el párroco Mauricio Jacques para conocer cuáles fueron los daños a la Iglesia y de qué manera manera los estudiantes pueden colaborar. En la cita el párroco comentó que dentro de todo «no hay destrozos en la Iglesias, gracias a Dios. No hay que aprovecharse de la situación». En un principio pensaron que no habían tenido pérdidas, sin embargo se percataron que la ropa destinada a la acción social fue robada y mojada por acción del guanaco. «Nos había llegado un fajo de ropa desde Estados Unidos» indicó, la cual iría en ayuda a niños, adultos mayores y presos de la cárcel de Colina. «Es ropa que va en ayuda a diferentes lugares, porque como parroquia nuestra acción social llega a muchas comunas» indicó Jacques. Frente a la visita de la FEUC el párroco valoró el «corazón generoso» de los jóvenes «gente ha renegado bastante de los jóvenes estos días y no son la mayoría. Aquí podemos ver su corazón generoso, la preocupación por el prójimo y la fuerza social que tienen» afirmó el padre Mauricio Jacques. Pablo Contreras, coordinador de la FEUC y quien asistió a la reunión con el párroco planteo «como FEUC hemos venido a solidarizar con la parroquia y poner a disposición la FEUC como Centro de Acopio de los artículos perdidos. Así como lo hemos hecho apoyando a Chiloé y sus movilizaciones, el terremoto en Ecuador y el temporal que azotó hace unas semanas en Santiago» «La FEUC va a estar abierta para recibir ropa de invierno de adulto joven y en buen estado, ya que esta irá destinada a niños, abuelos y presos por medio de la acción social de la Iglesia de la Gratitud [Nacional]» informó Contreras. Por su parte, Daniel Gedda, presidente de la FEUC condenó el ataque a la Iglesia: «Nosotros repudiamos el saqueo a la Iglesia, si bien son acciones que se alejan de nuestros objetivos, es necesario entenderlo de manera profunda. Es un síntoma de la violencia estructural de nuestra sociedad que excluye y margina a miles de chilenos ya sea por trabajo, vivienda, educación, salud o las mismas jubilaciones» afirmó. Repudiamos saqueo de la Gratitud Nacional, esto empaña el esfuerzo de miles de estudiantes que pacifica% marchamos por una Nueva Educación— Daniel Gedda (@DanielGedda) 9 de junio de 2016 «Esto no lo solucionaremos con milicias estudiantiles, más carabineros o represión. Esto se soluciona definitivamente con una Educación como derecho, que no excluya a nadie por su condición socioeconómica» afirmó el presidente de la FEUC. Finalmente, Pablo Contreras hizo un llamado a colaborar con la campaña: «hubo muchas reacciones en nuestra comunidad por el saqueo del Cristo. Que no se quede solo en repudio por redes sociales, la invitación es a colaborar trayendo ropa y demostrar que este movimiento estudiantil es solidario». La campaña comenzará este día Lunes 13 y se extenderá hasta el Viernes 25, las oficinas FEUC estarán habilitadas para recibir ropa de invierno de adulto joven (en buen estado) y frazadas. Santiago de Chile, 11 de […]
*Entre otros, se acordó que el proyecto de ley será presentado el primer semestre del 2017 y que incluirá todos y cada uno de los derechos de las parejas heterosexuales, incluidos los de filiación y adopción. El acuerdo incluye la totalidad de demandas legislativas y de políticas públicas de la diversidad sexual *Los detalles del acuerdo serán conocidos públicamente en los próximos 20 días en una ceremonia público. El Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Moivlh) llegaron hoy a una histórico solución amistosa sobre la demanda internacional por el matrimonio igualitario, lo que permitirá que esa ley sea presentada por el Ejecutivo el primer semestre del 2017 y que garantice todos los derechos de las parejas heterosexuales. El acuerdo se alcanzó en una cita que fue encabezada por el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Enrique Gil Botero, quien calificó “de histórico el acuerdo” y clarificó que el mismo garantiza que el proyecto de ley “igualará todos los deberes y derechos entre parejas homosexuales y heterosexuales. Sino, no se podría llamar matrimonio igualitario”. Los detalles del acuerdo de 6 páginas serán conocidos en los próximos 20 días en una ceremonia pública, y si bien por ahora no pueden darse a conocer, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, aclaró que incluye “la totalidad de las demandas legislativas y de políticas públicas de la diversidad sexual. Se trata de un acuerdo sin precedentes en el mundo, y así lo hizo ver y resaltó en varias ocasiones el relator Gil Botero en la reunión de hoy”. Fue hace 4 años que el Movilh demandó a Chile por la prohibición del matrimonio igualitario, mientras que hace un año y medio se conformó una comisión interministerial de 7 carteras, todas las cuales asumieron las propuestas del mencionado movimiento de la diversidad sexual. El Movilh “aplaudió las innumerables gestiones de la Cancillería y de su Departamento de Derechos Humanos para que hoy pudiésemos sellar este acuerdo”. El Movilh aclaró que “con la solución amistosa de hoy no se ha retirado demanda internacional por el matrimonio igualitario. Esto, pues por normativa, las demandas sólo se entienden por retiradas, una vez que todos los compromisos asumidos en el acuerdo se cumplan”. Santiago de Chile, 11 de junio 2016 Crónica Digital
Con el fin de proteger la vida de los niños y niñas del Centro de Protección de Administración Directa Sename “Capullo”, de la comuna de Chiguayante, el senador Alejandro Navarro, interpuso este viernes un recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Menores, Región del Bío-Bío, por las acciones y omisiones que provocan la amenaza de los derechos constitucionales a la vida, e integridad física y psíquica de los menores. El Presidente de la Comisión de DDHH del Senado explicó que “esta acción judicial va en favor de la pequeña de iniciales D.M.J. de 15 años, quien el pasado domingo 29 de mayo fue encontrada por funcionarios intentando quitarse la vida”. “Sin embargo, esta situación provocó que los trabajadores del recinto se abrieran a contar la realidad de lo que allí ocurre, la que es realmente grave: son cuatro los niños que ya se han intentado suicidar”, añadió. “Es decir”, adicionó, “la atención psiquiátrica que entrega el hogar Capullo no basta para frenar los intentos de suicidio. Existe para cada uno de los cuatro niños del centro con tendencias suicidas, orden de tratamiento en centros públicos de salud, dependientes del Servicio de Salud las cuales no se han cumplido, sin tener justificación alguna”. De acuerdo a Navarro, “es por esto que en virtud de la amenaza, restricción y vulneración de sus derechos constitucionales reconocidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, que interponemos este recurso a favor de la menor, puesto no queremos tener más hechos que lamentar en un centro del Sename”. “Porque ya lo hemos dicho en innumerables ocasiones, el Servicio Nacional de Menores debiese velar por los niños y niñas, cuidarlos y ser la institución que los apoye y rehabilite cuando sea necesario. No puede ser que en el Sename estén peor que en las casas o viviendas desde donde se los trajo”, manifestó el senador del MAS. “Lo ha dicho claramente la Unicef”, agregó, “los niños tienen el derecho a que su interés superior sea una consideración primordial y al disfrute del más alto nivel posible de salud y en el centro de salud Capullo de Chiguayante, lamentablemente, esto no se está realizando”. “No queremos nunca más en Chile tener que lamentarnos por otro caso como el de Lissette”, finalizó el Presidente de la Comisión de DDHH del Senado. Santiago de Chile, 11 de junio 2016 Crónica Digital
