En América Latina, los procesos de reformas policiales son relativamente recientes, desarrollándose principalmente en la década de los ochenta y noventa. Cada una de estas reformas ha contado, eso sí, con particularidades propias: algunas han tenido alcance nacional, otras se han circunscrito a determinados territorios -especialmente donde existen policías descentralizadas- en algunas se ha involucrado la participación de la ciudadanía en el diseño de propuestas, y lo más complejo a mi juicio, es que muchas de ellas se hagan iniciado sin contar con una diagnóstico acabado de la realidad delictual, ni menos han contado con acopios de evidencias de los cambios que han resultado efectivos y eficientes en la labor de las policías. En nuestro país, la necesidad de una reforma a Carabineros se hizo más visible con ocasión del estallido social. Desde entonces hemos escuchado acerca de la instalación de una unidad coordinadora de la reforma -por parte del gobierno de Piñera- y de algunas propuestas legales tales como la ley de modernización de las policías, la extensión de carrera policial, la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, poco es lo que se conoce de dicho proceso, y del contenido de dichos proyectos por parte de la ciudadanía, quien ha sido la primera en clamar por estos cambios. Lo anterior, más allá de la existencia de un sitio web en el que se han anexado una serie de documentos cuyo lanzamiento data de mediados del año 2021. De acuerdo a lo anterior, ya podríamos categorizar este proceso de reforma policial como uno de aquellos que cuenta con escasa participación ciudadana, con el riesgo asociado de ser considerado poco legítimo por la ciudadanía. Hoy la experiencia internacional ha permitido identificar aquellos elementos que son mínimos necesarios para impulsar de manera exitosa una reforma policial. Entre ellos se encuentra la necesaria conducción civil de los cambios que se impulsen en esta materia. La necesidad de contar con canales permanentes de comunicación hacia la ciudadanía que le permita entender y conocer los avances que se hagan en el marco de la reforma policial, también es un elemento mínimo necesario en procesos de reforma. Asimismo, crear espacios de participación efectiva ciudadana para otorgar legitimidad al proceso de reforma. Debe considerarse el implementar adecuados sistemas de control internos y externos, de manera que todos los esfuerzos no corran el riesgo de ser deslegitimados producto de actos alejados o reñidos con la legalidad vigente o que impliquen algún grado de abuso de autoridad. También los canales de comunicación deben considerar espacios intrainstitucionales de participación que permitan a los mismos miembros de la policía ser parte de su proceso de cambio y no recibir por imposición nuevas normas en la materia, lo que seguramente resultaría altamente resistido. Por cierto, todo este proceso debe circunscribirse en un férreo marco de respeto a los Derechos Humanos, especialmente cuando consideramos que hoy el principal desafío operativo de las policías en gran parte del mundo lo es el orden público. En este punto vale la pena considerar lo señalado […]

La serie de eventos delictivos difundidos por los medios de comunicación en el último tiempo, dan cuenta del retorno de una preocupación histórica en nuestro país: la inseguridad pública. Si se compara la encuesta de opinión pública impulsada por el Centro de Estudios Públicos del año 2010- más de una década atrás- es posible observar que la delincuencia se ubicaba en el primer lugar de preocupaciones de la ciudadanía seguido de los temas de salud y luego educación. Los resultados de la misma encuesta para agosto del año 2021, señalan que la principal preocupación en Chile sigue siendo la delincuencia. Hechos de distinta naturaleza, pero concentrados en ilícitos contra la propiedad, como portonazos, asaltos en la vía pública, robos a casa, robos de celulares, han sido los eventos de mayor frecuencia históricamente y los que han copado las portadas de los medios. Sin embargo, el último tiempo, y me atrevería a decir los últimos años, otros eventos también comienzan a ser noticia: secuestros, homicidios rodeados de altos niveles de violencia, delitos asociados al narcotráfico, delitos asociados a bandas extranjeras, ciberdelitos, por mencionar algunos. Hace unas semanas atrás fuimos testigos de un hecho sin precedentes en Chile, un hombre en Iquique era secuestrado y asesinado. Pero no era un hombre vinculado a bandas rivales de narcotraficantes donde este tipo de figuras sí se han hecho presentes en el país, sino de un empresario histórico de la región. Días atrás leíamos sobre el secuestro de un niño en la comuna de providencia para cuyo rescate se solicitó el pago de la suma de 100 mil pesos. Así las cosas, la preocupación hoy debe radicar en el hecho que el diagnóstico histórico que teníamos sobre la delincuencia en nuestro país, parece haber cambiado y se necesita con urgencia entender sobre estos nuevos fenómenos, qué los causa y quiénes están involucrados. El año 2013 expertos en seguridad coincidían en que la mayor parte de los delitos que se cometían en el país tenían relación con los delitos contra la propiedad, tanto así, que el 80% de los delitos de mayor connotación social eran contra la propiedad, en su gran mayoría sin violencia y en el espacio público. “Comparado con la medición de 2020, en 2021 el porcentaje de victimización aumentó de manera significativa”, menciona Fundación Paz Ciudadana al momento de dar a conocer los resultados de la encuesta de victimización, la que pasaba de un 27,4% de los hogares víctimas de delitos en el año 2020, a tener un total de 31,6% de hogares en dicha situación el año 2021.  La misma institución establece que “comparado con la medición del año previo, en el 2021 hay variación estadística en la distribución del tipo de delito: Aumenta la proporción de delitos violentos, pasando de 24% a 28%”. Confirmamos de esta manera, que hoy las características del contexto delictivo han cambiado. También debe considerarse en los análisis, el hecho que la llegada de población migrante de manera masiva a ciertas regiones de la zona norte, así […]

Las opiniones vertidas en este medio de comunicación no necesariamente representan el sentir de Crónica Digital y son de responsabilidad de quienes las emiten.

Crónica Digital, es un medio de comunicación social, republicano y comunitario. Fue fundado el 19 de abril del año 2005. Su objetivo periodístico es informar sobre los principales noticias de Chile, América Latina y el mundo.

El director de Crónica Digital es el periodista Marcel Garcés Muñoz.

Su representante legal y editor general es el periodista Iván Antonio Gutiérrez Lozano.

El editor nacional es el periodista Ramón Vargas Vega.

El editor cultura es el periodista Miguel Alvarado.

Corresponsal en La Habana, Cuba, Florencia Lagos N.

El asesor legal es el académico y abogado Sr. Pablo Méndez Soto.

Los principales asociados informativos de Crónica Digital son la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina , la agencia de noticias China, Xinhua y TV Brics.

En Chile, el medio electrónico El Maipo

Correo: cronicadigital@gmail.com
Dirección: Maturana 302 local 2
Santiago de Chile.

Desde el año 2005 Crónica Digital es parte de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos.

Crónica Digital es una marca registrada. Todos los derechos reservados.

Redacción Diario Crónica Digital
Fono: 950142601

Un café en una plaza con historia....

Maturana con Huérfanos
plaza Brasil,
Santiago de Chile.

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es cafe-con-torta-900x675.jpeg