Esta mañana Amnistía Internacional presentó el informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”, documento que expone antecedentes respecto a la responsabilidad de las altas autoridades de Carabineros de Chile durante el estallido social el pasado 18 de octubre de 2019, y de paso, pide a la Fiscalía investigar dicho actuar de la institución que encabeza el director general Mario Rozas.
Para la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, este informe se suma a varios documentos internacionales presentados anteriormente que dan cuenta que – en sus palabras- la institución ha violado sistemática y permanentemente los DD.HH en Chile.
“Que el Gobierno siga haciendo vista gorda de la necesidad de remover al General Director de Carabineros de su cargo, de la necesidad de tomar medidas para reformular esta institución, a mi me parece que es seguir mirando para el lado frente a la violaciones de DD.HH que están absolutamente acreditadas, donde la responsabilidad política es del Gobierno, y la responsabilidad administrativa sin lugar a dudas es de la institución Carabineros de Chile”, dijo la parlamentaria.
Cariola, diputada representante de la zona norponiente de la capital, agregó que “no me compro la idea de que acá hay que sancionar de manera individual a los efectivos policiales, porque si lo llevamos solo a una categoría individual, desconocemos una acción generalizada y sistemática que Carabineros de Chile ha llevado adelante en las últimas manifestaciones, en los distintas acciones contra la ciudadanía, y en una acción que ya no solo lo decimos quienes hemos hecho esta denuncia públicamente, si no que lo dice Amnistía internacional, la ONU, organismos internacionales que vinieron a Chile, observaron el rol de Carabineros y que han cuestionado duramente su actuar”.
El reporte emitido por la ONG apunta directamente a la responsabilidad que cabe en las principales autoridades de la institución: el director general de Carabineros, Mario Rozas, el subdirector, Diego Olate, y el director de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez, planteando que las omisiones fueron deliberadas por parte de los altos mandos y que estas acciones deben ser dilucidados por la justicia chilena. El informe también señala la responsabilidad del Gobierno de Sebastián Piñera al apoyar constantemente el actuar de la institución y no tomar control en su debido momento “favoreciendo la continuidad de la estrategia”.
Santiago de Chile, 14 de octubre 2020
Crónica Digital
