La ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de San Miguel para causas por violación a los derechos humanos, Marianela Cifuentes, dictó acusación por el delito de homicidio de Hugo Orlando Barrientos Añazco, ilícito perpetrado el día 3 de agosto de 1975, en la comuna de La Cisterna. En la resolución, la ministra Cifuentes responsabilizó como autor del delito al cabo segundo de Carabineros Orlando Sebastián Navarro Valderrama. De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, la ministra en visita dio por establecido los siguientes hechos: Que el día 3 de agosto de 1975, alrededor de las 22:00 horas, Hugo Orlando Barrientos Añazco se encontraba junto a su padre Rafael Barrientos Navarro en una quinta de recreo, ubicada en calle Portales N° 906 de la comuna de La Cisterna. Que, previamente alertados acerca de disturbios al interior de la quinta de recreo, llegaron al lugar el cabo 2° Orlando Sebastián Navarro Valderrama y el carabinero Sergio Alfredo Palacios Valenzuela, ambos premunidos de armas de fuego. Que Navarro Valderrama dispuso que Palacios Valenzuela se mantuviera vigilando la puerta posterior de la quinta de recreo y, acto seguido, ingresó al local con el fin de fiscalizar a las personas que se encontraban en su interior, entre ellos Hugo Orlando Barrientos Añazco. Que, tras desalojar la quinta de recreo, en el exterior de la misma, Orlando Navarro Valderrama disparó por la espalda a Hugo Barrientos Añazco, sin que mediara provocación alguna de parte de la víctima, provocándole la muerte.   Ver resolución (PDF) Santiago de Chile, 21 de octubre 2015 Crónica Digital / http://www.pjud.cl/

Diálogos ciudadanos sobre la delincuencia juvenil ciclo de  foros  realizados por Fundación Paternitas en el cual se escucharon casos de rehabilitación y reinserción de personas que estuvieron en la cárcel y la importancia de la inclusión y educación de estos jóvenes, involucrados en actos delictuales. “Quiero especializarme más en gastronomía, aprender de sabores y nuevas combinaciones de alimentos, espero  hacer de las gastronomía mi vida futura, gracias a que recibí apoyo y creyeron en mi real cambio”. Palabras de Cristopher Gutiérrez en una intervención denominada “Diálogos ciudadanos sobre la inclusión, aumento e  implicancia de la delincuencia juvenil en Chile, organizados  por la Fundación Paternitas en Centro de Justicia Metropolitano. Lugar emblemático donde  diariamente caminan por  gran cantidad de  personas que son formalizadas. El objetivo del foro, conducido por la periodista Margarita Hantke, fue dar a conocer el trabajo de la Fundación Paternitas respecto a la rehabilitación y reinserción de personas que han estado privadas de libertad. Contó con la participación de dos expertos Luis  Vial, Jefe  División Programas y Estudios, Sub Secretaria Prevención del Delito, quien comentó que los medios tienen un rol muy importante en la percepción de la ciudadanía, respecto a la violencia y el aumento de la delincuencia. Además  estuvo presente  y  Ana María Morales, Directora  Área Justicia y Reinserción Fundación Paz Ciudadana. Cabe destacar  la participación de Cristopher Gutiérrez, beneficiario reinsertado,  José Luis Merino, chef, dueño de varios restaurantes en el centro de Santiago, colaborador y asesor de la Fundación, quien se ha comprometido con los jóvenes del Programa Formando en Familia, además de capacitarlos en gastronomía les brinda cupos de trabajo en sus restaurantes,  y el Padre Nicolás Vial Presidente de la institución. Los temas que se debatieron y donde todos los invitados coincidieron, se centraron  particularmente en la violencia con la que hoy actúan los jóvenes delincuentes cuando comente sus atracos y como es urgente tomar  medidas al respecto -que para el Padre Nicolás Vial nacen con  la inclusión y la educación de estos menores-  además donde se vea un profundo compromiso del Estado en esta tarea que incumbe a toda la sociedad. Marcados por generaciones de delincuentes La experiencia de Paternitas demuestra que estos jóvenes están muy dañados por la marginación y los malos tratos que han recibido. Son generaciones que  han desarrollado su vida en el mundo de la  pobreza y delincuencia. “Es por esto que nosotros los acogemos de una forma humana y cercana,  atendiéndolos junto a  sus familias, para que se incorporen en un proceso de crecimiento personal  y se capaciten en oficios”, señaló el Padre Nicolás Vial. El trabajo realizado por la institución con un 70% de éxito de reinserción, se basa fundamentalmente en la confianza, brindar nuevas oportunidades y el trabajo con las familias. Además de realizar  capacitaciones en habilidades blandas y en oficio, la consecución de un puesto laboral, con el respectivo seguimiento del mismo. Al finalizar el foro Khristian Briones otro beneficiario reinsertado por Fundación Paternitas realiza una intervención encerrado en una reja – que él […]

Hasta las oficinas centrales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington viajaron esta semana los directores de El Ciudadano Bruno Sommer y Sebastián Larraín, la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile Javiera Olivares, y los abogados Mauricio Daza Carrasco y Pedro Orthusteguy.  El objetivo, denunciar este miércoles durante horas de la tarde al Estado de Chile por la condena de cárcel para los directores del semanario –dictada por la jueza Paola Robinovich del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago- a raíz de la publicación en 2013 de un artículo sobre el ex diputado Miodrag Marinovic, el cual fue calificado por los tribunales como injurioso.  Gracias a la irreprochable conducta anterior de los profesionales, estos quedaron firmando en Gendarmería por 18 meses. Para Javiera Olivares las sanciones penales tan graves como el presidio a propósito de injurias o calumnias “ilustran la gran distancia entre la regulación chilena y los tribunales internacionales, que señalan que este tipo de penas atentan contra la libertad de expresión, lo cual sienta un precedente para la autocensura incluso en informaciones de interés público”.  Expresó que “por cierto nuestro ordenamiento jurídico debe cautelar la honra y vida privada de las personas, y establecer sanciones, pero de ninguna manera contemplar penas de cárcel”.  En este sentido puntualizó que “Chile requiere dar un amplio debate en materia de libertad de expresión y derecho a la comunicación, en este y otros temas.  De lo contrario estamos empobreciendo la calidad de nuestra democracia”. Para Daza Carrasco y Orthusteguy “esta sentencia constituye una grave violación al derecho a la libertad de expresión y al derecho de ser juzgado por un tribunal imparcial, lo cual vulnera convenciones internacionales”.  Recordaron que Chile ha sido condenado a nivel internacional por infracción a estos mismos derechos “lo cual debe hacer preguntarnos cual es la situación real que hoy existe en relación al respeto efectivo de los derechos humanos por parte de nuestro Estado”.  Explicaron que en los últimos años Honduras,  Jamaica y Argentina han eliminado del Código Penal los delitos de injurias y calumnias, recogiendo así los acuerdos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Agregaron los juristas que “debemos además avanzar en la dirección que han seguido otras naciones de América, que han terminado con la criminalización de los atentados al honor, lo que sin duda aparece como imprescindible cuando a través de esta figura se pretende perseguir penalmente a los directores de medios de comunicación social”.  Esto es válido más aún para denuncias que se hacen sobre actos ilícitos cometidos por autoridades públicas “donde el interés general exige que se permita un control ciudadano efectivo sobre quienes ejercen el poder político, dando espacio a quienes se sienten afectados para hacer sus descargos”.  En el caso de “El Ciudadano” consideran que se ha ejercido una especie de represalia y amedrentamiento que estaría fuera de los parámetros mínimos de una democracia en forma. Par los afectados, en tanto, la decisión del Estado de Chile es simplemente perseguir a quienes tienen una visión […]

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Un aporte único por un millón de pesos para víctimas de la prisión política y tortura reconocidas por el Estado, es uno de los principales aspectos que considera el proyecto de ley que fue despachado tanto en general como en particular por el Senado. La iniciativa que quedó en condiciones de ser remitida para su proceso de promulgación, tiene por objetivo hacer efectivo, en parte, el derecho a la reparación integral, del cual son titulares las víctimas de prisión política y tortura y sus familiares por las violaciones que sufrieron a sus derechos humanos durante los años 1973 a 1990. Dispone la entrega de un aporte de carácter reparatorio por un monto de $1.000.000 a todas las personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, incluyendo a las cónyuges sobrevivientes en la proporción que se indica.  Establece que el aporte constituye un anticipo del monto único y total que se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura. Excluye del derecho a percibir este aporte a las autoridades que se señalan. El aporte será de cargo fiscal, y su pago lo realizará el Instituto de Previsión Social en una sola cuota. Santiago de Chile, 21 de octubre 2015 Crónica Digital    

Estamos muy emocionados. Hoy en Providencia se ha dado un gran paso ​en en el camino de construir una cultura de respeto a los derechos humanos y la memoria. Gracias a todos hemos logrado la aprobación del memorial en homenaje a José Manuel Parada, Manuel Guerrero en el lugar que fueron secuestrados en 1985 y de Santiago Nattino que fue asesinado junto a ellos. Hoy el Concejo de la municipalidad de providencia se pronuncia a favor por 5 votos contra 3, en una sesión abierta y masiva. Con sus firmas demostramos con fuerza que la mayoría del país quiere recordar y transmitir la memoria a las nuevas generaciones No nos anima la revancha sino la convicción de que nos hemos ganado el derecho a la memoria para construir un futuro en paz. Con memoria y alegría, adelante por la vida GRACIAS A Todos 8026 firmas conseguidas Sigamos en contacto para los nuevos desafíos que se vienen a través del Facebook: Ciudad Elefante y del Twitter @ciudadelefante y el mailciudadelefante@gmail.com Santiago de Chile, 20 de octubre 2015 Crónica Digital

Este martes 20 de octubre, la bancada del Partido Comunista de Chile y la Izquierda Ciudadana se reunió con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, para conocer los detalles del funcionamiento de la «Farmacia Popular Ricardo Silva Soto» inaugurada el pasado 15 de octubre y que a partir de noviembre comenzará a vender medicamentos a bajo costo. La iniciativa fue valorada y respaldada por los diputados y diputadas de la bancada, quienes agregaron que existe de fondo un tema de gran importancia para la ciudadanía, como lo son los altos precios de los medicamentos que afectan de sobre manera a comunas con menos recursos y a los adultos mayores. En ese sentido el jefe de la Bancada PC-IC, diputado Daniel Núñez, señaló que “nos parece importante que la Cámara se haga parte de estos temas, los conozca en detalle. Por eso hemos decidido citar a  una sesión especial para discutir los altos costos de los fármacos hoy en día”. Para el diputado por la región de Coquimbo, la creación de una farmacia municipal “es una noticia fundamental para la gente sencilla, que ven afectados sus ingresos cuando se habla del aumento del precio de los remedios. Ella está entregando remedios a bajo costo, que permite a las familias un ahorro que puede alcanzar hasta los 50 mil pesos mensuales, especialmente en familias modestas y adultos mayores. Lo importante de este proceso es que tenemos un mecanismo que puede ser replicado por todas las comunas del país”, sostuvo el diputado Núñez. Por su parte, la subjefa de la bancada, diputada Karol Cariola, quien es parte de la Comisión de Salud de la Cámara, sostuvo que la farmacia municipal de Recoleta será una ayuda importante para aquellas familias que no alcanza a cubrir los gastos médicos con el sueldo. «Hace poco aprobamos la Ley Ricarte Soto que si bien es una ley que contempla un monto fijo para las enfermedades de alto costo, no es lo suficiente para cubrir las necesidades de todo el país. Los pensionados, los jubilados, las personas mayores son los que más necesitan de medicamentos pero al mismo tiempo también  son los que menos recursos perciben a causa de las bajas pensiones, por un sistema de pensiones que es absolutamente desigual que lo único que genera son pensiones de pobreza», sostuvo la diputada. La parlamentaria representante por Recoleta e Independencia, agregó que «esta es una iniciativa no solamente digna de ser replicada en otros municipios del país, sino que además puede resolver un problema real y concreto. Hay 54 comunas en todo Chile que no tienen farmacias y eso es tremendamente complejo porque son personas que ni siquiera tienen acceso directo  a poder  comprar un medicamento. Sin embargo, hay comunas en nuestro país donde hay farmacias cada dos cuadras, y eso también es una situación que genera una distinción de clases respecto del acceso a la salud». Por su parte, el diputado Guillermo Teillier sostuvo que la propuesta del alcalde Jadue «es un proyecto dirigido a las personas […]

Presidente de Codesa, Patricio Segura, cuestionó a quienes, aprovechando la coyuntura, llaman a “que se construyan mega obras en Aysén, siguiendo el supuesto ejemplo argentino, como si eso fuera lo que reclama la ciudadanía.  Es como estar escuchando a los viudos de HidroAysén”. o   “Es la ocasión para que se cumpla un tratado que hasta ahora pareciera ser letra muerta.  Así lo constatamos cuando exigimos años atrás su aplicación y así lo vemos ahora cuando en el gobierno se dan vueltas y vueltas para dar alguna respuesta” expresó.   Hasta el Senado chileno escalará este martes la controversia generada por el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner de construir un mega acueducto en el lago binacional General Carrera/Buenos Aires con el fin de extraer 30 mil litros por segundo (30 m3/s).  Esto, luego que desde la región de Aysén se alzaran diversas vocesexpresando preocupación por la decisión unilateral del gobierno argentino con respecto a una cuenca binacional, lo cual sería un incumplimiento del Tratado de Medio Ambiente de 1991 y su protocolo sobre Recursos Hídricos Compartidos que obliga a que cualquier intervención de este tipo de realice mediante planes generales de utilización. La iniciativa fue incorporada en el proyecto de Presupuesto que a principios de octubre la presidenta trasandina enviara al Congreso Nacional, por lo cual aún debe ser zanjado por los diputados y senadores del vecino país.  La obra tendría unos 295 kilómetros de extensión, en una primera etapa de 3 años llegaría a un costo de U$ 1.129 millones y buscaría regar unas 60 mil hectáreas y surtir de agua potable a localidades como Los Antiguos, Perito Moreno, Puerto Deseado y Caleta Olivia. Y aunque todavía debe pasar por la aprobación legislativa, el gobierno argentino ya llamó a licitación, esperándose que los sobres con las propuestas se abran durante el mes de marzo de 2016. Es por esto que la Comisión de Medio Ambiente, que preside el senador por Aysén Antonio Horvath e integra el presidente del Senado y también representante de la región Patricio Walker, convocó para este martes a los ministros de Relaciones Exteriores Heraldo Muñoz y Medio Ambiente Pablo Badenier, junto al director general de Aguas, Carlos Estévez.  La reunión quedó citada para las 11 horas y el objetivo es “conocer la aplicación del Tratado de Medio Ambiente, suscrito en agosto de 1991 con la República Argentina y su protocolo adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos”. Para el presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), Patricio Segura, hasta el momento la discusión se ha centrado más en lo que algunos actores han expresado con el fin de capitalizar para su provecho político, en circunstancias que lo relevante es la integridad ecosistémica, social y productiva de la cuenca compartida. Explicó que cuando desde la corporación dieron difusión masiva a este tema “no buscamos sintonizar con un mal entendido patriotismo que más se preocupa por los límites que por decisiones que destruyen ecosistemas y el sustento de las comunidades.  Más aún en Aysén donde […]

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Estuvo detenido en José Domingo Cañas, 4 Alamos y Villa Grimaldi, desde donde fue hecho desaparecer, según un testigo. Es una víctima de la cruel Operación Colombo, montaje que intentó hacer creer que 119 chilenos habían muerto en el extranjero. Condenados 62 agentes en primera instancia. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto, condenó a 62 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado del fotógrafo y ex funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), Teobaldo Antonio Tello Garrido, ilícito perpetrado a partir el 22 de agosto de 1974. El magistrado condenó a penas de 13 años de presidio, en calidad de autores del delito, a los agentes César Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann y a otros 58 ex miembros de este aparato represor de la dictadura. La investigación estableció que el 22 de agosto de 1974, Teobaldo Tello, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en la vía pública en el centro de Santiago, por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), quienes lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino denominado Ollagüe, ubicado en calle José Domingo Cañas N° 1367, de la comuna de Ñuñoa, y posteriormente lo trasladaron a Cuatro Álamos y Villa Grimaldi, recintos custodiados por guardias armados y a los cuales sólo tenía acceso la DINA. Tello Garrido durante su detención permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, y sometido a interrogatorios bajo tortura por los agentes de la DINA con el propósito de obtener información relativa a integrantes del MIR y detenerlos, “siendo vistos por otros detenidos con sus brazos y piernas quebradas producto de las torturas”, detalla la resolución. La última vez que la víctima fue vista con vida, ocurrió un día no determinado del mes de septiembre de 1974, encontrándose actualmente desaparecido. El nombre de Tello “apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista LEA de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que Teobaldo Antonio Tello Garrido había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes al MIR, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros; las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Tello Garrido tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior”. Esta fue conocida como la Operación Colombo. Romo detuvo a su esposa La esposa de Teobaldo Tello, Berta Valdebenito Mendoza, relató a los tribunales que en agosto de 1974 fue detenida por agentes dirigidos por Osvaldo Romo Mena y llevada a José Domingo Cañas y fue sometida a interrogatorios y careos con su esposo. “Recién ahí se dio cuenta que él también estaba detenido, ya que previo a su detención él había desaparecido hacía como 4 días. Estuvo detenida por espacio de 20 días, continuamente con […]

Expresaron que en un tratado multilateral de este tipo, el que aún debe ser sometido a ratificación por el Congreso y que abordará aspectos tan importantes como el rol del Estado en la economía, los derechos en internet o el acceso a la salud, “es fundamental que los afectados, es decir los chilenos y las chilenas, conozcamos sus alcances”. La Mesa Directiva del Colegio de Periodistas expresó su preocupación por la forma en que se han abordado los alcances y condiciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP) suscrito hace una semana por 12 países, entre ellos Chile.   Para la organización profesional una decisión de esta naturaleza, que generaría obligaciones para nuestro Estado y sus ciudadanos, debiera ser sujeto de un amplio debate y discusión en todos los niveles previo a su sometimiento de ratificación ante el Congreso Nacional. Los dirigentes indicaron que “las condiciones detalladas del tratado se mantienen en secreto y solo los equipos negociadores conocen sus características.  Tal situación no se condice con la necesidad de que la ciudadanía ejerza control social y político de este tipo de tratativas”. “Estamos seguros que si se consultara hoy a los diputados y senadores, a la prensa y a los chilenos y chilenas sobre el Acuerdo Transpacífico, es probable que se constate una falta de información tal que compromete el interés nacional” señalaron. Para el Colegio de Periodistas “esta suerte de oscurantismo en el cual se ha tramitado el TTP es incongruente con la garantía básica de acceso a la información pública de toda sociedad democrática, más en el marco de una ciudadanía que demanda cada vez con más fuerza, mayor transparencia, mejores mecanismos de fiscalización y más democracia en todos los niveles”. Puntualizaron que al abordar dicho tratado aspectos como el rol del Estado en la economía, los derechos en internet o el acceso a la salud “es fundamental que los afectados, es decir los chilenos y las chilenas, conozcamos sus alcances.  Y que el debate sea amplio y profundo, antes de que el Congreso tome alguna determinación.  Y en ello, la prensa tiene un rol fundamental”. En particular, y sobre la base de informaciones que se han filtrado o el análisis de diversas ONGs, expresaron su preocupación por “cláusulas alusivas a la propiedad intelectual que podrían ampliar el rango de intervención de la privacidad de los usuarios de Internet, además de permitir la censura y aumentar las sanciones al uso no comercial de contenidos sin autorización”  En opinión de la orden, todo esto afectaría el derecho a la comunicación en sus ámbitos de libertad de expresión y acceso a la información. “Es por esto que nos sumamos al llamado de varias organizaciones en el sentido de que los documentos y textos alusivos a la negociación sean liberados por el gobierno, con el fin de conocer los costos y beneficios vinculados.  Esto se hace más necesario aún cuando el acuerdo no puede ser modificado en modo alguno por el Parlamento sino solo ser aprobado o rechazado” puntualizaron. Santiago de Chile, […]

Colectividad reúne a ciudadanos y ciudadanas, dirigentes sociales, ambientales y políticos, que impulsarán transformaciones acordes con las demandas y aspiraciones de los habitantes de Aysén “sin imposiciones centralistas”. No descartan en un futuro integrarse a una federación de partidos regionales con los cuales se tengan puntos de encuentro en principios generales, pero en la cual cada uno aporte su mirada desde su propia especificidad territorial. Un partido estrictamente regional. Tal es el objetivo que un grupo de ciudadanos, ciudadanas y dirigentes sociales, ambientales y políticos de Aysén se propuso hace un par de meses y que dentro de los próximos días materializará su acto fundacional. Se trata de “Somos Aysén”, colectivo que impulsan actores de diversas localidades de la región y que, de corte transversal, plasma en sus estatutos diversos principios asociados al empoderamiento local, la sustentabilidad ambiental y la participación.   Luego de la frustrada participación en Democracia Regional Patagónica, que aglutinaba a integrantes de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, se decidió avanzar en un partido eminentemente aysenino aprovechando el cambio a la Ley de Partidos Políticos que se aprobó con el fin del sistema binominal que permite tal posibilidad. La actividad de lanzamiento e inscripción de militantes fundadores se realizará el viernes 23 de octubre a partir de las 17 horas en Las Quinta 962 en Coyhaique.  Para quienes quieran conocer más sobre el partido y eventualmente sumarse a este, se ha habilitado la página de facebook “Somos Aysén” donde podrán encontrar los principios y otras informaciones. Al respecto, el ex consejero regional y ex militante democratacristiano Omar Chible indicó que “este es un acto de descentralización concreta. Contar con un partido político netamente aysenino es una aspiración que hemos tenido muchos.  Es en este proceso donde podremos ir avanzando en la toma de decisiones que nazcan de las aspiraciones de la propia región, sin imposiciones externas”.  En este sentido, indicó, “formar un partido político es un acto de empoderamiento ciudadano que es lo que necesitamos hoy en día. Porque descentralizar el país es la única manera de crear un desarrollo armónico para todos los ciudadanos”. Segundo Melehuechun, quien actualmente es presidente del Sindicato de Trabajadores de Jardines Infantiles VTF (vía transferencia de fondos del Estado), señaló que “confiamos en que las demandas de los trabajadores de Aysén estarán bien representadas en un partido de estas características, que responda no solo a los intereses sino también a la mirada que tenemos quienes vivimos en esta tierra”. Carlos Hochstetter, quien trabaja como encargado de proyectos de infraestructura en Áreas Silvestres Protegidas de Conaf, explicó que la idea de este partido es ser un referente regional que recoja “la convicción de que quienes en Aysén vivimos tenemos la obligación de elegir cómo queremos desarrollarnos como región”. También expresó que “la belleza de nuestro territorio, su importancia en biodiversidad y ecosistemas, y la responsabilidad intergeneracional están presentes en las bases de ‘Somos Aysén’ y eso es lo que queremos aportar a las políticas públicas, que es un derecho que tenemos […]

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