El Tribunal Oral en lo Penal de Copiapó declaró culpable por el delito de apremios ilegítimos (torturas) a un carabinero que en 2012 –en el marco de las protestas sociales que se llevaron a cabo en la ciudad de Freirina- torturó a cuatro jóvenes, situación que motivó la intervención del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a través de una querella criminal. Según el relato de los jóvenes, cuando se trasladaban por un camino colindante a la ciudad, un grupo de Carabineros de Fuerzas Especiales los detuvo y les realizó un violento control de identidad, en el cual fueron duramente golpeados – con puños y piernas- hasta quedar tendidos en el suelo. La situación de uno de los jóvenes fue particularmente compleja, pues –a pesar de advertirles a los carabineros de su condición de invalidez, debido a que presenta una insuficiencia renal- fue violentamente agredido en uno de sus ojos. Según consta en la querella del INDH, los golpes fueron acompañados de una serie de mensajes ofensivos y tendientes a generar temor en las víctimas, tales como “matemos a estos hueones”, “quemémoslos mejor” y “violémonos a estos hueones”. Incluso el escrito detalla cómo uno de los funcionarios policiales intentó desvestir a uno de los detenidos e introducir su bastón de servicio en su ano. A pesar de la sentencia condenatoria, otros tres carabineros de Fuerzas Especiales fueron absueltos por el tribunal. La lectura de sentencia en la que se conocerá la condena contra el Carabinero, será dada a conocer el día 19 de octubre en el mismo tribunal. Santiago de Chile, 15 de octubre 2015 Crónica Digital
DD.HH.
El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, “profundamente preocupado por la persistente situación de desigualdad, discriminación y violencia que padecen los niños indígenas, en particular los mapuches”, recomendó al Estado chileno “reconocer a los pueblos indígenas y sus derechos en la nueva Constitución”. Los expertos del Comité, también pidieron a Chile tomar medidas inmediatas para detener la violencia policial contra niños, niñas y adolescentes indígenas y sus familias “incluso en el contexto de actividades de desarrollo” e investigar y procesar a los perpetradores de estas violaciones de los derechos humanos y de las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990 y por cuya aplicación vela el Comité. Estas recomendaciones son parte del documento difundido ayer por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, tras el último examen sobre la situación de la niñez en Chile que rindió el Estado chileno en Ginebra, el pasado 24 de septiembre. En el mismo sentido, este órgano de la ONU compuesto por 18 expertos independientes instó a Chile a asegurar el cumplimiento del primer artículo de la Ley Antiterrorista de 1984, en el que se prohíbe explícitamente su aplicación en contra de menores de 18 años. Por otra parte, les solicitó a las autoridades chilenas garantizar que todos los niños y niñas indígenas tengan acceso a la educación, la salud y a los servicios sociales básicos y fortalecer las medidas y políticas para combatir las “múltiples formas de discriminación contra las niñas, los menores indígenas y los niños con discapacidad”. Adicionalmente, el Comité urgió al Estado chileno a tomar las medidas legislativas, políticas y administrativas que sean necesarias para hacer respetar “el derecho a la identidad de los niños indígenas, de acuerdo con su cultura”. Otras de las 49 recomendaciones formuladas por el Comité hacen referencia a la necesidad de disminuir la segregación en el sistema educativo chileno. Para ello pidió al Estado “prohibir a todas las escuelas, independientemente de su fuente de financiación, seleccionar a los estudiantes con base en criterios arbitrarios o en su origen socioeconómico”. Igualmente, le sugirió desarrollar “una estrategia amplia para prevenir y abordar todas las formas de violencia contra los niños que tengan lugar en el contexto educativo”. El Estado debe presentar su próximo informe ante el Comité de Derechos del Niño a más tardar el 11 de marzo de 2021. Fuente: Focosocial.cl Crónica Digital Santiago de Chile 11 de octubre 2015
La Directiva Nacional del MUCECH, resolvió hoy en esta capital, adherirse a las celebraciones del “Día Internacional de la Mujer Rural”, establecido en diciembre del 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y que se realiza a nivel internacional el 15 de octubre. El secretario general del MUCECH Orlando Contreras, preciso que “esta adhesión se da con el declarado propósito de reafirmar el derecho de nuestras compañeras a recibir un trato digno y justo, como trabajadoras y madres, en la perspectiva de mejorar sus condiciones de vida”. Así ismo indicó el dirigente “El MUCECH valora y reconoce el relevante rol desempeñado por nuestras compañeras en el desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena”, afirmo el Secretario General del MUCECH, Orlando Contreras. El dirigente del MUCECH dijo que “la mujer en el medio rural, está cumpliendo un papel estratégico para adaptar a la Agricultura Familiar Campesina a las nuevas condiciones que plantea la extensión y profundización de los cambios climáticos, en la perspectiva de asegurar el alimento de los chilenos”. Finalmente, subrayo Orlando Contreras, “nos sumamos a esta iniciativa de celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural, para continuar exigiendo igualdad de género y nuestra total condena a la explotación que sufren nuestras compañeras temporeras”. Crónica Digital Santiago de Chile 11 de octubre 2015
Añadió que “ustedes tienen puros huevadas en la cabeza”. El comentario homófobo fue grabado por la pareja. El Movilh expresó su máximo malestar a la empresa, y le exigió disculpas públicas y medidas antidiscriminatorias inmediatas, en especial, porque “en torno a estos casos Turbus es reincidente en sólo meses” Video: https://www.youtube.com/watch?v=MhfGG_rG7A8 Una pareja gay denunció un nuevo caso de discriminación propinado por funcionarios de la empresa Turbus, instancia a la que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) solicitó “disculpas inmediatas y la implementación de políticas contra la homofobia y la transfobia”. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 5 de octubre y afectaron a Alan Tello Flores y a su pareja, quienes viajaban desde Antofagasta a Calama. Al momento de retirar el pasaje, el chofer se dirigió a la pareja señalando que “deberían leer la Biblia”, en claro rechazo a las uniones entre personas del mismo sexo. Luego el chofer, quien nunca dio su nombre, hizo un comentario a otro pasajero, y juntos se mofaron de la situación. Al expresar minutos más tarde Tello Flores su malestar por estos acosos, el chofer volvió a reírse, hablando entre dientes. Al descender del bus, Tello Flores grabó al chofer y le consultó porque le había dicho que “debía leer la Biblia”. “Infórmate po. ¿Creí en Dios o no? (…) Es pa que te podaí purificar. Ustedes lo que tienen son puras huevadas en la cabeza no má”, fue la humillante respuesta del chofer. “Tengo 31 años y sufrí bastante en la escuela porque me juntaba con niñas y para los otros era distinto. Desde que crecí me juré que nunca mas nadie se burlaría o me discriminaría, por lo que siento que es mi deber denunciar esto, no sólo por mí, si no por los más jóvenes que tienen que lidiar con la ignorancia y frustraciones” indicó Tello Flores Añadió que lo sucedido en Turbus “fue tan difícil para mí que al llegar a la casa de mis padres lloré amargamente, ellos me dieron su apoyo. y también me di cuenta que duele igual que a los 8 años cuando te humillan y te discriminan” Al afectado añadió que a la denuncia se añaden otras irregularidades: “el chofer mientras conducía hablaba por celular, mientras que el tablero jamás informó la identificación del chofer, ni la velocidad del vehículo. Además no tenían auxiliar, y por eso fue el mismo chofer el que retiró los pasajes”. Ante esto, el Movilh envió una carta de repudio al gerente de Comunicaciones de Turbus, Victoriano Gómez, y al subgerente de Servicio al Cliente, Esteban Marinovic, con quienes la mencionada organización de la diversidad sexual ya se había reunido en agosto pasado luego de que una funcionaria lanzara ofensas homofóbicas contra un cliente. En la misiva, el Movilh solicitó a la empresa disculpas inmediatas a la pareja afectada, así como la implementación de políticas contra la discriminación, como son la capacitación en derechos de la diversidad sexual y una campaña por el mismo tema” “En virtud de […]
Señora Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria Presente De nuestra consideración: El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, en el marco de su visita a Santiago, entregó al gobierno chileno más de mil documentos relacionados al crimen de Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffit, llevado a cabo por la DINA en Washington en 1976, que permanecían bajo secreto. En estos documentos hay información que confirma la participación de Augusto Pinochet y Manuel Contreras en la ejecución de los asesinatos, registra las acciones de encubrimiento posterior por parte de la dictadura chilena, así como los intentos fallidos de EEUU de enjuiciar a los criminales. El conjunto de documentos de más de mil páginas fue entregado a la familia Letelier y al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Esto incluye unas 250 páginas directamente relacionadas al crimen del ex canciller de Salvador Allende. El embajador chileno en Washington, Juan Gabriel Valdés, explicó que estos documentos “habían sido reservados para una posibilidad de juicio contra Augusto Pinochet en la justicia norteamericana y que por lo tanto no habían sido desclasificados hace unos años, solicité entonces la autorización del gobierno de Chile para pedir oficialmente la desclasificación de estos 250 documentos que aparentemente no han sido estudiados aún (…)”. En Londres 38, espacio de memorias, reconocemos esta entrega de documentos reservados y esperamos que ahora se hagan públicos como un aporte a más verdad y justicia en relación al crimen de Orlando Letelier y Ronnie Moffit, así como una contribución a la memoria de Chile. Valoramos que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se preocupe por recuperar estos documentos y que gestione en un país como EEUU que estos archivos sean entregados para profundizar en las investigaciones judiciales. Considerando que en Chile aún no se ha logrado verdad y justicia plena en todos los casos de violaciones a los derechos humanos, y que ni siquiera se ha establecido la verdad jurídica en los casos de detenidos desaparecidos, solicitamos al gobierno que realice los esfuerzos necesarios para desclasificar los documentos que sabemos que aún existen en poder del Estado, las FFAA y organismos policiales de Chile. Resulta paradojal que se obtenga información en otros países y que en Chile no se materialicen acciones similares. Reiteramos nuestra petición, explicitada también en documentos conjuntos de la red de sitios de memorias, que es necesario: Sobre los archivos de la Comisión Valech Derogar los artículos de las leyes de reparación Valech 1 y 2 que impuso el secreto por 50 años a quienes atestiguaron por casos de tortura. Que los jueces tengan acceso total y sin restricciones a la totalidad de los testimonios recogidos por la comisión, independientemente de que los casos hayan sido calificados o no. Establecer mecanismos que permitan el mayor acceso público a los archivos y, si es necesario, resguardar información sensible que pueda afectar a las víctimas, con criterios públicos y transparentes. Poner urgencia a la aprobación de ley que impide a las Fuerzas Armadas y policiales destruir o […]
En el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó ayer una querella criminal contra todos quienes resulten responsables por la desaparición forzada del joven José Huenante, ocurrida en 2005 en la ciudad de Puerto Montt. El 3 de septiembre de 2005 el adolescente –de 16 años en ese momento- se encontraba junto a un grupo de amigos en las calles de la población Vicuña Mackenna de Puerto Montt. Luego de un confuso incidente, José habría sido detenido por Carabineros de Chile, no hallándose rastro alguno sobre su paradero a 10 años de ocurridos los hechos. Sobre la acción judicial presentada, Mauricio Maya, Jefe Regional del INDH Sede Los Lagos, sostuvo que “lo que el Instituto busca a través de esta querella es que esta causa sea investigada por el Ministerio Público. El Estado de Chile ha tramitado durante 10 años esta causa en la justicia militar y hasta el momento no ha tenido ningún resultado. El objetivo es que la investigación sea revisada por organismos independientes y autónomos que den garantías de transparencia y profesionalismo a todos los involucrados”. A través de la querella, el INDH solicita que se cite a declarar a los comisarios de Carabineros de las comisarías 2da y 5ta de Puerto Montt que se desempeñaban en dichas unidades al momento de la desaparición de José Huenante, así como también al Prefecto de la Prefectura de Llanquihue de la policía uniformada en aquella época. La misma diligencia se solicita respecto de los testigos de la detención de la víctima y de sus familiares. En el marco de las acciones legales que se tramitan por la desaparición de Huenante, actualmente la Fiscalía de Puerto Montt mantiene vigente una investigación por presunta desgracia. Paralelamente, en la Justicia Militar se dictó sobreseimiento, respecto del cual existen apelaciones pendientes. Santiago de Chile, 9 de octubre 2015 Crónica Digital
Una dura crítica hizo el Colegio de Periodistas de Chile a la Sociedad Interamericana de la Prensa luego de la declaración que emitiera dicha organización -que agrupa a los grandes empresarios de los medios de comunicación del continente- cuestionando las reformas políticas impulsadas por el gobierno, muchas de las cuales se basan en demandas ciudadanas. Como una organización que defiende el “libertinaje de la empresa periodística y no la libertad de expresión” calificaron desde el Colegio de Periodistas de Chile las afirmaciones que la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) hizo en los últimos días sobre la situación de la libertad de expresión en América y en especial en Chile. Esto, en el marco de su 71ª Asamblea General realizada a principios de mes en Charleston, Carolina del Sur (Estados Unidos). En sus conclusiones sobre nuestro país, la organización señaló que “proyectos de ley en trámite podrían significar severas trabas a la libertad de prensa; entre estas, intervención en la línea editorial de los medios, restricciones al derecho de propiedad y menoscabo al derecho de libre iniciativa económica; perjuicio para las empresas periodísticas y periodistas, y restricciones al acceso a la información”. Ante esto, desde el Colegio de Periodistas expresaron que “llama la atención que este organismo nunca tenga palabras para los monopolios y oligopolios de las empresas privadas de la prensa que ahogan la libertad; la falta de políticas para que el avisaje Estatal fomente la diversidad y la falta de fomento a medios sociales y universitarios”. Agregaron que “en el fondo, la SIP no defiende principios sino a los dueños de los medios de comunicación que es muy distinto a defender el derecho a comunicarse de un pueblo y su libertad de expresión. Y menos aún la vemos impulsando el rol social de la prensa en el continente”. Sobre la visión con respecto a Chile, señalaron que “nuestro país tiene el legítimo derecho a discutir cómo quiere que sea su sociedad, y eso también involucra los medios de comunicación. En todos los países hay reglas para la empresa privada e incluso para los medios, y eso no tiene por qué ser negativo”. Con respecto a la ofensiva en contra del proyecto de ley de responsabilidad extendida del productor –reciclaje- aplicado a medios impresos (en el sentido que se hagan cargo de los desechos de los ejemplares que venden), “compartimos que es un tema complejo y que debe ser evaluado con cuidado, pero tampoco eso puede significar que un medio de comunicación haga lo que quiera”. En este contexto indicaron que “la responsabilidad con el planeta y la naturaleza nos cabe a todos, incluidos los medios. Sería ideal saber qué está haciendo la SIP para que los medios, en el contexto de sus operaciones, se comprometan con el medioambiente y la salud de la población”. Santiago de Chile, 9 de octubre 2015 Crónica Digital
«Este proyecto de ley no se encuentra aún dentro de los estándares de derechos humanos de la niñez, refrendados en la Convención sobre los derechos del niño y en otros instrumentos internacionales», alertaron los voceros del Bloque por la Infancia y los representantes de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Infancia, a través de un comunicado. Pese a valorar el cumplimiento del compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet con la tramitación del proyecto “Ley de sistema de garantías de los derechos de la niñez”., las organizaciones agrupadas en el Bloque por la Infancia y los representantes de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Infancia, expusieron su preocupación ante las debilidades y vacíos del proyecto. En primer término observaron que el no se reconoce la responsabilidad de los órganos del Estado en la garantía de derechos, no se comprometen recursos; y se omiten importantes propuestas realizadas desde la sociedad civil para la protección administrativa en los territorios; así como algunas ambigüedades. También advierten que hay una adecuación y se relativiza a partir de una re-elaboracion del Principio de Efectividad y Prioridad de la Convención sobre Derechos del Niño/a que «nos preocupa profundamente». «Carece de normas, procedimientos, estructuras territoriales, medidas, participantes, roles, límites, reconocimiento del derecho de participación, mecanismo de objeción, entre otros, dejando un pronunciamiento ambiguo en la futura Subsecretaría de la Niñez. Por tanto, lo que se esboza en él resulta completamente insuficiente, para llegar a configurar un sistema que permita que los derechos de la niñez se hagan realidad en la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes», puntualizan. El Bloque por la Infancia es la principal coalición de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en promoción y restitución de derechos de la niñez y la adolescencia en Chile. Tanto como articulación como sus miembros han exigido permanentemente al Estado contar con una legislación de adecúe sus normas a la Convención sobre Derechos del Niño/a, que a pesar de que fue ratificada por Chile hace 25 años todavía es el único país en América Latina que carece de esta norma. Junto a ello, el Bloque ha trabajado durante años en diversas propuestas concretas para que en Chile efectivamente exista una protección integral de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. El Proyecto de “Ley de sistema de garantías de los derechos de la niñez”, fue firmado el 21 de septiembre de este año por la Presidenta Michelle Bachelet e ingresado a trámite parlamentario por Mensaje Nº 950-363, el 24 de septiembre de 2015 (Boletín 10315-18). Ayer miércoles 07 de octubre, inició su discusión en la Cámara de Diputados. A continuación reproducimos la declaración: DECLARACIÓN PÚBLICA EL BLOQUE POR LA INFANCIA Y LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL CONSEJO NACIONAL DE INFANCIA, FRENTE AL PROYECTO DE LEY RELATIVO A LA NIÑEZ 08 octubre 2015 1. Reconocemos el valor que tiene el que la Presidenta de la República, haya honrado la promesa del Programa de Gobierno, al ingresar a la Comisión de Familia de la Cámara […]
El hijo del asesinado excanciller chileno Orlando Letelier, el senador socialista Juan Pablo Letelier, valoró hoy la entrega de documentos desclasificados por parte de Estados Unidos. Son archivos en su mayoría de finales de la década de 1980 y en los cuales hay un informe de la CIA concluyente sobre la responsabilidad del dictador Augusto Pinochet en el crimen de Letelier, comentó a la prensa el legislador. En ocasión de la visita a Chile del secretario de Estado norteamericano, John Kerry, con motivo de la Conferencia Internacional Nuestro Océano, el alto funcionario entregó a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, los textos. El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, explicó que fueron entregados alrededor de mil documentos relativos al caso Letelier y su secretaria Ronni Moffit, cuyo auto fue explotado en Washington en 1976 por orden de Pinochet. Muñoz entregó una copia de los archivos en pendrive (memoria USB) al senador Letelier, quien ratificó que «Pinochet dio la orden de matar a mi padre; por primera vez hay evidencia sobre eso». Precisó asimismo que en los desclasificados se detallan las maniobras del dictador para encubrir su participación y que incluso se planteaba la posibilidad de «eliminar físicamente» al el exdirector de la DINA Manuel Contreras. El tenebroso general Contreras, fallecido recientemente por causas naturales, entre sus numerosas sentencias, tenía una del 12 de noviembre de 1993 a siete años de prisión, como autor intelectual del crimen. «Se va a confirmar la responsabilidad de Pinochet y también de gente que no está. Es probable que surjan antecedentes de personas que vivas y que tuvieron participación en el encubrimiento», dijo Letelier. El parlamentario deslizó también que «muchos sospechan que aparecerá el nombre de Cristián Labbé», un personaje de la Unión Demócrata Independiente (UDI), quien fuera alcalde de una comuna y con un expediente militar altamente sospechoso. Por otro lado, el embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, quien fue ayudante de Orlando Letelier en 1976, recordó que se trató del primer atentado terrorista internacional cometido en Washington. «A la vista de los hechos actuales y de la preocupación por el terrorismo, no deja de ser muy triste que Chile esté asociado a ese acontecimiento, señaló. El expediente de los asesinados en Washington fue investigado por la justicia chilena que cerró el caso en 1995 con la condena de los generales Pedro Espinosa y Manuel Contreras. Orlando Letelier fue canciller del Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende y luego de ser detenido en Chile, fue liberado y se exilió en Estados Unidos, donde siguió las denuncias contra el régimen pinochetista. Santiago de Chile, 9 de octubre 2015 Crónica Digital / PL
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de los internos de la cárcel de Valparaíso que fueron golpeados por personal de Gendarmería de Chile el pasado 18 de septiembre Según consigna la acción judicial, cerca de las 10 de la mañana de ese día y por razones aún no esclarecidas, se produjo un incidente en el módulo 105 del penal que terminó con 47 reos lesionados, 9 de los cuales tuvieron que ser derivados al Hospital Carlos Van Buren. Agrega el escrito que durante el operativo los gendarmes golpearon en forma indiscriminada a los reclusos y que “el uso de la fuerza por parte de los efectivos no cumplió con los estándares mínimos establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre proporcionalidad, necesidad, oportunidad e inexistencia de otra alternativa menos gravosa”. Además, el documento da cuenta de la existencia de videos en los que se aprecia a los funcionarios de Gendarmería haciendo uso de elementos prohibidos en los reglamentos institucionales (como palos, en lugar de bastones institucionalmente dispuestos) y sin la debida protección, inseguridad que habría propiciado su actuar violento. En su fallo, la Corte estableció que se hizo un uso de la fuerza fuera de los protocolos establecidos. Asimismo, señala que se constató que -una vez más- que el sistema de cámaras de seguridad, entre cuyos objetivos se encuentra el resguardo de la seguridad, tanto de los internos como el personal de Gendarmería, incumple dichos objetivos, entregando, reproducción de imágenes parciales y sesgadas. Finalmente el dictamen consigna que estos hechos configuran flagrantes vulneraciones a la seguridad individual de los internos, cuya responsabilidad es de Gendarmería de Chile. De este modo, el fallo ordena a Gendarmería ceñirse estrictamente a los protocolos existentes, con relación al resguardo de la seguridad individual de los internos. Junto a lo anterior, señala que Gendarmería debe adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos de esta naturaleza se repitan. También la Corte ordena que se realicen las investigaciones administrativas necesarias para establecer las responsabilidades del caso y que se pericie a los lesionados para evaluar la coherencia con los informes médicos emitidos. Fernando Martínez, Jefe Regional del INDH en Valparaíso, sostuvo que “la sentencia ratifica que la actuación de Gendarmería de Chile, en este caso, fue ilegal, configurándose incluso una situación de tortura, respecto de la cual el INDH estudia la presentación de una querella criminal”. Agrega Fernando Martínez que “en el contexto de su proceso de instalación, la Sede Regional de Valparaíso del INDH ha desarrollado acciones de monitoreo y protección del derecho a la integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad, para lo cual ha visitado comisarías y cárceles, tomando contacto con autoridades y entrevistando a los eventuales afectados”. Santiago de Chile, 7 de octubre 2015 Crónica Digital
