La creación de un interventor en las universidades privadas que presenten irregularidades o problemas financieros fue saludada hoy por dirigentes estudiantiles y académicos pero rechazada por la oposición.
La presidenta Michelle Bachelet firmó la víspera el primer proyecto de ley de su gobierno en materia educativa al crear la figura de un administrador provisional de universidades en crisis.
«Es un día especial, estamos enviando el primero de los proyectos del ámbito educacional; la educación debe ser un derecho y no un bien de consumo, si queremos ser un país moderno y desarrollado, la educación sebe ser un bien garantizado», expresó Bachelet.
La iniciativa otorga amplias atribuciones al interventor, quien asumirá el control académico, administrativo y financiero del plantel durante su gestión.
Naschla Aburman, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, saludó la medida al destacar que esta figura «era profundamente necesaria y urgente para dar una respuesta a quiénes son hoy víctimas de la terrible crisis de la educación».
No obstante, aclaró que seguirán expectantes hasta que sea aprobada por el Congreso.
Los medios de prensa chilenos coinciden que el primer interventor será nombrado para la Universidad del Mar, cerrada por irregularidades administrativas y que dejó en la calle a 18 mil alumnos.
Aunque resaltó la importancia de ese proyecto, Felipe Quezada, titular de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, lamentó que el interventor vaya a operar tras la crisis en lugar de evitar el problema.
Por su parte, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Melissa Sepúlveda, comentó que la creación de ese funcionario no es una garantía porque en el país se violan las leyes de forma constante.
En ese sentido, recordó que aunque las normativas prohíben el lucro en las universidades un informe del Congreso reveló que existen varias que lo hacen.
Mientras, la vocera del Movimiento de Estudiantes de Educación Superior Privada, Ivette Martínez, llamó a estatizar los planteles en crisis.
Este es un buen proyecto que tiene la finalidad de proteger el derecho a la educación, comentó el rector de la Universidad Central, Rafael Rosell.
Sin embargo, la diputada opositora José Hoffmann criticó la medida al calificarla de un parche porque, dijo, no va al problema de fondo.
En similar sentido se pronunció el legislador Felipe Kast, al considerar que la medida carece de reglas claras.
Santiago de Chile, 6 de mayo 2014
Crónica Digital / PL
La derecha no va a encontrar nada bueno, menos si sienten que pueden tocar sus intereses. Creo que este es el momento de sacar todas las leyes que necesitamos para avanzar en igualdad, equidad y protección social.