Por Rafael Calcines*
Un área de cinco mil 302 kilómetros cuadrados en los mares del fin del mundo es la causa de nuevas tensiones entre Chile y Argentina, con más de un tropiezo por temas territoriales a lo largo de su historia.
Esta vez el motivo parece ser el Decreto Supremo número 95 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, publicado el 23 de agosto, en el cual se «actualiza» la Carta Náutica que establece las áreas jurisdiccionales marítimas del país.
El documento señala los límites de la plataforma continental de Chile en el mar Austral desde punta Puga a las islas de Diego Ramírez en la sureña Región de Magallanes, y que se extiende por el sur hacia el este del meridiano Cabo de Hornos.
Esto comprende un área oceánica de 25 mil 383 kilómetros cuadrados en el sector del paso de Drake, pero de ella esos poco más de cinco mil kilómetros cuadrados corresponden a la superficie reclamada por Buenos Aires bajo su jurisdicción.
Tras la publicación del documento el vecino país respondió de inmediato con una nota en la cual apunta que Chile «pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad».
Según distintas fuentes parece haber no pocos intereses de ambas partes sobre esa área marítima de frecuentes tormentas y prácticamente inexplorada, pues según la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar, en la plataforma continental los Estados tienen soberanía para explorar y explotar los recursos, aunque sin afectar la navegación de otros países.
El académico Humberto González, director del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes de la Universidad Austral, advirtió en recientes declaraciones al conservador diario El Mercurio que «en términos de recursos o de lo que exista ahí no conocemos prácticamente nada».
Quizá el desconocimiento de lo que puede encontrarse en esas profundidades sea ahora uno de los principales atractivos para ambos gobiernos.
No obstante, el especialista chileno señaló que más al sur de la zona, cerca de la Antártica, se pesca mucho bacalao de profundidad y más próximo aún al continente blanco existe una zona de crianza de krill, que se emplea como complemento alimentario para la cría del salmón, del cual Chile es uno de los mayores exportadores mundiales.
Pero más allá del interés económico y científico sobre la zona, la controversia actual forma parte de una serie de roces que se remontan, según la parte chilena, a 2009 cuando Argentina presentó su propia estimación de lo que le corresponde de la plataforma continental.
Entonces la protesta partió de Santiago señalando que tal reclamación no podía afectar los derechos de Chile en esa zona y desde entonces son varias las fricciones bilaterales por esa causa.
Las declaraciones desde La Moneda no han cesado en los últimos días y tras la protesta de Buenos Aires el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, llamó al dialogo como camino para solucionar el diferendo territorial.
En una nota de la Cancillería señaló que existe coincidencia entre ambos gobiernos «en cuanto a que esta diferencia debe darse resuelta a través del diálogo de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y al derecho internacional».
Pero al mismo tiempo puntualizó que Santiago «no concuerda con la cancillería argentina en que la actualización de la Carta 8 pretenda apropiarse de una parte de la plataforma continental extendida de Argentina y de un área de fondos marinos y oceánicos que son patrimonio común de la Humanidad».
Según lo expuesto por el ministro tal afirmación contiene un error de concepto, pues «nadie se apropia de lo que le pertenece» y argumentó que la plataforma continental jurídica que llega hasta las 200 millas le pertenece a Chile en pleno derecho «simplemente porque tenemos la calidad de estado ribereño».
El tema fue ampliamente abordado durante días por personeros de los partidos oficialistas y algunos de oposición, ex cancilleres y expresidentes, con cierto alarde de patriotismo más que con propuestas factibles para promover un diálogo entre dos países muy vinculados desde todos los puntos de vista.
Por su parte, el presidente Sebastián Piñera se refirió ya en varias ocasiones al asunto, siempre en términos similares.
En su más reciente pronunciamiento reiteró que Chile está «ejerciendo nuestros legítimos derechos como una política de Estado que la hemos conversado con todos los expresidentes (del país), en plena conformidad con el derecho internacional, con la Convención del Mar y con el Tratado de Paz y Amistad con Argentina».
Añadió que «estamos declarando y ejerciendo nuestros derechos de las plataformas continentales que les corresponden a Chile«, aunque reconoció que «hay cinco mil kilómetros cuadrados de los 25 mil que ha declarado Chile en que hay una sobreposición en la parte sur del Mar de Drake, con Argentina».
Piñera concluyó que ambos estados deben resolver ese diferendo «como lo hacen países que actúan con sabiduría y con prudencia, a través del diálogo y los acuerdos, aunque insistió en que «estamos ejerciendo nuestros legítimos derechos y eso es una obligación que tienen todos los presidentes».
Al menos de cara al público, Santiago considera improcedente escalar la controversia bilateral y se pronunció por establecer conversaciones intergubernamentales.
Solo falta esperar que el necesario entendimiento no naufrague en las gélidas aguas de los mares del extremo sur del continente.
*Corresponsal jefe de Prensa Latina en Chile
Santiago de Chile, 7 de septiembre 2021
Crónica Digital/PL
