Comunistas repudian la vandalización de la tumba de Gladys Marín en el Cementerio General

El Partido Comunista de Chile (PCCh) repudió el acto vandálico perpetrado contra el memorial que honra a Gladys Marín, quien fue dirigente histórica de esa agrupación polític

Por medio de un comunicado de prensa, la organización señaló que desconocidos rayaron la placa conmemorativa, alrededor de la cual cada año se congrega la militancia para rendir homenaje a la antigua secretaria general del partido.

El lugar, ubicado en el cementerio general de Santiago, en la comuna de Recoleta, también es visitado cotidianamente por miles de personas, pertenezcan o no al PCCh.

La dirección del partido manifestó, asimismo, su solidaridad con la familia del presidente Salvador Allende y del dirigente sindical Tucapel Jiménez, cuyas tumbas sufrieron agresiones.

Hechos como estos, afirma el documento, demuestran la importancia de que en Chile el debate político no esté salpicado por expresiones de odio que finalmente dañan las bases de la convivencia democrática.

Gladys Marín nació en 1941 y a los 17 años se incorporó a las Juventudes Comunistas, de las que llegó a ser su secretaria general.

En 1965 fue electa diputada al Congreso Nacional, cargo que ocupó hasta el mismo día del golpe de Estado contra Salvador Allende, cuando pasó a la clandestinidad. Por decisión del partido salió al exilio durante algunos años, pero en 1978 retornó para continuar su trabajo.

Cuando ocupaba la más alta dirección del PCCh, en 2003, le detectaron un tumor cerebral que le ocasionó la muerte el 6 de marzo de 2005 y su funeral fue una de las más grandes movilizaciones sociales ocurridas en esta capital.

Santiago de Chile, 27 de enero 2024
Crónica Digital/PL

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Acuerdos con EEUU y visita de funcionarios marcan semana en Ecuador

Sáb Ene 27 , 2024
La presencia de altos funcionarios estadounidenses y la luz verde para implementar acuerdos de cooperación en materia de seguridad con privilegios para el personal civil y militar norteamericano marcaron en Ecuador la semana que hoy concluye. La Corte Constitucional de la nación sudamericana determinó que no es necesario que el legislativo discuta dos tratados que otorgan una serie de beneficios a los estadounidenses dentro del territorio ecuatoriano. Entre esos privilegios estarían exenciones en pagos de impuestos, amnistías, libertad de uso del espacio aéreo y terrestre, libre uso del espectro radioeléctrico ecuatoriano, porte de armas, entre otros. Para entrar en vigor esos convenios sobre operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas y el Estatuto de las Fuerzas, solamente faltaría de la firma de un decreto ejecutivo del presidente Daniel Noboa. Aunque fueron firmados en octubre de 2023, el pronunciamiento de los letrados coincide con la crisis de seguridad y violencia criminal que conllevó al decreto de conflicto armado interno publicado por Noboa a inicios de enero. Esta semana el mandatario, antes de partir hacia España, se reunió con una delegación de altos funcionarios estadounidenses, incluida la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. La general afirmó que Washington tiene un plan de seguridad de cinco años para Ecuador, donde invertirán 93,4 millones de dólares en el sector. Desde que se anunció la visita de Richardson y el resto de la comitiva de la Casa Blanca, el profesor universitario y experto en temas de seguridad Luis Córdova, alertó que Estados Unidos busca implementar un «Plan Ecuador» bajo el antifaz de Plan Fénix, nombre que Noboa dio durante su campaña a la estrategia para frenar el crimen. Otros analistas y organizaciones sociales cuestionaron tanto la presencia del equipo de la Casa Blanca como la decisión de la Corte Constitucional de dar vía libre a los acuerdos, porque ceden soberanía. Entretanto, continuaron los operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que ya detuvieron a más de tres mil 800 personas. Además, esta semana la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó un primer informe para discutir en el plenario del legislativo la posibilidad de aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con el argumento de que los fondos son necesarios para sostener la guerra contra el crimen organizado. Sin embargo, la economista Wilma Salgado señaló en declaraciones a Radio Pichincha que con o sin declaratoria de guerra interna, el Fondo Monetario Internacional (FMI) tenía condicionado a Ecuador para subir el IVA a cambio de más recursos. Quito, 27 de enero 2024 Crónica Digital/PL

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