Por Rafael Calcines Armas
Las tensiones entre el gobierno de Sebastián Piñera y el parlamento chileno parecen seguir hoy una espiral ascendente tras los más recientes pasos del legislativo y las reacciones del ejecutivo en su contra.
La víspera, las comisiones de Trabajo y Hacienda del Senado aprobaron por mayoría un proyecto presentado por La Moneda para permitir a los chilenos un segundo retiro de sus ahorros de pensiones y que introducido a última hora perseguía contraponerse a una iniciativa con ese mismo objetivo impulsada exitosamente por la oposición.
La reforma constitucional de la oposición fue impugnada ante el Tribunal Constitucional por el gobierno, que la calificó como una «trampa» para la institucionalidad establecida.
La versión del gobierno sobre el tema, estaba cargada de una serie de condiciones destinadas a limitar el alcance de ese beneficio, por lo cual numerosos parlamentarios la consideraban inviable.
En consecuencia, las comisiones del Senado la aprobaron, pero despojada de casi toda la «letra chica» que la lastraba, por lo cual el texto que será analizado por el pleno de la Cámara Alta es muy semejante al presentado por la oposición y muchos se preguntan con cierta dosis de ironía si el Gobierno impugnará también su propio proyecto.
Paralelamente, por 81 votos a favor, 46 en contra y 12 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la nulidad de una controvertida Ley General de Pesca y Acuicultura, conocida como la Ley Longueira, que fue aprobada en 2012.
Desde entonces esa legislación causó serios perjuicios a decenas de miles de chilenos que viven de la pesca artesanal y al medio ambiente, lo que obligó a su revisión, además de que nación lastrada por malos manejos ya que para su aprobación fueron sobornados numerosos legisladores por las grandes empresas pesqueras que se beneficiarían de ella.
Sin embargo, el Gobierno, en voz del subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, anunció que también llevará al Tribunal Constitucional el texto aprobado por la Cámara Baja.
Tal decisión fue resumida por la diputada Gael Yeomans del Frente Amplio, al criticar que «el Gobierno está decidido en violentar de forma permanente al país».
Por si fuera poco, varios diputados presentaron una reforma constitucional que busca anticipar las elecciones Presidenciales y Parlamentarias para el 11 de abril de 2021.
Al argumentar esa iniciativa, uno de sus promotores, Rodrigo González, del Partido Por la Democracia, la consideró necesaria porque «el Parlamento y el Ejecutivo han perdido legitimidad y representación».
Puntualizó que «la sociedad chilena desde el momento del estallido social y con el resultado del plebiscito ha cuestionado profundamente la institucionalidad política y se requiere un cambio profundo de ella para que represente de verdad los intereses ciudadanos y dé solución a los problemas profundos que existen en Chile«.
El presidente Sebastián Piñera no demoró en reaccionar, señalando desde el palacio de La Moneda que en democracia hay que respetar la decisión soberana de la gente, y «las reglas del juego de la República».
Aunque es poco probable que la iniciativa prospere por la oposición casi unánime del oficialismo, en si misma esta propuesta evidencia las posiciones cada vez más distantes entre el gobierno y el legislativo.
Santiago de Chile, 25 de noviembre 2020
Crónica Digital/PL
