Esta propuesta se funda en las “Directrices de Naciones Unidas para la Protección del Consumidor”, las que establecen los principios y estándares básicos para que los Estados Miembros puedan cumplir, formular, fortalecer o mantener políticas públicas de protección efectivas a las personas consumidoras.
El constituyente, Felipe Harboe, presentó junto a Manuel José Ossandón la iniciativa de derechos al consumidos, donde se establece “que se va a hacer cargo a nivel constitucional de un elemento fundamental, cual es la relación del derecho del consumidor”, de acuerdo a lo anunciado por el representante del distrito 19.
Esta iniciativa constitucional contó con el apoyo transversal, desde todos los miembros del Colectivo del Apruebo, como también con las firmas de Damaris Abarca del Frente Amplio; Andrés Cruz, Patricio Fernández y Matías Orellana, del Colectivo Socialista; Cristián Monckeberg y José Manuel Ossandón, del Colectivo Independientes RN-Evópoli; Helmuth Martínez, Carolina Sepúlveda, del Colectivo Independientes No Neutrales; y Adriana Cancino.
“Es evidente que una de las esferas principales que se ha desarrollado durante las últimas décadas, es la faceta de consumidores que tienen los ciudadanos”, manifestó el ex senador Harboe, agregando que “junto con instalar a nivel constitucional un conjunto de derechos para las personas, también creemos fundamental instalar el derecho que van a tener todas y todos los consumidores a contar con información veraz y oportuna a la protección de los derechos de los consumidores”, manifestó.
Por su parte, el convencional por el distrito 12, Manuel José Ossandón, destacó que “la norma que estamos presentando hoy día busca combatir algo que es medular en la crisis política que actualmente estamos enfrentando y es el tema de los abusos”.
Harboe advirtió además que, uno de los argumentos para la elaboración de esta iniciativa es “para efectos justamente de evitar la afectación que ha significado para millones de consumidores los escándalos conocidos como de colusión”. Es así como existen casos donde el malestar de la ciudadanía viene dada principalmente porque el beneficio económico reportado por el infractor sigue siendo sustantivamente mayor al daño causado y la multa.
“Creemos que una norma constitucional que establezca la defensa de los derechos de los consumidores va a mejorar las relaciones de consumo y va a establecer una obligación del estado para subir los estándares y que no signifique, lo que pasa hoy día muchas veces, en que el Servicio Nacional del Consumidor tiene buenas intenciones, pero más bien depende de la voluntad de las empresas para llegar a acuerdos”, finalizó.
