A través de una declaración pública, las Juventudes Comunistas criticaron duramente el anuncio del gobierno de aumentar las penas a menores de edad que infrinjan la ley, bajo una modificación a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. En este sentido, el Presidente de las JJCC, Camilo Sánchez, aseguró que «el gobierno sobre la infancia usa la zanahoria y el garrote; la zanahoria es para la foto y el garrote para la juventud más pobre». Cabe señalar que en la declaración pública, se hace énfasis en que de llevarse a cabo este aumento de penas, se estaría vulnerando la Convención de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, dado que en su artículo 40 establece la necesidad de enfocarse en la reinserción del joven infractor de ley. A raíz de los últimos anuncios del gobierno de Sebastián Piñera, en lo que respecta a la modificación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para elevar las penas a jóvenes infractores menores de edad, como Juventudes Comunistas de Chile declaramos lo siguiente: Lamentamos que, de manera populista e irresponsable, la derecha insista en una fracasada política de seguridad pública centrada en el aumento de penas, la cual ha sido refutada tanto por los hechos como por estudios sobre la materia. Elevar las condenas de infractores de ley no inhibe el delito, ya que este se sostiene fundamentalmente por la altísima segregación que vive el pueblo chileno, expresado esto en el desigual acceso al trabajo, educación, salud y vivienda, entre otros aspectos. Las declaraciones de Katherina Martorell, paradójicamente Subsecretaria de Prevención del Delito, quien señala que las sanciones deben ser más duras para adolescentes, demuestra no solo su poco entendimiento del rol preventivo del delito que le confiere su cargo, sino que retrata de cuerpo entero a un gobierno que no cree en la prevención ni en la reinserción social, sino que solo en la condena. Las cifras demuestran el escandaloso hacinamiento de las cárceles chilenas, algunas de las cuales se ubican por sobre el 88% de sobrepoblación. Así mismo, estudios revelan que la mitad de la población penal adulta pasó su infancia o adolescencia por algún centro de menores vinculado al SENAME. Estos datos revelan que el fenomeno de la delincuencia debe ser prevenido principalmente en la niñez y adolescencia, donde el foco debe estar puesto en la educación, a la vez que se requiere priorizar esfuerzos en la reinserción social para evitar la reincidencia en la adultez y combatir la sobrepoblación penal. Chile exige invertir más en nuestros barrios y escuelas que en las cárceles. Debemos recordarle al Presidente de la República, Sebastián Piñera, que la Convención de Derechos del Niño, Niña y Adolescente sigue vigente en Chile, y que el artículo 40 de dicha Convención “reconoce el derecho de todo/a niño/a de quien se alegue que ha infringido las leyes penales, o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el […]
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Este lunes 11 de junio, en Palacio de la Moneda, el senador Felipe Harboe sostuvo una reunión con el Ministro del Interior, Andrés Chadwick, para plantear la necesidad de concretar un equipo especializado que se haga cargo de los temas de ciberseguridad y cibercrimen, apuntando a la necesidad de que Chile cuente con una política pública permanente al respecto. A juicio del legislador PPD, dado que la actual Ley de Delitos Informáticos data del año 1993, “se requiere actualizar normas, pero también procesos y fiscalizar que el sector privado esté haciendo las inversiones adecuadas», señaló. “Es evidente que Chile está en riesgo de ser víctima de ataques de bandas de cibercrimen a nivel mundial. El país ha sido escogido como un objetivo, probablemente lo ocurrido con el Banco de Chile es el primero de los ataques, no hay que descartar que puedan existir otros, razón por la cual se requiere aumentar los estándares de seguridad de infraestructura crítica, tanto del mundo privado como del mundo público”, indicó el senador del PPD. El Ministro Chadwick, por su parte, comprendió la situación y se comprometió a realizar un anuncio al respecto dentro de los próximos días, informó Harboe. “No obstante, la idea es hacer un levantamiento en no más de 60 días sobre cuál es el estado de ciberseguridad en la industria tanto privada como pública del país”, indicó. «Fue una buena reunión. He manifestado la disposición para ayudar en esta materia. Chile tiene que ponerse a la altura de los desafíos en materia de ciberseguridad y esperamos que al país le vaya bien en eso, porque este no es un tema de gobierno, sino de Estado, que tiene que ver con dotar de seguridad al mundo público y al privado”, cerró el legislador al término de la reunión. Santiago de Chile, 12 de junio 2018 Crónica Digital
Según explica Harasic en su carta de renuncia, las constantes paralizaciones y medidas de obstrucción del quehacer universitario “afectan gravemente la excelencia académica y pone en riesgo el proceso de fortalecimiento de la educación pública con el que nos hemos comprometido durante los últimos años”. El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, presentó hoy ante el Rector Ennio Vivaldi su renuncia “indeclinable” al cargo encomendado por el claustro de profesores de esta facultad desde mayo de 2015. A través de una carta de 6 carillas de extensión dirigida a la máxima autoridad de la Casa de Bello, el Decano entrega en detalle los avances experimentados durante su gestión en diversos ámbitos, como investigación, extensión, docencia de pre y postgrado, internacionalización y gestión administrativa. En general, el Decano explica que durante la primera etapa de su decanato “ajustamos la gestión administrativa y académica a los más altos estándares exigidos nacional e internacionalmente, y en una segunda etapa nos abocamos a intentar contribuir al fortalecimiento de la educación pública”, a través del proyecto “La Chile crece por Chile” que aumenta la matrícula de la Facultad. Harasic, agrega que “con satisfacción puedo afirmar que todas las medidas adoptadas han sido debatidas en los órganos colegiados de la Facultad, luego de diálogos siempre constructivos y enriquecedores”. No obstante, en su misiva, el Decano sostiene que “actualmente, la Facultad de Derecho está siendo ocupada ilegalmente por decisión mayoritaria de los estudiantes desde el 27 de abril de 2018. Sin perjuicio de señalar expresamente que, como le consta al Consejo Universitario, conozco y valoro el impulso entregado por mujeres estudiantes, académicas y funcionarias para avanzar en una transformación decisiva que se exprese en prácticas no sexistas, no discriminatorias, y encaminadas a la equidad de género en todas sus formas y a la supresión del abuso de poder, y del acoso sexual y laboral al interior de la Universidad de Chile, esta situación ha impedido el normal desarrollo de las actividades de docencia, extensión e investigación de la Facultad, hasta ahora, por 46 días”. En esta línea, agrega que “lamentablemente, la presente ocupación ilegal de las dependencias de la Facultad está lejos de representar un fenómeno aislado. Cada año nos hemos visto obligados a enfrentar medidas de paralización y obstrucción del quehacer universitario, de menor o mayor intensidad, por parte de los estudiantes, las cuales han afectado gravemente el normal funcionamiento de la Facultad, contraviniendo así la característica básica de toda universidad pública, que es contribuir a la producción de conocimiento y a la formación de profesionales comprometidos con el devenir y el progreso intelectual y moral de la sociedad a la cual nos debemos”. El Decano Harasic finaliza la carta señalando que “es mi deber manifestar que esta situación afecta gravemente la excelencia académica y pone en riesgo el proceso de fortalecimiento de la educación pública con el que nos hemos comprometido durante los últimos años. Ante la imposibilidad de transmitir favorable y eficazmente esta preocupación a la comunidad universitaria, que en mi parecer […]
Su santidad aceptó la renuncia del obispo Barros, foco de los escándalos cuando al principio fue defendido por Jorge Bergoglio.
Numerosas personalidades políticas y sindicales en Chile se sumaron hoy a las acciones de respaldo al Tuitazo Mundial #NicaraguaQuierePaz, a la vez que exigieron el cese de las campañas de desinformación. En diferentes actos efectuados en esta capital y réplicas de comentarios de apoyo a Nicaragua en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, ex ministros, parlamentarios, figuras de los gremios y grupos de solidaridad expresaron sus criterios. Las exministras Secretaria General del Gobierno, Paula Narváez (Partido Socialista), y de Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual (Partido Comunista), estuvieron entre quienes participaron en el Tuitazo Mundial en Chile. A propósito del 106 aniversario del Partido Comunista de Chile (PCCh), su presidente, Guillermo Teillier (igualmente parlamentario), y el secretario general, Lautaro Carmona, ofrecieron su espaldarazo al deseo de paz de la mayoría de los nicaraguenses. De la misma filiación, lo hicieron los diputados Camila Vallejo, Karol Cariola, Daniel Jadue, Hugo Gutiérrez y Boris Barrera. Se sumó el senador por el Movimiento País, Alejandro Navarro, asociaciones defensoras de los derechos humanos y numerosos gremios sindicales del país austral. La embajadora de Nicaragua en Chile, María Luisa Robleto, recibió asimismo notas de solidaridad internacional por la Paz de parte de familiares de combatientes chilenos caídos en la lucha por la Revolución Sandinista. Además, los legisladores por el Frente Amplio Claudia Mix (Poder Ciudadano) y Tomás Hirsch (Partido Humanista); Angela Jeria, madre de la expresidenta Michelle Bachelet, y organizaciones de solidaridad con Cuba y Nicaragua. «Yo diría que distintas fuerzas democráticas y progresistas han manifestado su respaldo a Nicaragua y la búsqueda de la paz», declaró la embajadora Robleto. El Gobierno de Nicaragua, encabezado por el mandatario Daniel Ortega, repudió las acciones difamatorias «de esta conspiración que desde la intimidación, el miedo, las amenazas y el terror pretende entregar el país a la delincuencia y al crimen organizado». Santiago de Chile, 11 de junio 2018 Crónica Digital /PL
Desde hace 28 años los Gobiernos transicionales han venido sistemáticamente pisoteando los derechos de las víctimas sobrevivientes, omitiendo y transgrediendo los tratados internacionales suscritos por Chile y desentendiéndose de su ineludible obligación de VERDAD, JUSTICIA y REPARACIÓN. Todo esto cómo consecuencia de impúdicos pactos de impunidad con la dictadura y sus verdugos. Pacto que es parte del juego político, que pone todo al servicio de voraces expoliadores, de los mercaderes insaciables de riqueza y poder, que han institucionalizado la corrupción y la inmoralidad, comprando votos y voluntades, instalando así en nuestro país, el neoliberalismo más brutal de todo el orbe.Estos dichos se respaldan en la cruda realidad que podemos observar hoy. Pasado ya 28 años de la vuelta a la “democracia”, no se ha logrado establecer el destino de los detenidos desaparecidos. Hasta el momento sólo unos cuantos juicios han terminado con una condena y la mayoría de ellos a penas tan bajas en relación a los crímenes cometidos, que les permite cumplir la pena en libertad en sus casas, y aquellos que llegan a cumplir penas efectivas lo hacen en cárceles de lujo. Para ello los tribunales siguen aplicando argumentos como la “irreprochable conducta anterior”, además de aberraciones jurídicas, como la media prescripción, que al aplicarse bajan considerablemente las penas y permiten el cómodo cumplimiento de ellas en el seno de la familia. En el caso de los ex prisioneros políticos y torturados, gracias al artículo 15 de la Ley 19.992, la impunidad es completa ya que el Gobierno en vez de entregar las denuncias a los tribunales de justicia, para que se investigue y sancione los crímenes de tortura, ordenó en esa ley el secreto más estricto sobre los antecedentes denunciados por las víctimas de prisión política y tortura. De acuerdo al Derecho Internacional Humanitario, es el Estado, quien tiene la obligación de denunciar estos hechos ante los tribunales de justicia, para que éstos a su vez puedan investigar y castigar a los responsables. Pero contrariamente, en Chile, desde el Estado se ha montado una maquinaria de encubrimiento y de impunidad, que ha impedido investigar a los criminales y torturadores. La falta de justicia, frente a los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile, impide a la sociedad tener una correcta percepción ante los horrores cometidos durante los 17 años de dictadura; es la que permite la relativización moral: el negacionismo. La falta de justicia anima a sectores más conservadores y pinochetistas, a desarrollar una campaña para aumentar los niveles de impunidad; disfrazadas como campañas humanitarias que buscan la liberación de los pocos condenados que se encuentran recluidos en Punta Peuco. Criminales que disfrutan de una cárcel de lujo, perciben sus pensiones millonarias, acrecentadas con bonos por un supuesto estrés postraumático, de su “guerra sucia”. Detrás de este objetivo se ha logrado alinear a políticos e instituciones estatales, como el Tribunal Constitucional (TC), al paralizar algunos juicios por crímenes de lesa humanidad, o la Contraloría General de la Republica, entregando, un cheque en blanco al presidente Piñera para indultar a los criminales […]
A comienzos de año, en nuestro primer balance del período en que fuimos gobierno, con un programa común con otras fuerzas de la centro-izquierda chilena, concluimos que el resultado es positivo. Logramos que se hicieran leyes de la República reformas y cambios sociales, políticos, culturales y valóricos que tuvieron un muy fuerte impulso en las multitudinarias movilizaciones sociales y populares del año 2011. Y que las mayorías nacionales venían empujando por décadas. Pero también fuimos autocríticos, y señalamos que las causas que generaron la derrota político electoral y que permitieron a la derecha volver al gobierno nacional, deben estar presentes para construir un futuro y revertir el actual cuadro de correlaciones de fuerzas en los plano social; político y ciertamente electoral, en donde se definen asuntos de extraordinaria relevancia y determinantes en nuestro país. Una autocrítica, sin propuesta, no tiene sentido, porque no ayuda a construir. Por eso, hoy, es necesario volver a formular el llamado que hicimos a comienzos de año, incluso antes de que asumiera el gobierno de Sebastián Piñera: No es una opción, es una necesidad democrática, generar todas las condiciones y acciones para construir una convergencia social y política, sin excluir a nadie, una correlación de fuerzas de centro-izquierda y progresista; que sea capaz de enfrentar, y derrotar en forma contundente a la derecha y sus poderes oligárquicos. La derecha es un adversario crecido; audaz, y busca generar alianzas para revertir las reformas conquistadas, e iniciar un nuevo ciclo de profundización del neoliberalismo y del capitalismo salvaje, con su secuela de injusticias, desigualdades, abusos y prepotencias. La derecha busca reponer una política de consensos para avanzar en esa dirección. Al adversario no lo podemos menospreciar. Sería un error que puede tener consecuencias nefastas para nuestro pueblo. Por eso, creemos que es posible y necesaria una nueva correlación de fuerzas, con toda su diversidad, sin que nadie tenga que renunciar a sus doctrinas, a sus alianzas fundamentales, a sus identidades. Lo que proponemos es a partir de ahora avanzar en un diálogo y convergencia sobre la base de ideas, contenidos y visiones comunes respecto de cómo enfrentar con efectividad a la derecha y su gobierno; cómo avanzamos para construir mínimos programáticos comunes; cómo defendemos lo que claramente hay que defender. Porque la refundación neoliberal excluyente está en curso; sigue con la iniciativa política y el cuadro internacional le favorece. La unidad que proponemos es mirando el futuro, y lo hacemos en forma explícita y directa. Pero claramente todas y todos debemos hacer esfuerzos y generar las condiciones para lograr esta necesaria convergencia social y política. Chile y su pueblo la necesitan. LA MEDALLA LUIS EMILIO RECABARREN A LAS HEROINAS Y HEROES DEL PUEBLO En emotivo, multitudinario y solemne acto, el Partido Comunista entregó la medalla Luis Emilio Recabarren a familiares de centenares de militantes detenidos desaparecidos; ejecutados y caídos en misiones internacionalistas. Es el mayor homenaje que se les puede brindar. Luis Emilio Recabarren fue un obrero tipográfico; con una visión y una voluntad que lo llevaron a […]
Las parlamentarias Gael Yeomans (IL), Marisela Santibañez (PRO), Karol Cariola y Camilla Vallejo (PC), en compañía de la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, presentaron este viernes un oficio dirigido al ministro de Salud, Emilio Santelices, para que informe cuándo se dictará el nuevo reglamento, junto con conocer si las clínicas que se han acogido al protocolo de objeción de conciencia institucional siguen recibiendo recursos del Estado, pese a que Contraloría dictaminó su ilegalidad. “Actualmente, existe un vacío en cuanto a la aplicación del protocolo de objeción de conciencia institucional dado que aún no se presenta el reglamento que comprometió el Gobierno, pese a que Contraloría se pronunció hace exactamente un mes declarando su absoluta ilegalidad”, señaló la diputada Gael Yeomans (IL), autora del oficio que presentaron este viernes en el Ministerio de Salud. En esa línea, añadió que “desconocemos, además, si las clínicas que se han declarado como objetoras de conciencia institucional continúan acogiéndose a esto y además recibiendo recursos del Estado, por lo que estamos solicitando de manera formal esa información al ministro”. Por su parte, la diputada Marisela Santibañez indicó que “el ministro Santelices no ha cumplido sus compromisos y vuelve a fallarle a las mujeres del país. Hemos visto a un Ministro dormido, que evita referirse a este tema mientras hay mujeres en todo el país que viven en incertidumbre por no contar con médicos que realicen la prestación”. La diputada comunista Karol Cariola indicó que “si sigue pasando el tiempo, lo que va a ocurrir es que este Ministerio va a seguir pasando por arriba de la ley, por la vía de los hechos y eso nosotras no lo podemos permitir”. En tanto, la abogada de Corporación Humanas y vocera de la Mesa Acción por el Aborto, Camila Maturana, precisó que “hay una preocupación muy grande desde las parlamentarias comprometidas con los derechos de las mujeres y las organizaciones de mujeres y feministas, porque hay una ley, tan relevante como aborto en tres causales, que hoy no está siendo garantizada por las autoridades”. Por último, la diputada Camila Vallejo se refirió a la causal de violación, respecto a la cual señaló que “estamos ante un Gobierno que asume con total irresponsabilidad la realidad de niñas que han sido víctimas de violación y que producto de esa violación han quedado embarazadas. Para ellas una semana más de espera, por ausencia de este reglamento que les permita acceder a un derecho e interrumpir ese embarazo en caso de ser violadas, es grave. Una semana más, significa una semana más de embarazo y menos posibilidades de interrumpir su embarazo”. Santiago de chile, 9 de junio 2018 Crónica Digital
En el ex Congreso Nacional la diputada PH y presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, Pamela Jiles, y el independiente Pepe Auth presentaron su indicación al proyecto de ley de adopciones enviado por el Ejecutivo el pasado miércoles. Según Jiles, “la única manera efectiva de salvar vidas concretas de niños que están vulnerados en las oficinas del Sename es por la vía de la adopción”. Así, el documento redactado por los parlamentarios sitúa a los niños en el centro de la reforma, planteando la modificación de los artículos 13, 28 y la letra F del artículo 39 en el proyecto de ley. En este último ítem, se plantea eliminar la condición de “la existencia de un ambiente familiar donde se pueda ejercer el rol de padre y madre” como requisito para entregar la adopción. Denunciando la demora de 60 días de tramitación legislativa, la diputada señaló que la indicación sustitutiva “discrimina y es abiertamente inconstitucional” pues “genera una imposibilidad en los jueces de poder entregar estos niños a familias idóneas, tengan las características que tengan”. Así, el Ejecutivo “no reconoce las diferentes formas de familia que existen en Chile y excluye de la posibilidad de ser padres adoptivos a las parejas homosexuales, a las personas transexuales, a las personas solteras, viudas, divorciados y a cualquiera que no se ajuste de manera absoluta al matrimonio heterosexual”. Pepe Auth, por su parte, indicó que la moción “traduce consistentemente la mirada centrada en los niños, asegurándoles estabilidad, seguridad y cariño”; a diferencia de la indicación sustitutiva que calificó como “un pacto con los conservadores que conviven en su coalición”, precisando en la inconsistencia mediática que ha tenido Piñera con su mensaje en apoyo a la infancia. “El Gobierno ha privilegiado su unidad interna de la coalición y a nosotros nos parece gravísimo que se privilegie la estabilidad de una coalición en lugar de la seguridad, cariño y estabilidad de los niños”, agrega. Santiago de Chile, 9 de junio 2018 Crónica Digital
La Mesa Política del Frente Amplio de Uruguay definirá el 23 de junio venidero la hoy controvertida decisión sobre el Tratado de Libre Comercio con Chile (TLC), después de más de un mes de su posposición. En declaraciones a la prensa la vicepresidenta de la fuerza política, Sandra Lazo, explicó la víspera que con el levantamiento del cuarto intermedio el Plenario Nacional podrá cerrar el tema del TLC y el Tratado de Patentes, sobre los que existen puntos encontrados dentro de la agrupación oficialista. Apuntó que los estudios de impactos sobre esos temas fueron debatidos y discutidos en toda la estructura de la colación de izquierda. Tras una intensa jornada de debate y discusión de nueve horas el pasado 5 de mayo, que estuvo precedida también por marcadas diferencias entre sus componentes, el Frente Amplio (FA) dejó pendiente su postura que definirán las bancadas parlamentarias. En la reunión tampoco hubo acuerdo sobre las bases de un Tratado de Patentes, que también quedó pendiente. Luego de esa reunión el presidente del FA, Javier Miranda, expresó que acordaron solicitar al gobierno nacional un análisis del impacto económico y político de los tratados para ‘maximizar los insumos a la hora de tomar posición’. Durante las discusiones se presentaron dos mociones, una a favor y otra en contra del TLC, y por mayoría de 80 votos a 77 el plenario pospuso la decisión del cuarto intermedio. Uruguay y Chile firmaron en octubre de 2016 un TLC, que ya fue ratificado por el Parlamento de Santiago, y aún espera la aprobación de su contraparte uruguaya. En aquel entonces el ministro uruguayo del Exterior, Rodolfo Nin Novoa, consideró de ‘gratísimo honor’ haber firmado este tratado que le va a traer a uruguayos y chilenos ‘un gran beneficio desde el punto de vista de los índices de prosperidad y oportunidades’. El texto firmado dispone de 20 capítulos que incluyen Comercio de Bienes, Facilitación al Comercio, Pequeñas y Medianas Empresas, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Servicios y Comercio Electrónico. Además de Competencia, Propiedad Intelectual, Laboral, Medio Ambiente, Cooperación, Género, Coherencia Regulatoria, Transparencia, Administración, Solución de Controversias, Disposiciones Generales y Disposiciones Finales. Montevideo, 9 de junio 2018 Crónica Digital/PL
