DIPUTADO GONZÁLEZ RECHAZA APLAZAR ELECCIÓN DE GOBERNADORES REGIONALES

El Presidente de la Comisión Regionalista, Rodrigo González, llamó a parlamentarios del oficialismo y de la oposición a «no torcer la nariz a la ley», luego que se conocieran conversaciones para modificar la fecha de las primeras elecciones de gobernadores regionales –actuales intendentes-, previstas para 2020, y postergarlas para 2021.

Las razones para retrasar los comicios apuntan a la falta de claridad sobre el traspaso de competencias a las autoridades regionales, tema pendiente en lo que está trabajando el Gobierno, así como otros a una dificultad en la búsqueda de candidatos.

«Vuelven a reiterarse las maniobras y las cocinas para faenarse el proceso de elección de gobernadores regionales, especialmente del Senado, con preparativos bajo cuerda y poco transparentes que le buscan torcer la nariz a la ley que establece las elecciones para el año 2020», indicó el diputado González.

El parlamentario señaló que «en el mundo de las regiones y de los municipios, en una jornada que desarrollamos el jueves pasado y en consulta  con diversos actores ciudadanos, hemos hecho un compromiso de dar una lucha sin cuartel para impedir una acción tan desastrosa y negativa como la que se está proponiendo, y que una vez más busca que el centralismo continúe predominando en Chile, que no se traspasen  competencias , que no se llegue a puerto en una ley de rentas regionales, y a través de esos pretextos la elección de gobernadores regionales no se materialice».

«Tales acciones deben ser abiertamente combatidas por los ciudadanos y emprenderemos una cruzada a lo largo de todas las regiones, buscaremos la convocatoria de una nueva cumbre de regiones para impedir una maniobra de esta especie, que además logre enriquecer y potenciar las modificaciones legales y el trabajo reglamentario que perfeccione y le dé la mayor precisión posible y evite todas las dificultades que tiene la instalación de los nuevos gobiernos regionales», aseguró el legislador.

Finalmente, el diputado del PPD planteó que «estamos convencidos que esta gran alianza de la sociedad civil, de las universidades regionales, y de los actores ciudadanos va a impedir maniobras tan deleznables como las que hoy día se están impulsando, por parte de algunos senadores, como ocurrió también con las elecciones que debieron realizarse en con junto con las presidenciales el año 2017 de gobernadores regionales».

Santiago de Chile, 19 de enero 2019
Crónica Digital

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A CASI TRES DÉCADAS DEL INFORME RETTIG: FUERZAS ARMADAS AÚN NO DEVUELVEN RECINTOS UTILIZADOS EN VIOLACIONES A LOS DDHH

Sáb Ene 19 , 2019
Destrucción de espacios físicos, dificultades para recuperar inmuebles, y la restricción en los accesos a los Sitios de Memoria por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden, son algunas de las dificultades detectadas por el Informe Anual sobre Derechos Humanos 2018, en su capítulo sobre “Sitios de Memoria y su contribución a la no repetición”. El INDH recomienda devolver los recintos utilizados como centros de detención y tortura para habilitarlos como espacios de memoria, tal como lo sugirió la Comisión de Verdad y Reconciliación hace ya casi tres décadas, en virtud de los  compromisos y obligaciones adquiridos por el Estado de Chile. La Comisión de Verdad y Reconciliación publicó el Informe Rettig el 8 de febrero de 1991, solicitando al Estado de Chile, entre otras medidas, realizar gestos de reparación simbólica con el objeto de reivindicar a las víctimas, recordar lo sucedido durante la dictadura y evitar que estos hechos volvieran a repetirse. La Comisión Valech, sobre Prisión Política y Tortura, en noviembre del año 2004, recomendó declarar “los principales sitios de tortura como monumentos nacionales y la creación de memoriales y sitios recordatorios de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y violencia política”. Desde el primer informe han pasado casi 30 años y la deuda del Estado en esta materia aún está pendiente. El Informe Anual de Derechos Humanos 2018, elaborado por el INDH, en su capítulo sobre “Sitios de Memoria y su contribución a la no repetición”, detalla una serie de dificultades de diversas organizaciones en la recuperación de inmuebles, utilizados en la comisión de violaciones a los derechos humanos entre los años 1973 y 1990, que todavía permanecen en manos de las Fuerzas Armadas y de Orden. El estudio de carácter exploratorio analizó, entre otras materias, la respuesta del Estado respecto a las políticas públicas sobre Sitios de Memoria a través de una encuesta digital realizada a 21  organizaciones, entrevistas a directivos de instituciones que trabajan en temas de memoria y el cruce de información disponible de diversas entidades públicas como el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Bienes Nacionales. Los integrantes de diversos sitios de memoria -lugares que recuerdan hechos vinculados a violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, cuyo presente interpela a la sociedad sobre hechos ocurridos en el pasado-, coinciden en que uno de los aspectos más complejos que han debido enfrentar tiene que ver con la destrucción de los espacios físicos, las dificultades para recuperar los inmuebles y la restricción de acceso que imponen las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden Público. Miguel Lawner, arquitecto y ex preso político, manifestó en un seminario internacional el año 2017 su inquietud respecto a que la demolición de inmuebles del Ejército no sólo afecta su eventual transferencia, sino también su utilización “como medio de prueba para conocer la verdad”. La falta de recursos humanos y financieros, coinciden los especialistas entrevistados, ha derivado en una actuación reactiva por parte del Estado […]

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