La Mesa Política del Frente Amplio de Uruguay definirá el 23 de junio venidero la hoy controvertida decisión sobre el Tratado de Libre Comercio con Chile (TLC), después de más de un mes de su posposición. En declaraciones a la prensa la vicepresidenta de la fuerza política, Sandra Lazo, explicó la víspera que con el levantamiento del cuarto intermedio el Plenario Nacional podrá cerrar el tema del TLC y el Tratado de Patentes, sobre los que existen puntos encontrados dentro de la agrupación oficialista. Apuntó que los estudios de impactos sobre esos temas fueron debatidos y discutidos en toda la estructura de la colación de izquierda. Tras una intensa jornada de debate y discusión de nueve horas el pasado 5 de mayo, que estuvo precedida también por marcadas diferencias entre sus componentes, el Frente Amplio (FA) dejó pendiente su postura que definirán las bancadas parlamentarias. En la reunión tampoco hubo acuerdo sobre las bases de un Tratado de Patentes, que también quedó pendiente. Luego de esa reunión el presidente del FA, Javier Miranda, expresó que acordaron solicitar al gobierno nacional un análisis del impacto económico y político de los tratados para ‘maximizar los insumos a la hora de tomar posición’. Durante las discusiones se presentaron dos mociones, una a favor y otra en contra del TLC, y por mayoría de 80 votos a 77 el plenario pospuso la decisión del cuarto intermedio. Uruguay y Chile firmaron en octubre de 2016 un TLC, que ya fue ratificado por el Parlamento de Santiago, y aún espera la aprobación de su contraparte uruguaya. En aquel entonces el ministro uruguayo del Exterior, Rodolfo Nin Novoa, consideró de ‘gratísimo honor’ haber firmado este tratado que le va a traer a uruguayos y chilenos ‘un gran beneficio desde el punto de vista de los índices de prosperidad y oportunidades’. El texto firmado dispone de 20 capítulos que incluyen Comercio de Bienes, Facilitación al Comercio, Pequeñas y Medianas Empresas, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Servicios y Comercio Electrónico. Además de Competencia, Propiedad Intelectual, Laboral, Medio Ambiente, Cooperación, Género, Coherencia Regulatoria, Transparencia, Administración, Solución de Controversias, Disposiciones Generales y Disposiciones Finales. Montevideo, 9 de junio 2018 Crónica Digital/PL
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Organizaciones de la sociedad civil, sindicatos de la institucionalidad ambiental y parlamentarios, agrupados en la Comisión Sindical Cívico Parlamentaria (CSCP) llaman a la Ministra de Medio Ambiente a dar a conocer públicamente proyecto de reforma al SEIA y asegurar la participación ciudadana en el mismo. Con preocupación ven ambientalistas, funcionarios y parlamentarios la noticia conocida a través de la prensa del proyecto que pretende dar una nueva forma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, administrado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), quienes durante los años previos han trabajado en una propuesta de mejora del mismo sistema, la cual fuera entregada a la anterior administración. Esta inquietud se ha profundizado ante la reciente modificación al interior del SEA que eliminó el Departamento de Medio Humano, Participación Ciudadana y Consulta Indígena. A juicio de los miembros de la CSCP, esta información debiera ser difundida a toda la comunidad, de manera de hacer un proceso transparente. En este sentido miran con preocupación los anuncios de que el proyecto sería enviado en las “próximas semanas” al Congreso. “Como comisión, coincidimos en el diagnóstico de que hay que hacer una profunda reformulación a este sistema y para eso nos autoconvocamos el año 2015 y trabajamos una propuesta bastante acabada. Nos gustaría hacer entrega de estos resultados a la Ministra Cubillos y ser parte activa de cualquier proceso que se proyecte en esta materia”, señaló el Director Ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa. El anuncio y las alarmas se suman a las suspicacias que días antes se levantaron frente a la agenda pro inversión y las modificaciones que ella contempla para el SEIA, así como la propuesta del gobierno de crear la “Oficina de Proyectos Sustentables” la cual también fue informada sin dar antecedentes a la sociedad y actores involucrados. “Confiamos en que existe buena fe en hacer que el proceso de reforma del SEIA sea más transparente y participativo de lo que actualmente es, sin embargo, la forma a través de la cual nos hemos enterado de estos proyectos va en la dirección opuesta”, explicó Sara Larraín, Directora Ejecutiva de Chile Sustentable. Los representantes de esta mesa harán llegar una solicitud a la autoridad nacional para que los reciba y explique los alcances de sus propuestas y las instancias que se abrirán para la participación ciudadana. “Lo importante es que el SEIA se convierta verdaderamente en un procedimiento que busque proteger el medio ambiente y no simplemente en hacer más fácil la ejecución de proyectos de inversión”, puntualiza Francisco Cabrera, Presidente de la Federación de Trabajadores del Medio Ambiente, FENATRAMA. A juicio de José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, “las reformas anunciadas en relación al SEIA, así como sobre la agenda pro inversión, en ningún caso pueden resultar en un detrimento a estándares ambientales y sociales ya establecidos en la ley nacional y en los tratados internacionales sobre la materia de los que Chile es parte. Esto además resultaría contradictorio con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, a los que Chile ha adherido, los que obligan al Estado a revisar y adecuar su legislación para […]
El gerente general del Banco de Chile, Eduardo Ebensperger, denunció hoy que una banda de hackers lanzó un ataque contra la entidad privada en mayo último y logró robar alrededor de 10 millones de dólares. La mayor cantidad de ese dinero fue a parar en cuentas de Hong Kong, señaló Ebensperger en exclusiva con el diario La Tercera. Detalló que la institución financiera había desconectado unas nueve mil estaciones el 24 de mayo pasado para neutralizar la propagación de un virus. Pero a todas luces, el virus fue una maniobra de distracción de los hackers para lograr obtener el dinero y hacer el movimiento bancario. «Encontramos algunas transacciones extrañas en el sistema SWIFT (establecido por los bancos hacen sus transacciones a distintos países). Ahí nos dimos cuenta de que el virus no era necesariamente el tema de fondo, sino que al parece querían defraudar al banco», detalló el directivo. Fue un sofisticado ataque internacional de bandas de rango mundial, posiblemente de Europa del Este o Asia, añadió basándose en un análisis forense de Microsoft. «El evento fue destinado a dañar al banco, no a los clientes», dijo para calmar un poco los ánimos. Según el gerente general de Banco de Chile, la segunda entidad de su tipo en el país austral, el mismo 24 de mayo pasado los hackers hicieron una serie de transacciones fraudulentas para intentar sacar el dinero. Cuando nos percatamos, comenzamos a cancelar dichas operaciones, pero cuatro tuvieron éxito y hasta ahora los montos no han podido ser recuperados, puntualizó Ebensperger. Banco de Chile, que es propiedad de la familia Luksic, de la nación sudamericana, y el grupo estadounidense Citigroup, presentó una denuncia criminal en Hong Kong, reveló La Tercera. Santiago de Chile, 9 de junio 2018 Crónica Digital /PL
Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos en Chile mostraron contrariedad ante la actitud del actual Gobierno conservador y repudiaron los intentos de adelantar medidas de impunidad. En declaraciones a la prensa tras una marcha efectuada la víspera, Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), señaló a la administración de Sebastián Piñera por pretender pasar por alto hechos críticos. «La ley de reparaciones en retiro de los presos políticos y el proyecto de ley con el que pretende indultar a los criminales acusados por violaciones a los derechos humanos son asuntos de extrema gravedad», comentó Lira. Hay impunidad, los asesinatos, torturas y desapariciones durante la dictadura (de Augusto Pinochet, 1973 a 1990) no son sucesos simples que se puedan borrar tan fácilmente, apostilló. El pasado miércoles, la diputada Carmen Hertz se encargó de interpelar en la Cámara de Diputados al ministro de Justicia, Hernán Larraín, por el retiro del proyecto que acordaba un aporte único de reparación a los sobrevivientes de prisión política y tortura. Hertz, del Partido Comunista, contó con amplios respaldos en el Paralmento, pero de todas formas el ministro Larraín siguió adelante con la idea, ofreciendo diversas argumentaciones. El Gobierno de derecha (de Piñera) «ha mantenido una actitud realmente inmoral y vergonzosa». Según la dirigente de la AFEP, es aberrante que Larraín sea el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, «ya que él fue uno de los protectores de Colonia Dignidad». Colonia Dignidad fue un asentamiento de colonos alemanes en Chile dirigido por un ex nazi, que sirvió para torturas y asesinatos de opositores a Pinochet, además de actos de abusos sexuales contra menores. Una secta fundada por Paul Schaeffer, condenado por sus desmanes al frente de Colonia Dignidad, en la cual gracias a labores de grupos de derechos humanos han comenzado a rescatarse restos mortales de persones allí asesinadas. Santiago de Chile, 8 de junio 2018 Crónica Digital /PL
La expulsión decretada por el Vaticano del cura Abel Pérez de la Congregación de los Hermanos Maristas de Chile, añadió una gota más de fuego a la crisis de la Iglesia católica en el país austral. Llega la medida en el umbral de un eventual y casi inminente dictamen del papa Francisco de aceptar la dimisión de varios obispos, ante una serie de escándalos sexuales y abusos en los que estuvieron involucrados figuras del clero. ‘He recibido de Roma el decreto de expulsión del hermano Abel Pérez emitido por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las sociedades de Vida Apostólica, del Vaticano, indicó Saturnino Alonso, uno de los líderes de los Maristas. El portal chileno Emol, fueron 14 las víctimas del cura Pérez de dos colegios pertenecientes a los Hermanos Maristas, trasgredidas desde la década de los años 1970. Un expediente que se suma a numerosas acusaciones y denuncias que se han efectuado en Chile, con 45 sacerdotes condenados por la justicia civil o canónica. Varias decenas de presbíteros fueron señalados en meses recientes. La próxima semana el obispo de Malta, Charles Scicluna, y el padre español Jordi Bertomeu, los «detectives» del Vaticano, volverán a Chile para avanzar o poner fin a las investigaciones sobre actos de pederastia en la nación sudamericana. Concentrados en un inicio en el caso del defenestrado cura Fernando Karadima y sus tentáculos dentro de la Iglesia católica, en esta ocasión se espera que Scicluna y Bertomeu vengan a ejecutar instrucciones precisas del papa Francisco. Santiago de Chile, 8 de junio 2018 Crónica Digital /PL
El Movimiento Litio para Chile solicitó al presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Hugo Gutiérrez, colocar en tabla el proyecto de ley que permite expropiar Soquimich. A través de un correo electrónico, el coordinador de la organización, Miguel Soto, pidió al parlamentario tramitar la moción ingresada el 7 de junio de 2017 y que “Modifica la Carta Fundamental para crear la Empresa Nacional del Litio”. “Para nuestro movimiento el descarado regreso de Julio Ponce Lerou como asesor estratégico de Soquimich es una burla para la democracia y pretende perpetuar la corrupción como una forma de hacer negocios. Ya existe en la comisión de Constitución una moción que permite expropiar Soquimich, una buena iniciativa que termina de raíz con la corrupción”, recalcó Soto en la carta dirigida al presidente de la comisión de Constitución. La solicitud del movimiento litio para Chile también insta al Congreso a legislar en favor de los intereses generales de Chile y no los del poder económico. “Creemos que ante el indignante acto de corrupción que protagoniza Ponce Lerou, el Congreso debe tramitar con urgencia esta moción para entregar una señal contundente contra los delitos de cuello y corbata, y así avanzar hacia la recuperación soberana del litio como mineral estratégico para un nuevo modelo de desarrollo”, remarcó Soto. La moción que “Modifica la Carta Fundamental para crear la Empresa Nacional del Litio” -número de boletín 11261-07- es una reforma constitucional que se encuentra en primer trámite en la respectiva comisión que preside el diputado por Tarapacá. Movimiento Litio para Chile prepara protestas para la próxima semana en diferentes ciudades del país. En Santiago convocan a una asamblea de organización para este lunes 11 de junio, 18:30 hrs, en la sede central de la CUT, Alameda 1346. “Hoy más que nunca tenemos que manifestar nuestra rabia e indignación contra el ex yerno de Pinochet y multimillonario Forbes, Julio Ponce Lerou, principal agente corruptor de la política. Bitran le hizo el traje a la medida para continuar dirigiendo el robo del litio. Tenemos que salir a protestar para terminar con la corrupción y recuperar el litio para el pueblo de Chile”, expresó el coordinador del movimiento. Santiago de Chile, 8 de junio 2018 Crónica Digital
Crónica Digital adjunta trabajo sobre la compañera Julieta Campusano leído por Carlota Espina, Presidenta del CEILER, y por Iván Ljubetic, historiador y Vicepresidente del CEILER, en el Panel del jueves 31 de mayo de 2018. EN EL CENTENARIO DE LA COMPAÑERA JULIETA Un día como hoy, 31 de mayo, hace justamente un siglo, nació en Tocopilla Julieta Campusano Chávez. Su padre, Eleodoro Campusano, era obrero; su madre, doña Jesús Chávez, dueña de casa. La propia Julieta relataba así su niñez y juventud: “Fui tejedora, costurera, dependiente de una tienda y después en una pulpería. Tuve que trabajar desde muy joven, porque la necesidad en mi hogar era muy grande. A mi padre lo habían despedido de una empresa norteamericana que trabajó en Tocopilla”. Lo que Julieta no cuenta es que fue elegida reina en unas fiestas de la primavera. La familia se trasladó a Coquimbo. Y allí inició su larga trayectoria de luchadora política y social. Ingresó a las Juventudes Comunistas en 1934, cuando tenía 16 años de edad Formó parte de la delegación de 12 jóvenes enviados por Coquimbo al Congreso de la Alianza Libertadora de la Juventud, realizado en Santiago en septiembre de 1937. Luis Corvalán la conoció en esa ocasión. La recuerda así: “Era una lola gordita, llena de vida”. En 1943, residiendo ya en Santiago, participó activamente en la comisión preparatoria del Primer Congreso Nacional de Mujeres. Este tuvo lugar en 1944 y de él surgió la Federación Chilena de Instituciones Femeninas (FECHIF), presidida por Amanda Labarca y Julieta Campusano, que tenía como principal objetivo la obtención de los derechos políticos para las mujeres. En el XIII Congreso Nacional del Partido Comunista, efectuado en la capital, entre el 8 y el 15 de diciembre de 1945, fue elegida miembro del Comité Central. Luis Corvalán se refería a ella diciendo: “Julieta ha sido la mejor encargada femenina que ha tenido el Partido Comunista, y dicho esto sin desmerecer en absoluto la gestión cumplida por otras compañeras que la antecedieron o la sucedieron”. En abril de 1947 fue elegida regidora por la Comuna de Santiago. En octubre de ese año, el traidor de González Videla inició la represión contra los comunistas. Julieta Campusano fue detenida y enviada a prisión y allí, en la cárcel, dio a luz a su hija Dolores. Volodia Teitelboim en su obra “Neruda” relata que el poeta en su “Carta íntima para millones de hombres”, publicada en El Nacional, de Caracas, el 27 de noviembre de 1947, “citó el caso de Julieta Campusano, regidora por Santiago, arrastrada a un calabozo a las 4 de la madrugada, a pesar de encontrarse en avanzado estado de embarazo. Allí dio a luz prematuramente a causa de la violencia sufrida, por orden del Presidente, al cual había acompañado durante su campaña a través de todo el país”. Pero ella siguió luchando. Jorge Soza la evoca: “La veo en un acto, en Santiago. Aparece de pronto, burlando la Ley Maldita dictada por el Congreso y promulgada en […]
La diputada del PPD, Loreto Carvajal -junto a un grupo transversal de diputados desde el Frente Amplio a la UDI- presentó una iniciativa que modifica la Ley General de Educación con el objeto de sancionar el hostigamiento cibernético circunscrito en el marco del acoso escolar. “Nuestro Código Civil ya establece que los padres son responsables sobre los delitos civiles que cometan sus hijos menores, por lo tanto, consideramos procedente que en estos casos, que los padres, como representantes legales de los menores, asuman las consecuencias que pudieren generar sus hijos con sus conductas abusivas, obligándolos a reparar el daño mediante la indemnización correspondiente”, explicó la diputada Carvajal. La parlamentaria agregó que “en esta moción se propone además, incorporar sanciones del tipo penal a los mayores de edad que son parte de la comunidad educativa, y que cometan actos de violencia psicológica en contra de uno o más estudiantes, valiéndose de medios cibernéticos. Lo anterior, debido a que las sanciones para la violencia física ya se consagran en la legislación penal, pero para el caso de violencia psicológica, quedaría al arbitrio de la sanción administrativa o disciplinaria interna, impuesta por el Establecimiento Educacional, cuya consecuencia máxima sería el despido. Por ello, buscamos sancionar a los responsables de este tipo de acoso, con reclusión menor en su grado mínimo a medio, esto es, 61 a 540 días, además de la indemnización a favor de la víctima”. “Creemos importante que este proyecto pronto se convierta en ley, puesto que lo que queremos nosotros es profundizar la temática y la reglamentación y sobre todo la norma respecto al acoso cibernético o más bien llamado el Ciber-Bullying. Hemos sido testigos no solo a nivel nacional sino que internacional respecto de las consecuencias de lo que acarrea el acoso cibernético, que lamentablemente ha llevado al suicidio a niños y jóvenes”, explicó la legisladora. Loreto Carvajal indicó que “esta iniciativa es un llamado también a educar, a prevenir y a poder supervisar las acciones de nuestros hijos cuando se trata de dañar a otros por medio de aparatos electrónicos. Aquí también hay una responsabilidad de los padres que no se puede negar”. Santiago de Chile, 8 de junio 2018 Crónica Digital
Luego que el Gobierno ingresara la indicación sustitutiva a la Ley que reforma el sistema de adopción en Chile, la diputada de Revolución Democrática y miembro de la Comisión de Familia, Natalia Castillo, aseguró que “la indicación es tramposa y contradictoria”. Al respecto explicó que, “si bien dice que no habrá discriminación, incorpora un requisito imposible de cumplir para las parejas homoparentales que es la existencia del rol de padre y de madre”. La abogada agregó que con esta indicación el Gobierno “deja en evidencia, una vez más, sus tensiones internas en torno a medidas que buscan promover la inclusión, estableciendo una discriminación arbitraria”. Niñas perdidas en Italia La diputada advirtió que “al preservar un sistema de adopción heteronormativo y discriminatorio, se propicia que ocurran situaciones terribles como el caso de la niña de nueve años que se encuentra abandonada en Italia al ser devuelta por su familia adoptiva y de quien hoy día el Estado de Chile no se ha hecho cargo como se debe”. En relación a esto, Castillo junto a la presidenta de la comisión, Pamela Jiles, comenzaron las gestiones para la repatriación de la niña. Además, durante la sesión de este miércoles se realizó un enlace por internet con Evelin Bustos, joven quien, tras ser adoptada en 2004 por una pareja de italianos, terminó abandonada en ese país. El caso de adopción fallida resulta similar al de la niña que actualmente se busca repatriar. A juicio de Waldo Castro, sicólogo de Evelin quien también asistió a la sesión, “el caso de Evelin es la punta del iceberg”, pues existirían muchos más. El proyecto de Ley de Adopciones comenzó a discutirse ayer en la Comisión de Familia, y la diputada Castillo ya advirtió que presentarán una indicación que elimine el requisito presentado por el Gobierno. Santiago de Chile, 8 de junio 2018 Crónica Digital
Ayer se realizó la interpelación al ministro Hernán Larraín por el retiro intempestivo del proyecto de ley que otorgaba un aporte reparatorio a los ex presos políticos. La jornada estuvo marcada por las pocas respuestas concretas de parte del ministro a las preguntas formuladas por la diputada Carmen Hertz y por el lamentable episodio cuando un grupo de personas que acompañaba al ministro Larraín en la galerías, vitoreó el nombre del dictador. Pasadas las 11.00 horas de este miércoles 6 de junio se dio inicio a la interpelación llevada adelante por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, diputada Carmen Hertz, en contra del ministro de Justicia, Hernán Larraín, por el retiro del proyecto de reparación a las víctimas de prisión y tortura durante la dictadura. Fueron más de 3 horas donde la diputada Hertz expuso algunos de los casos que se relatan en los informes Valech I y II y consultó los alcances de que miles de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos sigan sin tener verdad, justicia ni reparación. La interpelación se dio por finalizada sin grandes respuestas por parte del ministro Larraín, quien se escudó en la falta de recursos para no cumplir con normas internacionales que obligan al Estado de Chile. “Por supuesto que no quedamos satisfechos, porque el ministro no respondió nunca en concreto los motivos por los cuales retiró este aporte –miserable y tardío- a los presos políticos. No se pronunció respecto de la obligación imperativa que tiene el Estado de Chile de reparar en forma íntegra, satisfactoria y oportuna, porque así lo señalan las normas internacionales a quienes fueron víctimas de prisión y tortura, que sabemos fue uno de los crímenes más repugnantes para la comunidad internacional organizada”, sostuvo la diputada Hertz. Un punto lamentable durante la jornada, fue la presencia de grupos pinochetistas en las galerías, que junto con aplaudir las intervenciones del ministro Larraín, fueron expulsados de la Sala tras los gritos recordando al dictador. La diputada Carmen Hertz consideró dicha situación como “particularmente grave, porque esos sujetos sólo pueden llegar hasta las tribunas a través de invitaciones de alguna bancada, que supongo, será alguna de las bancadas que forman parte del Gobierno que retiró este aporte a los ex presos políticos. Es una vergüenza intolerable que esto tipos estuvieran ahí. Sería muy importante saber quién los invitó y quien se hace responsable de admiradores de asesinos”. En cuánto a las respuestas del ministro, quien insistió en la falta de recursos para la reparación, la diputada fue clara en señalar que “este era un proyecto complementario de la ley 20.874. Se adjuntó un informe financiero donde se imputaba a la partida de Tesoro Público, porque de esa forma se hace cuando se trata de financiamientos comprometidos (…) Me parece intolerable que el Gobierno pretenda, lo que es una obligación respecto ni más ni menos que a las víctimas de prisión y tortura que los agentes del Estado maltrataron, humillaron y agraviaron, sea un tema presupuestario o […]
