El organismo presentó un documento en la Comisión Mixta y denunció que uno de sus expositores que se presentó como “ex trans” es un fraude. Además anunció que de prosperar la propuesta del Gobierno “recurriremos a órganos internacionales” Con un documento de 10 páginas, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), solicitó hoy a la Comisión Mixta del Congreso Nacional que los menores de 14 años sean incorporados en la Ley de Identidad de Género, al tiempo que lamentó  la postura del Ejecutivo en este campo. “Hemos propuesto a la Comisión Mixta que para los mayores de 18 años baste su sola voluntad para solicitar el cambio de su nombre y sexo legal  en el Registro Civil. En el caso de los adolescentes mayores e 14 años , solicitamos lo puedan hacer  también en Registro Civil con un poder simple de unos de sus tutores.”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, En el caso de los menores de 14 años “solicitamos que el cambio lo puedan hacer en tribunales de familia, con el acompañamiento de uno de sus padres. Estas propuestas se enmarcan en los fallos de nuestros propios tribunales, en lo señalado por Naciones Unidas, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”. En este sentido, el Movilh lamentó que “hoy el Gobierno a través del ministro de Justicia, Hernán Larraín, propusiera que los menores de 14 años “no podrán requerir el cambio de sexo registral “ y a que a los adolescentes mayores de esas edad se les exija certificados médicos. Ambas propuestas, violentan la Convención Americana de Derechos Humanos, el Interés Superior del Niño, lo exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también los fallos de nuestros propios tribunales”. Si bien “valoramos los esfuerzos del Ejecutivo para llegar a un consenso con su propia coalición, lamentamos su propuesta de excluir a menores de 14 años, en tanto niega una identidad natural de niños y niñas, impidiéndole el desarrollo más sano y armónico posible. Además es una propuesta regresiva, pues busca boicotear un derecho ya existente: niños y niñas de 5 años han cambiado su nombre y sexo legal en los tribunales de familia” “Como si fuera poco, el Ejecutivo desarrolló esta propuesta sin los movimientos sociales, pese que el Estado firmó un compromiso ante la CIDH para trabajar la Ley de Identidad de Género  junto a las organizaciones sociales. Esta es una grave falta al acuerdo que denunciaremos ante la CIDH. De igual manera, recurriremos a organismos internacionales si la ley excluye a menores de 14 años” Por último, el Movilh lamentó que “hoy se presentara en la Comisión Mixta el señor,  Walter Heyer, quien se auto-define como «ex trans» y «experto en identidad de género». Sin embargo, no hay nada q demuestre su experiencia de vida, salvo que es un aliado de los líderes del Bus del Odio y colabora con su trabajo. Es un transfóbico reconocido a nivel mundial. Es decir, un fraude”. Por el Gobierno hoy expuso en Comisión Mixta el Ministro de […]

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó hoy su “más rotundo y categórico rechazo” a las declaraciones del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, contra el proyecto de ley de identidad de género. «El tema fundamental no es simplemente la edad, es algo más profundo, más allá del nominalismo hay que ir a la realidad de las cosas. No porque a un gato le pongo nombre de perro comienza a ser perro», dijo Ezzati a Emol, en el marco de la inauguración del año académico de la Universidad Católica. “Ezzati una vez más ha cruzado la raya de todo lo tolerable. Comparar con animales a a los niños, niñas y adultos trans es un brutalidad extrema, que violenta la dignidad humana de manera escandalosa”, dijo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez. Añadió que “el arzobispo ha burlado y depreciado sin piedad, ni misericordia alguna el drama padecido por quienes ven día  adía imposibilitado su derecho a ser llamados y tratados por su nombre y sexo social. Esta situación ubica a la Iglesia Católica en un terreno del odio, de la transfobia, de la homofobia y del desprecio profundo hacia un grupo humano, lo cual se aleja del discurso cristiano por donde se mire”. Dado que estas declaraciones se dieron en el contexto de la inauguración de año académico de la Universidad Católica, el Movilh instó al rector de dicha Casa de Estudios, Ignacio Sánchez, a “fijar postura frente a estas declaraciones de odio, en tanto se dieron en un acto importante para la institución , con lo cual se ve involucrada, guste o no. La educación no puede ser escenario de discursos de odio. Todo lo contrario, debe erradicarlos y prevenirlos”. Con todo, finalizó Jiménez “las declaraciones de Ezzati solo vienen a demostrar la necesidad de la existencia de una ley de identidad de género. La ausencia de esta norma solo provoca abusos, donde las personas son denigradas, maltratadas y hasta asociadas con animales,  como lo hace este sujeto”. Santiago de Chile, 7 de abril 2018 Crónica Digital

 Corporación Humanas, en conjunto con la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y organizaciones de la sociedad civil, entregaron requerimiento ante la Contraloría General de la República. Acusaron “graves ilegalidades en el protocolo de objeción de conciencia dictado por el Ministerio de Salud que no resguarda los derechos humanos de las mujeres y las niñas”. Corporación Humanas junto a la Mesa Acción por el Aborto en Chile, en compañía de organizaciones de mujeres, feministas, de derechos humanos y de la sociedad civil concurrieron a la Contraloría General de la República para solicitar que ejerza su facultad dictaminadora y ordene al Ministerio de Salud dejar sin efecto la resolución que regula la objeción de conciencia, en la medida en que desvirtúa la institución, dándole un sentido general, amplio y que obstaculiza el ejercicio de las mujeres al a  decidir sobre su cuerpo, no garantizando el acceso a prestaciones de salud, entre otros vicios de legalidad. La Ley 20.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales que entró en vigencia en septiembre de 2017 mandataba a un protocolo regular la objeción de conciencia, individual e institucional. El 26 de febrero de este año se dictó la resolución n°61 que regulaba la objeción de conciencia, siendo esta modificada por el nuevo Gobierno el 23 de marzo pasado, por la resolución 432 del Ministerio de Salud. Carolina Carrera, presidenta de Corporación Humanas declara que “este requerimiento surge por parte de organizaciones feministas y de mujeres en resguardo de los derechos humanos de las mujeres y las niñas protegidos por la ley de aborto en tres causales frente a la ilegalidad cometida por el Ministerio de Salud que impone un retroceso a los mismos”. Sobre la diferencia de este requerimiento presentado en relación a otros que han entregado políticos de oposición, Carolina Carrera subrayó que los fundamentos no son iguales. “Aquí lo que estamos denunciando son la vulneración de derechos fundamentales de las mujeres y argumentamos con todo lo que dice relación con estándares internacionales de derechos humanos y también constituye una media de presión para que el contralor se pronuncie y que no podemos seguir en este país haciendo, vía reglamentaria, cambios respecto de legislaciones que ha sido fruto un arduo trabajo del movimiento de mujeres y feminista en Chile”. “La objeción de conciencia institucional no solo se ha vuelto la principal barrera de acceso al aborto legal, sino que también en una excusa para imponer principios morales sobre mujeres y profesionales de la salud, obstruyendo el legítimo derecho a decidir de las mujeres y criminalizando a quienes lo defienden. No podemos permitir que de manera antidemocrática se pase por encima de un acuerdo político y social que tomo años definir, dándole más derechos a las instituciones que a las personas”, sostiene Macarena Castañeda vocera de la Mesa Acción por el Aborto en Chile. La resolución que actualmente regula la objeción de conciencia adolece de serios y graves vicios de ilegalidad que impiden el adecuado ejercicio de las mujeres del derecho […]

La presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, se reunió con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para abordar los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, así como la realidad e las familias homoparentales, llegándose a importantes acuerdos.             En la ocasión, “Fernández manifestó que apenas el Proyecto de Ley de Identidad de Género sea despachado por la Comisión Mixta, lo pondrá en inmediata votación de la Cámara de Diputados, al tiempo que expresó todo su compromiso y apoyo para que la norma incorpore a los menores de 14 años. Este una importante señal, que proviene nada más, ni nada menos, que de la más alta autoridad de la Cámara”, sostuvo el Movilh.             La parlamentaria comprometió además que realizará gestiones para impulsar efectivamente el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que Chile firmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el avance del matrimonio igualitario, la adopción y la filiación homoparental, la ley de identidad de género y la reformas a diversas normas, como la Ley Zamudio.             “La diputada está consciente de que el ASA es un compromiso de Estado ante el sistema interamericano de derechos humanos, el cual debe cumplirse al margen de las autoridades de turno. En ese sentido, y en su calidad de presidenta de la Cámara de Diputada, ella cursará acciones para contribuir a que todos los poderes del Estado comprendan y acaten los alcances del ASA, lo cual valoramos de corazón”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.             Jiménez, junto a los dirigentes del Movilh Oscar Rementería, Cristina Poblete y Diego Ríos, se reunió también hoy con el senador con el senador RN Rafael Prohens, mientras que a las 17:00 horas de hoy sostendrán una cita con su par del mismo partido, Rodrigo Galilea.             “Prohens nos recibió con mucha amabilidad y apreciamos que su interés es avanzar hacia un país sin discriminación a las personas LGBTI. Del mismo modo, coincidimos en la necesidad de seguir educando desde los colegios en el respeto a la diversidad, y para eso esperamos trabajar de manera conjunta en el futuro”, finalizó Poblete. Santiago de Chile, 3 de abril 2018 Crónica Digital

El reglamento había sido denunciado el año pasado por el Movilh y tras ello fue modificado. “Solo por un error la página del Mineduc tiene el antiguo en su web, pero el colegio desde comienzos de años ha publicado el nuevo en su sitio”, expresó el Movilh. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) aclaró hoy que los contenidos homofóbicos del Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio Nueva Era Siglo XIX, de Carauma, “son antiguos y ya fueron  eliminados por el establecimiento educacional, tras denuncias que formulamos el año anterior al Mineduc”. El organismo hizo la precisión luego de que ayer por redes sociales circulara el reglamento antiguo, donde se señalaba que “a los alumnos que sean sorprendidos en actos de homosexualidad en el colegio o en alguna actividad fuera de el se les aplicará la sanción correspondiente a una falta gravísima”. El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, explicó que “la confusión se generó porque en la página del Mineduc sigue apareciendo el reglamento antiguo, Sin embargo, el actual y oficial y que tiene publicado el colegio en su web indica otra cosa, pues sanciona relaciones sexuales, no la homosexualidad”.  En efecto, el nuevo reglamento señala que “a los alumnos que sean sorprendidos en actos de relaciones sexuales heterosexuales o homosexuales en el Colegio o en alguna actividad fuera de él, se les aplicará la sanción correspondiente a una falta gravísima”. El Movilh expresó ayer su preocupación al Mineduc porque en su web estuviese aún el reglamento antiguo. “El Ministerio nos aclaró que ese apartado de su web se autogestionaba por los colegios, y que muchos los actualizan tarde, de ahí se generó la confusión. Lo concreto es que el nuevo reglamento eliminó sus contenidos homofóbicos”. En ese sentido, el Movilh llamó a “otros organismos, como la Superintendencia regional de Educación, a informarse antes de emitir juicios basados en antecedentes erróneos. Aquí hubo un reglamento homofóbico, pero el colegio dio un paso positivo al eliminarlo. Eso, en vez de criticarse, debe celebrarse”. Santiago de Chile, 30 de marzo 2018 Crónica Digital

En el Memorial por la Diversidad donde descansan los restos de Daniel Zamudio instalaron hoy placas con los nombres de las tres nuevas víctimas fatales, dos muertas en 2017 y la primera asesinada por agentes de la Dictadura. En la ocasión se exigió reformas a ley Zamudio y se anunció la existencia de un proyecto de ley que la próxima semana será analizado con el Ministerio de Justicia. En el marco del sexto aniversario del asesinato de Daniel Zamudio, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se dirigió hoy hasta el Memorial por la Diversidad, monumento ubicado en el Cementerio General, para rendirle un homenaje a él y a otras 39 víctimas fatales de la homofobia y la transfobia. “Estamos en este memorial donde descansan los restos de Daniel y que es al mismo tiempo un monumento a todas y todos quienes han perdido la vida en razón de su orientación sexual o identidad de género. Lamentablemente, debemos hoy sumar a este memorial tres placas con los nombres de nuevas víctimas de los crímenes de odio, algo que no debería ocurrir, pero sigue pasando”,  dijo el vocero del Movilh, Óscar Rementería. En tal sentido, el Movilh instaló hoy en el Memorial de la Diversidad los nombres de Susana Sanhueza y Álvaro Constazo, quienes fueron asesinados en  2017, así como un N.N, un hombre asesinado en 1975 por agentes de la dictadura, de acuerdo a lo confirmado por tribunales el año pasado. La vocera del Movilh, Cristina Poblete, explicó que “los crímenes contra Sanhueza y Constanzo nos demostraron que la homofobia y la transfobia siguen matando en Chile. El caso del hombre asesinado en 1975, explicita y refleja una situación que era desconocida: prácticas estatales de la dictadura para quitar la vida a personas en razón de su orientación sexual o identidad de género. Nuestra aspiración es dar próximamente a conocer el nombre del N.N. Estamos en la última fase de la investigación”. El Movilh añadió que “tras la muerte de Zamudio, se aceleró la aprobación de la Ley que ahora lleva su nombre. Sin embargo, ha resultado ser una ley inútil para los fines que se planteó, pues desde el 2012 a la fecha se han  presentado solo 336 causas, 71 terminaron en sentencias y no más de 20 en justicia. Igual de lamentable es que los casos por homofobia y transfobia aumentaron un 45% el año pasado. Por eso es necesario reformar esta ley ya”. El Movilh explicó que la reforma a la Ley Zamudio es un compromiso que “el Estado firmó con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que inició su trabajo con el Gobierno pasado. La próxima semana nos reuniremos con el Ministerio de Justicia para ver como reactivamos el tema”. Entre otros temas, el Movilh demanda una reforma a la ley de manera que indemnice a las víctimas de la discriminación, invierta la carga de la prueba, permita objetar leyes o fallos homofóbicos o transfóbicos, cree una institucionalidad antidiscriminatoria, elimine sanciones a los […]

La Corporación aclaró que “el problema de fondo no está en los protocolos, sino en una ley que jamás debió permitir la objeción institucional de conciencia” La Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) reaccionó hoy al nuevo protocolo del Ministerio de Salud que regula desde ayer la objeción institucional de conciencia permitiendo que ejerzan ese “derecho” todos los recintos privados de salud, tengan o no convenios con el Estado y sin necesidad de argumentar en base a creencias o valores, a diferencia de lo establecido por el Gobierno anterior. Las enmiendas provocaron diferencias entre el Oficialismo, que defiende el nuevo protocolo, y una parte de la Oposición, en tanto a  su juicio se estarían dando paso a una mayor discrecionalidad a favor de las instituciones de salud y en contra de las mujeres. En este plano, Miles enfatizó que “el Minsal debe ejercer desde ya una continua fiscalización para que toda objeción institucional de conciencia se ajuste plenamente a la ley que permite la interrupción del embarazo por tres causales, lo cual pasa por brindar orientación y derivación digna, rápida y oportuna a las mujeres, corriendo con los gastos económicos que ello implica”. La directora de Miles, Claudia Dides, consideró, sin embargo, que “aquí el gran problema es la objeción institucional de conciencia, un beneficio que el Congreso Nacional jamás debió aprobar, pues sea cual sea el protocolo que lo regule, su aplicación siempre afectará a las mujeres, quienes en vez de recibir atención oportuna, serán derivadas a otros recintos. Con la objeción institucional de conciencia, las creencias y religiones se ponen sobre el derecho a la salud, lo cual es impresentable”. En este contexto “llamamos a todos los sectores políticos, y en especial a los que se declaran progresistas y que se piensa son mayoría en el Congreso Nacional, a solucionar este problema de raíz, presentando un proyecto de reforma a la ley de aborto que elimine la objeción institucional de conciencia. Solo ello terminará con cualquier arbitrariedad y redacciones e interpretaciones antojadizas de los protocolos que regulen esta norma”. “Desde ya nos ponemos a disposición de los parlamentarios y parlamentarias dispuestos a reformar la ley de aborto para contribuir a la redacción e impulso del proyecto respectivo”, finalizó Dides. Santiago de Chile, 24 de marzo 2018 Crónica Digital

La Senadora rechazó la modificación al Protocolo de Objeción de Conciencia realizado por ayer por el gobierno de Sebastián Piñera, por el cual permitiría que las instituciones particulares de salud que invoquen objeción de conciencia, puedan seguir recibiendo aportes públicos. Isabel Allende manifestó: “La objeción de conciencia no puede ser una política que se cambie por el gobierno de turno. Lo que hizo Piñera fue tomar el decreto aprobado en enero, copiar y pegarlo en su mayoría, modificando un par de puntos que posibilita que las clínicas particulares pueden seguir recibiendo aportes estatales, pese a que se nieguen a practicar una interrupción del embarazo. Esto me parece poco serio”. La parlamentaria socialista dijo que “Con esto se crea un precedente, ya que el gobierno comienza a borrar mediante decretos los avances que tuvimos en la administración de la Presidenta Bachelet, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. La Senadora por Valparaíso hizo un llamado a todas las organizaciones de mujeres para que actúen en conjunto. “Debemos actuar tanto en el Congreso como en todo espacio ciudadano para evitar esta arbitrariedad. Estamos estudiando las alternativas que la ley nos entrega para cautelar que el espíritu de esta norma tan sentida, no se vea burlado por medio de un decreto”, concluyó Isabel Allende. Santiago de Chile, 23 de marzo 2018 Crónica Digital

La Diputada del Partido Comunista, Karol Cariola, junto a representantes de la sociedad civil como el Colegio de Matronas, la ONG Acción Mujer y Madre, la Corporación Humanas, además de las concejalas Grace Arcos (Conchalí), Judith Rodríguez (Cerro Navia), Elena Salazar (Independecia) e Irací Hassler (Santiago), presentaron un requerimiento ante la Superintendencia de Salud para que fiscalice y asegure el cumplimiento de las prestaciones y derechos de salud de las mujeres, frente a la posibilidad de que las clínicas con las cuales tienen convenios sus planes de Isapre, se declaren con objeción de conciencia. Según señaló la diputada Karol Cariola, “las mujeres tienen derecho a recibir las prestaciones relacionadas con la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales sin excepción. La objeción de conciencia no puede ser un obstáculo ni un impedimento para el ejercicio de este derecho.” La parlamentaria integrante de la Comisión de Salud de la Cámara agregó que “no existe en ningún otro país del mundo una situación como esta en donde las instituciones sean objetoras de conciencia. Llamamos a que las usuarias no solamente denuncien cuando se generen situaciones de discriminación desde las instituciones, sino que también cuando las Isapres se nieguen a entregar la cobertura necesaria en cada una de estas prestaciones”. La diputada Cariola insistió en solicitar “una primera fiscalización del cumplimiento de la ley y por otro lado también asegurar que el superintendente de salud fiscalice el cumplimiento del actual decreto que establece los protocolos para la objeción de conciencia, por tanto se garantice la cobertura para cualquier tipo de plan, incluyendo los planes cerrados y planes preferentes de las Isapres, que es en lo que aún quedan vacíos en el decreto pero no en la ley”. En ese contexto, la representante del distrito 9 añadió que las Isapres no pueden encarecer los planes de salud a las mujeres por estas prestaciones, ni tampoco pueden aumentar el costo del copago cuando el prestador preferente esté obligado a hacer la derivación porque es objetor de conciencia. “En este caso la ley y el protocolo son claros: el costo de derivar a una paciente es de cargo de la clínica donde se produce la objeción de conciencia y de la Isapre”, detalló la diputada Karol Cariola. Por su parte, la Vicepresidenta Metropolitana del Colegio de Matronas, Katiuska Rojas, señaló que fiscalizarán “el acceso universal en salud cubriendo todas las prestaciones”, en la misma línea, Kena Lorenzini de la Corporación Humanas agregó “hacemos un llamado a las mujeres a que se acerquen a Corporación Humanas y a otras ONGs cuando este servicio no se les preste”. Virginia Palma, de la ONG Acción Mujer y Madre, destacó que “nosotras apoyamos abiertamente la decisión de estar fiscalizando, tenemos el deber de resguardar que las tres causales se mantengan intactas”. A nombre de las concejalas, Irací Hassler sostuvo que “hemos presentado el requerimiento junto a la diputada Karol Cariola, para que las mujeres y niñas de nuestro país puedan acceder a este derecho que tanta lucha […]

La Corporación Miles consideró que el crimen es un golpe a la dignidad humana, a la democracia y a todos los sectores discriminados por su raza, sexo, orientación sexual o posición socioeconómica.   La Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) repudió hoy el atentado que el pasado 14 de marzo quitó la vida a la concejala brasileña Marielle Franco (38) y al conductor de su vehículo, Anderson Pedro Gomes, en Río de Janeiro. Franco; autodefinida como feminista, negra y lesbiana; fue atacada desde un automóvil que se instaló frente al suyo, recibiendo nueve impactos de bala, hecho que ha dado la vuelta a la mundo, provocando un repudio generalizado. “Expresamos nuestra solidaridad a los familiares de las víctimas, así como todo nuestro repudio a este crimen con tintes misóginos, homofóbicos y, muy especialmente racistas. Los femicidios y todo tipo de crímenes deben cesar en Brasil y en cualquier lugar del mundo”, sostuvo la directora de Miles, Claudia Dides. Añadió que el atentado contra la socióloga del Partido Socialismo y Libertad es “un golpe a la dignidad humana, a la democracia y a todos los sectores discriminados por su raza, sexo, orientación sexual o posición socioeconómica. Esperamos pronta justicia y las máximas sanciones contra los responsables”. A la fecha se barajan tres hipótesis sobre el móvil del crimen. El primero sería una represalia contra la denuncias efectuadas por Franco por la represión policial e intervención militar en las favelas. Otra indica que fue un montaje de las milicias, con el objetivo de ampliar el rechazo contra la policía militar y el Ejército. Por último se sostiene que fue un crimen exclusivamente racista. Santiago de Chile, 22 de marzo 2018 Crónica Digital

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