La votación final del juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, podría tener lugar en la Asamblea Nacional (Parlamento) en unos 10 días aproximadamente, según los plazos vigentes hoy para ese tipo de procedimientos. Tras la aprobación este martes en pleno del legislativo de una resolución propuesta por la asambleísta Viviana Veloz, con 88 votos a favor, el líder parlamentario, Virgilio Saquicela, dispondrá la difusión de la documentación sobre el caso. Transcurridas 48 horas y en un tiempo máximo de cinco días, iniciaría como tal el juicio político contra el jefe del Ejecutivo, quien tendrá derecho a la defensa por tres horas. También la acusación podrá presentar sus argumentos, en este caso las pruebas del presunto delito de peculado, y los 137 miembros de la Asamblea podrán hacer uso de la palabra por 10 minutos cada uno. Probablemente sea una sesión extensa, e incluso pudiera durar más de un día. Sin embargo, no será inmediatamente después de las intervenciones que se someterá a votación la posible censura al mandatario, sino cinco días después de concluido el debate. Para destituir al presidente serán necesarios 92 votos, o sea, una mayoría calificada. Si bien el Gobierno insiste en la inocencia de Lasso, la asambleísta Gissela Garzón, de la Revolución Ciudadana, explicó a Prensa Latina que sí existen pruebas de la responsabilidad política de Lasso. Existe el contrato entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana y Amazonas Tanker en el cual está basada la denuncia, así como tres informes que indican el perjuicio para el Estado del convenio mencionado, apuntó Garzón. Subrayó que a pesar de todo, el presidente y su delegado, Hernán Luque, quien lideró el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, aceptaron prorrogar el convenio de Flopec. Eso indica la responsabilidad política por el delito de peculado de la máxima autoridad del país, mientras la cuestión penal está en manos de la justicia, puntualizó la legisladora. El proceso de juicio político tiene lugar en un contexto de rechazo popular a la gestión del presidente, a quien recientes encuestas le atribuyen más de un 80 por ciento de desaprobación entre los ecuatorianos. Quito, 10 de mayo 2023 Crónica Digital/PL
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El proceso de juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y las elecciones internas en la Asamblea Nacional (Parlamento) son hoy motivo de negociaciones entre legisladores ecuatorianos. La Comisión de Fiscalización se encuentra en estos momentos en la fase dedicada a la redacción del informe sobre el enjuiciamiento al mandatario por el presunto delito de peculado en un contrato entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la empresa Amazonas Tankers. Independientemente de la determinación de esa mesa legislativa, la última palabra la tiene el pleno de la Asamblea, donde son necesarios 92 votos de los 137 miembros para sacar a Lasso del poder. Los asambleístas de las bancadas Unión por la Esperanza (UNES) y el Partido Social Cristiano (PSC) tienen sus posturas definidas a favor de destituir al jefe del Ejecutivo, y ambos suman 62 votos, insuficientes para lograr su objetivo. Las posturas de algunos miembros de Izquierda Democrática, Pachakutik e independientes, son inciertas todavía y serán ellos quienes definirán la suerte del gobernante. Entretanto, existen acusaciones de venta de votos a cambio de respaldar la permanencia de Lasso en el poder, incluso se filtró un audio donde la subcoordinadora de Pachakutik, Cecilia Velasque, habló de negociar tres ministerios. Por otro lado, el 14 de mayo se elegirá al nuevo presidente de la Asamblea, las dos vicepresidencias, los integrantes del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) y quienes estarán al frente de cada una de las comisiones parlamentarias. Entre los aspirantes a dirigir el poder legislativo están el actual jefe de ese órgano, Virgilio Saquicela (independiente), y la primera vicepresidenta, Marcela Holguín, de la bancada UNES, la más grande con 47 asambleístas. La elección de las autoridades ocurrirá antes de la votación final del juicio político contra Lasso, prevista para la segunda quincena de mayo. Por esa razón algunos legisladores alertaron que podrían existir negociaciones a cambio de votos a favor o en contra del proceso para censurar y destituir a la máxima autoridad del país. Quito, 28 de abril 2023 Crónica Digital/PL
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, está más cerca hoy de enfrentar un juicio político tras divulgarse nuevos audios y documentos que confirman su encubrimiento a investigaciones de corrupción y narcotráfico. La asambleísta Viviana Veloz, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), informó que ya culminaron la redacción del documento para solictar el enjuiciamiento político del mandatario y entre los argumentos consta su inacción ante los actos ilícitos que conocía. Según la legisladora, el 22 de marzo de 2022 el exgerente de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) Jhonny Estupiñán envió una carta al jefe de Estado para advertir sobre actos de corrupción en esta compañía pública. En el documento, Estupiñán denunció que Hernán Luque Lecaro, quien lideraba el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, creó un esquema para usufructuar ilegalmente los recursos de la petrolera, denunció la legisladora. A su vez, el medio digital La Posta hizo públicos al menos cinco audios en los que tres altos miembros policiales hablan sobre el cierre de la investigación León De Troya, dedicada a los nexos de la mafia albanesa con el círculo cercano de Lasso a través de su cuñado Danilo Carrera. Luego de esas revelaciones, el gobernante emitió un comunicado en el cual negó haber ordenado el cierre de esa pesquisa e informó que solicitó la desvinculación de las filas de la Policía Nacional de dos de los generales involucrados. En ese contexto, el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) se pronunció a favor del inicio del juicio político y aseguró que eso no es “golpismo” porque está dentro del marco legal y la Constitución. Mientras, los ecuatorianos continúan a la espera de la presentación oficial de la solicitud del procedimiento, que requiere de varios pasos antes de ser votado en el pleno, incluido el análisis de la Corte Constitucional. Quito, 15 de marzo 2023 Crónica Digital/PL
El juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, es hoy uno de los temas más comentados entre legisladores, analistas y ciudadanos de esta nación andina, aunque todavía está en la fase preliminar. En la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobaron el pasado sábado un informe que recomienda iniciar el procedimiento, previsto en el artículo 129 de la Constitución, sin embargo, los legisladores aún no anuncian quién presentará oficialmente el pedido. Ese es el primer requisito -indispensable- de un extenso proceso constitucional que podría terminar con la destitución del mandatario. Las causales serían presuntos delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública, tras las acusaciones de omitir información sobre una supuesta red de corrupción y vínculos de su gobierno con el narcotráfico. El legislador que presente el pedido deberá reunir al menos 46 firmas para presentar un documento que se someterá al presidente de la Asamblea Nacional, quien lo pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Ello no parece ser un paso difícil, pues la bancada opositora Unión por la Esperanza (UNES) cuenta con 47 curules, suficientes para avanzar por sí solos en esa primera etapa. Luego, el CAL deberá verificar el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud y, de cumplirlos, enviarlo a la Corte Constitucional, instancia que tiene seis días para emitir un dictamen de admisibilidad. En ese punto, asambleístas como Blasco Luna, de UNES, aclararon que este es un proceso meramente político, por lo cual no es necesario un enjuiciamiento penal previo. Si la Corte lo autoriza, el proceso pasará a la Comisión de Fiscalización para dar inicio al trámite con la notificación de las partes, incluido el presidente, que tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa. Al finalizar esa etapa, la Comisión Fiscalización elaborará un informe donde recomendará o no el juicio político. En ese momento el mandatario podrá defenderse nuevamente ante el pleno del Parlamento, que abrirá a continuación el debate, en el cual podrán intervenir los 137 legisladores. Finalmente, en un plazo de cinco días, el jefe del Legislativo convocará para la votación final, que requiere de la aprobación de 92 asambleístas para destituir al mandatario. Mientras el Gobierno niega las acusaciones, las califica de intentos de desestabilización y recibe el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), organizaciones sociales se suman a los pedidos para adelantar el fin del mandato de Lasso por vías constitucionales. El Frente Unitario de Trabajadores convocó a una movilización nacional para el próximo 14 de marzo con el objetivo de exigir a la Corte Constitucional que admita el juicio político. Esa es una de las opciones que maneja la oposición para acelerar la salida de Lasso del poder, pues también la normativa vigente prevé acciones como la renuncia y la revocatoria de mandato, este último mecanismo también en proceso. Qutio, 7 de marzo 2023 Crónica Digital/PL
