Los intentos desestabilizadores de sectores opositores en Bolivia permanecen hoy latentes, tras un nuevo llamado de paralizar el país la semana próxima, después de las fracasadas tentativas de hace unos días. La convocatoria, denunciada aquí con claros intereses políticos, pretende dividir a los bolivianos, alterar el orden y deslegitimar los avances económicos en apenas un año del Gobierno de Luis Arce, según declaraciones de funcionarios y dirigentes gremiales. En las últimas semanas, políticos y legisladores de la oposición promovieron una campaña para deslegitimar la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo. La cruzada impactó en diferentes gremios obreros y el sector informal, confundidos por la propaganda opositora de que la normativa limitará su accionar, más el Ejecutivo convocó al diálogo para dar explicaciones y pospuso en forma temporal su aprobación definitiva. Ayer transportistas del departamento de Santa Cruz, en el este del país, descartaron sumarse al paro convocado y mostraron la preocupación de los trabajadores por la situación económica. Parar un día más es “dar gusto a personas que tienen un interés personal”, manifestó Bizmar Daza, responsable del transporte urbano en esa parte de la nación andina, considerada la más grande en extensión e importante del Estado Plurinacional en el orden económico. “Para nosotros (la medida de fuerza) ya está fuera de lugar”, declaró Daza a una televisora local . Más que parar “necesitamos reactivar la economía”, expresó el dirigente obrero y aseguró que en Santa Cruz no acatarán el paro ni el transporte público, el intermunicipal, ni el interprovincial. El vocero de la Presidencia Jorge Richter denunció la víspera que la huelga del 8 de noviembre busca desestabilizar el país y causar daños económicos. Asimismo, recordó que para evitar la confrontación entre los connacionales se decidió retirar de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley. Valoró que detrás de paralizar actividades hay una intencionalidad política que desestima el desarrollo de la economía y la producción, en momentos que el país muestra indicadores de recuperación tras el golpe de Estado de noviembre de 2019. Richter consideró al diálogo como el camino para solventar las diferencias y expresó que las medidas de presión perturban la reactivación económica y la reconstrucción de los espacios productivos, por lo que estas movilizaciones no son otra cosa que políticas. El domingo la ministra de la Presidencia María Nela Prada alertó sobre los intentos desestabilizadores y lamentó que algunos grupos busquen alianzas con dirigentes de sectores populares y pongan como excusa esa normativa. La funcionaria aseguró que como Gobierno nunca atentarán contra los intereses populares, la clase trabajadora y el pueblo boliviano, “no lo vamos a hacer”, remarcó.
