Este lunes organizaciones de la educación se reunieron con diputadas y diputados de oposición y sumaron antecedentes para la Acusación Constitucional anunciada la semana pasada en contra del ministro de Educación Raúl Figueroa. “La mañana de este lunes nos reunimos con distintas organizaciones del mundo de la la educación, apoderadas, trabajadores y trabajadoras de la educación y también estudiantes, con quienes hemos conversado y nos han entregado nuevos antecedentes para la realización de la Acusación Constitucional, que se suman a los antecedentes que veníamos trabajando referidos a la no garantía del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes y también a las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras”, explicó tras el encuentro la diputada Camila Rojas (Comunes), en el que también participaron los diputados Rodrigo González, Juan Santana y representante del diputado Gonzalo Winter. “La acusación va, la vamos a presentar, evidentemente lo que hoy se ha incorporado como antecedentes tenemos que sistematizarlo y sumarlo al texto acusatorio, y en eso quedamos de acuerdo con las y los diputados presentes en la reunión. Esto no es un capricho, estas organizaciones además nos cuentan lo excluidas que han estado de la toma de decisiones por parte del Ministerio, y por lo tanto nosotras tenemos el deber de visibilizar esa situación y que, sobre todo, aquellas ilegalidades e irregularidades que se han cometido tengan responsabilidades administrativas y políticas”, agregó la parlamentaria del Frente Amplio. Entre las organizaciones presentes estuvieron: Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, Confech, Unidos por la Educación, Aprojunji, Anef, CUT, Consejo Nacional Asistentes de la Educación (CONAECH. Santiago de chile, 5 de julio 2021 Crónica Digital

La Central Unitaria de Trabajadores anunció hoy que José Manuel Díaz, vicepresidente de Gestión y Finanzas, estará suspendido de su cargo en la Central. La determinación del Comité de Ética de la principal organización sindical chilena, fue en relación a la acusación de acoso contra” una compañera, perteneciente a un sindicato afiliado, por parte de uno de los miembros del Ejecutivo”, 1.- Hoy se ha reunido el Comité de Ética de nuestra organización, tal como lo señaláramos en el comunicado anterior, con la tarea de iniciar el proceso de investigación de la denuncia antes señalada. 2.- Informamos que, durante la investigación y con el objeto de resguardar la transparencia del proceso y la autonomía de dicha instancia, el compañero José Manuel Díaz, vicepresidente de Gestión y Finanzas, estará suspendido de su cargo en la Central. 3.– Corresponderá al Comité de Ética definir los tiempos de la investigación, no obstante, instamos a actuar en el más breve plazo, siempre resguardando el debido proceso y asegurando una investigación exhaustiva que dé plenas garantías. Esperamos de esta forma dar respuesta clara, precisa y sin ambigüedad alguna, sobre el compromiso de nuestra organización y de los dirigentes y dirigentas contra todo tipo de violencia o abuso en el mundo del trabajo, tanto en la exigencia de la ratificación del Convenio 190 de la OIT como en nuestra vida interna. Seguiremos impulsando más y mejores mecanismos que nos permitan responder, de manera eficaz y oportuna, a las denuncias de violencia de género en el marco del Proceso de Autorreforma que lleva adelante nuestra organización. Santiago de Chile, 15 de junio 2021 Crónica Digital

El Consejo Directivo Nacional (CDN) de la CUT, de manera unánime rechazó el Proyecto de Ley -tanto en su modalidad original de “Estatuto Laboral” o como “Contrato Especial” tras nuevas indicaciones- para Estudiantes de Educación Superior, reafirmando que formalizar y fomentar el trabajo juvenil de estudiantes de educación superior, depende del Ministerio de Educación a través de su plataforma de beneficios estudiantiles.  De esta forma, el CDN, en su sesión del pasado jueves, entregó su pleno respaldo a la Secretaría de Asuntos Juveniles de la CUT (Sejucut), cuyos miembros ya habían rechazado este proyecto de ley que el Gobierno de Sebastián Piñera reflotó en abril pasado dándole urgencia simple a su tramitación, siendo por lo tanto, el segundo intento de Piñera de legislar en torno al empleo juvenil, pues el citado proyecto permanecía durmiendo en el Congreso desde el año 2013 y que lo buscaba era crear un Estatuto Laboral especial para alumnos que opten por combinar trabajo con sus estudios de educación superior. La Sejucut junto a organizaciones juveniles de la Región Metropolitana, tras el análisis pormenorizado del cuerpo legal, rechazaron de lleno su contenido “debido principalmente a que obviaba derechos laborales estipulados en el actual Código del Trabajo y porque va en la línea de institucionalizar las condiciones laborales precarias en la que se encuentra la juventud”, señalaron a través de una declaración pública. Entre los argumentos para exigir su retiro, los dirigentes precisaron que este proyecto de Estatuto Laboral: desconoce el principio de estabilidad en el empleo; niega indemnización por años de servicio; genera desprotección ante despidos y dudas a la posibilidad de sindicalización; no reconoce el vínculo laboral indefinido posterior a dos años de servicio; niega la posibilidad de acceder a ciertos beneficios sociales (subsidio al empleo, subsidio previsional a trabajadores jóvenes, subsidio al empleo de la mujer, o a cualquier otra bonificación a la contratación de mano de obra o de naturaleza homologable); al ser 30 horas semanales la jornada laboral bajo esta contratación, las remuneraciones serían aproximadamente de $180.000 y sin derecho a ningún subsidio ni bonificación para completar salario; no crea regulación de cuánto es el máximo de personal contratado bajo esta modalidad, permitiendo así el reemplazo de trabajadores contratados por jornada completa; deja en suspenso prenatal y post natal; queda en suspenso la real jornada laboral diaria del joven trabajador, pudiendo alcanzar hasta 14 horas de trabajo al día; y vulnera el convenio marco del Trabajo Decente -firmado el año 2008 por el Gobierno de Chile, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la OIT- el cual señala que para promover el Empleo Juvenil se debe crear “un espacio tripartito de seguimientos de políticas y programas destinadas a este propósito… aumentando las bases de conocimiento para promover nuevas iniciativas en la materia.” El firme convencimiento de que este proyecto conllevaba funestas consecuencias para el mundo del trabajo juvenil, impulsó a los dirigentes a iniciar una serie de acciones que los llevó al Congreso para dejar de […]

En las dependencias de la CUT, se realizó este viernes una nueva reunión de los dirigentes  de las distintas organizaciones de trabajadores(as)  de empresas públicas,  quienes están en proceso de constituirse en un Consejo Laboral de las Empresas del Estado. Así lo señaló Ricardo Calderón,  presidente de la Federación de Supervisores de Codelco, FESUC: “estamos en un proceso de constitución, porque dentro de los objetivos que tenemos es ampliar e incorporar a otras empresas que no han estado participando tan activamente y, de esa manera poder nivelar y representar a todos los sectores de las empresas públicas”. Recordemos que los trabajadores formaron un frente común –el pasado 11 de mayo- para abordar un polémico dictamen emitido por la Contraloría General de la República, referente al monto de una indemnización otorgada a un ex director de Codelco, fallo, que a juicio de los trabajadores, abría un manto de dudas respecto del alcance de los contratos colectivos y negociaciones colectivas de los trabajadores del Estado. Luego, los dirigentes se reunieron con el Contralor, Jorge Bermúdez (22 de mayo) para aclarar dicha resolución. Tras ese encuentro, el secretario General de la CUT, Nolberto Díaz, señaló que “salimos satisfechos. El contralor, nos ha señalado que no están en juego ni los contratos colectivos ni las negociaciones colectivas ni las que vendrán ni los derechos que tiene la administración de estas empresas para gestionar públicamente, pero que la Contraloría se reserva el derecho de cuestionar aquellos casos donde, evidentemente, hay indemnizaciones abultadas y abusos”. Entre los temas que abordaron en la reunión de este viernes, Calderón dijo que analizaron el segundo dictamen de la Contraloría emitido con posterioridad “a la reunión que tuvimos con el contralor y que aclara, sobre todo, aquellos aspectos que para nosotros eran más controvertidos, relacionado con la Negociación Colectiva y facultades de la empresa y también la facultad de fiscalización de la Contraloría”. También, en la oportunidad definieron las próximas acciones que emprenderán: “en lo sustantivo, concordamos solicitar una reunión al ministro de Hacienda para poder plantear la situación general de las empresas públicas, que si bien están reguladas por normas diferentes hay algunos temas comunes que tienen que ver con los límites de las negociaciones colectivas (…) regulaciones comunes que nos interesa conversar e instalar, de ser posible, una mesa de trabajo permanente con el ministerio respecto de estos temas”. Asimismo, acordaron “organizar una jornada de capacitación, en la cual podamos contar con el apoyo jurídico de la Contraloría y que el conjunto de los dirigentes sindicales, federaciones y confederaciones de las empresas del sector público, podamos elevar nuestro conocimiento y competencias, respecto de este tipo de materias y cuál es nuestro rol también, como movimiento sindical, en la lucha contra la corrupción y a favor de la probidad y transparencia de las empresas del Estado”. Sobre la idea de conformar el Consejo Laboral de las Empresas Públicas, el dirigente explicó que “existe el ánimo de que sea una instancia de carácter permanente, desde el punto de vista de que los objetivos […]

“Salimos satisfechos. El contralor, nos ha señalado que no están en juego ni los contratos colectivos ni las negociaciones colectivas ni las que vendrán ni los derechos que tiene la administración de estas empresas para gestionar públicamente, pero que la Contraloría se reserva el derecho de cuestionar aquellos casos donde, evidentemente, hay indemnizaciones abultadas y abusos”. Ese es el balance del secretario general de la CUT, Nolberto Díaz, tras el término de la reunión que junto a la presidenta de la Central Bárbara Figueroa y los máximos dirigentes sindicales de las empresas del Estado, sostuvieron este lunes con el contralor General de la República, Jorge Bermúdez. Recordemos que los trabajadores de empresas públicas se habían decretado en “estado de alerta”, ante el dictamen emitido por la Contraloría referente al monto de una indemnización otorgada a un ex director de Codelco, fallo, que a juicio de los trabajadores, abría un manto de dudas respecto del alcance de los contratos colectivos y negociaciones colectivas de los trabajadores del Estado. “Tenemos la tranquilidad de que nos ha señalado que lo que ha pretendido la Contraloría es regular los abusos, los excesos con respecto al algún instrumento de nuestro contrato colectivo, pero en ningún caso están cuestionadas ni la administración ni los contratos colectivos ni los derechos adquiridos por los trabajadores durante tantos años que era lo que nosotros cuestionábamos”, indicó Díaz. El dirigente, explicó que “ha habido algunos casos en donde ha habido indemnizaciones abultadas, pero que no tienen, en ningún caso, ni el amparo ni el respaldo de los sindicatos y que cuestionamos”, agregando que “no ponemos en duda  la capacidad que tiene la Contraloría para investigar a las empresas públicas. Nosotros queremos que la Contraloría audite e investigue siempre a las empresas públicas, porque hay que combatir la corrupción. En eso, nosotros hemos sido paladines. Si estas empresas públicas siguen siendo públicas, ha sido porque los sindicatos son los que han evitado su venta sino se las hubiesen robado hace mucho tiempo. Y eso queremos dejarlo en claro. No queremos limitar la acción de la Contraloría. Nosotros queremos cooperar con la Contraloría en la investigación de casos de corrupción y en la defensa de nuestros derechos adquiridos por tantos años”. De esta forma, Díaz enfatizó que quedó claro que “los trabajadores del Estado tienen derecho a negociar, tienen derecho a organizarse colectivamente y tienen derecho a pactar, pero eso no puede ser que signifique para algunos casos, abusos. Y la contraloría se está aplicando a los abusos en esta materia (…), pero en ningún caso se pretende lesionar ni el derecho a organizarse ni el derecho a negociar colectivamente”. Sobre el caso puntual del ex director de Codelco, Díaz señaló que se trata de una “indemnización abultada por fuera de los contratos colectivos. Aquí lo que hay, es un abuso del instrumento colectivo para justificar una indemnización que es impresentable y que los sindicatos, en ningún caso hemos defendido, porque el caso en particular de Codelco, fue denunciado por el propio […]

Como cada año se celebrará el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, jornada que en Chile es feriado irrenunciable. La organización profesional hizo énfasis en las reivindicaciones alusivas a los periodistas y a todos quienes se desempeñan en las áreas de la comunicación.   El Colegio de Periodistas se unió al llamado de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de las organizaciones sindicales del país, que bajo el lema «Chile necesita al pueblo unido» convocaron a las marchas organizadas para este lunes tanto en Santiago como en el resto de las regiones. La confederación sindical apuntó con la consigna a que la unidad de los trabajadores es la mayor fuerza existente para lograr, a través de manifestaciones y lucha, la construcción de una sociedad más justa, equitativa y armoniosa. En esta oportunidad, las principales reivindicaciones se refieren a la formulación de una nueva Constitución capaz de garantizar un desarrollo pleno para la ciudadanía a través de un profundo resguardo a sus derechos.  Además, trabajos decentes con jornadas laborales dignas que fomenten la vida en familia, junto con pensiones justas y el fin del sistema de AFPs. El Colegio de Periodistas sumó planteamientos alusivos a los periodistas y a todos quienes se desempeñan en las áreas de la comunicación, como el fin de contratos precarios y horarios abusivos en la aplicación de los incisos 2 y 4 del Artículo 22 del Código Laboral, que permite jornadas extensas sin pago de horas extras, y la criminalización de las faltas cometidas en el ejercicio de las libertades de expresión y prensa, que afectan el trabajo profesional. En Santiago la marcha está convocada para el lunes a partir de las 10 de la mañana, siendo el punto de inicio Plaza Italia. En el resto del país las actividades se realizarán en las principales arterias de cada ciudad. Santiago de Chile, 29 de abril 2017 Crónica Digital

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En regiones y a nivel central la Marcha Nacional convocada por la CUT el próximo jueves 4 de septiembre para presionar por “Reformas Laborales para derrotar la desigualdad” y que en la Región Metropolitana partirá desde Plaza Italia a las 11 de la mañana. Verdadera negociación colectiva, fortalecimiento sindical y real derecho a huelga son los tres ejes centrales de las reformas laborales que se están debatiendo con el Gobierno y que serán enviadas en octubre por el Ejecutivo, tras el acuerdo logrado por la CUT. Asimismo, efectiva igualdad salarial entre mujeres y hombres, negociación colectiva para temporeros y trabajadores del agrarios y negociación obligatoria para sindicatos interempresas son demandas que ha puesto la CUT como parte de su convocatoria a la Marcha Nacional del próximo 4 de septiembre en todo Chile. Sindicatos y gremios tanto del sector privado como público se han sumado a la convocatoria de la CUT, teniendo cada uno su caracterización particular. Por ejemplo, la Mesa del Sector Público, que reúne a 13 gremios del sector desde la ANEF hasta el Colegio de Profesores, convocó a sus trabajadores a marchar; en tanto, la Confederación de Trabajadores del Cobre paralizará sus funciones. En la Región Metropolitana la marcha central se está convocando a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Italia, para marchar por la Alameda. Sobre la marcha nacional, la Presidenta de la CUT ha dicho que “estamos convocando a marchar pues es necesario demostrar con fuerza que Chilequiere y necesita reformas laborales que devuelvan a los trabajadores el poder que les fue arrebatado por la Dictadura” “Hemos esperado 30 años para que se nos devuelva poder y los sindicatos recuperen su rol de importancia en debates nacionales, creemos que este es el momento propicio para avanzar y los trabajadores no nos quedaremos mirando, pues estamos en la vereda de los que quieren transformaciones para Chile y vamos a presionar por ellas, con diálogo y movilizados” concretó Figueroa desde Ovalle, donde realiza parte de la gira nacional definida por el Consejo Directivo Nacional para difundir el proceso de debate de las reformas laborales. Santiago de Chile, 27 de agosto 2014 Crónica Digital

Varias organizaciones sindicales del sector de la salud en Chile manifestaron hoy su adhesión al paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), para el próximo 11 de julio. Los gremios también manifestaron, además, su rechazo al proyecto de ley de Hospitales Clínicos que hoy se vota en el congreso. Dicha iniciativa, aseguran líderes sindicales, inicia la privatización de los hospitales en Chile porque aunque en teoría siguen en red, en la práctica no responden a un Servicio de Salud, sino directamente al Presidente de la República. Explican que el director es un ejecutivo con la facultad de contratar, despedir, cambiar el sistema estatutario de los funcionarios, los trabajadores pierden todos sus derechos, entre otros y la ciudadanía se verá afectada. La presidenta del la CUT, Bárbara Figueroa, instó a todos los funcionarios de Salud Pública y a los usuarios, movilizarse el próximo 11 de julio y exigir una atención médica oportuna y de calidad. «Nos sentamos de manera unitaria para decir que hoy se requieren grandes y profundas transformaciones, no sólo en el área de la Educación -con la cual estamos todos absolutamente comprometidos-, sino también para atender la crisis del sistema público de salud», enfatizó Figueroa. En su opinión, el Estado «debe tener un rol garante de la Salud Pública, para que los chilenos puedan acceder a un servicio digno». La presidenta de la multisindical rechazó en conferencia de prensa a nombre de los gremios allí reunidos, «las políticas privatizadoras» en el sector. Santiago de Chile, 19 de junio 2013 Crónica Digital / PL

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