“Juan José Ossa es un ministro porfiado e intervencionista. Su trabajo no es perseguir a Yasna Provoste. Por ello lo hemos denunciado ante Contraloría”, anunció el senador Alejandro Navarro, tras ingresar una denuncia al ente fiscalizador junto a Juan Pablo Letelier y Jaime Quintana. De acuerdo al parlamentario por el Biobío, “el Ministro Ossa señaló en TV que a la única candidata presidencial mujer, no le ha trepidado la mano en buscar la inestabilidad en época electoral, la misma inestabilidad que no se atrevió a condenar como es la violencia, como es haber presentado un proyecto de indulto y no dar explicaciones por eso; ella hizo todo lo posible para que no se votara ese proyecto en estos días justamente porque la ponía en una situación incómoda. De sus dichos me quedo con que ella no cumplió con lo que en la franja le señaló a todos los chilenos, que era que no le deseaba al resto ser parte de una operación política como ella sostiene que lo fue». “Es decir”, explicó Navarro, “una abierta intervención en el proceso electoral en el que nos encontramos, con una conducta que se encuentra expresamente prohibida para los integrantes del Gobierno y de la Administración del Estado, tal como ha sido establecido por la propia Contraloría General de la República”. De acuerdo al Presidente de la Comisión de DDHH del Senado, “tal como establece la Constitución y la propia Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, “los cargos públicos deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad, otorgando a todas las personas de manera regular y continua las prestaciones que la ley impone al respectivo servicio, sin discriminaciones. Por lo tanto, el funcionario público no puede realizar actividades ajenas al mismo, como son las de carácter político contingente, ni tampoco valerse de ese empleo para favorecer o perjudicar a determinada candidatura, tendencia o partido político”. “En otras palabras”, continuó, “el Ministro Ossa ha quebrantado la Ley, infringiendo el principio de probidad e interviniendo en política contingente, buscando claramente perjudicar una candidatura presidencial distinta a su sector político”. “Por ello junto a los senadores Letelier y Quintana, le hemos pedido al Contralor Bermúdez que investigue esta denuncia y emita un pronunciamiento, pues aquí no hay lugar a dudas que el Ministro Secretario General de la Presidencia ha intervenido electoralmente en contra de Yasna Provoste Campillay, por lo que debe ser sancionado por el ente fiscalizador; no es posible que en pleno Siglo XXI un Secretario de Estado use su cargo para atacar a la única candidata mujer a la presidencia de Chile”, finalizó el senador Alejandro Navarro Brain.
JUAN JOSE OSSA
Ante las sistemáticas violaciones a los DDHH sin sanción y el uso abusivo de la prisión preventiva con una clara connotación política en contra de manifestantes de la revuelta, nos sumamos a quienes exigen al gobierno darle urgencia a la Ley de Indulto y reparación a las víctimas de violaciones a los DDHH. Refundar Chile requiere hacerlo sin tener en cárceles a prisioneras y prisioneros políticos. Tampoco podemos permitir que burlonamente se hagan “cambio de criterios” para identificar a menos víctimas de traumas oculares, nuevos criterios con los que el director del INDH, Sergio Micco, pretende ocultar los crímenes y asegurar impunidad a agentes del Estado. Del mismo modo, como conglomerado Chile Digno, consideramos inaceptable lo sucedido el lunes 5 de julio, en el que no fue posible dar inicio a la primera sesión de la Convención Constitucional, debido a la inexistencia de condiciones mínimas sanitarias, técnicas y de transparencia con la ciudadanía, que aseguraran el correcto funcionamiento del órgano. Apoyamos y respaldamos con profunda confianza a la mesa recién electa, en su decisión de suspender la sesión, ya que lo sucedido no sólo es muestra de una negligencia grave por parte del gobierno y los organismos responsables de asegurar las condiciones para el normal funcionamiento de la Convención Constitucional. Esto, más que desidia, demuestra un descarado boicot, lo que por supuesto es esperable de un gobierno que estuvo dispuesto a mutilar a su pueblo y a quienes marchamos, con tal de no llevar adelante las demandas sociales. Y al parecer, como no pueden acallar a las y los convencionales, reprimiéndolos y mutilándolos, como intentaron acallar de forma criminal al pueblo que salió a las calles y nos llevó a esta instancia, ahora pretenden silenciar a la Convención Constitucional, torpedeando su transparente y normal desempeño, impedir que su rol refundacional permita recuperar el poder soberano, en un verdadero espacio participativo y protagónico con el pueblo. No dependeremos de nadie para hacer valer el poder soberano, frente a la intención deliberada por parte del gobierno y de la derecha, para dilatar y obstaculizar este proceso histórico. No permitiremos que acuerdos espúreos firmados a espaldas de la ciudadanía le salven la vida a la moribunda Constitución del dictador. Han ganado un día, nosotros ganaremos un futuro de dignidad para el pueblo de Chile. Para eso estamos aquí, y cumpliremos nuestro compromiso con quienes salieron a las calles y nos condujeron a este momento histórico. A lo anterior, se suma a una falta de respeto para los familiares de las presas y presos políticos de la revuelta, quienes esperaban poder presentar un informe sobre la situación de sus familiares, exponiendo lo que está ocurriendo en las cárceles de Chile, con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo cual no fue posible llevar a cabo. Pero volveremos con ellos para exigir que la Convención discuta un pronunciamiento sobre Ley de Indulto General y hasta que el mundo entero los escuche. Chile ha iniciado un proceso de refundación y corresponde hacerlo con plenas condiciones […]
