El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó hoy su preocupación por la discriminación en Chile hacia el pueblo mapuche y criticó el extenso estado de excepción impuesto en la zona donde habitan comunidades originarias. En su séptimo informe sobre el cumplimiento de los compromisos de este país en cuanto a las prerrogativas ciudadanas, el organismo encontró falencias con respecto a los pueblos autóctonos, la comunidad LGBTQ+, las víctimas del estallido social de 2019 y las de la dictadura (1973-1990). La región del Biobío y La Araucanía, donde viven los mapuche, se encuentra desde hace dos años y medio bajo el control de las fuerzas militares y policiales. El comité también lamentó que se aplique la ley antiterrorista contra ese pueblo. La legislación 18.314 que regula la lucha contra el terrorismo usa una definición de estos crímenes demasiado amplia, lo cual puede dar lugar a arbitrariedades, asegura. El órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Chile es Estado parte desde 1972, alertó además sobre el aumento de casos de discriminación, intimidación y violencia contra las personas LGBTQ+. Asimismo, lamentó las altas tasas de suicidio en ese grupo y los delitos de odio hacia ellos. El documento, dado a conocer este jueves, señala la impunidad en que permanecen la mayoría de las violaciones de los derechos humanos durante el estallido social de 2019. El séptimo informe de esa instancia sobre Chile dio la bienvenida a la reciente creación del Plan Nacional de Búsqueda para los detenidos-desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, muestra su inquietud por el considerable número de casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias aún sin sentencia. Santiago de Chile, 29 de marzo 2024 Crónica Digital/PL
Mapuche
La décima versión de las Escuelas Abiertas de Salud Pública se transformó en una llave para el acceso a nuevos modelos de medicina para los pueblos. Un espacio de proyectar una salud diferente, una salud en complementariedad de sistemas médicos, de los sistemas indígenas, de los sistemas populares, de los sistemas occidentales o biomédicos. La exministra de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia, Lina Heredia Miranda, manifestó que la interculturalidad facilita los usos de dos modelos de medicina. Las Escuelas Abiertas de Salud Pública en Chile, por lapso de diez años, han significado un espacio de encuentro e intercambio de conocimientos, en el que confluyen las medicinas, ancestral y tradicional. Desde distintas regiones de Chile acompañaron miradas y conocimientos a los asistentes. La instancia acogió puntos de vista desde el conocimiento médico ancestral de los pueblos originarios, como el pueblo mapuche, en el sur de Chile. Por Manuel Arismendi. Temuco, 24 de marzo 2024 Crónica Digital/Hisapantv.com
Dieciocho organizaciones y dirigentes de Aysén, junto a más de 40 adhesiones de entidades nacionales, han emitido una declaración pública donde desmitifican las acusaciones de la industria de que la aprobación de estas ECMPOs excluirían otras actividades productivas. Un contundente apoyo de múltiples organizaciones de la región de Aysén, del ámbito de los pueblos originarios, la cultura, el comercio, el turismo y la protección ambiental han recibido durante los últimos días las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) Islas Huichas y Cisnes. Estos requerimientos, presentados por comunidades indígenas de Aysén, serán resueltos este jueves 29 de febrero durante la sesión de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, que preside la gobernadora Andrea Macías Palma. Durante las últimas semanas ha sido sistemática la campaña en contra articulada por la industria salmonera, que ha movilizado a sindicatos de trabajadores, prestadores de servicios e incluso pescadores artesanales que desempeñan funciones para el sector. A esta ofensiva se han sumado consejeros regionales y dirigentes políticos de oposición, la que ha incluido ataques personales a los dirigentes de las comunidades indígenas, amenazas de movilizaciones y descalificaciones límites con el racismo. Es por ello que 18 organizaciones y dirigentes de Aysén, apoyados por más de 40 adhesiones de entidades nacionales, han emitido una declaración pública donde desmitifican las acusaciones de la industria de que la aprobación de estas ECMPOs excluirían otras actividades productivas. “Declaramos nuestro profundo rechazo a la forma en que, desde el sector empresarial y económico, se ha venido enfrentando la discusión sobre la solicitud de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) en el litoral aysenino, desplazando del discurso público el real objetivo de la Ley 20.249 y el contenido del expediente de tramitación de estas solicitudes; propiciando un escenario de amenaza y transgresión de los derechos de las comunidades y personas indígenas solicitantes” parte la declaración. En esta se agrega que “el procedimiento para aprobar una solicitud de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios se encuentra normado mediante la Ley N° 20.249 y su reglamento”, lo cual las comunidades indígenas solicitantes “han seguido y han cumplido con los pasos requeridos por ley en este procedimiento, los cuales involucran la participación, observación y aprobación de múltiples organismos del Estado con competencia en la materia”. Un procedimiento que ha tomado una década de gestiones, especifican. Los firmantes aclaran, asimismo, que los ECMPOs “no constituyen un derecho de propiedad”, calificando esta afirmación de ser una “falsedad” y “contribución a la desinformación pública”, ya que tanto la Ley Lafkenche como su reglamento “establecen que la administración del ECMPO reconoce a otros usuarios del maritorio. De esta manera los ECMPO son una herramienta de conservación marina y no excluyen a otros usos del maritorio que tengan por objeto su uso de manera respetuosa con los ecosistemas”. Más aún, indican, “el proceso de tramitación de los ECMPOs ha respetado plenamente las concesiones de acuicultura anteriores a la solicitud… En el caso de la ECMPO Islas Huichas se ‘respetaron’ las 230 concesiones de acuicultura con las que se advirtió superposición… y en el de la ECMPO […]
Diversos proyectos de transnacionales europeas desarrollados en territorio chileno, son denunciados por comunidades indígenas. Comunidades mapuche del sur de Chile, bajo amenaza de proyectos energéticos europeos. El consorcio, Adobera, busca instalarse en las inmediaciones del volcán Tolhuaca, comuna de Curarrehue, región de La Araucanía, mientras que, la estatal noruega Statkraft, pretende consolidarse en el río Pilmaiquen, entre las regiones de Los Ríos y de Los Lagos. Sin embargo, el acceso al agua para los chilenos no se encuentra garantizado. Las comunidades mapuche de Pilmaiquen, denuncian ecocidio y la pérdida de soberanía para Chile. Esto es tan solo una parte de las irregularidades e ilegalidades contra territorio chileno, las que se producen al alero del marco constitucional, donde la soberanía y los recursos naturales están desconectados por intereses corporativos. Por Manuel Arismendi, Temuco, 5 de abril 2023 Crónica Digital/hispantv.com
Indígenas mapuche en Chile buscan que su idioma, el mapudungun, sea reconocido oficialmente, y que se avance en esta materia, respectivamente. Comunidades indígenas mapuche han marchado por las calles de la ciudad de Temuco. Exigen al Gobierno del presidente chileno, Gabriel Boric, concretar la oficialización del mapudungun, lo que consideran un derecho lingüístico pendiente. Solo cuatro comunas, de las 32 que componen la región de La Araucanía, han oficializado el idioma mapudungun. Tampoco ocurre con el resto del país. Experiencias como el primer Centro de Inmersión Lingüística de mapudungun, orientado a los “pichikeche”, niños en mapudungun, ofrecen resultados para mantener y preservar esta lengua. La marcha visibilizó este derecho, que no ha tenido avances bajo ningún gobierno, sea de derecha o socialdemócrata. Por Manuel Arismendi Temuco, 20 de febrero 2023 Crónica Digital/hispantv.com
Por Carmen Esquivel El pueblo originario predominante hoy en Chile es el mapuche, sin embargo, su idioma está cada vez más amenazado por la castellanización y la falta de políticas para promover su preservación y desarrollo. Según estadísticas, actualmente esa comunidad tiene poco más de un millón 745 000 habitantes y apenas el 10 por ciento habla el mapuzugun, su lengua natal. «Hoy, pese a existir programas de educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas, se sigue castellanizando», declaró a Cuarta Pared la académica mapuche Elisa Loncon. Explicó que tanto la pérdida del idioma como la disminución del número de hablantes de esa lengua se deben a problemas estructurales de la política estatal chilena, además de que los tomadores de decisiones no son mapuches y no conocen la realidad. Elisa Loncon es experta en educación intercultural y trabaja en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, además fue la primera presidenta de la Convención Constitucional chilena. «El Estado ha visto a los mapuche como su enemigo interno y los ha combatido militarmente hasta la fecha. Por eso, hoy se mantiene el estado de excepción en el Wallmapu (territorio mapuche)», denunció Loncon. Añadió que los actuales abuelos y abuelas sufrieron maltrato, discriminación y violencia, y debido a ello no transmitieron su lengua a las nuevas generaciones. Para revertir esta situación, la académica considera necesario avanzar en políticas de reparación de las vulneraciones de los derechos humanos sufridas por esa comunidad. Ello implica participación en la toma de decisiones, destinar recursos a la planificación lingüística del mapuzugun, actualizar el diccionario, estandarizar la escritura y la gramática, fortalecer la educación intercultural y apoyar la formación de profesores bilingües. Interrogada sobre la importancia de preservar la lengua mapuche, la experta afirmó que «en el idioma están las claves del pensamiento y del conocimiento para preservar la tierra, la biodiversidad y la vida en la sociedad, basada en el respeto mutuo y de la naturaleza». (Tomado de Cuarta Pared, suplemento cultural de Orbe) Santiago de Chile, 5 de diciembre 2022 Crónica Digital/PL
La cruzada contra la violencia en la Macrozona Sur es una prioridad absoluta para el gobierno de Chile, que hizo público hoy un reporte con la cantidad total de personas condenadas por actos vandálicos en la Araucanía. Solo en 2022, 40 personas fueron condenadas por actos violentos en La Araucanía con sentencias de entre cinco y 10 años de privación de libertad, según la Fiscalía. Las acusaciones se basan en los delitos de robo con violencia, homicidio frustrado, incendios, tráfico de drogas, y tráfico de armas y municiones. El fiscal regional Roberto Garrido recalcó que «las sentencias se han pronunciado respecto a la participación de estos individuos en delitos graves, relevantes». Esta cruzada contra la violencia en La Macrozona Sur, conformada por la Araucanía junto a las provincias de Biobío y Arauco, provocó un descenso del 28 por ciento de la violencia en la región, de acuerdo con datos oficiales. Vale recordar que el Gobierno implementó un Estado de Excepción Constitucional en esa área del país desde marzo último, con el fin de combatir la escalada de violencia en zonas rurales. Santiago de Chile, 25 de julio 2022 Crónica Digital/PL
La legisladora socialista afirmó que es «una buena señal para las familias de muchos jóvenes que continúan en prisión preventiva». La diputada Mapuche Emilia Nuyado valoró el anuncio realizado por el Presidente Gabriel Boric de «no descartar un eventual a para los detenidos por el estallido social». La parlamentaria que ha sostenido muchas reuniones con los familiares de los presos de la revuelta, dijo que » es un avance que el Presidente cumpla con sus compromisos con estas personas que llevan casi dos años detenidos sin condena». «No hay que olvidar que muchos han salido absueltos de los cargos que les imputan y por tanto es una buena señal para las familias de muchos jóvenes que continúan en prisión preventiva», dijo Emilia Nuyado. Sobre este mismo punto la parlamentaria agregó que «a nuestro juicio la fiscalía y el gobierno anterior solo tuvieron un ánimo de venganza con gente que protestó durante el estallido social. Aquí se trató de amedrentar a la gente que protagonizó movilizaciones sociales y esta situación debe ser reparada». «Así mismo creemos que es una buena señal el respaldo a medidas reparatorias a las víctimas de la represión, y también que se ayude a los pequeños comerciantes que se vieron afectados por el Estallido Social. Esperamos que estos anuncios sean materializados durante las primeras semanas de este gobierno», concluyó la diputada Emilia Nuyado. Crónica Digital 14 de marzo de 2022
Los denunciantes acusan falta de transparencia, consulta 169 y entrega de un inmueble fiscal en territorio ancestral a sociedad controladora de Farellones y El Colorado Las candidaturas al parlamento y al Consejo Regional de La Araucanía, Onesima Lienqueo y Daniel Sandoval junto al Concejal Raul Landini de Villarrica, denunciaron falta de consulta y transparencia en la licitación pública que adjudicó una concesión onerosa a privados por 30 años del inmueble fiscal de 286 hectáreas, ubicado en el Centro de Montaña (ex centro de ski de Villarrica) en el sector Rukapillan del Parque Nacional Villarrica en la zona lacustre. Así lo denunciaron estas dirigencias y autoridades, quienes tomaron contacto con dirigentes del consejo de lonkos para dar a conocer esta situación donde se le adjudica un área silvestre protegida a la sociedad Andacor S.A con domicilio en Vitacura que representan los hermanos Richard y Anita Leatherbee Gazitua, donde todo indica que no contó con la consulta previa e informada respecto a lo que establece el convenio 169, por lo que calificaron de grave esta situación que una vez más margina de la participación a las comunidades mapuche de las comunas de Curarrehue, Villarrica y Pucón. “Estas son las situaciones que generan desencuentros y conflictos en los territorios ancestrales, donde las comunidades además le otorgan una significación cultural y espiritual a esta zona. El Estado una vez más habla de participación, dialogo y encuentro, pero en este caso, se hizo una licitación para explotar un territorio sin la consideración, opinión y participación de las comunidades”, sostuvo la educadora Onesima Lienqueo. En tanto, el concejal de Villarrica Raul Landini expresó “esta concesión de bienes nacionales a un privado para usurpar por 30 años el Volcan Rukapillan vulnera la libre determinación de los pueblos originarios y además el derecho internacional a consulta por lo que haremos las presentaciones respectivas en Contraloría para que se revise esta licitación”. Por su parte, el Consejero Regional Daniel Sandoval (FREVS) sostuvo que “este gobierno antes de irse está entregando concesiones de inmuebles fiscales para el desarrollo económico y turístico de unos pocos a costa de las comunidades por lo que estamos explorando concurrir a tribunales ya que este proceso presenta varios vicios, sobre todo cuando vulnera un espacio cultural y espiritual, por lo que resultaba pertinente el haber desarrollado un proceso de diálogo y consulta con las comunidades que habitan el territorio, no sólo porque así lo dispone expresamente el artículo N° 6 del Convenio N° 169 de la OIT, sino que además, en especial por el momento que vive nuestra Región, que exige a las distintas instituciones incorporar al pueblo mapuche ya sea en consulta como en participación sobre las decisiones que afecten su cosmovisión e identidad como pueblo”. Por último, Lienqueo, Landini y Sandoval al tiempo de manifestar que el Estado consulta para aplicar medidas represivas en la region y no para la consideración en el desarrollo turístico y económico del pueblo mapuche cuando se trata de su territorio ancestral y patrimonial, solicitaron a bienes nacionales en atención a […]
Representantes de los pueblos originarios chilenos repudiaron hoy la violencia del Gobierno contra los mapuche, tras la muerte de otros dos miembros de esa comunidad a manos de efectivos de la Armada y de Carabineros. Los dos jóvenes perecieron por impactos de bala en la sureña región del Bío Bío, durante una operación efectuada la víspera por marinos y policías contra manifestantes de las comunidades en resistencia, que se oponen al estado de excepción y a la militarización en la zona. «La militarización no es el camino», denunció la académica mapuche y presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, quien condenó la política racista y violenta del Estado y del Gobierno contra su comunidad. Afirmó Loncon que la Asamblea Constituyente trabaja en función de instalar la plurinacionalidad en la próxima carta magna, en la cual se respeten los derechos de las naciones originarias a la autonomía, la autodeterminación y la legítima defensa del territorio. Por su parte, Francisca Linconao, quien representa a los mapuche en la Convención Constitucional, pidió la inmediata salida de las Fuerzas Armadas de la llamada macrozona sur. «Que el presidente (Sebastián) Piñera retire a los carabineros, a los militares y milicos, pero si no lo hace que renuncie», dijo Linconao. El pasado 12 de octubre, Piñera decretó el estado de excepción en cuatro provincias de las regiones de Biobío y La Araucanía y ordenó el despliegue allí de más de dos mil militares, además de vehículos blindados, helicópteros, aviones y barcos. Piñera pidió al Congreso Nacional la prórroga de la medida con el alegado propósito de combatir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, sin embargo, el portavoz del pueblo mapuche, Miguel Maliqueo, afirmó que el objetivo del Gobierno es coartar la lucha por la recuperación de las tierras ancestrales. Con un millón 700 mil habitantes, la comunidad mapuche es la mayor etnia autóctona de Chile y desde hace años mantiene un reclamo por la autonomía y la recuperación de sus territorios, despojados por hacendados y empresarios forestales. Santiago de Chile, 4 de noviembre 2021 Crónica Digital/PL
