Una manifestación en Curarrehue, en el sur de Chile, rechaza la ejecución de proyectos de minería de plata, oro y pomacita, por considerarlos invasivos. La convocatoria en la sureña comuna chilena, distante a más de 800 kilómetros al sur de la capital Santiago tuvo como objetivo dar a conocer el rechazo en Curarrehue hacia 13 proyectos extractivistas, blanco de un malestar que nace de la intrusión de empresarios privados. No podemos permitir ningún tipo de mineras, porque sería un daño terrible para la flora, fauna, para la naturaleza, para nosotros, para nuestras montañas, para nuestros hijos, declaró Demetrio Carinao Quintonahuel, presidente de la comunidad mapuche Rukapudu – Antonio Carinao, sector Chocol. No solo Curarrehue se vería afectado, las comunas vecinas, y toda la cuenca de los ríos tributarios que desembocan en el Océano Pacífico. Las comunidades mapuche que han participado en esta ocasión, denuncian la instalación de 13 proyectos mineros. La representante del Movimiento de Defensa Lof Reigolil Bernardita Quintonahuel afirmó que la posición será dejar un legado fuerte y claro, si no razonan, tomarán otras acciones si es necesario para poder defender la causa que no a la minera en territorio de Reigolil y en el territorio de Curarrehue. Por Manuel Arismendi Curarrehue, 11 de marzo 2024 Crónica Digital/Hispantv.com
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Miembros del pueblo originario mapuche critican a la Comisión para la Paz y Entendimiento de Chile, por considerar únicamente a sectores comprometidos con el poder. Dirigentes del pueblo mapuche sostienen que la reivindicación de sus tierras nace de un historial de usurpaciones y despojos, perpetrados por el Estado de Chile, el que traspasó, unilateralmente, millones de hectáreas indígenas a privados, hacia fines del Siglo XIX. Esto ha derivado en otros problemas, como pobreza, hacinamiento y una sub parcelación de terrenos. Para propiciar el diálogo, sostienen que se debe esclarecer la verdad sobre los hechos históricos. Plantean que, en la búsqueda de cualquier solución, los responsables deben indagar en la cantidad de tierras. No obstante, manifiestan que la recién creada “Comisión para la Paz y Entendimiento” por el socioliberal presidente, Gabriel Boric, carece de representatividad. Por Manuel Arismendi Temuco, Chile. Santiago de Chile, 2 de julio 2023 Crónica Digital/Hispantv.com
Jefes de la comunidad mapuche presentaron un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el Presidente Sebastián Piñera, por decretar el estado de excepción y la militarización en la zona sur. El tribunal de alzada declaró admisible el recurso, presentado por decenas de loncos mapuches, en que se solicita a Piñera y al Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dejar sin efecto el estado de excepción decretado el último 13 de octubre y prorrogada la víspera por otros 15 días. Piñera justificó el estado de emergencia y el envío de más de dos mil militares a cuatro provincias de la Araucanía y el Biobío para –según dijo- enfrentar con mayor eficacia el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Líderes indígenas y políticos de oposición rechazaron la decisión del gobernante de militarizar la llamada macrozona sur, donde el pueblo mapuche reclama la devolución de sus tierras ancestrales, y llamaron a las autoridades a separar las legítimas reivindicaciones de los pueblos originarios de las acciones de grupos criminales. «Claramente desde el gobierno del presidente Piñera no les interesa buscar una solución a las demandas de nuestro pueblo», denunció la diputada mapuche Emilia Nuyado. Afirmó la legisladora que el Ejecutivo ni siquiera usó los recursos aprobados en el presupuesto para la compra de terrenos. «Mientras no se adopten cambios profundos, como la restitución de las tierras mapuche, es muy difícil que se llegue a la paz», declaró Nuyado, y advirtió que la militarización de la Araucanía solo va a empeorar la situación en la región. Santiago de Chile, 27 de octubre 2021 Crónica Digital / Prensa Latina.
La diputada Nuyado agregó que «una nueva Agenda para la Araucanía debe considerar el respeto del convenio 169 de la OIT y cambiar el régimen carcelario de los hermanos que se encuentran en huelga de hambre». La diputada Mapuche, Emilia Nuyado, salió al paso de la idea del Gobierno de volver a impulsar una agenda para la Araucanía y fue enfática en manifestar que «será un nuevo fracaso si el Gobierno insiste en militarizar la zona y no cambia el régimen carcelario del Machi Celestino». “El gobierno del Presidente Piñera, ya fracaso una vez, con la estrategia de militarización y su famoso plan Araucanía, al parecer este gobierno no entiende la profundidad del problema y la falta de empatía con el sufrimiento cientos comunidades indígenas por causas sociales y sanitarias por la pandemia de COVID-19”. La legisladora añadió que «no se puede desarrollar una agenda para la zona por cuerdas separadas. No aceptamos que se use la práctica de la zanahoria y el garrote. Por un lado, el Gobierno pide diálogo y, por otro, envían a cientos de soldados a la zona». «Aquí hay demandas concretas que se están pidiendo y una nueva agenda para la Araucanía debe considerar, en primer lugar, el respeto del convenio 169 de la OIT y cambiar el régimen carcelarios de los presos políticos mapuche que se encuentran en huelga de hambre Ya no hay confianza con el ejecutivo, sobre todo después de la muerte del Weichafe, Camilo Catrillanca. Además, actualmente tenemos más casos de abuso policial, como fue la represión a las hortaliceras mapuche en la ciudad Temuco, y los allanamientos a la comunidad We Newén de Collipulli, además, que aún no se ha aclarado el asesinato del Werken, Alejandro Truequil. El gobierno tiene mucho hacer antes de planificar una nueva agenda», advirtió la diputada Nuyado. Finalmente la diputada Mapuche recordó “al gobierno que la cámara de diputados aprobó proyectos de acuerdo y resolución dicen relación con las demandas y propuestas surgidas en una sesión especial realizada en el Congreso Nacional, donde participaron parlamentarios, dirigentes de comunidades y organizaciones mapuche desde el Bío Bío hasta la región de Los Lagos, donde se recogieron las demandas del Trawun de Temu Cui Cui”. «En este sentido sigue pendiente el reconocimiento constitucional y la Tramitación de Ministerio de Pueblos Indígenas. El gobierno debe de una vez por todas escuchar las demandas de los Mapuche y recordar que cualquier avance debe hacerse posterior a una consulta indígena, para que el Estado responda efectivamente a las demandas de todas las naciones preexistentes»; concluyó la diputada Mapuche Emilia Nuyado. Santiago de Chile, 30 de junio 2020 Crónica Digital
La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que acogió el recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por un allanamiento realizado por la unidad de inteligencia operativa de Carabineros a la vivienda de una familia mapuche, en la comuna de Padre Las Casas. En fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió la acción cautelar presentada en favor de Erika Catrilaf, Robinson Triviño y su grupo familiar compuesta por cuatro niños. La casa de los comuneros, ubicada en el Lof Muküpulli de la comunidad Juan Catrilaf II, fue allanada la madrugada del 25 de marzo pasado por un numeroso contingente policial, que produjo pánico entre los niños, la destrucción de puertas y enseres, así como lesiones a los adultos. El operativo policial fue considerado desmedido por la Corte de Apelaciones de Temuco y fustigó el uso abusivo de la fuerza. “Los antecedentes existentes, y de lo expuesto por los intervinientes en la audiencia, en especial cuando el representante de la parte recurrida reconoce que el que hayan sido privados de libertad o apuntados con armas los moradores del domicilio, mientras se desarrollaba la diligencia, era parte de lo que podía suceder, estos sentenciadores estiman que ha quedado en evidencia que en su ejecución, se han excedido los términos de la autorización concedida por el tribunal de garantía para la entrada y registro, la cual siempre y en todo caso, aun cuando expresamente no se diga, ha de realizarse con estricta sujeción a la legalidad vigente”, dice la resolución judicial. Y agrega, ante la violenta intervención que incluyó que Triviño fuera amarrado con las manos en la espalda y sacado al campo vestido solo con pantalones, además de los efectos que produjo en los niños, que “el procedimiento de los funcionarios policiales se vislumbra como una actuación desprovista de la adecuada razonabilidad e inteligencia que sería esperable de esta policía, por cuanto el hecho de que se trate de un cuerpo armado no deliberante, no implica que puedan actuar voluntariosamente y sin medir las consecuencias de lo que hacen, ni con indiferencia de la dignidad de las personas, en especial cuando puede preverse que en su trámite se puede afectar a algunas que, por sus edades, merecen especial consideración y más prudencia en el cumplimiento de las órdenes que se les imparten, por cuanto, además de obedientes y no deliberantes, se trata de cuerpos armados profesionales”. “La actuación de los recurridos, según los antecedentes existentes, se observa desproporcionada en atención a la finalidad que perseguía el procedimiento policial en este caso, que, por lo demás, en definitiva no tuvo resultado en términos de lograr la detención de la única persona que era allí buscada, de lo que se desprende que sin fundamento se afectaron derechos de diferentes personas, entre ellos varios niños, que no son parte de la respectiva investigación penal (…)”, indica el fallo del máximo tribunal. Para enseguida añadir que “la […]
