Además, cerraron los tres principales canales de televisión que emitían en lengua rusa y aumentan las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos por el régimen ucraniano. El gobierno de Ucrania liderado por Volodimir Zelenski anunció este fin de semana la suspensión de la actividad de 11 partidos de la oposición al régimen mientras dure la ley marcial. Esto los inhabilita de participar en el parlamento nacional y las legislaturas regionales. Los únicos partidos que les está permitido mantener su actividad política son el del propio Zelenski, Servidor del Pueblo, y los partidos de derecha y extrema derecha del país. La arremetida contra la oposición afecta a la socialdemocracia, a la izquierda y partidos autonomistas, esto sin considerar que el año 2014 fue ilegalizado durante el régimen de Petró Poroshenko el Partido Comunista de Ucrania, que contaba con 32 diputados y cerca del 14% de los votos. En concreto, los partidos cuya actividad ha sido ilegalizada son Plataforma de Oposición – Por la Vida, el segundo partido más votado en Ucrania -con 43 representantes en la Rada Suprema. El líder de esta colectividad Víktor Mevdevchuk fue detenido en 2021 y puesto bajo arresto domiciliario acusado de «traición». También fueron suspendidos el Partido Sharia, Nuestro, Bloque de Oposición, Oposición de Izquierda, Unión de Fuerzas de Izquierda, Estado, Partido Socialista Progresista de Ucrania, Partido Socialista de Ucrania, Socialistas y Bloque de Vladimir Saldo. «El Consejo Nacional de Seguridad y Defensa ha decidido, dada la guerra a gran escala y los vínculos de algunas estructuras políticas con Rusia, suspender cualquier actividad de una serie de partidos políticos durante el período de la ley marcial», ha señalado Zelenski en un vídeo difundido de madrugada en los canales oficiales del régimen ucraniano. La represión contra políticos opositores ha sido denunciada en diversas ocasiones, sin embargo, a la Unión Europea ni a los gobiernos que apoyan a Zelenski parece importarles. Crónica Digital 21 de marzo de 2022
oposición
Este lunes organizaciones de la educación se reunieron con diputadas y diputados de oposición y sumaron antecedentes para la Acusación Constitucional anunciada la semana pasada en contra del ministro de Educación Raúl Figueroa. “La mañana de este lunes nos reunimos con distintas organizaciones del mundo de la la educación, apoderadas, trabajadores y trabajadoras de la educación y también estudiantes, con quienes hemos conversado y nos han entregado nuevos antecedentes para la realización de la Acusación Constitucional, que se suman a los antecedentes que veníamos trabajando referidos a la no garantía del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes y también a las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras”, explicó tras el encuentro la diputada Camila Rojas (Comunes), en el que también participaron los diputados Rodrigo González, Juan Santana y representante del diputado Gonzalo Winter. “La acusación va, la vamos a presentar, evidentemente lo que hoy se ha incorporado como antecedentes tenemos que sistematizarlo y sumarlo al texto acusatorio, y en eso quedamos de acuerdo con las y los diputados presentes en la reunión. Esto no es un capricho, estas organizaciones además nos cuentan lo excluidas que han estado de la toma de decisiones por parte del Ministerio, y por lo tanto nosotras tenemos el deber de visibilizar esa situación y que, sobre todo, aquellas ilegalidades e irregularidades que se han cometido tengan responsabilidades administrativas y políticas”, agregó la parlamentaria del Frente Amplio. Entre las organizaciones presentes estuvieron: Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, Confech, Unidos por la Educación, Aprojunji, Anef, CUT, Consejo Nacional Asistentes de la Educación (CONAECH. Santiago de chile, 5 de julio 2021 Crónica Digital
Miembros de grupos opositores de derecha en Venezuela continuarán hoy manifestándose contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en una concentración prevista en la avenida Francisco de Miranda, de esta capital. Esa será la tercera movilización que anuncia la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para esta semana, donde han primado actos de violencia, violaciones de las rutas autorizadas para manifestarse y enfrentamientos contra la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y efectivos de seguridad. Los opositores exigen la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que emitieron recientemente las sentencias 155 y 156, que limitaba los poderes de la Asamblea Nacional (Parlamento, en desacato) y la inmunidad parlamentaria de los legisladores que transgredan la ley. En opinión de expertos, esas marchas están dirigidas a generar el caos y la desestabilización de esta nación sudamericana. Unido además a una guerra mediática orquestada por la ultraderecha reaccionaria, con apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y varios gobiernos de la región, opinaron. El dirigente del partido opositor Voluntad Popular, Freddy Guevara anunció ayer que los manifestantes se concentrarán a lo largo y ancho de la avenida Francisco de Miranda, y desde allí ‘anunciarán hacia donde se van a movilizar’. La víspera, el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, explicó en un comunicado dado a conocer aquí, que la marcha convocada para este sábado carece de legalidad, ya que no fue notificada a las autoridades para proveer un plan de seguridad y organización. ‘La naturaleza de esa convocatoria ya es violenta. Nos acabamos de enterar que quieren convocar a una concentración y una vez allí, es que indicarán adónde van. Están buscando una provocación, que detrás conlleva a la violencia. Es un acto que nace como violento’, subrayó El Aissami. Explicó además el dirigente que ‘si fuese una convocatoria pacífica y constitucional, tuviera un plan marcado e informado para que nadie sea utilizado en su buena fe para otros propósitos’. El vicepresidente hizo un llamado a la oposición venezolana para que retome el camino de la sensatez y de la constitucionalidad. ‘El derecho a la protesta pública es sagrado, pero no es absoluto. Es decir, yo tengo derecho a transitar libremente, pero no puedo transgredir el derecho de los demás ciudadanos.’ ‘No puede haber eventos públicos que no estén concertados en su organización con las autoridades -agregó-. Estamos obligados a que estos actores opositores tengan garantía de vida’. El líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López -hoy en prisión- fue el responsable de los actos violentos acaecidos en febrero de 2014, que dejó 43 muertos y centenares de heridos, según las autoridades venezolanas. Caracas, 8 de abril 2017 Crónica Digital /PL
